Lecciones del paramilitarismo – Diario El Espectador, Colombia
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
La experiencia con los paramilitares ha sido, por decir lo menos, compleja. Muchos de los errores cometidos no pueden repetirse. Así como tampoco puede el Gobierno, y la sociedad en general, olvidar todo lo que nos enseñan las décadas que el país lleva intentando sacudirse la violencia ininterrumpida.
La semana pasada, en un libro de 600 páginas, Álvaro Villarraga, director de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, presentó el último de una serie de informes sobre la desmovilización de las Auc. Villarraga, quien es un excombatiente del Epl y estuvo negociando el acuerdo de paz en 1991, le propone varias enseñanzas al país que son claves para el eventual posacuerdo con las Farc y —esperamos— con el Eln.
A estas alturas de la historia nacional, Colombia tiene amplia experiencia en campañas de rehabilitación, pero todavía nos falta mucho por aprender. Por ejemplo, aquello que ha sido llamado desmovilización no es más que una deserción, pues si las organizaciones armadas mantienen su nombre, lo único que en la práctica pasa es que se dan deserciones individuales. Es claro que las Farc y el Eln deben desmovilizarse para garantizar el éxito del posacuerdo. En ese sentido, es esencial “que se identifiquen sus efectivos, se desarmen y se creen espacios para ello”, por lo que se debe dejar de tratar de evitar una eventual concentración.
Otra denuncia es la relacionada con las garantías para los guerrilleros que se incorporen a la vida civil. Dentro de los ofrecimientos de indultos que ha hecho el Gobierno desde el 2002, se han pagado 15.000 millones de pesos, pero, dice Villarraga, “se hicieron montajes falsos para cobrar esos pagos: personas desmovilizadas entregaron caletas y luego fueron asesinadas; y agentes del Estado estaban involucrados en corrupción por quedarse con esos beneficios. Esas normas siguen vigentes”. ¿Qué planea hacer el Gobierno con ellas una vez aterricen los acuerdos de La Habana? Los incentivos, que se tornan perversos, deben evaluarse con lupa. No podemos repetir ese tipo de situaciones.
Dicho lo anterior, el punto más interesante que plantea Villarraga es el del rol que todas las partes deben tener en la implementación de los acuerdos. Para él es claro: los exguerrilleros deben ser quienes dirijan el programa de reintegración. Esto, argumenta, sirve en dos aspectos: primero, como reconocimiento entre las partes de la legitimidad que cada una tiene en este nuevo escenario nacional, y segundo, como voto de confianza a personas que por experiencia propia saben cuáles son los retos de reintegrarse a la sociedad.
La experiencia con los paramilitares ha sido, por decir lo menos, compleja. Muchos de los errores cometidos no pueden repetirse. Así como tampoco puede el Gobierno, y la sociedad en general, olvidar todo lo que nos enseñan las décadas que el país lleva intentando sacudirse la violencia ininterrumpida.
El reto con las Farc y el Eln no es menor. Especialmente cuando en el país habitan voces que rechazan de tajo y con irracionalidad su incorporación pacífica. Por eso, como dijo Villarraga, “este es un proceso político que debe tener un soporte administrativo y jurídico”. Blindar a los futuros excombatientes que apuesten por la institucionalidad es la clave para que todo este esfuerzo no se pierda. Que por lo menos eso nos quede de todos los tropiezos del pasado.
