Denuncian en Chile cártel del papel higiénico
En 2000 la firma CMPC Tissue y SCA, que hoy manejan el 90% del mercado de productos como el papel Confort y la toalla Nova, formaron un cartel que les permite fijar los precios del mercado. Ejecutivos de las empresas, que facturan cerca de US$ 400 millones al año, han llegado a tirar computadores al río con tal de destruir la evidencia. Aún así, desde que el gobierno de Lagos la derogó, no arriesgan pena de cárcel.
Desde 2001 la firma CMPC Tissue y SCA (ex Pisa), que hoy manejan el 90% del mercado del papel tissue, han mantenido un contacto que derivó en la formación de un cartel que les permite fijar los precios del mercado de sus productos.
La industria a la que ambas se dedican es la del papel tissue, que incluye la elaboración de papel higiénico -en Chile conocido como papel Confort, precisamente por una de las marcas de CMPC-, toallas de papel -conocida como toalla Nova por otra marca de CMPC-, servilletas, pañuelitos desechables y pañuelos faciales. Además de Nova y Confort, CMPC reúne a las marcas Elite, Noble, Preferido y Abolengo. SCA, por su parte, agrupa las marcas Favorita y Magiklin. En suma, ambas compañías producen cerca de 400 millones de dólares al año, lo que las convierte en las dos mayores empresas de este nicho.
Pero en 2000 una nueva marca puso en peligro la supremacía de CMPC y SCA en el mercado: Acuenta. La marca, hoy en manos de Walmart, se caracteriza por sus precios bajos, lo que desató una gran competencia por los precios. Fue entonces que los ejecutivos de los dos gigantes del nicho decidieron formar un cartel para hacerle frente a la competencia.
El objetivo de la colusión entre CMPC y SCA era asignarse cuotas de mercado y fijar los precios en los cinco tipos de productos que ambas producen. En términos práctico esto afecta a los consumidores porque tienen que pagar más por los mismos productos o simplemente no pueden acceder a ellos por el alza de precio.
El acuerdo se mantuvo viento en popa por lo menos hasta 2011, pero en diciembre del año pasado la Fiscalía Nacional Económica (FNE) comenzó una investigación por el caso que este martes presentó ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia un requerimiento por colusión contra SCA Chile y una de las filiales de CMPC que controla el grupo Matte en el país.
“Acordaron subir los precios, poniendo término a la guerra de precios existentes y, en adelante, mantener estables las participaciones de mercado de CMPC y Pisa (hoy SCA) en el negocio masivo, utilizando los porcentajes que cada empresa tenía antes que estallara la guerra de precios; esto es, 76% para CMPC, y 24% para Pisa, sin considerar otros competidores”, indica el documento presentado por la FNE, según consigna La Tercera.
El acuerdo se habría pactado en una reunión entre Gabriel Ruiz-Tagle, anterior dueño de SCA que fue ministro de Deportes de Piñera y presidente de Blanco y Negro, y Jorge Morel Bulicic, gerente general de CMPC. Para guardar los secretos de la relación que se inició en una conversación que tuvieron en el restaurante del Club de Golf Las Brisas de Chicureo, armaron cuentas de correo electrónico con fines estrictamente colusivos e incluso llegaron a tirar computadores al Canal San Carlos.
Cárcel por colusión
A pesar del delito y los esfuerzos por destruir la evidencia, las probabilidades de que los culpables paguen sus pecados es baja. Aunque al interpretar el Código Penal del país se podría hablar de penas privativas de libertad para casos de colusión de precios, el Decreto 211 no las contempla. “Esta diferencia genera resultados prácticos negativos en materia de detección y persecución de carteles”, indica el abogado Claudio Lizana , experto en el tema.
Es lo que ocurrió con luego de que se destapara la colusión de las mayores cadenas farmacéuticas que se había llevado a cabo el año 2008. Aunque se demostró que Farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand fijaban los precios de sus productos, las multas a pagar fueron irrisorias y ni hablar de ir a la cárcel.
Pero en Chile las penas por colusión sí existieron. Fue en el gobierno de Salvador Allende que se consagró la pena de cárcel por este tipo de delito, que se mantuvo vigente incluso durante toda la dictadura militar. No fue hasta la presidencia de Ricargo Lagos, el año 2000, que el delito fue derogado en pos del mundo empresarial. Claudio Lizana es uno de los que aboga por volver a penalizarlo: “Las sanciones actuales en materia de libre competencia son insuficientes a este respecto. El beneficio disuasivo de establecer penas privativas de libertad en casos de colusión es evidente”. Uno de los ejemplos de que esto funciona es el caso de Estado Unidos. Ahí existen altísimas multas a las empresas que participan de carteles y además penas privativas de libertad a los ejecutivos que hayan estado involucrados. “Esta política ha sido bastante exitosa en cuanto a disuasión y detección de carteles”, concluye Lizana.
