Obama propondrá al Congreso de EEUU plan para reestructurar la deuda de la isla
El gobierno del presidente Barack Obama advertirá hoy al Congreso que sin una amplia reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico -incluidas obligaciones generales protegidas por la Constitución boricua y que implicaría la imposición de una junta federal de supervisión fiscal-, será imposible una adecuada recuperación de la situación financiera de la Isla.
En un documento que divulgó anoche, que recoge básicamente las iniciativas adelantadas por El Nuevo Día, la Casa Blanca propone que el legislativo federal autorice un reajuste abarcador de la deuda, la creación de una junta federal que supervise el cumplimiento del plan de recuperación -«respetando la autonomía de Puerto Rico»-, mejor acceso a fondos de Medicaid, y la plena vigencia en la Isla de los créditos contributivos por ingresos devengados (EITC) y niños dependientes (CTC).
No obstante, al presentar su hoja de ruta para la recuperación económica de Puerto Rico, el gobierno de Obama vuelve a poner la responsabilidad federal de atender la grave situación fiscal de la Isla prácticamente en las manos del Congreso, de mayoría republicana y que ha estado reacia incluso a aprobar la inclusión de las empresas públicas de la Isla en el capítulo 9 de la ley federal de quiebras.
«Solo el Congreso tiene la autoridad para proveer a Puerto Rico las herramientas necesarias para atender los retos cercanos y promover el crecimiento a largo plazo», indicaron, en una declaración, el secretario del Tesoro, Jacob Lew, la secretaria de Salud, Silvia Mathews Burwell, y el director del Consejo Económico de la Casa Blanca, Jeffrey Zients.
El plan no lo precisó anoche, pero las expectativas de la industria de la salud en la Isla son que cuando Antonio Weiss, el consejero senior del secretario del Tesoro, Jacob Lew, declare hoy ante el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado estadounidense, el gobierno del presidente Obama respalde otorgar paridad a Puerto Rico y los territorios en el programa de Medicaid, lo que para la Isla puede representar hasta $3,000 millones anuales adicionales.
«El Congreso debe reformar el programa de Medicaid para aumentar el acceso a su cubierta, elevar el nivel del cuidado médico y prevenir la inestabilidad financiera que empeore la crisis fiscal», se limita a indicar el documento preparado por el Tesoro, el Departamento de Salud federal y la Casa Blanca, y que sirve de antesala al testimonio de Weiss.
Se acabó el dinero
En su hoja de ruta, la Casa Blanca le advierte al Congreso que para todos los efectos prácticos, el gobierno de Puerto Rico se quedó desde principios de año «sin dinero para financiar sus operaciones normales» y que la insolvencia llegará antes de que termine 2015. «Los servicios del gobierno y los pagos de la deuda han continuado porque el gobierno ha desplegado acciones de liquidez de emergencia que son onerosas e insostenibles», agrega.
Y establece que, con un déficit fiscal proyectado de $28,200 millones en los próximos cinco años, la deuda es impagable y la recuperación no puede depender únicamente de medidas de austeridad.
Ante el rechazo que los republicanos le han dado siquiera a la posibilidad del acceso de las corporaciones públicas de la Isla al capítulo 9 -lo que representaría reajustar solo una parte de la deuda-, el plan del Tesoro aún deja la incertidumbre de cómo resolver a corto plazo la amenaza de insolvencia e impago de la deuda pública que puede ser una realidad antes de que finalice el año.
Para el gobierno de Obama, como han propuesto el gobierno de Alejandro García Padilla y sus asesores, la alternativa es un ‘supercapítulo 9’, que esté disponible solo para los territorios, subordinados al Congreso.
En cualquier proceso abarcador de reestructuración de las obligaciones crediticias del gobierno de Puerto Rico, que la administración García Padilla quisiera que impactara hasta $46,000 millones de los $73,000 millones de deuda pública-, todavía está en discusión la posibilidad de que el gobierno federal certifique los recaudos que haga el Departamento de Hacienda, un mecanismo que puede ser parte del proceso de supervisión.
La vigilancia federal, indica la Casa Blanca, «proveerá suficientes garantías para asegurar que Puerto Rico cumple con su plan e implanta plenamente las reformas propuestas».
«Mientras el Estado Libre Asociado ha tomado ya acciones significativas, sus esfuerzos han sido bloqueados por un largo historial de insuficiente supervisión fiscal y el fracaso en alcanzar las metas de ingresos y gastos», agrega.
Medicaid
Las expectativas de que el gobierno del presidente Obama se comprometa con la paridad en el programa de Medicaid, han estado fundamentadas en la aceptación que tiene lugar dentro del Departamento de Salud federal y el Tesoro, de que los servicios médicos en la Isla van camino a un precipicio fiscal por el agotamiento de los fondos adicionales legislados en 2010 a través de Obamacare.
Por medio de Obamacare, el Congreso asignó $6,300 millones adicionales en Medicaid, que se pueden agotar antes de lo previsto, a más tardar en 2018.
Antes de la reforma federal de salud (Obamacare), el erario puertorriqueño aportaba el 85% de los gastos de Mi Salud. Tras Obamacare, la responsabilidad del gobierno de Puerto Rico se redujo a 45%,
Si pudiera avanzar en el Ejecutivo y el Congreso federal la idea de dar pleno acceso a los territorios a Medicaid -lo que ha propuesto en legislación el comisionado Pedro Pierluisi y es tremendamente cuesta arriba bajo una mayoría republicana en el Congreso-, la aportación del gobierno de Puerto Rico a Mi Salud se limitaríaal 17%. Sería un alivio para el gobierno de la Isla, que ahora tiene que desembolsar de su presupuesto cerca de $1,000 millones anuales para Mi Salud.
Las trabas
A los republicanos del Congreso hablarle también de nuevas asignaciones a programas de salud mientras siga vigente Obamacare es terreno movedizo. En por lo menos 55 ocasiones han tratado de derogar esa legislación.
En la audiencia del 29 de septiembre del Comité de Finanzas del Senado, su presidente, el republicano Orrin Hatch (Utah), dijo que sin una auditoría actualizada que certifique la magnitud de la crisis fiscal, no van a actuar.
A pesar del consenso en la Isla a favor de obtener paridad en los programas federales de salud Medicare y Medicaid, Hatch mantuvo entonces que asignar nuevos fondos a la Isla «no es tan simple», porque habría que reducir el financiamiento «para otras prioridades, aumentar impuestos o generar más deuda federal».?
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