Diferencias entre el Gobierno y las Farc por el acuerdo sobre justicia transicional
La discusión entre las delegaciones de paz del Gobierno y de las Farc en torno al acuerdo alcanzado sobre el tema de justicia transicional, subió ayer de tono. A una declaración pública de Iván Márquez, jefe negociador de la guerrilla, en la que una vez más insiste en que ese asunto es caso cerrado e insta al Ejecutivo a “honrar la palabra empeñada”, Humberto de la Calle, su contraparte en la mesa de diálogos, le respondió que el Gobierno sí está comprometido con el cumplimiento de lo pactado y que son las Farc las que faltan a la verdad.
Un toma y dame que prácticamente se viene dando desde un día después de que el presidente Juan Manuel Santos y el máximo comandante del grupo subversivo, Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, estrecharan sus manos en La Habana, tras revelar un comunicado de diez puntos de acuerdo en el que es considerado punto clave para concretar la paz: justicia. ¿La razón? Para la guerrilla, el asunto quedó cerrado, redactado y firmado. Para el Gobierno, el acuerdo aún está en construcción.
Polémica que ha sido alimentada además por declaraciones a diestra y siniestra, incluyendo a quienes estuvieron asesorando la mesa de negociaciones en La Habana. Como Álvaro Leyva, quien en entrevista con el diario El Tiempo, manifestó que “no puede hablarse de un acuerdo a partir de un comunicado que trataba de complacer a las partes”. O Enrique Santiago, asesor jurídico de las Farc, quien en diálogo con Blu Radio habló de ambigüedad en el Gobierno, al confundir privación de la libertad y restricción de la libertad. “Se están haciendo especulaciones que no ayudan en nada”, dijo.
Lo cierto es que según lo que expresó ayer Iván Márquez, existe preocupación en las Farc por lo que consideran puede ser un “desfase inconveniente entre la plena vigencia del componente de justicia y los plazos que nos hemos impuesto para la firma de la paz”. De paso, el jefe subversivo reiteró, por enésima vez, que el país debe entender que “este no es un proceso de sometimiento, sino un diálogo entre partes iguales”, y cuestionó que se sigan tomando medidas unilaterales por parte del Ejecutivo para resolver asuntos propios de la mesa, “como está ocurriendo ahora en el Congreso con el tema de la implementación de los acuerdos”.
Acto seguido, el jefe negociador de las Farc lanzó sus dardos: “Cuando se cruzan por el camino incertidumbres y tropiezos por caprichos, contradicciones, egoísmos o simples malquerencias, apelamos a la palabra empeñada, a la prevalencia del honor y al valor de la verdad. Es el caso de los 75 puntos (los que constituyen el acuerdo completo sobre justicia) y el listado de sanciones que constituyen la jurisdicción especial para la paz”.
Y también le respondió al procurador Alejandro Ordóñez frente a la tesis de que una de las exigencias de la guerrilla dentro del proceso de paz es que el expresidente Álvaro Uribe vaya a la cárcel: “Las Farc nunca hemos hecho propuesta alguna pensando en un único destinatario, sino buscando lo mejor para todo nuestro pueblo y ponerle fin a la impunidad. La sinvergüencería no puede ser un instrumento de paz. El señor procurador no tiene vergüenza”, concluyó Márquez.
Pocas horas después, Humberto de la Calle salió a la riposta. “La delegación del Gobierno rechaza los términos de la declaración leída por Iván Márquez, en la cual sostiene que el Gobierno ha faltado a la palabra empeñada. Esta afirmación no es cierta”, arrancó diciendo. Y reveló que desde un comienzo se sostuvo que el documento de 75 puntos sobre el acuerdo de justicia transicional era un documento en desarrollo “que exigía ser terminado y precisado” y que así se lo habían hecho saber a las Farc.
Para despejar dudas, quizás no solo de la guerrilla sino también de gran parte del país político, De la Calle reveló algunos de los puntos que aún no están definidos y sobre los cuales hay discrepancias entre Gobierno y Farc. “No creemos que haya formas de secuestro que puedan ser objeto de amnistía. El alcance y las condiciones de las garantías frente a la extradición deben ser precisados. Insistimos en que hay interpretaciones del abogado de las Farc sobre las características de la restricción de la libertad que son inaceptables y que están por debajo de los mínimos que exige la comunidad nacional e internacional”, enfatizó.
Asimismo, no se ha resuelto todavía lo que tiene que ver con el tratamiento de los agentes del Estado, lo cual además depende de decisiones en Colombia. Y la elección de magistrados del tribunal de paz que se planea crear no ha sido acordada. El camino a seguir, al menos en lo que sugiere el Gobierno, es que el grupo de juristas que asesora las negociaciones de paz en Cuba se reúna para tratar estos puntos, algo que por ahora no acepta la guerrilla.
Ayer, a instancias de los países garantes –Cuba y Noruega–, se trató de acercar a las partes. Hoy seguirán las conversaciones buscando acordar un cronograma de trabajo con el fin de solventar la situación presentada con ese agudo cruce de declaraciones. De la Calle, a nombre del Gobierno, ha enfatizado en que el compromiso indeclinable es con la paz y por eso el acuerdo “tiene que hacerse en condiciones que satisfagan el interés y la sensibilidad de los colombianos y de las víctimas”.
Una etapa decisiva para la paz
Terminamos este ciclo navegando contra las olas del tiempo en dirección al Acuerdo Final. Cuando iniciamos en Oslo la marcha de Colombia hacia la paz advertimos que un mal acuerdo podría ser peor que la propia guerra. Hoy, una voluntad de paz fortalecida por el anhelo de millones de compatriotas tendrá que sortear los escollos de una intransigencia inveterada que se resiste a entender que este no es un proceso de sometimiento, sino un diálogo entre partes iguales. Estamos resueltos a alcanzar la reconciliación sobre el cimiento de la verdad que sostiene la Jurisdicción Especial para la Paz, dispuestos a lograrla sobre cambios sociales donde el ciudadano del común sienta que mejoran y se dignifican sus condiciones de vida y que la exclusión política está llegando a su fin.
La paz no se construye con palabras que se lleva el viento ni con promesas que nunca se cumplen. Este proceso, que hoy transita su etapa más decisiva, debe alejar toda veleidad de desconfianza al honrar el compromiso de la palabra empeñada. Nos preocupa que por razones ajenas a la determinación de las FARC se produzca un desfase inconveniente entre la plena vigencia del componente de justicia y los plazos que nos hemos impuesto para la firma de la paz. No es justo que a estas alturas, obstrucciones artificiales dictadas por la avilantez nos hagan perder tiempo valioso. No es admisible que se siga recurriendo al expediente de imponer medidas unilaterales para resolver asuntos propios de la Mesa, como está ocurriendo ahora en el Congreso con el tema de la implementación.
La construcción de la paz en nuestra patria, Colombia, requiere forjar confianza y reconocer que venimos de sesenta años de violencia fratricida sembrada de muerte, desolación, víctimas y victimarios, desajustes institucionales y una progresiva degradación del Estado.
Esas seis décadas de descomposición han conducido al marchitamiento de la sociedad misma. Se han dejado al garete valores elementales.
Desde los albores de nuestra rebelión comprendimos que la lucha sería larga, desgarradora y particularmente difícil. La búsqueda de la justicia y la igualdad y la defensa de nuestros derechos por la vía de las armas nunca fue un compromiso cualquiera. Se trató, ni más ni menos, de entregar la vida a cambio de defender la vida. La incomprensión, el atropello y persecución, y el desconocimiento de la dignidad de cientos de miles de nuestros compatriotas nos condujo a empuñar las armas a lo largo de episodios de historia que al ser recordada y narrada nos pone de presente una inmensa responsabilidad colectiva.
El enfrentamiento a sangre y fuego de los partidos tradicionales, el abuso del poder de parte de gamonales de renombre-hoy como antes de ingrata recordación-, el desconocimiento del derecho al acceso a la tierra para quienes solo tenían como tarea su labranza, el hambre y las puertas cerradas que impedían el acceso a un mejor estar y un mejor porvenir, condujeron al desorden, a un derramamiento de sangre sin fin, a la polarización, y a la pasión irracional. Pero hoy hemos resuelto que la lucha armada entre todos y contra todos debe parar a fin de buscarse caminos de futuro reconociéndole a cada quien lo suyo, con inteligencia y generosidad.
Cuando se cruzan por el camino incertidumbres y tropiezos por caprichos, contradicciones, egoísmos o simples malquerencias, apelamos a la palabra empeñada, a la prevalencia del honor y al valor de la verdad. Es el caso de los 75 puntos y el listado de sanciones que constituyen la Jurisdicción Especial para la Paz, presentados al mundo desde La Habana por el Presidente Juan Manuel Santos y el Comandante de las FARC-EP Timoleón Jiménez, en presencia del Jefe de Estado de la República de Cuba, Raúl Castro Ruz. La historia creadora de paz se escribe cumpliendo. Cumplió la Comisión de Juristas, cumplimos nosotros, seguimos a la espera de que lo firmado sea aceptado sin reticencias. Lo que pudiera faltar corresponde a un desarrollo que no puede variar para nada el contenido y alcance del sistema concebido, que como se ha afirmado, está cerrado.
“La verdad os hará libres”, es el sello indeleble para una sociedad que debe anteponer la verdad por encima de cualquier consideración en momentos en que el arco toral del sistema de justicia acordado son las víctimas que esperan conocer la verdad, toda la verdad, y la aceptación de la responsabilidad de parte de quienes la relaten y asuman. Para esto se requiere valentía, honestidad y disposición para reconstruir el tejido social. De la mentira no nace la justicia, mucho menos la reparación, ni la no repetición. Altas dosis de carácter se necesitan para pararse ante el pueblo y el mundo y decir la verdad después de sesenta años de conflicto interno en el que no se dio un vencedor ni un vencido, pero que dejó, sí, tendidos en el suelo patrio cientos de miles de muertos y miles y miles de víctimas.
Que sean entonces los que mayores responsabilidades dicen tener como representantes de la sociedad por desempeñar cargos públicos de alta jerarquía, quienes aprendan desde hoy lo que significa la palabra verdad. Sea la oportunidad para mencionar como mal ejemplo al señor Procurador de la Nación, quien revestido de unas facultades que pisotea sin consideración ni respeto alguno, se atrevió a afirmar hace apenas unas horas que «Las FARC siempre ha colocado como condición la judicialización del expresidente Uribe”, y a continuación sugiere alianzas de la organización insurgente con instancias del Estado para lograr tal propósito. Porque venimos rechazando el derecho penal del enemigo, las FARC nunca hemos hecho propuesta alguna pensando en un único destinatario sino buscando lo mejor para todo nuestro pueblo y ponerle fin a la impunidad. La sinvergüencería no puede ser un instrumento de paz. El señor Procurador no tiene vergüenza; lo que debiera hacer es posibilitar que se acabe la impunidad de aquellos que se creen vacas sagradas porque detentan el poder.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
Los puntos de acuerdo de justicia que deben precisarse, según Gobierno
Tras una semana de insistencia de las Farc en el sentido de que el Gobierno pretende “faltarle a la palabra empeñada” en el acuerdo de justicia cuando advierte que hay puntos que necesitan “desarrollo”, el jefe de los negociadores oficiales, Humberto de la Calle, le respondió airadamente a esta guerrilla diciendo que “falta a la verdad”.
De la Calle hizo énfasis en que desde el primer momento él fue claro en que al acuerdo de 75 puntos, que fue anunciado en La Habana el 23 de septiembre por el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las Farc, ‘Timochenko’, mediante un comunicado de 10 puntos, le faltaban precisiones.
“En preparación a la visita del Presidente del 23 de septiembre, yo, como jefe de la delegación, dije a los miembros de las Farc la noche anterior a esa fecha: ‘Al documento le falta. Podemos firmarlo y entregarlo a los garantes en el entendido de que exige mayores desarrollos y en algunos casos, precisiones’ ”, anotó De la Calle. Y agregó: “En tales condiciones son las Farc las que faltan a la verdad. Hubo un acuerdo plasmado en 10 puntos, pero respecto del documento largo jamás se aceptó que se trataba de un convenio cerrado e inmodificable”.
La declaración de De la Calle se dio poco después de que ‘Iván Márquez’, jefe de la delegación de la guerrilla en los diálogos, afirmó que las Farc querían “honrar sus compromisos y especialmente el acordado oralmente sobre la necesidad de concluir las presentes conversaciones de paz en un plazo máximo de seis meses”, pero que este “propósito no será viable si el Gobierno comienza a cuestionar los acuerdos ya firmados y nos hace retroceder en lo avanzado”.
Ante la confusión creada por el cruce de declaraciones, el Gobierno fue explícito en los puntos que desde su punto de vista requieren claridad:
1. Amnistía
“No creemos que haya formas de secuestro que puedan ser objeto de amnistía”.
2. Extradición
“El alcance y las condiciones de las garantías frente a la extradición”.
3. Restricción de libertad
Hay “interpretaciones” frente a la restricción de la libertad para las Farc que son “inaceptables”.
4. Agentes del Estado
El tratamiento de los agentes del Estado no ha sido resuelto y se decide en Colombia.
5. Magistrados
“Le elección de magistrados del Tribunal de Paz no ha sido acordada”.
Tras la tensión en la que terminó el ciclo de conversaciones, De la Calle y el comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, se quedaron en Cuba buscando un consenso con las Farc sobre una nueva reunión de los abogados que construyeron el acuerdo sobre justicia para que resuelvan las diferencias. Cuba y Noruega acompañaban las conversaciones.
