Fiscal pide investigar a expresidente Uribe por posibles vínculos con el paramilitarismo
El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, compulsó ayer copias ante la Corte Suprema de Justicia para que se investigue si el senador Álvaro Uribe tiene alguna responsabilidad «por acción o por omisión» en la masacre de El Aro, perpetrada cuando el expresidente era gobernador de Antioquia.
Advirtió el jefe del ente investigador que el 25 de octubre de 1997, «cuando Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia», un grupo paramilitar se tomó dos poblaciones en Ituango, Antioquia: los corregimientos de El Aro y La Granja, y en esas tomas murieron 19 personas y fueron desplazadas más de 15 familias, «además de que en las tomas existió tortura en contra de los habitantes».
Recordó Montealegre que por estos hechos fue condenado en 2006 el Estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: «fue condenado por omisión, porque la fuerza pública en ese momento no había tomado las medidas necesarias para evitar la toma».
Señaló en este sentido el fiscal que «las autoridades municipales advirtieron previamente a la Gobernación de Antioquia sobre la toma, y sin embargo la Gobernación no tomó las medidas correspondientes. En ese momento quien dirigía la fuerza pública, en calidad de gobernador, era Álvaro Uribe».
El alto funcionario, así mismo, compulsó copias contra Uribe además ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, «con fundamento en la declaración del 12 de agosto pasado de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, quien aseguró que en la época en que Álvaro Uribe era presidente existió una estrategia para desviar la investigación por el caso de la masacre de El Aro».
Según Don Berna, agregó el fiscal, «se le ofreció dinero a un testigo de nombre Francisco Villalba, quien fue una de las personas que confesó su intervención en la masacre, para que desviara la investigación». Villalba, aseveró Montealegre, «hacía señalamientos de participación de Uribe en la masacre de El Aro».
Igualmente, advirtió el jefe del ente de investigación penal, «Don Berna dijo que el asesinato de Villalba, muerto violentamente cuando se encontraba en detención domiciliaria, se trató de un crimen de Estado. Por lo que también se compulsan copias para que la Comisión de Acusaciones determine si existe relación entre la muerte de Villalba y la estrategia de desviación de la investigación por la masacre».
En respuesta, el expresidente Uribe ‘trinó’ en su cuenta de Twitter: «estoy acostumbrado a infamias y especialmente en épocas electorales».
El exgobernador, así mismo, declaró a la prensa que había en su contra un «eje electoral del fiscal-Don Berna-Santos-Maduro-Timochenko».
Señaló a Don Berna de ser «uno de los criminales más tenebrosos del país», a quien él ordenó encarcelar, «siguió delinquiendo y terminó extraditado».
Sobre los señalamientos de la Fiscalía, dijo: «desviación de investigaciones, ¿cómo? (…). No conozco aquello de manipular la justicia. La confronto pero no la manipulo».
Y frente a la masacre de El Aro, afirmó: «según Villalba, yo habría ido a La Caucana, sitio que nunca pude visitar como gobernador en un vehículo. Mis desplazamientos como gobernador fueron siempre en helicóptero y con una escolta de las Fuerzas Armadas muy rigurosa. Que había ido con mi hermano a llevar 12 paramilitares; que había estado allí también el general Rosso José Serrano, un general que había muerto cuatro, seis, nueves meses antes y el general Carlos Ospina; que esa masacre se había hecho con los helicópteros de la Gobernación de Antioquia».
Agregó que «no hace mucho tiempo el señor ‘Cuco’ Vanoy dijo a la Fiscalía que él había participado con unos sicarios en la masacre de El aro, y le preguntan por mi hermano y por mí: dice que nada tuvimos que ver, ni nos mencionaron».
Y aseveró acerca de la tercera compulsa: «sobre el tema de Villalba, (…) cuando el señor salió de la cárcel lo asesinaron. El señor general Naranjo, entonces director de la Policía, me dijo que era un problema de cuentas entre criminales, entonces ahora dicen que yo estaría implicado en el asesinato de Villalba».
Finalmente, recordó Uribe que «ha habido de nuestro movimiento unas críticas por esos contratos del fiscal, porque el dinero del Estado no se puede botar, esos son contratos vergonzosos, ha dilapidado como el presidente de la República, como los contratos que hay con algunos medios de comunicación».
A su vez, el director del partido uribista del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, expidió un comunicado en el que señala al fiscal Montealegre de ser «el perseguidor en jefe de la oposición legítima y democrática de Colombia. Bajo su mando, la Fiscalía General de la Nación se ha convertido en el brazo intimidatorio de la coalición política contraria al Centro Democrático».
La colectividad de derecha advirtió además que «la justicia politizada de Colombia ha ido convirtiéndose en un factor ilegítimo de interferencia en los procesos democráticos, buscando siempre que sus actuaciones infundadas contra la oposición política coincidan con el ciclo electoral. Así fue con la condena contra Andrés Felipe Arias, con la captura injusta de Luis Alfredo Ramos y la infiltración de mi campaña presidencial».
Y concluye el comunicado que «se equivocan quienes creen que la ‘paz’ consiste en encarcelar injustamente a Álvaro Uribe Vélez y a la dirigencia del Centro Democrático, mientras se premia a los cabecillas de las Farc con curules parlamentarias».
Ya en febrero pasado, el Tribunal de Justicia Transicional de Medellín, en el marco de la condena proferida contra el exjefe paramilitar Ramiro ‘Cuco’ Vanoy, había compulsado copias para que se investigara a Uribe por la presencia de un helicóptero de la Gobernación de Antioquia que habría transportado a los paramilitares para perpetrar la masacre de de El Aro.
Se lee además en el fallo que el extinto integrante de las Autodefensas, Francisco Villalba, aseguró en 2008 ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara que el gobernador Uribe había ordenado la masacre. Meses después de esa declaración, Villalba fue asesinado cerca de su casa, en el municipio de La Estrella, Antioquia.
Entre tanto, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, advirtió: «no es accidental que se haga esto en momentos en que se está conociendo o se va a dar a conocer el acuerdo sobre justicia transicional», puesto que, aseguró: «las Farc siempre han colocado como condición para firmar la paz la judicialización del presidente Álvaro Uribe» (sic).
Según el jefe del Ministerio Público, este tipo de decisiones de la Fiscalía, «18 años después», dejan en evidencia un «mecanismo de venganza contra aquellos que han combatido a las Farc».
En septiembre de 2014, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, en medio de un debate contra el paramilitarismo, había señalado que en la era Uribe «la Presidencia de la República dio a conocer una supuesta carta firmada por Villalba en la que se retractaba de las acusaciones contra el presidente. Villalba desmintió que hubiera escrito la misma y un análisis grafológico dictaminó que no fue escrita por él».
