Impunidad, mucha impunidad en sólo 3 años – Revista SinEmbargo, México
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
El sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto no cumple aún ni tres años y está, cada vez más, sumido en un hoyo de críticas por su falta de apertura al gran cambio que necesita México: aceptar que vive una crisis de impunidad y de violaciones a los derechos humanos, aceptar que muchos de los crímenes de los que dan cuenta organizaciones nacionales e internacionales los cometen funcionarios y fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, y aceptar que su estrategia de silencio y negación sólo le han hecho más daño a la imagen del país en todo el mundo.
Ayer, por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez expuso que la liberación –ordenada el lunes pasado por un juez federal– de cuatro de los siete militares implicados en la ejecución de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México, podría consolidar la impunidad “en uno de los más graves casos de ejecuciones arbitrarias y encubrimiento de la historia reciente”.
El Centro Prodh aseguró que la Procuraduría General de la República (PGR) se negó a investigar su informe sustentado en la cadena de mando que instruía a los soldados abatir a civiles en horas de oscuridad, sin mayor fundamentación que su sola negativa. Dijo que esa decisión actualmente se encuentra impugnada y pendiente de resolverse.
El lunes, cuatro de los siete militares encarcelados por la ejecución extraoficial ocurrida el 30 de junio de 2014 quedaron libres. De acuerdo con el litigante de los militares, Juan Velázquez, un Juzgado federal determinó que la PGR no presentó las pruebas suficientes que demostraran la culpabilidad de los encarcelados. Sin embargo, los cuatro elementos del ejército continúan en una prisión militar, puesto que aún serán enjuiciados por delitos del fuero militar.
Sobre Ayotzinapa, otro tema de impacto internacional, y que también relaciona a militares, el General Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dijo que los militares del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero, no tienen por qué declarar sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida hace un año porque no hay un señalamiento claro que los involucre en los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014.
“Yo he estado en la posición de que no tienen por qué declarar los soldados. Primero porque no hay un señalamiento claro de algún involucramiento. Nosotros solamente respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas. El convenio que hace el Gobierno de la República con la Comisión Interamericana [de Derechos Humanos] en ningún momento dice que pueden interrogar. No es posible, las leyes no lo permiten. No me queda claro ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito, ¿qué quieren saber?, ¿qué sabían los soldados?, está todo declarado. Yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales”, dijo Cienfuegos Zepeda en una entrevista con Joaquín López-Dóriga, en Televisa.
Entonces, si no se hacen investigaciones a fondo, como es el caso de la PGR en Tlatlaya, y tampoco se permite entrevistar a militares que supuestamente fueron testigos de la violencia contra normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, pues no hay forma de revertir la imagen del Estado mexicano, sumida ahora en su peor crisis de descrédito.
Silencio y negación no son las respuestas. Pero el Gobierno federal no lo entiende o, de plano, está en un momento de descomposición tan serio que abrir las puertas de la verdad sería dar paso al fin de una estructura que, hoy por hoy, está sostenida por unos cuantos hilos.
