Acuerdo con las Farc: un triunfo de la guerrilla – Diario La Tercera, Chile
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Después de tres años de conversaciones, el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc anunciaron un acuerdo en la forma como se aplicará la justicia, que es considerado el punto más complejo de las negociaciones. El pacto fue refrendado en La Habana por el propio Presidente Juan Manuel Santos y el líder de la guerrilla, Rodrigo Londoño, alias Timoshenko, ante la presencia de Raúl Castro, Presidente de Cuba. Pese a que aún falta destrabar algunos puntos menores, el Presidente Santos confía que con este acuerdo el pacto definitivo pueda firmarse antes de seis meses.
No hay aquí razones para celebrar. El acuerdo alcanzado con la guerrilla se ha logrado a costa de consagrar la impunidad en favor de un grupo terrorista responsable de uno de los periodos más oscuros de la historia de ese país. Las Farc no sólo han recurrido al narcotráfico, los secuestros y la extorsión para financiar sus actividades, sino que han sometido a los colombianos a un clima de violencia que ya se extiende por casi 60 años y que ha dejado más de 220 mil muertos, el 80% de los cuales son civiles. Ningún acuerdo que busque la paz podría construirse sin una genuina justicia, lo que no será posible producto de las ventajosas condiciones que se han concedido a la guerrilla.
El documento firmado en La Habana establece la creación de un sistema de justicia especial o transicional que contará con tribunales especiales -conformados en forma mayoritaria por jueces colombianos, pero que incorporarán magistrados extranjeros- y una serie de penas diferenciadas dependiendo de la colaboración que entreguen al proceso. Quienes admitan sus responsabilidades recibirán condenas de 5 a 8 años en condiciones especiales, mientras que quienes no lo hagan deberán enfrentar hasta 20 años de reclusión en una cárcel ordinaria. También se tramitarán indultos y amnistía para “delitos políticos y conexos”.
Entre los puntos más cuestionados del acuerdo está el que pone en igualdad de condiciones a los miembros de un grupo terrorista como las Farc y a las instituciones del Estado, en especial los militares, que lucharon contra ellos como parte de su responsabilidad de velar por la seguridad de los ciudadanos del país. Además, no aclara las condiciones en que aquellos que “cooperen”, cumplirán sus condenas de hasta ocho años con “restricción de la libertad”.
Si el acuerdo prospera de esta forma, será una gran derrota para la democracia y sentará un nefasto precedente de impunidad. Es ciertamente incomprensible que hechos de tanta gravedad puedan quedar revestidos de cierta legitimidad al terminar con sanciones apenas simbólicas, y que ni siquiera aseguran verdaderamente la paz, pues la guerrilla ha señalado que no entregará sus armas. Hay una evidente incongruencia en estos acuerdos con aquellas doctrinas que buscan configurar los crímenes de lesa humanidad y denunciar internacionalmente las violaciones a los derechos humanos.
Pese a que el Presidente Santos había descartado la posibilidad de un plebiscito, la semana pasado dijo que serán los colombianos “a través de la refrendación popular” quienes acepten su contenido. Es importante que el mandatario cumpla ese compromiso y aclare de qué forma la ciudadanía se pronunciará, considerando que el acuerdo alcanzado con la guerrilla ha sido cuestionado por vastos sectores ciudadanos.
