Dina Boluarte omite criticas y promulga ley que somete a las ONG: norma genera impunidad en casos de violaciones de DD.HH
Por Alejandra López
A través de una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte promulgó la ley que modifica las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y que somete al control estatal a las organizaciones no gubernamentales (ONG). La norma ha sido duramente cuestionada por diversos sectores de la sociedad civil, ya que establece como infracciones graves que las ONG financien actividades que supuestamente atenten contra el orden público, la seguridad ciudadana, la defensa nacional y el orden interno.
“Esta ley velará por el supremo interés de la democracia, la unidad nacional y poner bajo una revisión exhaustiva a una minoría de ONG que actúan en contra de los intereses de nuestro país, sembrando odio y atacando nuestro sistema”, expresó la jefa de Estado. No obstante, para muchos esta norma representaría un intento de silenciar a las organizaciones que han sido críticas con el Gobierno y que denuncian violaciones de derechos humanos.
Exdirectores de APCI alertaron sobre peligros de la ley
El hecho de que se imponga un control tan rígido sobre su financiamiento y sus actividades podría plantear serias amenazas a la autonomía de estas entidades, manifestaron algunos expertos. Por su parte, distintos exdirectores ejecutivos de la APCI se pronunciaron sobre la ley y la calificaron como inconstitucional y carente de rigor técnico.
“A partir de ahora, las entidades que reciban recursos de la cooperación internacional deberán inscribir sus planes, proyectos, programas y actividades, así como la ejecución de sus gastos, en un registro público e informativo gestionado por la APCI. No se trata de control, sino de claridad; no es fiscalización arbitraria, sino de rendición de cuentas”, señaló Boluarte.
Pero los exdirectores de la APCI advirtieron con anterioridad que la norma podría terminar restringiendo actividades clave, como las informativas, en contextos electorales. Cuestionaron además que la ley se aprobara sin consulta a especialistas y alertaron de una la sobrecarga burocrática impuesta a la agencia. También señalaron que esta medida podría dañar la reputación del Perú ante la comunidad internacional.
¿De qué trata la modificación a la Ley APCI?
Uno de los puntos más críticos de la modificación a la Ley N.º 27692 es que la APCI tendrá el poder de vetar actividades financiadas con fondos de la Cooperación Técnica Internacional (CTI). Según el nuevo marco normativo, todas las acciones de las ONG deberán contar con la aprobación previa del organismo estatal, bajo riesgo de sanciones que incluyen multas millonarias o la cancelación de su registro.
Expertos en derechos humanos han alertado que esta medida podría ser utilizada de manera arbitraria para censurar iniciativas que incomoden al gobierno de turno. Además, se cuestiona si la APCI tiene la capacidad logística para analizar el trabajo de todas las organizaciones que dependen de la CTI, lo que podría generar demoras perjudiciales para las comunidades beneficiarias.
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos critica Ley APCI: «Se ha consolidado un intento de eliminar a las ONG»
Por Pedro Luis Ramos Martinez
Tania Pariona, secretaria de esta institución, recalcó que las ONG ya son fiscalizadas y auditadas, por lo que consideró que la norma debe ser derogada.
Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, criticó este lunes que la presidenta Dina Boluarte promulgara la Ley APCI porque consideró que el objetivo de la norma es conseguir la eliminación de las ONG.
«Las ONG vienen siendo fiscalizadas, auditadas. La plataforma de APCI es accesible a los ciudadanos, uno puede entrar y verificar qué proyecto se está subvencionando y en cuánto tiempo se ejecuta, cuánto de financiamiento viene recibiendo… todo eso es información pública. Aquí se ha consolidado un intento de desvanecer y eliminar a las organizaciones de derechos humanos que cumplen una labor fundamental en el país», señaló en el programa ‘Prueba de Fuego’ de RPP.
Pariona manifestó que la labor de las ONG es apoyar a aquellas personas que fácilmente no acceden a la justicia ni a un espacio cívico donde puedan construir una propuesta para resolver una problemática. Además, recalcó que ellos no se oponen a ninguna fiscalización.
«Nosotros no estamos en contra de una auditoría ni fiscalización, eso ya lo vienen haciendo. Nosotros mismos estamos siendo auditados y fiscalizados, por lo menos en tres proyectos. Que nos fiscalicen, pero aquí el tema de fondo no es la fiscalización, sino que usaron el marco legal para escudarse de denuncias de procesos judiciales que ahora mismo se dan, que no sean demandados por los ciudadanos y a través de un organismo no gubernamental», sostuvo.
Buscarán su derogatoria
Tania Pariona adelantó también que, pese a la medida, presentarán acciones de amparo en casos concretos de vulneración a los derechos humanos.
«Es lo que corresponde, nosotros seguiremos la ruta regular el tiempo que amerite, pero lo que sí consideramos es que la derogatoria de esta ley es lo que corresponde porque creemos que atenta contra los derechos humanos en general, te corta la posibilidad de acceder a la justicia de cualquier ciudadano que pueda sufrir la vulneración a sus derechos por parte del Estado», indicó.
Boluarte promulgó la ley
La presidenta Dina Boluarte promulgó la ley que modifica la creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), en una ceremonia realizada este lunes en Palacio de Gobierno.
De acuerdo al pronunciamiento de la mandataria, la norma busca reforzar la transparencia en el uso de recursos de cooperación internacional no reembolsable y establecer mecanismos de supervisión más estrictos, especialmente sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG).
Boluarte aprovechó la ocasión para arremeter contra las ONG que, en su opinión, afectan los intereses del país, y aseguró que ahora se realizará una revisión exhaustiva de las actividades que realizan.
Entre los cambios que hay en la ley se conoce que APCI tendrá nuevas funciones para garantizar la claridad en la gestión de recursos que reciben las ONG provenientes del exterior, ya sean públicos o privados.
