Gobierno de Panamá quiere reabrir controvertida mina de cobre
Más de un año después de que la Corte Suprema de Panamá suspendiera las operaciones en una enorme mina de cobre porque determinó que su concesión gubernamental era inconstitucional, el nuevo gobierno del país está dando señales de que desea una reactivación.
El propietario de la mina, First Quantum Minerals, realiza giras mediáticas y suspendió un juicio arbitral, mientras la coalición de grupos ambientales y cívicos, que paralizó el tráfico durante semanas en 2023 para exigir el cierre de las instalaciones, se está preparando para volver a las calles.
El presidente José Raúl Mulino ordenó que la planta de energía de la mina vuelva a operar y que se venda concentrado de cobre por un valor de 250 millones de dólares que se encuentra en la mina.
Pero crece el temor de que la mina se reactive pronto. First Quantum Minerals, la propietaria canadiense de la mina, presentó una demanda de arbitraje de 20 000 millones de dólares (USD) en tribunales internacionales poco después de la cancelación del contrato, junto con su socio coreano KOMIR, su filial panameña y otras dos empresas de su cadena de suministro.
A principios de este mes, First Quantum dijo a sus abogados que suspendieran el caso de arbitraje contra Panamá para discutir la reapertura de la mina. El presidente de Panamá había declarado anteriormente que la empresa canadiense debía retirar el arbitraje contra Panamá como condición para negociar la reapertura de la mina.
En respuesta, cientos de panameños y panameñas han salido a las calles en la última semana para decir no a la reapertura de la mina Cobre Panamá y no a la criminalización de la protesta pacífica, firmando un mensaje claro y contundente: ”Panamá vale más sin minería. La defensa del agua y el territorio sigue siendo una lucha urgente”
Las acciones de las últimas semanas recuerdan a las protestas históricas de 2023 contra los impactos ambientales de la mina en una zona que forma parte de una región protegida conocida como el Corredor Biológico Mesoamericano.
El renovado repudio público a la mina Cobre Panamá se produjo mientras el gobierno panameño debatía el Proyecto de Ley 462, que reforma la caja de seguridad social del país en detrimento de los derechos de los trabajadores, encontrando una fuerte oposición nacional.
El presidente panameño, José Raúl Mulino, había declarado que quería abordar las reformas de la seguridad social antes de discutir las cuestiones mineras en el país o cualquier siguiente paso con respecto a Cobre Panamá.
El 63,6 % de los encuestados se opone a la reactivación de la mina y «60% está en desacuerdo con siquiera una revisión del contrato entre First Quantum y el Estado panameño por parte del presidente Mulino».
Las demandas de arbitraje de First Quantum se presentaron a través del mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS) presente en el tratado de libre comercio entre Canadá y Panamá. Los casos de ISDS suelen servir como una forma de retrasar o detener las reformas regulatorias que protegen a las comunidades o al medio ambiente de proyectos perjudiciales.
La empresa ha utilizado este mecanismo para amenazar al gobierno panameño, primero en 2023, cuando los tribunales panameños anularon su contrato minero y, más tarde, como estrategia para presionar al gobierno para que reabriera la mina.
