Elecciones en Ecuador: perspectivas para las resistencias del campo popular frente al avance antidemocrático de un proyecto de gestión de la muerte.
Por Eduardo Meneses *
El próximo domingo el pueblo ecuatoriano vuelve a las urnas, por tercera vez en los últimos cuatro años, para una elección presidencial que se presenta como históricamente determinante para el futuro del país. Desde hace más de dos décadas la vida política ecuatoriana ha estado marcada por una contienda entre el progresismo, representado por la Revolución Ciudadana, y las diferentes configuraciones políticas con las que las élites económicas han tratado de enfrentar dicho proyecto de construcción de una soberanía nacional y redistribución de la riqueza. Sin embargo, en esta ocasión, la disputa va a desenvolverse en un Ecuador muy diferente.
En los últimos 4 años, se ha constituido un modelo de reproducción de la vida material nunca antes visto en la historia del país. En efecto, el país ha sido el escenario de una penetración inédita de la las redes de crimen organizado en cada aspecto de la vida social y una consecuente expansión generalizada de la violencia. En este marco, las contradicciones económicas, sociales y políticas se han profundizado radicalmente. Frente a esto el gobierno de Daniel Noboa ha dado a luz a una nueva fase del neoliberalismo con tintes autoritarios que viene gobernando al Ecuador desde el 2017.
En efecto, la manera a través de la cual Noboa ha logrado mantenerse, en medio de un terrible balance económico y social de su política, es gracias a la manipulación política del miedo generado por la expansión de la violencia. Esta manipulación ha tomado la forma de una alianza civico-militar, en la cual las fuerzas armadas ecuatorianas (ellas mismas profundamente penetradas por las redes del crimen organizado), se han convertido en un actor político central del país. Es así, que se está reconfigurando profundamente la lucha entre las clases populares y una élite económica totalmente articulada en torno a una lógica de violencia, una lógica de producción y gestión de la muerte. Estas elecciones marcarán justamente el rumbo de dicha reconfiguración para la década venidera.
La violencia estructural que ha sumergido al país en un estado de shock permanente es el factor más visible de esta nueva fase política. En efecto, Ecuador se ha convertido en menos de 5 años en el país más violento de América Latina. Sin embargo, y aunque el propio Noboa sea uno de los principales actores económicos que han articulado a las élites con los grupos del crimen organizado, este proceso está ligado en realidad a una nueva reconfiguración económica global y no únicamente a dinámicas nacionales aisladas.
En efecto, el despliegue global del crimen organizado se ha visto acelerado exponencialmente por la crisis económica y social desatada por la pandemia del COVID-19. Ésta crisis encontró en la economía ilegalizada (le conviene que se mantenga así), una forma de generar procesos de acumulación contra-cíclicos que le han permitido mitigar las tendencias globales hacia una recesión estructural. Muy lejos de ser un accidente del sistema, la economía ilegalizada se ha vuelto un mecanismo de estructural de gestión de las crisis económicas modernas. En territorios como el latinoamericano esta economía ilegalizada se ha vuelto un pilar fundamental para el mantenimiento del orden capitalista. La terrible realidad que vive el Ecuador es que se trata de un pilar edificado sobre los cadáveres, muchos racializados, de miles de ecuatorianas y ecuatorianos de las clases populares, víctimas de la violencia generalizada que ésta economía ilegalizada genera.
En este contexto, el avance estructural de la economía ilegalizada solo puede entenderse en conjunto con la desinstitucionalización del Estado y la precarización estructural del trabajo, llevadas a cabo de manera consistente por los gobiernos de la élite económica ecuatoriana desde el 2017; de la mano con FMI y la agenda geopolítica estadounidense, que han vuelto a tomar el control de la política ecuatoriana. No sólo que el neoliberalismo facilitó la ruta para la penetración del crimen organizado, sino que se han vuelto dos pilares indisociables de un nuevo modelo de acumulación, que sólo puede mantenerse produciendo y gestionando la muerte de amplios sectores de las clases populares del país.
En este marco, el desafío para el progresismo, y las demás fuerzas populares es el de poder frenar el avance de este modelo de sociedad. Esto se vuelve además particularmente complejo en un contexto en el cual el miedo ha producido un repliegue de la vida social pública hacia la familia y la iglesia. Este repliegue ha sido además acentuado por una estrategia de deslegitimación generalizada de la política, resultante de la guerra judicial que se implementó en contra del progresismo en los últimos 7 años. El Ecuador no se encuentra en un momento en el que puedan vislumbrarse grandes avances en las agendas de derechos sociales y económicos a corto plazo.
Al contrario, en este escenario, las primeras tareas que aparecen como fundamentales son las del mantenimiento de un orden democrático, la posibilidad de reinstitucionalización de un Estado redistributivo que vuelva a dar sentido material al bien común, y la construcción de dinámicas económicas que permitan construir contrapesos al modelo económico de producción y gestión de la muerte emergente. Esto último aparece como particularmente complicado por ser un proyecto impulsado por las narco-élites económicas ecuatorianas, pero además claramente apoyado por la agenda geopolítica estadounidense que se encuentra en una fase de guerra global para tratar de mantener su hegemonía planetaria. Esta guerra, en el Ecuador ,se traduce por una ocupación militar que se va materializando con la presencia creciente de fuerzas militares estadounidenses, pero también por una economía ilegalizada que claramente contribuye a sostener el esfuerzo de guerra del país del Norte.
Sólo en este marco de la presión generada por esta disputa es posible entender cómo, por primera vez en cerca de una década, el campo progresista ha logrado articular una base política más amplia que ha permitido rebasar sus dinámicas electorales históricas. En efecto, dinámicas tales como el pacto programático alcanzado con Pachakutik, la herramienta política-electoral del movimiento indígena, y varias otras organizaciones sociales, son síntomas de la urgencia de reconfigurar una resistencia desde el campo popular frente a la gravedad del escenario político actual.
Y es que lo que está en juego en esta elección es justamente la posibilidad misma de reconfigurar, en democracia, resistencias populares que puedan oponerse al proyecto de muerte de la narco-élite económica ecuatoriana. Un triunfo de Daniel Noboa significaría no sólo una continuidad sino una profundización innegable de un modelo de acumulación ligado a la economía ilegalizada, y la violencia estructural que eso conlleva. Frente a esto, la profundización de un pacto cívico-militar autoritario aparece además cómo la única alternativa para que Noboa pueda mantener en el tiempo dicho proyecto económico y geopolítico. Esto conlleva peligros democráticos de una gravedad que no ha visto el país desde el retorno a la democracia.
Es igualmente importante tener claro que un potencial triunfo de Luisa González, fundamental para frenar el proyecto de muerte de las narco-élites, permitiría abrir un campo democrático para una fundamental refundación de la noción de lo público y de lo común en una sociedad ecuatoriana en vías de profunda desintegración. Es únicamente en base a este escenario que podría vislumbrarse una recomposición de fuerzas populares capaces de enfrentar el proyecto económico y social de producción y gestión de la muerte impulsado por las élites ecuatorianas, y que se ve amplificado por el contexto de guerra global desatado por los Estados Unidos.
Sin embargo, la experiencia histórica de las últimas dos décadas en el Ecuador ha dejado también muy claro que sin el desarrollo de una nueva dinámica popular, que se estructure mucho más allá de lo electoral, será imposible enfrentar el modelo emergente de acumulación en el país. Sin el fortalecimiento de nuevas fuerzas populares, y su articulación con las fuerzas progresistas, será imposible para el proyecto progresista, o cualquier otro proyecto de transformación social, proyectarse a mediano y largo plazo frente al embate de las narco-élites.
Es esa necesidad histórica de recomposición de fuerzas sociales la que está en juego en las próximas elecciones ecuatorianas, y de su resultado se determinará una nueva fase política que determinará la forma en que el Ecuador navegue el complejo escenario de guerra global emergente.
*Eduardo Meneses es politólogo y educador popular.
