Corte Suprema de Estados Unidos ordena el retorno de Kílmar Ábrego, salvadoreño enviado por «error» al CECOT
El máximo tribunal estadounidense falló contra el gobierno de Donald Trump y ordenó que se haga efectivo el retorno del salvadoreño, que tenía estatus de protección previo a su deportación.
La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos confirmó este 10 de abril la orden de la jueza federal Paula Xinis sobre el retorno del salvadoreño Kílmar Armando Ábrego García, deportado por un supuesto error adminsitrativo hacia El Salvador y confinado al CECOT desde el 16 de marzo de este año.
El Departamento de Justicia apeló la decisión de la jueza Paula Xinis ante el Tribunal Supremo y este había puesto en pausa administrativa el proceso mientras tomaba una decisión. El gobierno de Donald Trump había celebrado esa decisión, pero hoy sufrió un revés al recibir la orden definitiva de efectuar el retorno de Ábrego García.
Según la decisión de la Corte, el gobierno estadounidense deberá facilitar el retorno de Ábrego García y señaló a Xinis que debe ser clara con el proceso que debe ordenarse al Ejecutivo para que esto se haga posible.
El Departamento de Justicia y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) aceptaron a inicios de abril que la deportación de Ábrego García fue un error administrativo, pero afirmaron a la vez que él era miembro de la pandilla MS-13 y que por ello debía abandonar Estados Unidos.
Cuando Xinis ordenó el retorno del salvadoreño el Departamento de Justicia adujo que no tenía jurisdicción para efectuar el traslado, pues Ábrego García ya estaba en control del gobierno de El Salvador, el cual no se ha pronunciado sobre el caso hasta el momento.
La familia de Ábrego García recibió el apoyo de senadores y congresistas demócratas el pasado 9 de abril, quienes pidieron el retorno del salvadoreño y que se cumpliera con el debido proceso.
67 % de deportados al CECOT tenían amparo legal en Estados Unidos: Cristosal
Hasta el 8 de abril, la oenegé Cristosal recopiló datos de 94 personas deportadas por Estados Unidos al CECOT. La gran mayoría tenía un empleo antes de su detención y, además, estaba gestionando su asilo o tenía el amparo del TPS.
Dos de cada tres personas que Estados Unidos ha deportado desde el 16 de marzo al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, tenían amparo legal para permanecer en el país norteamericano, reveló un análisis preliminar de la oenegé Cristosal.
En un informe publicado el miércoles 9 de abril, Cristosal explicó que habilitó un formulario en línea para que los familiares de personas deportadas ingresen sus casos y obtengan asesoría para presentar habeas corpus en la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Hasta el 8 de abril, la organización capturó la información de 94 casos, que representan el 34 % de las 277 que, desde el 16 de marzo, han sido trasladadas al CECOT, desde Estados Unidos, acusadas por la administración de Donald Trump de pertenecer a la pandilla MS-13 o a la banda criminal Tren de Aragua. Según lo comunicado por ambos países, a cambio de resguardarlas en la “megacárcel”, el gobierno de Nayib Bukele recibirá $6 millones.
Según Cristosal, de los 94 casos solo uno corresponde a una persona salvadoreña y las restantes 93 son venezolanas. En el 47 % de esos casos, la persona estaba tramitando su asilo, en el 9 % tenía una solicitud de asilo a través de la aplicación CBP One, mientras el 11 % era beneficiario del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés). Es decir, el 67 % tenía amparo legal para permanecer en Estados Unidos y solo en el 17 % de los casos la situación migratoria era irregular. Además, el 78 % tenía empleo antes de su detención.
Los datos preliminares también indican que solo el 30 % tenía una orden formal de deportación y en el 46 % de los casos se reportó que la persona fue engañada antes de ser deportada.
En cuanto a la justificación para la deportación, Cristosal encontró que si bien en el 48 % de los casos se afirma que la persona está siendo acusada de haber cometido un delito, “al profundizar sobre la tipificación del delito, vemos que casi en su totalidad se refieren a la acusación genérica de pertenecer a una pandilla (Tren de Aragua)”. Solo el 13 % tiene algún antecedente penal.
En un tercio de los casos, las familias señalaron que la acusación se basó exclusivamente en los tatuajes del deportado, aunque estos no tengan relación con pandillas.
El 87 % de las familias que reportaron casos indican que la persona deportada tiene tatuajes, mientras que un 30 % indica que la causa de la detención o de la supuesta vinculación de su familiar con estructuras criminales deriva exclusivamente de los tatuajes”, dijo Cristosal.
La oenegé señaló que estos datos parecen indicar que la mayoría de los casos no tienen fundamento: “Se ha aplicado la medida de traslado o deportación independientemente del estado migratorio de las personas, sobre la base de la imputación genérica de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua, lo que a la luz de los datos disponibles en la gran mayoría de los casos parece infundado”.
Cristosal habilitó el formulario en línea a raíz de la denegación de dos solicitudes de información que presentó recientemente. La organización dijo que pidió a la Dirección General de Centros Penales (DGCP) y a la Presidencia de la República el listado con los nombres de las personas deportadas al CECOT, cuántas tenían una condena previa en Estados Unidos y quiénes están vinculadas a la pandilla denominada Tren de Aragua.
La Presidencia se declaró incompetente para responder la petición, mientras que la DGCP negó la información aduciendo que está reservada “por cuestión de defensa nacional” y porque se trata de datos personales.
Los datos de Cristosal coinciden con reportes que dos medios estadounidenses han publicado en los últimos días, basados en documentos oficiales y judiciales. El domingo, la cadena CBS dijo que el 75 % de los venezolanos traídos a El Salvador no tenía antecedentes penales y Bloomberg estimó el miércoles que el 90 % de los deportados carece de ellos.
Vulneraciones a derechos
Para René Valiente, director de investigación de Cristosal, el limbo jurídico en el que se encuentran los ciudadanos venezolanos, y algunos salvadoreños, implica restricciones de derechos fundamentales, como la comunicación con sus familiares y abogados defensores, así como la arbitrariedad en un proceso donde la mayoría es de naturaleza migratoria y no penal.
Al momento de ser trasladados a El Salvador, la comunicación cesó. No han podido comunicarse ni con las autoridades ni con su familiar detenido. No conocen las condiciones del lugar donde se encuentran. Estos elementos agravan la situación de estas personas, hay que tomar en cuenta que los datos arrojan que la mayoría está sometida a un proceso de naturaleza migratoria, no un proceso penal”, explicó el especialista.
Además expuso que hay desconocimiento si estas personas están bajo alguna figura de vigilancia penitenciaria, ya sea de Estados Unidos o El Salvador, se desconoce de una autoridad independiente, lo que también puede propiciar el cometimiento de delitos de lesa humanidad.
“Son condiciones para que se den casos de desaparición forzada, el cual se configura cuando una persona es privada de libertad y es seguida de acciones de ocultamiento para evitar que esta persona sea visible por la ley. Existe ese riesgo latente para que se cometan estas actividades, lo que podría en determinado momento, ser considerados delitos de lesa humanidad”, subrayó Valiente.
También destacó que dentro de la información que han recopilado encontraron personas con discapacidad intelectual o una incapacidad proporcionada por lesiones de diferentes medios, visuales, entre otras. Estas conforman el 7 % de los 94 casos, pero en el 22 % de ellos se declaró que hay padecimientos crónicos y que la persona necesita acceso permanente a medicamento para tratar enfermedades como hipertensión, ansiedad, esquizofrenia y convulsiones.
LA PRENSA GRÁFICA solicitó información a Centros Penales, a través de su equipo de comunicaciones, acerca del informe y los cuestionamientos en torno al acuerdo para traer al CECOT a extranjeros deportados por Estados Unidos, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
