El “Plan Ecuador”, el intervencionismo estadounidense renace como el fénix
Por Christian Arias Barona[1]
Ecuador representa uno de los nodos más importantes de la contraofensiva neoliberal latinoamericana. Tras tres gobiernos de Rafael Correa (2007-2017), el proyecto de la Revolución Ciudadana sufrió un freno abrupto sin experimentar una derrota electoral: su sucesor, Lenín Moreno (2017-2021), se convirtió en su más feroz opositor. A partir de 2017, el país experimenta cuatro rasgos que en la actualidad componen el cuadro de situación que puede leerse como un “Plan Ecuador”, comparándolo con el caso colombiano: 1) injerencia extranjera; 2) liberalización económica y endeudamiento externo; 3) deterioro institucional; y 4) militarización de la sociedad y securitización de problemas sociales.
Injerencia extranjera:
Los gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa, han propiciado la intervención de Estados Unidos en aspectos sensibles como la economía, la administración de justicia y la seguridad. Mientras que en la década del correísmo se buscó un marco de alianzas para sostener decisiones con independencia de la potencia norteamericana como crear UNASUR, Moreno protagonizó su abandono y la expulsión de su sede en Quito, a la vez que se separó de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y retornó a la Junta Interamericana de Defensa (JID) como camino a recomponer el diálogo con Estados Unidos, precisamente, en el primer gobierno de un Donald Trump que apuntaba sus esfuerzos en una ofensiva neoconservadora regional con énfasis en Venezuela, Cuba y Nicaragua.
El alineamiento político internacional desde entonces ha estado supeditado a la agenda estadounidense, llevando a conformar nuevos foros regionales como PROSUR, cuya impronta ha sido más condicionada ideológicamente contra los proyectos progresistas y de la nueva izquierda latinoamericana que por un programa propio de integración política, económica y de seguridad. Esta ausencia se verifica en el fortalecimiento de iniciativas bilaterales y creciente involucramiento del Comando Sur en Ecuador, como un pilar de su Área de Responsabilidad (AOR, por sus siglas en inglés), así como el retorno de la asistencia extranjera mediante agencias como USAID, cuyo financiamiento había sido suspendido en la administración de Correa.
Liberalización económica:
A pesar de la prosperidad económica experimentada con Correa, y en particular durante el cuatrienio 2013-2017, Moreno inició un proceso de liberalización que incluyó el retorno al endeudamiento externo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2019 y que continuó con Guillermo Lasso en 2021 y Daniel Noboa en 2024; Ecuador había llevado a cabo una auditoría de la deuda en 2007 concluyendo la existencia de anomalías en los contratos por lo que se declaró parcialmente ilegítima, siendo un precedente internacional para suspender pagos, renegociar y reducir montos.
Dado que el principal ingreso por exportaciones se basa en el petróleo, la economía ecuatoriana es altamente sensible a las fluctuaciones internacionales. El paquete de condiciones del FMI llevaron al gobierno de Moreno a eliminar los subsidios a los combustibles como premisa para reducir el gasto fiscal, lo que derivó en un encarecimiento de precios y una ola de protestas durante octubre de 2019. Aunque finalmente fueron restituidos, durante el estado de excepción se aplicaron otras medidas de recorte y ajuste fiscal. El aumento de combustibles, la reducción del presupuesto público en asistencia social, los despidos en la administración estatal – en particular en salud – y la privatización de empresas públicas como el Banco del Pacífico marcaron la agenda económica de Guillermo Lasso desde mayo de 2021. En noviembre del mismo año, llevó a cabo una reforma en materia laboral, tributaria y sobre el régimen de inversiones a través de la Ley de Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal en Ecuador, impactando en la flexibilización de derechos laborales y la desregulación de la economía. Aunque esto le permitió acceder a la financiación internacional de 1.900 millones de dólares por el FMI y el BID, las consecuencias del deterioro de los servicios públicos, la carestía de la vida y el aumento de la pobreza llevaron a nuevas movilizaciones populares en junio de 2022.
Aunque Daniel Noboa llegó al gobierno en noviembre de 2023 para culminar el periodo de mandato de Guillermo Lasso tras aplicar la “muerte cruzada” que disolvió la Asamblea Nacional y llamó a elecciones generales, su política económica ha seguido los derroteros del banquero que le precedió. En abril de 2024 firmó un acuerdo con el FMI por 4.000 millones de dólares y ha impulsado un programa de ajuste con incremento del IVA del 12 al 15% y la eliminación de los subsidios al combustible. Por otra parte, ha enfrentado las consecuencias de las concesiones hechas por Lasso en el sector energético, sufriendo una crisis con apagones prolongados y la importación de energía. Mientras promueve asociaciones con el capital privado, el hijo del magnate más importante del país no logra sacar la economía de la recesión provocada por las políticas neoliberales de los últimos gobiernos y la pérdida de soberanía económica ante organismos multilaterales de crédito.
Deterioro institucional:
El principal aspecto del deterioro institucional es la aplicación del lawfare., es decir, la utilización de indebida de instrumentos jurídicos para perseguir políticamente, destruir la imagen pública y finalmente inhabilitar adversarios políticos. La guerra judicial y el constante linchamiento mediático que esta estrategia contiene, se ha ensañado contra el ex-presidente Rafael Correa y las principales referencias de su corriente política, algunas de ellas teniendo que exiliarse. El caso del ex-vicepresidente Jorge Glas es uno de los más notorios, ya que fue perseguido judicialmente con la participación del mismo Lenín Moreno, sufriendo la prisión política en condiciones que han violado sus derechos humanos. Desde que fue detenido en octubre de 2017, Glas tuvo sentencias express en tres causas (Odebrecht en 2017, Sobornos en 2020 y Singe en 2021) con penas de 6 y 8 años en cada caso. Sin embargo, en abril de 2022 se le concedió la libertad bajo un habeas corpus con la condición de presentarse semanalmente ante las autoridades judiciales, la cual le fue revocada por la Corte Constitucional en febrero de 2024 con la activa participación de la fiscal Diana Salazar. Por este motivo Glas buscó asilo en la embajada de México, donde contra las normas del derecho internacional y la Convención de Viena fue secuestrado por las fuerzas de seguridad el 5 de abril del mismo año.
Por otra parte, la reducción de las políticas de protección social por parte del Estado han significado una pérdida de calidad de vida que ha posibilitado la proliferación de organizaciones criminales ligadas al narcotráfico. Los espacios abandonados deliberadamente por las instituciones públicas han pasado a ser ocupados por actores privados que siembran la percepción de una debilidad estatal que el mismo gobierno y agentes extranjeros emplean como justificación para la intervención represiva.
Militarización de la sociedad y securitización de problemas sociales:
Aunque en Ecuador existe una separación institucional de los roles de la seguridad y la defensa, desde 2019 se experimenta un creciente involucramiento de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, especialmente, para disuadir eventos de protesta social y, según se afirma públicamente, para enfrentar el avance de organizaciones criminales ligadas al narcotráfico. No obstante, ni se verifica una mejora en los indicadores ni en la percepción de seguridad de la población, que constantemente denuncia abusos de la fuerza pública y el incremento de la violencia institucional que se suma al récord de la tasa de homicidios: 40 cada 100.000 habitantes en 2024.
El aumento de la militarización coincide con el acercamiento a Estados Unidos durante la gestión de Lenín Moreno, y en particular, tras la firma del Acuerdo Marco de Cooperación en Seguridad en abril de 2018 y la participación en ejercicios militares combinados con el Comando Sur, así como el regreso de la asistencia extranjera de la USAID. Bajo la comandancia de la Gral. Laura Richardson, se avanzó sustancialmente en la intervención militar con la firma del Memorándum de Entendimiento entre Estados Unidos y Ecuador el 20 de julio de 2023, también llamado Plan de Cooperación. El acuerdo se basa en tres pilares fundamentales del paradigma de las “nuevas amenazas”: narcotráfico, crimen transnacional y terrorismo. El fortalecimiento de capacidades para el cual se destinarán 3.100 millones de dólares en 7 años, se enfoca en una perspectiva integrada de la acción de las Fuerzas Armadas y de Policía. Como ha corroborado un informe del Observatorio Lawfare, durante 2022 y 2023 la administración Biden brindó asistencia militar a Ecuador a través del Programa de Financiación Militar Extranjero (FMF, por sus siglas en inglés) por 310 millones de dólares, destacando que fue el principal receptor de la región, incluso por arriba de Colombia.
Es importante destacar que la debilidad estatal se traduce en fortalecimiento de Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) que pasan a controlar localidades como Esmeraldas en el litoral norte, o zonas de Guayaquil, donde eventualmente actúan como “autoridad benefactora” para ganar legitimidad y demostrar poder. Por la posición geoestratégica de sus costas y la economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en un punto de relocalización de las rutas del narcotráfico y de disputa territorial. Se estima que además de los GDOs locales, operan las organizaciones mexicanas conocidas como el Cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, asó como la Mafia Albanesa.
La asunción de Daniel Noboa se acompañó del Plan Fénix con el cual prometió terminar con la inseguridad en el país. Sus componentes se estructuraron en el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles del país, la construcción de dos megacárceles donde se pretende remedar el modelo Bukele, una reforma del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que endurezca las penas y la restauración de bases militares para la asistencia extranjera de Estados Unidos (lo cual requiere una reforma constitucional).
Aunque gran parte de la agenda de militarización se estructuró en los gobiernos anteriores, Noboa fue quien aceleró su efectivización. Si bien el 8 de enero había decretado el estado de excepción, el acontecimiento catalizador de las decisiones ejecutivas fue la toma de las instalaciones de TC Televisión en medio de la transmisión del noticiero del mediodía por parte de 13 personas armadas y encapuchadas el 9 de enero de 2024. El gobierno reaccionó con la promulgación del decreto 111 “que moviliza a las fuerzas armadas y policiales para neutralizar a las organizaciones terroristas como objetivos” y declara la existencia de un “conflicto armado interno”.
Con la declaración de “conflicto armado interno” y la identificación de las GDOs como amenaza estatal terrorista, se define que la misma debe ser combatida a través de una estrategia militar. Apenas un mes después de este anuncio, Noboa recibió el 15 de febrero en Quito a la Gral. Richardson para ratificar dos acuerdos de seguridad que se habían iniciado con Guillermo Lasso: el Estatuto de las Fuerzas Armadas (SOFA, por sus siglas en inglés) y otro para Operaciones contra actividades Marítimas Ilegales. El primero, otorga privilegios e inmunidad diplomática al personal militar y civil del Departamento de Defensa y sus contratistas, mientras el segundo habilita la vigilancia, circunnavegación y operación militar combinada entre la Armada de Ecuador y el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.
Noboa ha operado intensamente para restituir la concesión de bases militares a fuerzas extranjeras, por lo cual tramita en la Asamblea Nacional un proyecto de reforma constitucional, aunque en paralelo ha logrado que en diciembre de 2024 el Consejo del Régimen Especial de Galápagos apruebe el Proyecto de Seguridad Integral de la Región Insular que permitiría a las tropas estadounidenses operar en las islas, probablemente a través de una Locación de Operaciones de Avanzada (FOL, por sus siglas en inglés). El control de dicho enclave abre un marco de posibilidades a los intereses en el indopacífico para Estados Unidos, donde lograría establecer un polígono de seguridad junto a Australia (integrada también en el AUKUS), India y Japón.
Continuidad del neoliberalismo armado
Los efectos perniciosos de la militarización se constatan en agresiones a la población y las graves violaciones a los derechos humanos. Un caso de crimen de Estado que sobresale es la desaparición forzada y asesinato de cuatro menores de edad ocurrida en diciembre de 2024 en el sector Las Malvinas de Guayaquil; sus cuerpos aparecieron en las inmediaciones de la base militar de Taura de la Fuerza Aérea, a 40 km del lugar de detención. Con similar preocupación puede hablarse de las reacciones violentas del gobierno ante los reclamos sociales que particularmente en 2019 y 2022, produjeron la muerte de al menos 20 manifestantes.
Convertido en un ángulo clave del polígono de seguridad en la estrategia de confrontación con China, y abierto a profundizar la agenda de la llamada Guerra Contra las Drogas para justificar el intervencionismo estadounidense, Ecuador es más que un centro geográfico del mundo, el foco geopolítico. Tanto el gobierno y sector privado de Estados Unidos, como las élites de colaboración periférica pretenden sostener el control de este país, que actualmente tiene una mayor valoración a sus intereses estratégicos ante la coyuntura de cambio político que experimenta Colombia. Daniel Noboa, a pesar del fraude denunciado por Luisa González y la Revolución Ciudadana en las elecciones del 13 de abril, seguirá siendo uno de los cuatro alfiles del Trumperialismo 2.0 en América Latina y el Caribe junto a Javier Milei, Santiago Peña y Nayib Bukele.
[1] Politólogo colombiano. Docente de la Universidad de Buenos Aires e Investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC). Integrante del Grupo de Trabajo “Fuerzas Armadas, Defensa y democracia en América Latina” del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.