El engaño de los estados de excepción, Blackwater y los muñecos de cartón
Por Gabriela Rivadeneira Burbano*
Pasar de ser el segundo país más seguro del continente en el 2017 al más inseguro y violento de América en 2024, nos da la pauta para comprender la degradación acelerada que ha tenido el Ecuador en apenas ocho años. Esto solo se puede justificar sobre la base de la profundización neoliberal y la tendencia cada vez más agresiva de la derecha continental, hoy fortalecida con la presidencia de Donald Trump. La agenda injerencista del formato regional que implementa Estados Unidos en el sur del continente, ha sido cada vez más evidente y sistemática. Con la presidencia de Moreno retornó el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la USAID, la “cooperación militar” que se asentó en el propio Palacio de Carondelet con pretexto de los conflictos de la frontera norte de enero de 2018, así como la visita del entonces vicepresidente Mike Pence en junio de 2019 donde consiguió la entrega de lo que denominaron el portaaviones natural en las Islas Galápagos para vuelos militares del ejército estadounidense, y la tan dolorosa entrega de Julian Assange. Con el banquero Lasso en la presidencia, se fortaleció la presencia militar extranjera, con nexos en la cúpula de las mismas Fuerzas Armadas Ecuatorianas y en la institución de inteligencia estatal que, de la mano de la Fiscal General de la Nación, Diana Salazar, ha sido la operadora del lawfare en Ecuador. Con la violación de la Constitución de la República que establece la prohibición de presencia militar extranjera en territorio nacional, con una crisis multidimensional provocada por la ausencia del gobierno en territorio y con los datos de deserción escolar más abrumadora de las últimas décadas, el crimen organizado y las redes de narcotráfico se expandieron por el territorio nacional, tomando control principalmente de provincias de la costa ecuatoriana como Guayas, Manabí, El Oro, Santa Elena, Tungurahua y las provincias de la frontera norte con Colombia como Sucumbíos y Esmeraldas, que concentran el 88.6% de muertes violentas de todo el país.En el mes de enero de 2025 se registró un aumento del 63% en los homicidios, marcándolo como el mes más violento de la historia del país; 1517 asesinatos entre enero y febrero de 2025. Después del asesinato de cuatro niños afroecuatorianos de las Malvinas, Guayaquil, a manos del ejército ecuatoriano el pasado 8 de diciembre de 2024, hecho que conmocionó al país y a la región, se desató una serie de denuncias de niñas y niños desaparecidos; cada día desaparecen tres niños, niñas o adolescentes en Ecuador; algunos son reclutados por el crimen organizado y otros secuestrados. Son 53 niños y adolescentes, los que han muerto de forma violenta en lo que va del año, la mayoría de ellos tenían entre 15 y 17 años.El presidente Daniel Noboa, hijo de la oligarquía ecuatoriana, el mayor deudor del fisco y con vínculos familiares en la empresa exportadora de banano investigada en Europa por tráfico de cocaína, en vez de enfrentar esta caótica crisis desde sus funciones como presidente, decidió ponerlo todo en manos del Comando Sur y de la empresa de mercenarios blackwater ahora llamada Academy, quienes llegaron a Ecuador, según su representante Erick Prince, a poner la “Ley y el Orden”, una semana antes de la segunda vuelta presidencial, lo que denota la desesperación del candidato presidente que en 18 meses no ha dado respuesta a los problemas de inseguridad y ha sido incapaz de poner en marcha su tan mencionado Plan Fénix de seguridad. La apuesta de llevar los mercenarios resultó un fracaso; en su primer operativo llevado a cabo en los suburbios del sur de Guayaquil retuvieron a 68 ciudadanos, de los cuales 66 fueron liberados por falta de antecedentes penales o vinculación alguna con el crimen organizado. Y aclaro, dijeron “retener” para evitar conflictos legales por la detención arbitraria a ciudadanos de zonas empobrecidas, al puro estilo bukelista de limpieza social ¡Vergonzoso!, especialmente, para un país de 18 millones de habitantes, de los cuales 5.2 millones se encuentran bajo la línea de pobreza. Regresamos a la época de la aporofobia, de la estigmatización de la pobreza y de las periferias urbanas satanizadas. Si sumamos todos los factores de la crisis multidimensional arrastrada y profundizada en los últimos años, solo nos queda luchar por un proyecto político posible, que permita devolverle la esperanza a la gente, que nos permita visualizar un país digno para las futuras generaciones. Estamos al borde del colapso total, y para cambiar la realidad necesitamos recuperar el Estado de derecho, la institucionalidad, devolver el gobierno al territorio para recuperarlo y quitárselo de las manos al crimen organizado, para garantizar que el Ecuador sea nuevamente un territorio de paz. Para esto, y desde el otro lado de la orilla, la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, ha planteado en su plan de gobierno 12 objetivos fundamentales:
- Justicia para el buen vivir, que se enfoca en la protección de los derechos humanos y de la naturaleza.
- Justicia para alcanzar la paz, la seguridad y el orden, con el fin de fortalecer el sistema de seguridad y justicia.
- Justicia para el bienestar económico con igualdad de oportunidades, que busca garantizar el acceso equitativo a recursos y empleo.
- Justicia ética y transparente en la lucha contra la corrupción, para promover una gestión gubernamental honesta y responsable.
- Justicia democrática participativa y deliberativa, que plantea fortalecer la democracia mediante la participación activa de la ciudadanía.
- Justicia para el empoderamiento y protección de mujeres y niñas, con enfoque en garantizar sus derechos y erradicar la violencia de género.
- Justicia para reconocer y valorar la diversidad plurinacional e intercultural, promoviendo el respeto a las distintas identidades y culturas del país.
- Justicia ecológica y transición energética para un futuro limpio y sostenible, orientada a la protección ambiental y el uso de energías renovables.
- Justicia digital y nueva economía de la información, para cerrar la brecha digital y fomentar la innovación tecnológica.
- Justicia internacional, soberanía e integración, con el objetivo de fortalecer la presencia del Ecuador en el escenario global.
- Justicia para el desarrollo del conocimiento, que promueve el acceso a la educación y la investigación.
- Justicia para la construcción de una sociedad de respeto e intergeneracional, buscando la inclusión de todos los sectores etarios en el desarrollo del país.
Y uno de sus principales programas, el “Plan Protege”, que consta del fortalecimiento institucional, la limpieza de las filas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas y a su vez dotar de equipamiento a las mismas para que puedan cumplir su función de combatir al crimen organizado y de proteger a la gente. Recuperar el territorio significa emprender un modelo de redistribución de la riqueza, que permita que el sector poblacional que está en y bajo la línea de la pobreza tenga lo básico para vivir, además de la protección a las clases medias; esto requiere más obra pública que genere mano de obra, así como la generación de un sistema financiero (basado en la protección del dólar) para mejorar ingresos fiscales, evitar la salida de divisas y que el financiamiento externo no pague gasto corriente, sino que vaya directo a inversión, necesaria para el funcionamiento óptimo del sector público y el llamamiento a la inversión privada nacional y extranjera. Debemos empezar de cero, pero con todo un bagaje de conocimiento en la administración pública y en la transformación del Estado. Viene un proceso largo, pero debemos empezarlo y no podremos si no se recupera la esperanza, la dignidad y la justicia para un pueblo mancillado. *Expresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador y primera mujer en ejercer dicho cargo. Directora Ejecutiva del Instituto para la Democracia Eloy Alfaro (IDEAL). Fundadora de la Internacional Feminista. Ha desempeñado distintos cargos de elección popular: concejala, vicealcaldesa, viceprefecta y gobernadora.
