Sistema de deuda: la sangría continuó en 2024 en Brasil
El privilegio del sistema de deuda provocó que captara casi el 43% del presupuesto en 2024. Publicamos la gráfica del presupuesto federal ejecutado en 2024 y analizamos el sangrado provocado por el Sistema de Deuda, destacando la necesidad de enfrentar este sistema a través de la herramienta de auditoría, con participación social.
En 2024, el Gobierno federal volverá a destinar la mayor parte de su presupuesto al pago de intereses y amortización de la llamada deuda pública. Cerca de 2 billones de reales, lo que representa casi el 43% de todo el gasto federal, fueron destinados al pago de una deuda que no se ha utilizado para inversiones en Brasil, como ya afirmó el Tribunal de Cuentas de la Unión.
No sabemos a quién pagamos ese valor que llegó a casi R$ 2 billones el año pasado, dado que el pago de intereses y amortización de la deuda pública se hace de forma confidencial, sin transparencia, pues sólo se divulgan los sectores económicos que reciben ese valor, destacándose el sector financiero.
Lo más grave es el hecho de que esta llamada deuda pública sin contrapartida y sin transparencia ha sido la estructura principal del modelo económico injusto que opera en Brasil, funcionando como lo que llamamos Sistema de Deuda.
El gráfico elaborado anualmente por la Auditoría Ciudadana de la Deuda (ACD), elaborado con datos oficiales divulgados por el Gobierno Federal, muestra que áreas fundamentales para la sociedad brasileña recibieron una ínfima participación en 2024, destacándose Educación (2,95%), Salud (4,16%) y Gestión Ambiental (0,3%), por ejemplo. Las transferencias a Estados y Municipios se limitaron a sólo el 11,07%, alrededor de 1/4 de lo que el gobierno asignó al Sistema de Deuda.
Esta situación se ha perpetuado a través de una serie de privilegios insertados en la legislación brasileña a lo largo de los años, destacándose el escándalo ocurrido durante el funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente en 1988, cuando se insertó en la letra “b” de la sección II, párrafo 3º del art. 166 del texto constitucional, disposición que no había sido votada.
Este grave hecho fue denunciado en su momento en un importante estudio “Anatomía de un Fraude a la Constitución”, y a través de una investigación civil pública, entre otros intentos de revertir el privilegio intocable del Sistema de Deuda, pues este dispositivo impide al Congreso Nacional alterar los valores previstos en la Ley Anual de Presupuesto para el pago de intereses y amortización de la deuda
Varios mecanismos financieros generan deuda pública sin ninguna contrapartida en inversiones, como la Bolsa-Banqueiro, que paga diariamente a los bancos sobre dinero que ni siquiera les pertenece, y con tasas de interés abusivas practicadas en Brasil, debido a la falta de un límite legal, lo que ha permitido al Banco Central practicar una política monetaria suicida, elevando la Selic a niveles extremadamente altos, sin ninguna justificación técnica o económica sustentable.
El privilegio del Sistema de Deuda también se ha visto alimentado por instrumentos que limitan la asignación de recursos a las áreas sociales, de manera que cada vez queda más dinero para gastar en este sistema. El marco fiscal (Ley Complementaria 200/2023) mantuvo, con cambios mínimos, el techo de gasto social creado en 2016 (Enmienda Constitucional 95/2016), con el objetivo de “ahorrar importantes recursos para el pago de la deuda pública”, como se indica expresamente en su exposición de motivos.
El problema de las cuentas públicas está en el Sistema de Deuda
Varias falacias intentan ocultar el flagrante privilegio del Sistema de Deuda que se refleja en el gráfico del presupuesto federal elaborado por la ACD, que muestra dónde está realmente el déficit de las cuentas públicas. La gráfica muestra que el problema de las cuentas no es la Seguridad Social ni los servidores públicos, como afirman sectores de la gran prensa, gobiernos y analistas que defienden el Sistema de Deuda.
La ACD ya ha demostrado en un vídeo y varios textos que el gráfico es correcto, y que es falsa la afirmación de que la deuda simplemente está siendo refinanciada (el llamado “rollover” o “refinanciación” se define como el pago de amortizaciones –principal de la deuda- con recursos obtenidos mediante la emisión y venta de nuevos títulos de deuda). De hecho, la mayor parte de los INTERESES se están contabilizando como si se tratara de AMORTIZACIÓN (que también incluye la refinanciación o refinanciación), como la ACD viene denunciando desde 2010, cuando comprobó este hecho durante su asesoramiento al CPI da Dívida.
En 2024, el Tesoro Nacional registró solo R$ 352 mil millones en intereses pagados, lo que es claramente incompatible con un stock de deuda pública federal de R$ 8,839 billones a principios de año, sobre el cual se cobró una tasa de interés promedio del 11,8% anual, lo que resulta en una estimación (conservadora, ya que solo consideró el stock inicial) de R$ 1,043 billón en intereses pagados el año pasado. Este hecho demuestra que la partida de amortización no incluye un simple rollover, como se suele decir, sino la mayor parte de los intereses pagados.
Además, R$ 329 mil millones en amortizaciones realizadas en 2024 fueron pagadas con recursos que nada tienen que ver con ingresos obtenidos con la venta de más títulos de deuda pública, sino que tuvieron como fuentes de ingresos: impuestos, recepción de deudas de estados y municipios, ganancias de empresas estatales, entre otros. Es necesario denunciar que a partir de 2023 el Gobierno dejó de revelar el detalle de estas otras fuentes de ingresos, y solo es posible ver si resultan o no de la emisión de nuevos títulos de deuda.
Incluso la solicitud vía Ley de Acceso a la Información (con miras a detallar las fuentes utilizadas para pagar la deuda) fue denegada por el gobierno.
Esos R$ 329 mil millones obtenidos de fuentes distintas a la emisión de bonos deberían ser utilizados en inversiones sociales, pero han sido absorbidos por el Sistema de Deuda. Es fundamental identificar esto, teniendo en cuenta que, en 2024, por ejemplo, el monto de R$ 94 mil millones de recursos obtenidos con nuevas deudas se utilizaron en algunas áreas sociales. Sin embargo, si se analiza el flujo inverso, queda claro que, en términos netos, la llamada deuda pública chupó otros R$ 235 mil millones de las áreas sociales, y no las financió.
Ante estos hechos, se puede inferir que al menos R$ 1,372 billones en pagos de deuda en 2024 no tienen relación alguna con el llamado “rollover”, como viene siendo alegado por sectores que intentan minimizar el agujero que el Sistema de Deuda ha representado en las cuentas públicas de Brasil.
Por último, es importante destacar que, en Brasil, los nuevos préstamos han sido consumidos por el propio Sistema de Deuda, ya que los plazos aquí son muy cortos y las tasas de interés astronómicas, situación completamente diferente a la que se viene practicando en los países desarrollados, que utilizan la deuda pública de forma sostenible, ya que practican tasas de interés bajas o negativas, plazos largos y, principalmente, destinan recursos a inversiones sociales y productivas, que generan ingresos fiscales, empleos, dinamización de la economía y plena capacidad de pago de sus deudas.
Por lo tanto, el monto efectivamente gastado en el llamado “rollover” o “refinanciamiento” de la deuda debe considerarse como un costo para el país, ya que podría haber sido destinado a inversiones sociales, como se practica en otros países.
Cómo afrontar
Es urgente enfrentar este sistema perverso que ha perjudicado a la sociedad brasileña e impedido nuestro desarrollo socioeconómico y ambiental, por eso la Auditoría Ciudadana de la Deuda ha ofrecido varias herramientas, como el nuevo curso “El Sistema de la Deuda y la necesidad de una auditoría integral”, cuyas inscripciones ya están abiertas.
Creemos que sólo una gran movilización social consciente podrá generar fuerzas para enfrentar este sistema, y esta movilización sólo surgirá del conocimiento de la situación. ¡Participar!
Maria Lucia Fattorelli es Coordinadora Nacional de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, miembro de la Comisión Brasileña de Justicia y Paz (CBJP), órgano de la CNBB, y coordinadora del Observatorio de Finanzas y Economía Francisco y Clara de la CBJP.
*Rodrigo Ávila es economista de la Auditoría Ciudadana de la Deuda.
