Políticas anti inmigrantes en la nueva era Trump: una estrategia de presión para la región
Por Paula Giménez y Matias Caciabue *
El pasado miércoles 26 de marzo la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, se trasladó a El Salvador para visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) una cárcel de máxima seguridad, ubicada en una zona aislada a 75 km de la capital, donde se encuentran detenidos los más de 200 migrantes venezolanos que fueron deportados desde EE.UU el pasado 16 de marzo.
Frente a una celda con decenas de presos hacinados con sus cabezas rapadas y el torso desnudo, la funcionaria estadounidense grabó un video, en el que agradeció al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, por recibir “y encarcelar a nuestros terroristas” y advirtió a quienes intenten migrar de manera ilegal a EEUU que esa podría ser una de las consecuencias que les tocará enfrentar, si lo hacen.
En su cuenta de X, escribió: «Recorrí el CECOT, Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador. El presidente Trump y yo tenemos un mensaje claro para los inmigrantes ilegales criminales: VÁYANSE AHORA. Si no te vas, te cazaremos, te arrestaremos y podrías terminar en esta prisión salvadoreña».
Los 200 migrantes venezolanos fueron trasladados a esta cárcel sin el debido proceso y tras haber sido invocada para ello la Ley de Enemigos Extranjeros, que data de 1789. El pasado 14 de marzo, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una proclamación con la que invocó esta Ley, argumentando que EEUU estaba sufriendo una “invasión” de la banda criminal trasnacional, el Tren de Aragua, aunque no presentó pruebas y expertos legales pusieron en duda la validez de esta justificación. La ley de Enemigos, le otorga a los presidentes las facultades para detener y expulsar a aquellos ciudadanos nativos de países con los cuales EEUU se encuentre en guerra y solo ha sido utilizada en tres oportunidades a lo largo de la historia norteamericana, entre ellas las Dos Guerras Mundiales.
Trump declaró que el Tren de Aragua estaba «perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión predatoria contra el territorio de EE.UU». Por lo cual ordenó que todos los ciudadanos venezolanos que estén en EE.UU., que tengan al menos 14 años de edad, que sean miembros del Tren de Aragua y que «no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales» sean «detenidos, asegurados y expulsados por ser enemigos extranjeros».
En línea con esto, el gobierno de EEUU firmó un acuerdo con El Salvador para deportar a ese país a los detenidos. La cadena de televisión estadounidense, CBS, reveló que el acuerdo incluye el pago de 20.000 dólares anuales por cada detenido alojado en el CECOT. Así la utilización del sistema carcelario para recibir deportados parece estar funcionando más como un negocio que como una política de seguridad. Al mismo tiempo, la propaganda estadounidense sobre el sistema carcelario y el modelo de securitización que impone el gobierno de Bukele, se amplifica a nivel regional y se reproduce en el idilio que ahora viven ambos mandatarios en relaciones bilaterales cada vez más estrechas.
El 20 de marzo, el juez James Boasberg interpuso medidas para el bloqueo del uso de sw la Ley de Enemigos extranjeros y el presidente salvadoreño se burló en x:»Ups… demasiado tarde», escribió. Cuando Trump amenazó a Boasberg con un juicio político Bukele se pronunció en defensa del Presidente: «Estados Unidos enfrenta un golpe de Estado judicial», expresó.
Desde Venezuela, en tanto, el presidente Nicolás Maduro, denunció la humillación a los venezolanos por parte del régimen de Nayib Bukele en El Salvador y destacó las acciones que se estaban llevando adelante para lograr que regresen a su patria.
La Internacional Antifascista lanzó una campaña internacional con la consigna “Migrar no es un delito” y en Caracas se creó un comité de familiares, para reclamar por el retorno de sus congéneres, sanos y salvos, a su casa.
El 25 de marzo el gobierno venezolano pidió a la Organización de Naciones Unidas actuar por los venezolanos detenidos en El Salvador y exige a Bukele cumplir con las normas internacionales de DDHH.
Las crueles imágenes sobre el trato que recibieron estas personas sin atravesar por un debido proceso, tras haber sido acusados de delincuentes sin pruebas certeras, estremecieron al mundo.
Venezuela no es el único país con el que el gobierno estadounidense tensionó sus relaciones por este tema. Las deportaciones fueron de las primeras medidas que el presidente norteamericano anunció para la región latinoamericana y caribeña. Así en tan solo dos meses, tuvo conflictos con los gobiernos de Brasil, Colombia, México y Honduras, que reaccionaron a los anuncios, pidiendo un trato humano para las y los deportados. Detrás de cada uno de estos conflictos hubo además una amenaza vinculada a las relaciones comerciales.
A esto se suma la reciente decisión del presidente norteamericano, Donald Trump, de firmar un acuerdo que prevé la deportación de 500.000 migrantes.
Medidas neofascistas para recuperar la hegemonía
Las políticas migratorias restrictivas y los discursos de odio no son solo una reacción coyuntural, sino una expresión contemporánea de los mecanismos de dominación que históricamente han servido para justificar la opresión de determinados grupos poblacionales como mencionamos la semana pasada en el artículo publicado en Nodal, “Derivaciones racistas en el Siglo XXI. Viejos y nuevos signos del fascismo, en la fase digital”. Para la conducción ideológica de poblaciones empobrecidas, la estrategia implica la construcción de enemigos internos y la creación de miedos colectivos exacerbados, en torno a lo “extranjero”, promoviendo la idea de un orden que debe ser defendido a toda costa, sea mediante la protección de las fronteras, el nacionalismo, la religión o incluso el mercado como elemento sagrado.”
Con una retórica neofascista como la de Donald Trump o figuras de la extrema derecha europea, se ha instalado a través de las redes sociales la idea de que la migración es una «amenaza» para el bienestar de las naciones receptoras. En este contexto, la migración no solo se enfrenta a barreras físicas como muros fronterizos o políticas de deportación, sino también a una guerra híbrida que busca legitimar la exclusión social y las violaciones a los derechos humanos.
Las medidas sin embargo han traído cuestionamientos. Los sectores globalistas han comenzado a preguntar por la sostenibilidad de ciertos empleos ante la expulsión de una gran cantidad de trabajadores migrantes, quienes han sido históricamente una pieza clave en diversas industrias en Estados Unidos. En el gigante del norte, trabajan 30,7 millones de migrantes que para 2023 representaban el 17,7 % de la fuerza de trabajo. De estos, el 52,4 % (16,1 millones) corresponden a población nacida en Latinoamérica, con México como el mayor aportante (45 %). El número de migrantes indocumentados residentes en EE. UU. se encuentra entre 11 y 13 millones, la mayoría de ellos en edad de trabajar y/o estudiar. En 2024 cerca de 27 millones de latinoamericanos y caribeños emigraron a Estados Unidos.
El propio Washington Post ha señalado que la deportación masiva de migrantes forma parte de un modelo de «securitización» exportado a América Latina, lo que implica que la estrategia de Trump podría tener consecuencias más amplias de lo que parece a simple vista.
Además del fortalecimiento del modelo de securitización en la región el trasfondo económico de estas políticas es innegable. La política migratoria de Trump no solo afecta a quienes son deportados, sino que también busca reconfigurar la economía global en un contexto donde Estados Unidos intenta mantener su posición ante la creciente influencia de China.
El eje de esta estrategia es lo que llamamos G2. El conflicto económico entre la redes de capital que, aunque desbordan los territorios nacionales, ubicamos en EE.UU. y China, y la manera en que Trump está utilizando la migración como una herramienta de presión en este tablero geopolítico, en medio de la carrera por dominar el siglo XXI y en la consigna con la que promete “hacer grande a estados Unidos otra vez”, en la región.
Es bueno recordar en este punto a Antonio Gramsci, quien interpretó al fascismo, en su época como un fenómeno proveniente de las diferenciaciones y contradicciones hacia el interior del bloque social dominante.
El tema ha llamado a posicionarse a exponentes de la nueva aristocracia financiera. En una reciente discusión sobre migración y economía, dos de los más grandes exponentes del mercado de la tecnología y las finanzas dieron posturas contrarias. Elon Musk respaldó a Trump y sus acciones, mientras que Jeff Bezos se pronunció en contra, afirmando que esta no es la mejor manera de abordar el problema.
Aquí es importante recordar que al momento no se trata de deportaciones masivas y descontroladas y que fue el gobierno de Joe Biden quien en el último año de gobierno, marcó el récord de deportaciones en una década superando al gobierno a Trump en 2019, cuando fueron deportadas 267.260 personas. Pero sí se observa la manera en que la política migratoria de Trump es direccionada, lo que sugiere una estrategia bien calculada para influir en distintos sectores.
Las deportaciones y la extorsión aparecen así como un síntoma y un mensaje: Estados Unidos no cederá la región en términos comerciales, económicos o políticos a China. Y las agresivas y espectacularizantes medidas tomadas por el presidente que asumió el mando del país norteamericano hace poco más de dos meses advierten que la intención es profundizar la contienda.
*Giménez es Licenciada en Psicología y Magister en Seguridad y Defensa de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos, directora de NODAL. Caciabue es Licenciado en Ciencia Política y ex Secretario General de la Universidad de la Defensa Nacional UNDEF en Argentina. Ambos son investigadores del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
