Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Armando Mendoza Nava *
Lo ocurrido en semanas pasadas con el derrumbe del puente Chancay, es un suceso tan trágico como representativo de nuestra realidad. Hay un simbolismo, tan evidente como desalentador, de que el derrumbe del puente haya sucedió en la misma vía que se ha proclamado como un enlace clave hacia el megapuerto de Chancay. Si ni siquiera podemos asegurar el adecuado mantenimiento de una obra de comunicación tan importante, que podemos entonces esperar.
Tras lo sucedido vienen surgiendo información y testimonios que evidenciarían fallos y omisiones tanto por parte del concesionario privado como por parte del estado, lo que explicaría la tragedia del puente: supervisión inadecuada, falta de previsión, insuficiente mantenimiento, displicencia frente a las alertas de las autoridades locales, son algunas de las denuncias que esperamos se aclaren y se sancionen las responsabilidades que correspondan.
Ojalá. Los precedentes de casos similares de obras mal diseñadas, mal construidas y mal mantenidas, no dan para el optimismo. Pasa el tiempo y las responsabilidades se diluyen. Las investigaciones se embarrancan. Las sanciones quedan en el aire. No hay consecuencias ni lecciones aprendidas. En unas semanas o meses no se hablará más del tema, convertido en un nebuloso mal recuerdo. Una historia repetida.
Por ello, hay que reconocer que lo sucedido con el puente Chancay no nos sorprende tanto como cabría esperar. En un país marcado por el caos, la incompetencia y, con frecuencia, la corrupción; que surja una controversia en relación a una obra de infraestructura parece ser pan de cada día. Una pregunta lógica que hacernos es cuantos casos más de puentes, u otras obras, en condiciones precarias existen. Cuantos otros casos de desinterés por el cumplimiento y la fiscalización, tanto en el ámbito de la inversión pública como de la privada. Cuantos puentes más, cuantos techos más, podemos esperar que “colapsen” en el futuro.
Ello lleva a cuestionar que tanto las políticas de inversión cautelan el interés público, que tan adecuado es el monitoreo al cumplimiento de regulaciones y compromisos, especialmente en el caso de infraestructura critica como el puente Chancay, cuyo mantenimiento aparentemente era responsabilidad de un concesionario privado, que administra el tramo correspondiente de la Panamericana Norte en el marco de una Asociación Público Privada, o APP, suscrita con el estado.
Una reflexión crítica sobre el sentido y conveniencia de las APPs es hoy más necesaria que nunca, considerando la oleada de grandes proyectos de infraestructura que viene anunciando el actual gobierno, presentando a las APPs como la panacea de la inversión pública, a cero costos para el estado y la sociedad; una relación ideal con el operador privado donde todos ganan, nadie pierde.
Partamos de que una APP conceptualmente es simplemente un acuerdo entre el estado y un privado para construir y/o administrar una obra o servicio de interés público: una carretera, un puente, un hospital, etc. En condiciones normales ello implica un reparto trasparente y balanceado de los beneficios entre las partes, pero también de los costos y riesgos. El problema es que en el Perú las APPs con demasiada frecuencia terminan convirtiéndose en mero mecanismos para maximizar la ganancia del privado a costa del estado y la población. Así, existen casos de APPs negociadas y administradas de una manera tan sesgada y tan poco trasparente, con la cancha tan inclinada, que al final el estado terminó asumiendo literalmente todos los pasivos, mientras el privado zafaba responsabilidades y acaparaba beneficios. ¿Dónde quedó entonces el equilibrio que las APPs prometen?
Al respecto, cabe mencionar que las salvaguardas y garantías financieras y legales que el estado concede en el marco de las APPs pueden terminar siendo abusadas por malos operadores privados. Tan solo las contingencias explicitas contenidas en las APPs vigentes representan al presente más de S/ 15 mil millones que el estado tendrá que asumir si algo sale mal. Agreguemos que frecuentemente el estado termina siendo demandado por el operador privado, con o sin razón, con lo que el panorama se complica aún más. Al año 2023 se acumulaban demandas internacionales contra el estado por más de S/ 30 mil millones, incluyendo una generosísima porción correspondiente a APPs tan escandalosamente notorias como el Metro 2 de Lima, el Aeropuerto de Chinchero o las famosas carreteras interoceánicas de Odebrecht.
En el escenario actual, con una institucionalidad estatal tan precarizada, ¿Qué capacidad real existe de implementar APPs negociadas con transparencia y se manejen correctamente? ¿Cuánta fortaleza tiene el estado para cautelar efectivamente el interés público? ¿Cómo asegurar que en medio de las prisas y la euforia se termine concediendo el oro y el moro, porque al final las responsabilidades y consecuencias las pagaran otros? Sin entidades públicas sólidas y funcionarios idóneos. Sin mecanismos y canales adecuados de negociación y monitoreo al privado; entonces el impacto benéfico de una inversión pública vía APPs se hace incierto, mientras se multiplican los riesgos.
Estas preocupaciones son aún más relevantes y urgentes considerando la inestabilidad de las autoridades a cargo de sectores clave. Tan sólo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha tenido siete titulares desde julio del 2021; es decir, cambio de ministro y de gestión cada seis meses. Si agregamos que en buena parte de esos casos el cambio de gestión viene forzado por escándalos y denuncias, podemos imaginarnos el nivel de debilidad institucional del sector y los problemas y presiones que deben presentarse en un tema tan crítico como la fiscalización de la infraestructura.
Ante el entusiasmo de las actuales autoridades con la promoción de las APPs, cabe preguntarse cuantos vacíos y omisiones podrían terminar cometiéndose, cuantas futuras controversias y escándalos podrían estarse incubando. ¿Habrá lecciones aprendidas y correcciones a partir de lo sucedido en Chancay y otros casos? Quien sabe. Quizás simplemente se tirará tierra al asunto y seguiremos “progresando” con el optimismo ciego de los inconscientes hasta la próxima catástrofe, con obras que lejos de cumplir la promesa de desarrollo y crecimiento, terminan como el puente, siendo apenas Chancay de a medio.
*Analista de La Otra Mirada, Perú
