Boluarte dice que contempla la pena de muerte ante ola criminal: “Ningún sicario podrá manchar de sangre a las familias»
Durante la ceremonia de inauguración del año escolar en el colegio Imperio del Tahuantinsuyo, la mandataria calificó de “malditos” a los asesinos” y alegó que ningún sicario podrá “manchar de sangre” a las familias peruanas.
“Lo digo a viva voz. A estos malditos asesinos, a estos malditos asesinos, les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte, porque ningún sicario podrá manchar de sangre a familias que quieren a sus hijos, emprendedoras y emprendedores, que con justo esfuerzo se labran el futuro”, declaró.
La jefa de Estado dijo que el Gobierno no permitirá “una muerte más”, por lo que repitió que contempla la pena de muerte para estos casos.
“A estos les digo, estoy pensando firmemente en la pena de muerte porque no vamos a permitir un muerto más, de un peruano, de una peruana que honestamente trabaja”, apuntó.
Por su parte, el ministro de Educación, Morgan Quero, dijo que la situación actual se asemeja al denominado “terrorismo urbano” y que la violencia, desatada en “algunos puntos del país”, tiene que ser combatida no solamente por el Gobierno, sino también desde el Congreso y la ciudadanía.
Asimismo, Quero respaldó al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ante el pedido de censura, por lo que pidió al Congreso darle la oportunidad de explicar las labores de su sector para combatir al crimen.
Boluarte anuncia que contempla la pena de muerte ante ola criminal: “Ningún sicario podrá manchar de sangre a las familias”
Perú decreta emergencia en Lima para que militares combatan crimen organizado
Perú decretó este lunes el estado de emergencia en Lima por un mes para que los militares apoyen a la policía en la lucha contra la extorsión del crimen organizado, tras la muerte de un popular cantante a manos de sicarios el fin de semana.
De acuerdo con lo dispuesto por la presidenta Dina Boluarte, las Fuerzas Armadas apoyarán el control interno en la capital de 10 millones de habitantes.
Bajo el estado de emergencia, el gobierno queda autorizado a restringir o suspender determinadas libertades como el derecho de reunión y la inviolabilidad de domicilio.
– Pena de muerte –
«No vamos a permitir un muerto más», anunció temprano la presidenta Dina Boluarte tras lamentar el asesinato a manos de sicarios motorizados del cantante de cumbia Paul Flores, de 39 años, ocurrido el domingo a su salida de un concierto en el distrito de San Juan de Lurigancho, en el este de Lima.
El asesinato generó un repudio generalizado que llevó al gobierno a anunciar desde la noche del domingo que decretaría el estado de emergencia para hacer frente a la creciente ola de inseguridad.
Para la prensa peruana, se trata de la cifra más alta en las últimas dos décadas.
– De nuevo militares a las calles –
Es la segunda vez que el gobierno apela a los militares para reforzar la seguridad en Lima luego que una parte de la capital peruana estuviera entre septiembre pasado e inicios de enero también bajo estado de emergencia.
En esa ocasión las fuerzas armadas apoyaron a la policía en 14 de los 43 distritos de Lima ante la ola de extorsiones del crimen organizado, que ha desencadenado continuas protestas de transportistas, comerciantes y otros gremios.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, aseguró a la prensa a fines de 2024 que el estado de emergencia estaba «dando cifras positivas», aunque sin ofrecer un balance.
Santiváñez enfrenta esta semana un pedido de censura en el parlamento, controlado por bancadas de derecha aliadas de Boluarte, por la falta de resultados contra el crimen organizado.
Perú, que celebrará elecciones generales en abril de 2026, vive un creciente clima de inseguridad que se gatilló a mediados de 2024 cuando extorsionadores asesinaron al menos a cinco chóferes.
Según las autoridades, el crimen organizado ha cambiado sustancialmente en los últimos años en Perú tras la crisis migratoria en Venezuela, el tráfico de armas de fuego y la presencia de bandas como el «Tren de Aragua», de origen venezolano.
Según la policía, en 2024 se registraron en Perú 19.432 denuncias de extorsión. En 2023, se reportaron 22.294.
Presentan una tercera moción de censura contra el ministro Juan José Santiváñez
Congresistas de diferentes bancadas presentaron este lunes una nueva moción de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ante el incremento de homicidios y actos delictivos a nivel nacional y tras el asesinato del vocalista del grupo de cumbia Armonía 10, Paul Flores.
En el documento —que cuenta con 35 firmas y fue impulsada por Diego Bazán (Renovación Popular)— se señala que se ejerce este mecanismo de control político «por su manifiesta incapacidad para hacer frente a la ola de inseguridad ciudadana que viene enfrentando al país, así como por su falta de liderazgo para la dación de medidas efectivas contra la criminalidad».
Exigen cambio de estrategia en lucha contra la inseguridad
Frente a esta situación adversa, reprochan que la ola de extorsión y sicariato no haya podido «ser detenida o combatida de manera efectiva y eficiente» por el responsable de la cartera del Interior, actualmente investigado por la Fiscalía por presuntos delitos, entre ellos cohecho, tráfico de influencias y encubrimiento.
«Por el contrario, los resultados mostrados durante su gestión demuestran que las estrategias implementadas han tenido impactos focalizados y minúsculos, con alcance limitado, y muy lejos de lo que se requiere si se pretende detener el avance del crimen organizado», indican.
Así, los autores de esta tercera moción hacen hincapié de que no solo es necesario cambiar de estrategia en la lucha contra la inseguridad, sino también de liderazgo en el portafolio del Interior.
Añaden también que el ministro de Estado es objeto de duras críticas y pérdida de confianza por parte de los gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil, como la Asociación de Exportadores (Adex), el Colectivo País Seguro (PAS), la Asociación de Gremios Productores Agrícolas del Perú (AGAP), la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), etc.
