La guerra contra las drogas: un fracaso anunciado y la alternativa de la integración latinoamericana – Por Edwin Jarrín Jarrín

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La guerra contra las drogas: un fracaso anunciado y la alternativa de la integración latinoamericana

Por Edwin Jarrín Jarrín* 

Ecuador enfrenta hoy una de sus crisis de seguridad más graves. Enero y febrero de 2024 han sido los meses más violentos de su historia, con un incremento sin precedentes de homicidios, secuestros y atentados vinculados a grupos de delincuencia organizada. En este contexto y en plena campaña electoral, el Gobierno ha optado por la retórica fácil y demagógica: la solución, según el presidente candidato, es la intervención de tropas extranjeras para enfrentar una supuesta «guerra» contra los grupos criminales.

La historia ha demostrado que esta estrategia es un error. En procesos electorales anteriores, se han promovido consultas populares con propuestas como la extradición de delincuentes o la intervención impune de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interna. Sin embargo, estas medidas no han generado resultados positivos y, al contrario, han exacerbado la violencia con evidentes casos que se han hecho públicos como el asesinato de cuatro niños en Guayaquil. La militarización del combate al crimen organizado sólo fortalece a los cárteles y multiplica la violencia.

El problema que enfrenta Ecuador no es solo interno ni exclusivo del país. Es una manifestación de un conflicto regional y global en el que el narcotráfico es sólo un síntoma de causas más profundas: la desigualdad, la falta de oportunidades económicas y el fallido enfoque prohibicionista impulsado por potencias extranjeras, en especial por Estados Unidos. Es evidente que Ecuador no podrá resolver en solitario el conflicto armado que hoy lo desangra. Se necesita de colaboración internacional, pero no mediante la injerencia militar de potencias extranjeras, sino a través de estrategias coordinadas y de integración regional.

Desde hace décadas, se ha insistido en la «lucha contra el narcotráfico», una estrategia que ha demostrado ser inefectiva y contraproducente. El enfoque correcto es considerar el problema mundial de las drogas, ya que abarca no sólo la represión de la oferta, sino también la reducción de la demanda, la rehabilitación, la inclusión social y la afectación económica que tiene el narcotráfico en el sistema financiero global.

En el 2009, cuando Rafael Correa fue el presidente Pro Tempore de la UNASUR, se impulsó un modelo de cooperación regional que abordaba el problema de las drogas de manera integral: se constituyó el Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas.

Su Plan de Acción no sólo reconocía el impacto de los grupos de delincuencia organizada, sino que planteaba una solución radical y efectiva: erradicar las raíces del problema reduciendo la demanda y acabando con la oferta mediante políticas sociales, económicas y de desarrollo sostenible.

El Plan de Acción del Consejo Suramericano estableció ejes fundamentales como:

  • Reducción de la demanda mediante programas de prevención, educación y rehabilitación para disminuir el consumo de drogas.
  • Desarrollo alternativo para las comunidades involucradas en la producción de sustancias ilícitas, ofreciendo alternativas económicas viables y sostenibles.
  • Cooperación judicial y policial entre los Estados miembros para combatir el tráfico ilícito sin depender de actores externos que instrumentalizan el problema.
  • Fortalecimiento institucional para que los países tuvieran autonomía en la lucha contra el narcotráfico sin subordinación a intereses foráneos.
  • Control del lavado de activos, una de las estrategias clave para debilitar las estructuras criminales. Se ha demostrado que mientras más dinero se lava en los bancos, más utilidad generan y, como consecuencia, más muertes ocurren en las calles. Ecuador debe fortalecer las instancias de control del lavado de dinero y evitar que el narcotráfico continúe permeando el sistema financiero.

Este enfoque contrastaba drásticamente con la estrategia estadounidense de la «guerra contra las drogas», que en América Latina ha dejado una estela de muerte y corrupción. Desde Colombia hasta México, la militarización solo ha generado más violencia, al tiempo que ha fortalecido a los cárteles que infiltran las instituciones estatales.

Inteligencia criminal y control de cárceles: la clave para frenar la violencia

La «guerra» sin inteligencia criminal y sin control real de las cárceles es una acción demagógica que sigue contaminando las instituciones del Estado. Sin un esfuerzo coordinado de inteligencia regional, el combate a los grupos criminales es inútil. Las prisiones en Ecuador han sido tomadas por las mafias del narcotráfico, que operan desde adentro con total impunidad. Sin un verdadero control del sistema penitenciario y una estrategia efectiva de inteligencia, cualquier intervención militar sólo servirá para aumentar la violencia.

Ecuador ha demostrado que la cooperación internacional y la integración latinoamericana son el camino correcto. En el pasado, el país logró reducir su índice de homicidios de 17.5 en 2007 a 5 por cada cien mil habitantes en 2017 gracias a acciones reales de colaboración e intercambio de información entre los países de la región, este es el modelo que debe recuperarse y fortalecerse, no las soluciones militaristas impuestas desde el extranjero, sin embargo, sin cooperación regional, 2024 terminó con un índice de 40 muertes violentas por cada cien mil habitantes. Este inicio de año ha sido aún más trágico: en lo que va de 2025, se registra un promedio de 52 asesinatos diarios, superando los 1,100 homicidios en los primeros días del año. Si eso no fuera suficiente, las cifras oficiales reportan que 46 menores de edad fueron asesinados en enero de 2025, entre las víctimas, se encuentran cinco infantes de entre cero y tres años, y 40 de estos menores fueron asesinados con armas de fuego.

La hipocresía de la guerra y sus verdaderos beneficiarios son los grupos del crimen organizado. El modelo guerrerista, promovido por Washington, ha demostrado ser un fracaso absoluto. En México, el caso de García Luna reveló que quienes promovieron la militarización estaban, en realidad, al servicio de uno de los cárteles más poderosos del país. La política de «mano dura» no solo fracasó en reducir el narcotráfico, sino que convirtió a México en un campo de batalla a mediados de la década pasada donde los más afectados han sido las y los ciudadanos comunes, quienes pagan con su vida la corrupción e ineficiencia de sus gobiernos.

Ecuador no necesita más soldados extranjeros ni más discursos populistas sobre seguridad. Lo que necesita es una política coherente y sustentada en la cooperación regional, como la que propuso la UNASUR en 2010, la misma que la destruyeron los que hoy claman por la intervención extranjera. La única solución efectiva pasa por la integración, la reducción de la demanda y la erradicación de la pobreza y la exclusión social que alimentan la violencia y el narcotráfico.

La historia ya ha demostrado que la «guerra contra las drogas» es un pretexto para la militarización, la intervención extranjera y el enriquecimiento de ciertos sectores. La verdadera respuesta está en la construcción de sociedades justas, con oportunidades y desarrollo para todas y todos, y esa es una tarea que sólo los países de la región pueden asumir, sin injerencias, sin guerras, y con una visión de futuro basada en la paz y la justicia social.

 

* Edwin Jarrín Jarrín es analista organizacional con amplia trayectoria en el fortalecimiento de la participación ciudadana, el control social y la gobernabilidad. Ha ocupado altos cargos en el sector público ecuatoriano, incluyendo el Ministerio de Gobierno, la Secretaría Nacional de Transparencia y la Secretaría Nacional de Comunicación, además de ejercer como Jefe de Despacho Presidencial. Fue Vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A nivel internacional, lideró iniciativas en UNASUR, FLACMA y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Su labor también abarca el desarrollo de capacidades en organizaciones sociales, indígenas y Gobiernos Autónomos Descentralizados en Ecuador y América Latina. Es colaborador del Instituto para la Democracia Eloy Alfaro (IDEAL).


 

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