Decisión de Trump deja sin abogado a unos 30.000 niños indocumentados
Persecución a los defensores legales
“Todavía no creo lo que está ocurriendo”, declaró Cristel Martínez, según El País, una abogada hondureña especializada en casos de migración desde 2018. Aunque la administración Trump ya había implementado políticas restrictivas en el pasado, nunca antes se había dirigido de manera tan directa contra los abogados que representan a los solicitantes de asilo, explicó.
Martínez y su equipo en Los Ángeles defienden a 325 menores, mientras que otras organizaciones representan a miles más. “El mensaje del Gobierno es que los niños pueden defenderse solos”, señaló, haciendo referencia a casos de menores que tienen apenas meses o pocos años de edad y que carecen de capacidad para comunicarse adecuadamente con sus representantes legales.
Impacto de la cancelación de apoyo legal
Las leyes migratorias en Estados Unidos son altamente complejas, y sin asesoramiento legal, las probabilidades de obtener un resultado favorable en estos casos se reducen drásticamente. El País dice que Martínez subrayó: “está comprobado que una persona que cuenta con representación legal en sus audiencias y no falta […] tiene mayores oportunidades de ganar su caso”.
La decisión del Gobierno rompe con una política vigente desde 2005, cuando se aprobó la Ley 1172. Según los archivos del Congreso de EE. UU., esta normativa busca “garantizar la protección de los menores extranjeros no acompañados”. Esta ley aseguraba apoyo legal a los niños migrantes y evitaba que fueran enviados a centros de detención junto con adultos.
El viernes, la administración Trump anunció la suspensión de los fondos que mantenían en marcha estos procesos legales, apenas una semana antes del vencimiento del contrato, el cual había sido renovado de manera continua desde 2005. Como consecuencia, los abogados han perdido incluso el acceso a intérpretes, afectando gravemente la defensa de sus clientes.
Señalamientos a los abogados de migración
A esta acción se sumó un memorando emitido por la Casa Blanca el 21 de marzo de 2025, en el que se argumenta la necesidad de “responsabilizar a los abogados y bufetes de abogados por conductas poco éticas al litigar contra el gobierno federal o al realizar ataques partidistas infundados”.
El documento acusa a los abogados de migración de instar a sus clientes a “ocultar su pasado” y “mentir sobre sus circunstancias al solicitar asilo”. Además, sostiene que “el sistema de inmigración está plagado de ejemplos de comportamiento inescrupuloso por parte de abogados y bufetes que socavan la aplicación de las leyes migratorias”.
Investigaciones y sanciones a firmas legales
Trump ordenó al Departamento de Justicia investigar las demandas “frívolas” contra su administración, aunque varios abogados sostienen que esta medida busca intimidarlos y debilitar el estado de derecho.
En un memorando dirigido a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, Trump argumentó que los abogados estaban promoviendo un “fraude desenfrenado y reclamos sin fundamento” dentro del sistema migratorio. También solicitó a Bondi que remitiera las firmas legales implicadas a la Casa Blanca para revocar sus autorizaciones de seguridad y cancelar los contratos federales en los que estuvieran involucradas.
Reacciones de los defensores de los inmigrantes
Esta ofensiva ha despertado preocupación entre los defensores de los inmigrantes. Lindsay Toczylowski, presidenta del Centro de Defensa Legal de Inmigrantes (ImmDef), declaró: “hay una razón por la que el presidente Trump teme a los abogados. Sabe que son fundamentales para la defensa de una sociedad basada en el estado de derecho y que nuestra labor es exigir que los funcionarios electos rindan cuentas ante la Constitución”.
