Masacre deja 22 muertos y 3 heridos por disputa entre bandas delictivas en el noroeste de Guayaquil
La peor masacre en años se registró la tarde de este jueves, 6 de marzo de 2025, en el Distrito Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil, a solo cuatro días después de que el Gobierno renovara por otros 30 días el estado de excepción debido a la inseguridad.
La Policía confirmó que 22 personas perdieron la vida y 3 resultaron heridas por impactos de arma de fuego, como producto de ataques armados en Socio Vivienda, La Casuarina y Entrada a la 8, que forman parte de este violento distrito del Puerto Principal.
La matanza fue protagonizada por dos facciones de ‘Los Tiguerones’, identificadas como ‘Igualitos’ y ‘Fénix’, una organización criminal catalogada de terrorista por el Gobierno.
La Policía indicó que las personas heridas fueron trasladadas a diferentes centros de salud para recibir atención médica.
Irrumpieron en viviendas
En el sector de Socio Vivienda 2, testigos indicaron que sujetos armados irrumpieron en tres viviendas donde asesinaron a tiros a nueve personas. Las otras tres fueron asesinadas en un condominio de este populoso plan habitacional, según los primeros informes.
Las primeras versiones refieren que 20 atacantes descendieron desde una zona montañosa y se dirigieron a varios sectores, utilizando armas cortas y largas para perpetrar los homicidios. Algunas de las víctimas tenían antecedentes penales por robo, tráfico de drogas y tenencia y posesión de armas..
Las autoridades temen represalias entre grupos delictivos, lo que ha encendido las alarmas de seguridad en la zona. La Policía atribuye lo ocurrido a «un conflicto entre dos facciones del grupo de delincuencia organizada Los Tiguerones por beneficios de las economías criminales que se disputan en estos sectores».
Lo ocurrido movilizó a decenas de policías y militares. Hasta un helicóptero de la fuerza pública, en busca de pistas. «La institución policial desplegó importantes operativos para capturar a los responsables y esclarecer estos hechos violentos», se informó en un comunicado.
Alvarez: «Es indignante»
El alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez, a través de su cuenta de X, condenó lo ocurrido. «La locura en la que vivimos es indignante», dijo. «Los números son aterradores: 180 muertes violentas en este distrito en lo que va del año. Un número que solo crece y que demuestra que la situación no está controlada», anotó.
Enfrentado con el Gobierno de Daniel Noboa, Alvarez señaló que «la prioridad debe ser la seguridad de la gente». «Basta de distraernos con cortinas de humo mientras las mafias siguen haciendo lo que les da la gana», puntualizó.
La situación en Nueva Prosperina es una barbaridad. En una sola tarde, 25 personas fueron asesinadas en una serie de ataques coordinados en Socio Vivienda 2 y otros sectores. Hombres armados con fusiles y pistolas de 9mm, al menos 20 sicarios, recorrieron las calles ejecutando a…
— Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) March 7, 2025
Esta es la peor masacre registrada en años en Guayaquil. A mediados de febrero de 2025, siete personas fueron asesinadas en la cooperativa Asaad Bucaram, en el sector de Pascuales. Otra ocurió el 31 de marzo de 2024, cuando nueve personas fueron asesinadas y 10 resultaron heridas en el Guasmo Sur.
En pleno estado de excepción
Es el segundo hecho violento que genera conmoción en Guayaquil este día, tras el violento asalto a un blindado protagonizado por seis delincuentes en el sector de Mall del Sol, que dejó a dos guardias de seguridad heridos.
Junto a Machala, y parte de Manabí, la ciudad puerto principal del Ecuador forma parte del ránking de las 50 ciudades más violentas del mundo.
En un decreto suscrito la noche del lunes 3 de marzo, el presidente Noboa renovó por 30 días adicionales la declaratoria de estado de excepción en las provincias de Guayas (cuya capital es Guayaquil), Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos.
Asimismo, en el Distrito Metropolitano de Quito, de la provincia de Pichincha, y el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de Azuay, por grave conmoción interna.
En el escrito recuerda que el objetivo final del estado de excepción es garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica de los ciudadanos.
Y pide notificar del decreto ejecutivo a la ciudadanía sobre «la limitación del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, y restricción de la libertad de tránsito».
Pedidos de juicio político, de examen especial a la adjudicación del campo Sacha y plantones anunciaron organizaciones sociales durante asamblea ciudadana
En una asamblea ciudadana convocada por el Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano en rechazo a la adjudicación del campo Sacha al consorcio chino-canadiense Sinopetrol se acordó realizar el próximo 10 de marzo un plantón digital y el 11 de marzo una serie de plantones presenciales a nivel nacional con el objetivo de “defender los recursos del país”, dentro del marco legal a la resistencia.
La fecha de los plantones presenciales coincide con el plazo que el presidente de la República, Daniel Noboa, le dio al consorcio Sinopetrol para pagar la prima de $ 1.500 millones para llegar a la firma del contrato para la operación del campo petrolero.
Washington Andrade, abogado y miembro del Frente Petrolero Ecuatoriano, anunció que entre estas resoluciones también consta la constitución de una asamblea permanente por la defensa del patrimonio nacional.
Además, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) se sumó a esta iniciativa anunciada la tarde de este jueves, 6 de marzo, en Quito. Su presidente, José Villavicencio, indicó que solicitó a la Contraloría General del Estado que realice un examen especial al proceso de adjudicación del campo Sacha.
Se pedirá juicio político para ministra Inés Manzano
También se anunció que se pedirá que se inicie un juicio político en contra de la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano. Así lo expusó Jorge Cáceres, coordinador del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, durante su intervención. “Exigimos que la ministra Inés Manzano sea sometida a juicio político por violar la Constitución”, sostuvo Cáceres.
Recordó que en septiembre del 2020 y en enero del 2021 alertaron sobre las intenciones del Gobierno de Lenín Moreno de ceder el campo Sacha a intereses extranjeros, justificando esa decisión por la crisis económica del Estado y la supuesta baja productividad del campo.
Mientras que en el siguiente gobierno, el de Guillermo Lasso, indicó que organizaciones sociales, trabajadores, expertos y políticos coincidieron en que entregar un campo eficiente en plena producción y con un crudo de alta calidad no sería beneficioso para el Estado.
Sin embargo, el 1 de marzo del 2025, dijo que el Gobierno de Daniel Noboa ratificó la adjudicación directa y sin concurso del campo Sacha al consorcio Sinopetrol.
Señaló que Sacha es el campo petrolero más productivo del país, con 76.980 barriles diarios en 2024, lo que representa el 20 % de la producción estatal y el 16 % de la producción transnacional, con crudo de alta calidad, de 25 y 26 grados API, que supera el promedio nacional de 23 grados API.
Además indicó que entre el 2013 y el 2023 Petroecuador invirtió $ 1.743 millones en el campo Sacha, con un promedio anual de $ 158 millones, y en 2024 se proyectó una inversión de $ 160 millones. Añadió que los ingresos generados por el campo ascienden a $ 1.905 millones, con una renta neta de $ 1.552 millones después de deducciones. “Hoy el país enfrenta lo que se ha denominado el carnavalazo petrolero o el mayor atraco del país, según expertos, trabajadores y la ciudadanía en general”, señaló Cáceres.
Afirmó que existen serias dudas sobre si la concesión del campo Sacha brindará beneficios económicos al país y advirtió que se cuestiona además su constitucionalidad y apego a las leyes.
Indicó que los $ 1.500 millones ofrecidos como prima por el consorcio podrían aliviar la liquidez del Gobierno, pero no justifica el costo-beneficio, pues indicó que, según el contrato de concesión, el consorcio privado recibiría el 76,67 % del crudo extraído, mientras que el Estado ecuatoriano solo recibiría 22,23 %; esto significa, según Cáceres, que en un año el consorcio Sinopetrol recibiría $ 1.500 millones, mientras que el Estado apenas obtendría $ 433 millones.
El dirigente indicó que el Gobierno intenta vender la idea de que la prima de $ 1.500 millones es un gran logro, pero señaló que esa prima es irrisoria comparada con los recursos financieros que genera en 20 años esa concesión.
‘Ecuador perderá $ 8.000 millones en los 20 años de concesión’
Con esto coincidió el experto petrolero David Almeida, quien sostuvo que, al entregar el campo Sacha a manos privadas, 87 de cada 100 barriles ya no serán de los ecuatorianos, sino del consorcio extranjero. “El Estado perderá más de $ 8.000 millones durante 20 años, que es el tiempo que duraría el contrato”, dijo Almeida.
Afirmó que, según estudios de certificadoras petroleras, en el subsuelo de Sacha hay $ 14.000 millones, e indicó que esos $ 14.000 millones puestos en superficie requieren un costo de producción dependiendo de quien opere el campo.
“¿Cuánto le cuesta a Petroecuador sacar esos $ 14.000 millones? $ 2.000 millones. ¿Cuánto es la utilidad entonces en esa operación? $ 12.000 millones. Y, si el señor viceministro de Hidrocarburos nos pinta como gran negocio que vamos a ganar $ 6.000 millones, quiere decir que estamos perdiendo $ 6.000 millones. Pero más allá de eso, lo que dice el señor viceministro de Hidrocarburos no es lo que dicen las actas de negociación. Las actas de negociación hacen un cálculo y establecen que las rentas para el Estado son $ 4.300 millones, no los $ 6.000 millones que dijo. Entonces, la pérdida viene a ser $ 8.000 millones”, calculó el experto.
