El Gobierno quiere un programa antinarcóticos de Estados Unidos y financiamiento militar
El Ministerio de Defensa firmó un memorando con una empresa estadounidense para buscar acceso a nuevos fondos estadounidenses en materia de seguridad.
Bajo el argumento del “grave contexto situacional de inseguridad que atraviesa el Estado ecuatoriano”, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, firmó un memorando de entendimiento con la empresa estadounidense Matrix Aviation Inc, sin una obligación financiera inicial de por medio.
El objetivo es que el Ministerio “acceda a nuevos fondos o ampliaciones del Programa de Financiamiento Militar Extranjero (Foreign Military Finance (FMF)) con el gobierno de EE. UU., así como la implementación del Programa INL Ecuador, y para temas asociados a la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y delincuencia organizada transnacional”.
Si Matrix Aviation consigue la ampliación o aprobación de esos programas con Washington, la compañía “se convertirá en el proveedor único (source force), calificado, sobre estos montos adicionales, de acuerdo con los términos y regulaciones establecidos por el gobierno de los EE. UU., en sus programas de asistencia”, dice el documento.
Esta iniciativa del Ministerio de Defensa se suma al lobby desde el lado político y diplomático que también busca el presidente Daniel Noboa en Washington, a través de la Embajada ecuatoriana.
En el contrato firmado con la consultora Mercury Public Affairs LLC, el 5 de marzo de 2025, uno de los objetivos del Gobierno es “restablecer la cooperación bilateral con Ecuador en la lucha contra las organizaciones criminales internacionales y desarrollar una estrategia para ampliar el financiamiento, por ejemplo, a través del Financiamiento Militar Extranjero en el Congreso”.
Esto porque con el cambio de administración en la Casa Blanca, el gobierno de Donald Trump modificó las prioridades del país y detuvo toda la asistencia extranjera, incluida la de seguridad, hasta analizar si los programas “están alineados con los intereses americanos”.
Esa decisión incluyó a Ecuador, pese al constante crecimiento de la cooperación bilateral en seguridad, que alcanzó su cúspide con la ratificación de una trilogía de acuerdos militares, para que los uniformados estadounidenses puedan operar en el país con inmunidad, y el anuncio de un plan de cinco años y USD 95 millones.
Mientras la cooperación está parada, el presidente Noboa busca abrir la posibilidad del retorno de las bases militares extranjeras a Ecuador, anunció la llegada de fuerzas especiales extranjeras y negocia una alianza con un polémico mercenario estadounidense, Erik Prince.
El acuerdo con Matrix Aviation
La iniciativa nació de la empresa, ubicada en Fort Lauderdale, Florida. El 29 de enero de 2024, su vicepresidente, Steve Ortiz, ofreció sus servicios al Ministerio para que “Ecuador se beneficie de los Programas de Asistencia Militar del gobierno de los Estados Unidos”.
Pero planteó, “en especial, la provisión del equipamiento especializado para combatir el narcotráfico, la defensa de las fronteras, el tráfico de humanos, entre otros delitos internacionales, cubierto por el programa denominado INL”.
Dos días después, el 31 de enero, Loffredo firmó el memorando, registrado ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, cinco meses después, el 8 de julio de 2024. El acuerdo tenía la vigencia de un año, pero las partes acordaron que el documento seguirá teniendo efecto a menos que se notifique el deseo de darlo por terminado.
Sin embargo, el país se reservó el derecho de también buscar estos objetivos por su propia cuenta o a través de terceros.
Mientras tanto, el Ministerio de Defensa tenía que proporcionar a Matrix Aviation el acceso a datos e información necesarias para que la empresa realice una “evaluación técnica, financiera y legal correspondiente, para la estructuración e implementación de metodologías de gestión”.
Así, la empresa estadounidense debía presentar una propuesta detallada “en cuanto los flujos de inversión proyectados, plazos, condiciones y demás”, para alcanzar los objetivos planteados por Ecuador.
Solo entonces, el Ministerio analizaría la conveniencia de suscribir otros instrumentos jurídicos, que ya podrían requerir financiamiento.
El programa antinarcóticos
¿Qué es un programa INL? Son los programas que abre en cada país la Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés), que “trabaja para mantener a los estadounidenses seguros, combatiendo el crimen, las drogas ilegales y la inestabilidad en el extranjero”.
Según datos de la misma INL, la entidad trabaja en 18 países de la región, entre ellos Colombia, El Salvador, Perú, México, Guatemala y Panamá. Y, de acuerdo a los objetivos del acuerdo de entendimiento, el gobierno del presidente Daniel Noboa quiere agregar Ecuador a esa lista.
En su sitio web, la INL dice que para cumplir sus metas utiliza herramientas como la asistencia exterior, la diplomacia bilateral, la colaboración multilateral, la presentación de informes, sanciones y recompensas.
Pero también ayuda a los gobiernos socios a evaluar, construir, reformar y mantener sistemas de justicia penal competentes y legítimos; y desarrollar e implementar la arquitectura necesaria para el control internacional de drogas y la cooperación transfronteriza para la aplicación de la ley.
Ya en septiembre de 2024, el embajador estadounidense en Quito, Arthur Brown, firmó un convenio de cooperación con Ecuador, por USD 25 millones, gestionado por INL, para “consolidar las instituciones democráticas para contrarrestar al crimen organizado, promover la seguridad ciudadana y la aplicación de la ley, y fortalecer el Estado de derecho”.
Financiamiento Militar Extranjero
Solo para 2025, Estados Unidos aprobó fondos por USD 6.000 millones para sus programas de Financiamiento Militar Extranjero (FMF, por sus siglas en inglés). Es decir, recursos que el Gobierno puede otorgar a otras naciones para fortalecer sus capacidades de seguridad nacional.
Sin embargo, esta ayuda puede ser en forma de préstamos o de fondos no reembolsables. Además, el FMF debe gastarse únicamente en productos fabricados en ese país, lo que significa que el dinero de Washington fluye hacia capitales extranjeros y luego regresa a la industria de defensa estadounidense.
En años previos, los anteriores gobiernos ecuatorianos consiguieron financiamiento militar estadounidense por USD 155 millones (2023), USD 163 millones (2022), USD 15 millones (2021) y USD 51.000 (2020). Todos esos desembolsos fueron exentos de pago.
CNE prohíbe uso de celulares en segunda vuelta de las elecciones 2025 en Ecuador
Mayoría del CNE aprueba informe jurídico que recomienda prohibir uso de celulares y otros aparatos electrónicos durante el sufragio, a un mes de la segunda vuelta de las elecciones 2025 en Ecuador.
Con tres votos a favor y una abstención, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó este jueves, 13 de marzo de 2025, una inédita resolución que prohíbe a los electores el uso de celulares al momento de ejercer su derecho al voto, a un mes de la segunda vuelta electoral en Ecuador.
La mayoría en el Pleno, compuesta por la presidenta, Diana Atamaint, el vicepresidente, Enrique Pita, y el consejero José Cabrera, acogió una moción de este último encaminada a «prohibir el uso de dispositivos móviles, eléctricos y/o electrónicos al momento de votar», basado en un informe jurídico de la entidad.
Igual prohibición se aplicará para los miembros de las juntas receptoras del voto, a partir de las 17:00, cuando se cierren las urnas, y se contempla que solo uno de ellos podrá usar estos dispositivos al momento de realizar las operaciones matemáticas para llenar las actas de escrutinio.
La medida fue tachada de «ilegal» e «inconstitucionalidad» como producto de «presiones externas del poder de turno» o el Gobierno, por la consejera Elena Nájera, quien primero votó en contra de la moción de Cabrera, luego se abstuvo y abandonó abruptamente la sesión del Pleno en modalidad virtual.
Cabrera explicó que esta decisión se desprende de informes de inteligencia policial que señalaron que en la primera vuelta se dieron denuncias de extorsión a los votantes. La consejera Esthela Acero no asistió a la sesión del Pleno.
«Evitar presiones externas»
Basado en la Constitución y el Código de la Democracia, remarcó que al Pleno del CNE le corresponde «organizar, dirigir, vigilar y garantizar de manera trasparente y eficaz los procesos electorales, y resolver, en el ámbito administrativo, los asuntos que sean de su competencia».
El consejero insistió en que esta medida se da «con el fin de proteger a los ciudadanos de posibles presiones externas que puedan influenciar en el ejercicio del voto o la realización del escrutinio».
Atamaint aclaró que esta prohibición no se aplicará para los delegados de los partidos políticos, que sí podrán tomar fotografías de las actas, el día de los comicios, para realizar control electoral. Aseguró que tampoco afectará a la labor de los observadores y medios de comunicación.
«Tenemos la obligación de garantizar que los comicios generales 2025, segunda vuelta, se desarrollen de forma libre y transparente. Y que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en forma secreta y sin ningún tipo de intimidación». Diana Atamaint, presidenta del CNE.
«Así como en el proceso electoral de 2021, en el que el mundo atravesaba una pandemia, este órgano electoral, en aras de cuidar la salud y la vida de los ecuatorianos, implementó medidas que garantizaban el efectivo al derecho al voto. Ante la amenaza inminente que se ha puesto en conocimiento del CNE, no podemos dejar por alto las alertas que puedan afectar la salud de la democracia», puntualizó Atamaint.
Los ecuatorianos volverán a las urnas el 13 de abril de 2025, para decidir si el presidente y candidato a la reelección por las filas de ADN, Daniel Noboa, continúa en Carondelet, o si la correísta Luisa González se convierte en la primera mujer electa como Presidenta de Ecuador. Eso, después de que en la primera vuelta terminaron empatados.
