Supremo de Brasil imputa a Bolsonaro por intento de golpe de Estado
El Supremo de Brasil ha pedido 40 años de prisión por los delitos de Intento de Golpe de Estado y por Abolición del Estado Democrático.
El Tribunal Supremo Federal de Brasil alcanzó este miércoles la mayoría necesaria para imputar al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) por su presunta participación en un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022, en las que fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva.
En esta segunda jornada de juicio, Bolsonaro no participó presencialmente tras el rechazo de los cuestionamientos presentados por sus abogados. Su equipo legal alegó tener temor a que se decrete su prisión preventiva o el uso de una tobillera electrónica como medida para evitar un eventual intento de asilo o fuga del país.
De los cinco jueces que deliberaban, Alexandre de Moraes, Flávio Dino y Luiz Fux votaron a favor de la imputación, mientras se espera el pronunciamiento de Carmen Lúcia Antunes y Cristiano Zanin.
Una vez que se finalice la votación y se pronuncien todos los jueces la Corte Suprema deberá pasar por todas las instancias judiciales antes de que se apliquen las condenas, lo que podría demorar meses.
Acusaciones y penas
Bolsonaro enfrentará un juicio por cinco delitos, entre ellos:
- Intento de golpe de Estado.
- Abolición del Estado Democrático de Derecho.
- Pertenencia a una organización criminal armada.
- Las penas máximas por estos delitos podrían superar los 40 años de prisión. Según la Fiscalía, la estrategia golpista liderada por
- Bolsonaro comenzó a gestarse en 2021 y culminó en los actos violentos del 8 de enero de 2023, cuando seguidores del expresidente asaltaron las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia en Brasilia.
Colaboradores implicados
Además de Bolsonaro, el Supremo también decidió llevar a juicio a varios de sus colaboradores más cercanos, incluidos ex altos cargos del Gobierno y mandos militares. Entre ellos se encuentran:
- Walter Braga Netto, exvicepresidente y exministro de Defensa.
- Anderson Torres, exministro de Justicia.
- Augusto Heleno, exministro del Gabinete de Seguridad Institucional.
- Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa.
- Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia.
- Almir Garnier Santos, excomandante general de la Marina.
- Mauro Cid, exsecretario personal de Bolsonaro.
La denuncia presentada por la Fiscalía en febrero de 2025 acusa a Bolsonaro y a otros 33 sospechosos de intentar anular los resultados de las elecciones de 2022 para mantenerse en el poder. Según el fiscal general, Paulo Gonet, la conspiración incluyó un plan para asesinar a Lula y al juez Alexandre de Moraes, aunque este no se concretó debido a la falta de apoyo del Ejército.
Por decisión unánime, la clase de la Corte Suprema acusa a Bolsonaro y otros 7 acusados de golpe de Estado
Es el primer expresidente acusado de delitos contra el orden democrático.
Por unanimidad, la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) decidió este miércoles (26) imputar al expresidente Jair Bolsonaro por los delitos de golpe de Estado y intento de abolición del Estado Democrático de Derecho.
Esta es la primera vez que un expresidente electo es colocado en el banquillo de los acusados por crímenes contra el orden democrático establecido por la Constitución de 1988. Este tipo de delitos están previstos en los artículos 359-L (golpe de Estado) y 359-M (abolición del Estado Democrático de Derecho) del Código Penal brasileño.
“No hay duda, por tanto, de que la Fiscalía señaló elementos materiales y de autoría más que suficientes, razonables, para aceptar la denuncia contra Jair Messias Bolsonaro”, afirmó el ministro Alexandre de Moraes, relator del caso en la Corte Suprema, en referencia a la acusación presentada el mes pasado por el Procurador General de la República, Paulo Gonet.
El relator votó para que Bolsonaro responda también, como imputado en la Corte Suprema, por los delitos de organización criminal armada, daños calificados por el uso de la violencia y grave amenaza y deterioro de bienes catalogados. Si se suman todas las condenas, superan los 30 años de prisión.
El relator fue seguido por los ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala, panel integrado por cinco de los 11 ministros de la Corte Suprema donde se tramita el caso sobre el golpe.
Los ministros también decidieron por unanimidad imputar en la misma acción penal a otros siete aliados de Bolsonaro . Responderán por los mismos crímenes atribuidos al expresidente.
La Primera Sala consideró que existían pruebas suficientes de que los delitos alegados existieron (materialidad) y fueron cometidos por los acusados (autoría) , por lo que ameritaban una mayor investigación.
Los ocho acusados conforman el llamado “núcleo crucial” del golpe, entre las 34 personas que fueron imputadas. Ellos son:
Jair Bolsonaro, expresidente de la República;
Walter Braga Netto, general del Ejército, exministro y vicepresidente de Bolsonaro en la lista electoral de 2022;
General Augusto Heleno, ex Ministro del Gabinete de Seguridad Institucional;
Alexandre Ramagem, ex director de la Agencia Brasileña de Inteligencia – Abin;
Anderson Torres, exministro de Justicia y exsecretario de Seguridad del Distrito Federal;
Almir Garnier, ex comandante de la Marina;
Paulo Sérgio Nogueira, general del Ejército y ex ministro de Defensa;
Mauro Cid, denunciante y ex asesor de Bolsonaro.
El primer día del juicio, las defensas de los acusados negaron, uno por uno, que sus clientes hubieran cometido los crímenes. La mayoría de los abogados también se quejaron de cuestiones de procedimiento, alegando, por ejemplo, que su defensa se vio restringida porque, según ellos, no tuvieron acceso a la materia prima que sustentaba la denuncia.
Tras el juicio, el abogado Celso Vilardi, que representa a Bolsonaro, dijo que espera que ahora, con la apertura de la acción penal, la defensa tenga un acceso más amplio al material utilizado por la Fiscalía. “Esperamos que a partir de ahora tengamos una defensa completa, cosa que hasta ahora no hemos tenido”, afirmó el defensa.
También en el primer día de análisis del caso, Gonet reiteró sus acusaciones . Según la narrativa de la PGR, los actos golpistas fueron coordinados durante años, desde mediados de 2021, con el inicio de un ataque deliberado a las máquinas de votación electrónica y al sistema electoral, y culminando el 8 de enero de 2023, cuando partidarios de Bolsonaro invadieron y vandalizaron la sede de los Tres Poderes, en Brasilia.
Próximos pasos
Con la aceptación de la querella, los ocho imputados pasan a ser imputados, respondiendo a una acción penal en el Tribunal Supremo por los delitos de organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daños calificados con violencia y amenaza grave y deterioro de patrimonio inmueble.
Con la apertura del proceso penal, los abogados podrán nombrar testigos y solicitar la producción de nuevas pruebas para acreditar los argumentos de la defensa. Con el final de la investigación se fijará la fecha del juicio y los ministros decidirán si el expresidente y los demás acusados serán condenados a prisión o absueltos.
No hay fecha fijada para el juicio , la cual depende del avance de la investigación procesal. Hasta entonces, los acusados deberán responder al caso en libertad. Según el propio entendimiento de la Corte Suprema, cualquier arresto para cumplir una sentencia sólo debe ocurrir después de que la acción penal se haya vuelto definitiva. Es decir, cuando ya no es posible presentar recurso alguno contra cualquier posible condena.
Votos
Según la votación, Dino buscó garantizar que las defensas tengan la oportunidad de construir sus propias narrativas, las cuales serán tomadas en consideración en el momento oportuno. «La justicia es diferente a la reivindicación», afirmó.
«Tenemos que evaluar la conducta, una por una, independientemente del juicio moral que tengamos sobre la persona», aseguró Dino.
Destacó que, a su juicio, las defensas confirmaron la existencia de los delitos, aunque cada una intentó liberar a sus clientes.
Para el ministro, la postura de los abogados “no fue tanto desacreditar materialidades sino más bien desestimar autoría, distanciar a sus clientes del escenario criminal o de teorías lesivas, lo que corrobora la densidad de este acervo probatorio reseñado por la PGR”.
Fux destacó luego que el voto del relator detalló punto por punto las conductas y crímenes atribuidos a Bolsonaro y otros siete aliados.
“En cuanto a la autoría y materialidad, la Fiscalía y el ministro Moraes le dieron al grupo y a la sociedad todo lo que necesitábamos saber para recibir la denuncia”, evaluó Fux.
El Ministro señaló, sin embargo, que durante la tramitación de la acción penal pueden existir discrepancias en relación al cálculo de las penas. «Confieso que en determinadas situaciones me enfrento a una pena excesiva», afirmó. Dijo que había pedido más tiempo para analizar el caso de la peluquera Débora Santos , quien fue acusada de usar lápiz labial para pintar con aerosol la estatua de la Justicia en la Praça dos Três Poderes.
Cármen Lúcia, por su parte, optó por destacar la gravedad de los crímenes imputados y los atentados del 8 de enero. Destacó la conexión que hizo la PGR entre el intento de golpe y los hechos de ese día y dijo que la narrativa sobre el avance del intento era plausible. “Un golpe de Estado no se hace de un día para otro”, afirmó.
El ministro destacó que no se puede negar la violencia del episodio. «Tenemos que volver desde el día 8 a esta maquinaria que intentó desmantelar la democracia», señaló.
“El compromiso es recibir [la denuncia] para que el país la conozca, para que la sociedad brasileña sepa que estamos cumpliendo con nuestro deber de dar seguimiento a la debida investigación, la preparación del caso y un juicio justo y democrático. Porque, afortunadamente, el golpe no funcionó y tenemos democracia en Brasil”, dijo Cármen Lúcia.
El último en votar, Zanin destacó que no es necesario que alguien sea autor de un delito para haberlo cometido junto a otras personas. Por lo tanto, no sería necesario que el acusado estuviera en la Praça dos Três Poderes el 8 de enero para haber contribuido a que ocurriera el episodio.
“Existen numerosos documentos que demuestran, en teoría, la participación del imputado en hechos que pudieron haber culminado el 8 de enero. Si estos documentos, estos testimonios, son ciertos o no, es lo que se discutirá a lo largo de la investigación, pero en este momento considero que existe materialidad y pruebas de autoría que justifican la aceptación plena de la denuncia”, añadió el presidente de la Primera Sala.
Acusación
Según la acusación de la PGR, Bolsonaro conocía el plan denominado Puñal Verde y Amarillo, que contenía la planificación y ejecución de acciones para asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al ministro del STF, Alexandre de Moraes.
La Fiscalía también asegura que el expresidente conocía el proyecto de decreto con el que pretendía dar un golpe de Estado en el país. El documento se conoció durante la investigación como las «actas del golpe».
En su voto, Moraes afirmó que “no había ninguna duda” sobre el conocimiento de Bolsonaro del documento.
“No hay duda de que el acusado Jair Messias Bolsonaro conocía, manejó y discutió el proyecto de golpe”, destacó el relator.
“Cuáles sean las implicaciones de ese conocimiento para la comisión de los delitos imputados por la PGR aún deberán verificarse durante la investigación del hecho penal”, afirmó Moraes. “La interpretación del hecho se producirá durante la investigación penal”.
En la votación, Moraes destacó que el plan de Bolsonaro comenzó a ponerse en práctica en julio de 2021, cuando en una transmisión en vivo por internet el expresidente “atacó las máquinas de votación electrónica sin ningún fundamento y sin presentar ninguna prueba concreta”.
El objetivo sería incentivar aliados y crear el clima para permanecer en el poder incluso si pierde su intento de reelección en 2022, destacó Moraes. La denuncia “indica un aumento progresivo de la intensidad de la agresión, formando parte de la ejecución de su plan autoritario”, indicó el ministro informante.
Detallando
En una larga votación , que duró más de una hora y 40 minutos, Moraes utilizó videos, tablas y estadísticas para contrarrestar cada una de las ocho defensas . Comenzó destacando la violencia de los actos golpistas del 8 de enero de 2023, cuando las sedes de los Tres Poderes fueron invadidas y vandalizadas por partidarios de Bolsonaro.
Un vídeo con escenas de la “batalla campal”, como la describió el ministro, fue mostrado durante la sesión de la Primera Sala del Tribunal Supremo. Para contrarrestar las acusaciones de falta de pruebas, Moraes presentó, en la parte final de su voto, una tabla con lista de los hechos señalados por la PGR como delictivos y todas las pruebas documentales recabadas por la Policía Federal (PF).
Para Moraes, el Procurador General de la República, Paulo Gonet, “describió satisfactoriamente los actos ilícitos típicos, con todas las circunstancias, dando a los acusados pleno conocimiento de los motivos y razones por los cuales fueron denunciados”.
El ministro destacó que el objetivo del juicio de este miércoles es únicamente verificar si existen pruebas materiales suficientes para abrir una acción penal, en la que las defensas tendrán plena oportunidad de construir sus propias narrativas sobre los hechos presentados por la Fiscalía.
Primer día
El martes (25), durante el primer día del juicio, los abogados de Bolsonaro y sus aliados refutaron la denuncia presentada por el Procurador General de la República, Paulo Gonet. El fiscal también habló durante la sesión y reforzó las acusaciones de intento de golpe de Estado contra los imputados.
Bolsonaro hizo una aparición sorpresa en el STF y asistió en persona a la sesión el martes. Si bien no existe ningún impedimento, la presencia de investigados durante los juicios del STF no es común. Este miércoles, el expresidente siguió el juicio desde la oficina del senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), su hijo.
Durante el primer día , los ministros rechazaron varias cuestiones preliminares planteadas por la defensa, entre ellas la anulación del acuerdo de culpabilidad de Mauro Cid, ex ayudante de campo del ex presidente .
El grupo también negó el impedimento de los ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino y Cristiano Zanin para juzgar el caso; reconocimiento de la competencia del pleno , y no del panel, para juzgar la denuncia, y alegaciones de restricción de la defensa.
Por unanimidade, turma do STF torna Bolsonaro e mais 7 réus por golpe
É o primeiro ex-presidente réu por crimes contra a ordem democrática.
Por unanimidade, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quarta-feira (26) tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro réu pelos crimes de golpe de Estado e tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito.
É a primeira vez que um ex-presidente eleito é colocado no banco dos réus por crimes contra a ordem democrática estabelecida com a Constituição de 1988. Esses tipos de crime estão previstos nos artigos 359-L (golpe de Estado) e 359-M (abolição do Estado Democrático de Direito) do Código Penal brasileiro.
“Não há então dúvidas de que a procuradoria apontou elementos mais do que suficientes, razoáveis, de materialidade e autoria para o recebimento da denúncia contra Jair Messias Bolsonaro”, disse o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo, referindo-se à acusação apresentada no mês passado pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet.
O relator votou para que Bolsonaro também responda, na condição de réu no Supremo, aos crimes de organização criminosa armada, dano qualificado pelo emprego de violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. Se somadas, todas as penas superam os 30 anos de cadeia.
Seguiram o relator os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma, colegiado composto por cinco dos 11 ministros do Supremo onde tramita o caso sobre o golpe.
Os ministros também decidiram, por unanimidade, tornar mais sete aliados de Bolsonaro réus na mesma ação penal. Eles responderão pelos mesmos crimes imputados ao ex-presidente.
A Primeira Turma considerou haver indícios suficientes de que os crimes imputados existiram (materialidade) e foram praticados pelos denunciados (autoria), merecendo assim serem mais bem apurados.
Os oito réus compõem o chamado “núcleo crucial” do golpe, entre as 34 pessoas que foram denunciadas. São eles:
Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;
Walter Braga Netto, general de Exército, ex-ministro e vice de Bolsonaro na chapa das eleições de 2022;
General Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;
Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência – Abin;
Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;
Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;
Paulo Sérgio Nogueira, general do Exército e ex-ministro da Defesa;
Mauro Cid, delator e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.
No primeiro dia de julgamento, as defesas dos acusados negaram, uma a uma, a autoria dos delitos por seus clientes. A maior parte dos advogados reclamou também de questões processuais, alegando, por exemplo, o cerceamento de defesa, por não terem tido acesso, segundo contam, ao material bruto que embasou a denúncia.
Após o julgamento, o advogado Celso Vilardi, que representa Bolsonaro, disse esperar que agora, com a abertura da ação penal, seja dado acesso mais amplo da defesa ao material utilizado pela acusação. “Esperamos que tenhamos a partir de agora uma plenitude de defesa, o que não tivermos ate agora”, disse o defensor.
Também no primeiro dia de análise do caso, Gonet reiterou suas acusações. Segundo a narrativa do PGR, os atos golpistas foram coordenados durante anos, começando em meados de 2021, com o início de um ataque deliberado às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral, e culminando com o 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores de Bolsonaro invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.
Próximos passos
Com a aceitação da denúncia, os oito acusados passam à condição de réus, respondendo a uma ação penal no Supremo pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.
Com a abertura do processo criminal, os advogados poderão indicar testemunhas e pedir a produção de novas provas para comprovar as teses de defesa. Com o fim da instrução do processo, o julgamento será marcado, e os ministros vão decidir se o ex-presidente e os demais acusados serão condenados à prisão ou absolvidos.
Não há data definida para o julgamento, que depende do andamento da instrução processual. Até lá, os réus devem responder ao processo em liberdade. Conforme entendimento do próprio Supremo, qualquer prisão para cumprimento de pena só deve ocorrer após o trânsito em julgado da ação penal. Isto é, quando não for mais possível apresentar nenhum recurso contra eventual condenação.
Votos
Segundo a votar, Dino buscou garantir que as defesas terão oportunidade de construir suas próprias narrativas, que serão levadas em consideração no momento adequado. «Justiça é diferente de justiçamento», disse ele.
«Temos que aferir a conduta, uma a uma, independentemente do julgamento moral que tenhamos sobre a pessoa», assegurou Dino.
Ele ressaltou que, a seu ver, as defesas confirmaram a existência dos crimes, embora tenham tentado, cada uma, livrar seus clientes.
Para o ministro, a postura dos advogados “não foi tanto descaracterizar materialidades e sim afastar autorias, afastar seus clientes do cenário delituoso ou de teses deletérias, o que corrobora a densidade desse acervo probatório delineado pela PGR”.
Em seguida, Fux destacou que o voto do relator detalhou ponto a ponto as condutas e crimes imputados a Bolsonaro e outros sete aliados.
«Em relação à autoria e a materialidade, a procuradoria e o ministro Moraes legaram à turma e à sociedade tudo quanto nós precisávamos saber para o recebimento da denúncia», avaliou Fux.
O ministro ressalvou, contudo, que durante o processamento da ação penal deverá apresentar divergências em relação ao cálculo das penas. «Confesso que em determinadas situações me deparo com uma pena exacerbada», afirmou. Ele disse ter pedido vista (mais tempo de análise) para analisar o caso da cabeleireira Debora Santos, denunciada por pichar com batom a estátua da Justiça que fica na Praça dos Três Poderes.
Cármen Lúcia, por sua vez, optou por ressaltar a gravidade dos crimes imputados e dos ataques de 8 de janeiro. Ela frisou a ligação feita pelo PGR da trama golpista com os acontecimentos daquele dia e disse ser plausível a narrativa sobre o avanço do complô. “Um golpe não se faz em um dia”, afirmou.
A ministra frisou que não há como negar a violência do episódio. «É preciso desenrolar do dia 8 para trás, para chegarmos a esta máquina que tentou desmontar a democracia», observou ela.
“O compromisso é de receber [a denúncia] para que o país saiba, para que a sociedade brasileira saiba que estamos cumprindo nosso dever de dar sequência para a apuração devida, para a instrução do processo e para um julgamento justo e democrático. Porque, felizmente, o golpe não deu certo e temos democracia no Brasil”, disse Cármen Lúcia.
Último a votar, Zanin destacou que não é necessário que alguém seja o executor de um crime para que o tenha praticado junto com outras pessoas. Portanto, não seria necessário que os acusados estivessem na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro para que tenham contribuído para que o episódio acontecesse.
“Existem inúmeros documentos que mostram, em tese, a participação dos denunciados em atos que podem ter culminado no dia 8 de janeiro. Se esses documentos, se esses depoimentos, são verdadeiros ou não, é o que se vai discutir ao longo da instrução, mas neste momento considero que há materialidade e indício de autoria a ensejar o recebimento integral de denúncia”, acrescentou o presidente da Primeira Turma.
Acusação
Conforme a acusação da PGR, Bolsonaro tinha conhecimento do plano intitulado Punhal Verde Amarelo, que continha o planejamento e a execução de ações para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF Alexandre de Moraes.
A procuradoria também garante que o ex-presidente sabia da minuta de decreto com o qual pretendia executar um golpe de Estado no país. O documento ficou conhecido durante a investigação como «minuta do golpe».
Em seu voto, Moraes afirmou “não haver dúvidas” sobre conhecimento de Bolsonaro acerca do documento.
“Não há dúvida que o denunciado Jair messias Bolsonaro conhecia, manuseava e discutiu sobre a minuta de golpe”, destacou o relator.
“Qual a implicação desse conhecimento para o cometimento dos crimes imputados pela PGR deve ser ainda verificada durante a instrução da ação penal”, disse Moraes. “A interpretação do fato vai ocorrer durante a instrução penal.”
No voto, Moraes frisou que o plano de Bolsonaro começou a ser posto em prática em julho de 2021, quando em uma transmissão ao vivo pela internet o ex-presidente “atacou as urnas eletrônicas sem nenhum fundamento e sem apresentar nenhum elemento concreto”.
O objetivo seria insuflar aliados e criar o clima para se manter no poder mesmo com derrota na tentativa de reeleição, em 2022, destacou Moraes. A denúncia “aponta o aumento da intensidade da agressividade de forma progressiva, integrando a execução de seu plano” autoritário, indicou o ministro-relator.
Detalhamento
Em um voto longo, com mais de uma hora e 40 minutos de duração, Moraes recorreu a vídeos, tabelas e estatísticas para rebater cada uma das oito defesas. Ele começou por destacar a violência dos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas por apoiadores de Bolsonaro.
Um vídeo com cenas da “batalha campal”, como descreveu o ministro, foi exibido durante a sessão da Primeira Turma do Supremo. Para rebater as alegações de falta de provas, Moraes apresentou, na parte final de seu voto, uma tabela relacionando os atos apontados pela PGR como criminosos e todas as provas documentais colhidas pela Polícia Federal (PF).
Para Moraes, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, “descreveu satisfatoriamente os fatos típicos ilícitos, com todas as circunstâncias, dando aos acusados o amplo conhecimento dos motivos e das razões pelas quais foram denunciados”.
O ministro destacou que o julgamento desta quarta-feira tem por objetivo somente verificar se há indícios materiais suficientes para abrir uma ação penal, na qual as defesas terão a plena oportunidade de construir suas próprias narrativas sobre os fatos apresentados pela acusação.
Primeiro dia
Na terça-feira (25), durante o primeiro dia do julgamento, os advogados de Bolsonaro e seus aliados rebateram a denúncia apresentada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet. O procurador também se manifestou durante a sessão e reforçou as acusações de tentativa de golpe de Estado contra os acusados.
Bolsonaro apareceu de surpresa no STF e acompanhou presencialmente a sessão na terça-feira. Apesar de não existir qualquer impedimento, a presença de investigados durante os julgamentos do STF não é comum. Nesta quarta, o ex-presidente acompanhou o julgamento do gabinete do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), seu filho.
Ainda no primeiro dia, os ministros rejeitaram diversas questões preliminares levantadas pelas defesas, entre elas a anulação da delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente.
A turma também negou o impedimento dos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin para julgar o caso; o reconhecimento da competência do plenário, e não da turma, para julgar a denúncia, e as alegações de cerceamento de defesa.
