Suntracs contempla huelga nacional
La olla de presión social lanza silbidos de alerta. El secretario general del Suntracs, Saúl Méndez, anunció que el jueves, en una Asamblea General convocada para las 4:00 p.m. en el Parque Porras, decidirán si inician una huelga nacional de 24 horas.
Méndez informó que el Consejo Sindical del Suntracs autorizó a convocar a una asamblea general para ratificar la huelga de advertencia y eventualmente una huelga nacional indefinida en el sector de la construcción.
¿El motivo? La reforma de la Caja de Seguro Social (CSS) y la detención de 83 trabajadores del sector de la construcción, que según Méndez, son presos políticos bajo la dictadura del presidente de Panamá, José Raúl Mulino.
El dirigente no escatima en calificativos al referirse al presidente, llamándolo “dictadorzuelo” y acusándolo de reprimir al pueblo.
Méndez asegura que el gobierno de Mulino está aprovechando los procesos judiciales como una “estrategia de control”.
Los ánimos están al rojo vivo, y el llamado de Méndez ha encendido la chispa de una nueva confrontación entre el sector obrero y el gobierno.
La ICM denunció represión contra SUNTRACS y exigió respeto a los derechos laborales en Panamá
La Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera ICM manifestó su «solidaridad inquebrantable» al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares de Panamá SUNTRACS, tras la represión de la que fueron victimas varios trabajadores en la manifestación del pasado 12 de febrero.
En un comunicado emitido el 14 de febrero de 2025, la organización sindical internacional denunció el uso excesivo de la fuerza por parte del gobierno panameño y exigió la protección de los derechos laborales.
Según la ICM, la movilización organizada por SUNTRACS buscaba rechazar las reformas al sistema de pensiones que, de aprobarse, «amenazan con aumentar la edad de jubilación, reducir las pensiones mediante cuentas individuales y entregar la administración del sistema a instituciones financieras privadas».
El espacio sostuvo que, a pesar del carácter pacífico de la protesta, el gobierno respondió con una «represión policial violenta», lo cual dejó como saldo la detención de 514 trabajadores, incluidas mujeres que, según la ICM, «estaban amamantando al momento de su detención».
La ICM recordó que en 2024, el sector bancario panameño, liderado por el banco estatal Caja de Ahorro y el Banco Nacional, cerró las cuentas financieras de SUNTRACS en represalia por su participación en protestas contra una concesión minera de 40 años. Estas acciones, según la organización, violan los derechos fundamentales de los trabajadores, consagrados en los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
BWI stands with @SuntracsPanama against the violent crackdown on workers protesting pension privatisation and regressive reforms. 514 arrested, including women. Defend workers’ rights and social protections! #Solidarity
Full story: https://t.co/YzBEAlzhug” pic.twitter.com/z1NrArv50a
— BWI Global Union (@BWIglobal) February 17, 2025
El comunicado también señala que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha criticado públicamente a SUNTRACS y su liderazgo con el fin de «infundir miedo y debilitar al sindicato». Para la ICM, este tipo de discurso refleja una postura «anti-sindical» del gobierno, que busca criminalizar el activismo sindical y restringir la libertad de asociación.
Ante esta situación, la internacional exigió a las autoridades panameñas que detengan la represión contra los trabajadores, descongelen las cuentas de SUNTRACS y cesen «todos los ataques financieros y administrativos contra el sindicato». Asimismo, instó al gobierno a abandonar las reformas al sistema de pensiones y a dialogar con los sindicatos para «desarrollar protecciones sociales sostenibles y equitativas».
«El derecho a protestar y organizarse es un pilar fundamental de la democracia y no puede ser silenciado mediante la fuerza y la intimidación», subraya el comunicado. La organización aseguró que continuará monitoreando de cerca la situación en Panamá y movilizando apoyo internacional para garantizar el respeto a los derechos laborales.
Audiencia a obreros del Suntracs: Fiscalía advierte peligro para la comunidad
Por Juan Manuel Díaz
En el cuarto día de audiencia a 83 trabajadores del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), la fiscal Elizabeth Carrión solicitó a la jueza de garantías Luzmila Jaramillo mantener la medida de detención provisional para los imputados, argumentando que representan un peligro para la comunidad.
Durante su intervención, la fiscal Carrión aseguró que existen riesgos procesales que la jueza Jaramillo debe considerar al momento de aplicar cualquier medida cautelar a los 83 procesados.
Según la fiscal, concederles una medida distinta a la detención preventiva podría poner en riesgo la seguridad de la comunidad, ya que podrían reincidir en actos que afecten el orden público. También señaló que los implicados habrían ocasionado daños a la infraestructura del nuevo Hospital del Niño, ubicado en la avenida Balboa, los cuales podrían ascender a un millón de dólares.
Por su parte, los abogados defensores Jacinto González, Rolando Rodríguez y Rubén Castrejo aseguraron que los obreros habían informado previamente sobre la jornada de protesta que se desarrollaría en los alrededores de la avenida Balboa. Sin embargo, denunciaron que los agentes del control de multitudes de la Policía Nacional, al llegar al lugar, lanzaron bombas lacrimógenas y dispararon perdigones contra los manifestantes.
Los abogados también afirmaron que varios de los aprehendidos fueron golpeados por la policía y que no se les permitió ser atendidos por médicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para certificar las lesiones sufridas. En consecuencia, solicitaron la aplicación de medidas cautelares menos severas, como la notificación periódica.
Mientras fiscales y abogados defensores presentan sus argumentos, en las afueras del Centro de Formación y Recreación (CEFRE) de la Caja de Seguro Social (Villa Zaíta), donde se desarrolla la audiencia, familiares y amigos de los detenidos mantienen una vigilia a la espera de la decisión de la jueza Jaramillo.
Los manifestantes se protegen del sol con carpas improvisadas y a la sombra de los árboles.
La audiencia se reanudará este martes 18 de febrero.
#PGNInforma#Receso | Decretan receso en audiencia de garantías para 83 personas aprehendidas en la Avenida Balboa, el pasado 12 de febrero, en una construcción. Continúa mañana a las 8:45 a.m. con la decisión de las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público. pic.twitter.com/x0Q7zN5Ib0
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) February 17, 2025
Decretan receso, decisión sobre medidas cautelares para 83 trabajadores detenidos se conocerá este martes
Por Cinthia Almanza
El Ministerio Público solicitó la detención provisional de las 83 personas detenidas por su participación en los enfrentamientos ocurridos el pasado 12 de febrero entre obreros de la construcción y la Policía Nacional en Avenida Balboa.
La solicitud presentada por la Fiscalía argumenta la posible existencia de un supuesto peligro de fuga y la posible alteración del arraigo laboral de los detenidos. Para las 5:13 p.m., la entidad informó por medio de sus redes sociales que se decretó un receso en este proceso, reanudándose el martes 18 del presente mes a las 8:45 a.m. para dar continuidad a los defensores técnicos particulares con su argumentación sobre las medidas cautelares.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Elizabeth Carrión, Yenibeth Barraza y Gina Díaz De Gracia, peticionó la imputación por cinco delitos, los cuales la jueza dio por presentados:
– Contra los servidores públicos.
– Contra la seguridad colectiva.
– Contra el patrimonio económico (daños).
– Contra la libertad individual.
– Contra la vida e integridad personal (lesiones personales).
Durante la audiencia, la Fiscalía expuso que los manifestantes utilizaron el edificio como una «trinchera», lanzando objetos contundentes desde las alturas hacia los agentes de la Policía Nacional que se encontraban en el lugar.
Este acto, según la Fiscalía, puso en riesgo la seguridad de la comunidad y la vida de las víctimas, lo que justificaría la medida cautelar de detención provisional. El Ministerio Público también presentó pruebas en video, obtenidas tanto del municipio como de la Policía Nacional, que corroboran la participación de los detenidos en los disturbios. Estas pruebas serán detalladas en una fase posterior del proceso.
Además, la Fiscalía destacó los disturbios registrados fuera del edificio judicial al término de la audiencia, provocados por los familiares de los detenidos. Para garantizar la seguridad de todos los involucrados, la Policía, en conjunto con el Órgano Judicial, ha implementado medidas de seguridad adicionales, como el uso de vallas metálicas y la reducción del horario de las audiencias, en el Centro de Formación y Recreación (Cefre).
La sesión del domingo, dirigida por la jueza de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá Luzmila Jaramillo, inició a las 9:55 a.m. y se extendió hasta las 4:28 p.m., en el Centro de Formación y Recreación (Cefre) de la Caja de Seguro Social en Las Cumbres, y estuvo marcada por varios recesos.
En su tercer día de audiencias, la sesión se enfocó en determinar las medidas cautelares personales para cada imputado. El sábado se completó la presentación formal de imputación de cargos, después de que el viernes 14 de febrero se legalizara la aprehensión de los detenidos.
Es importante señalar que el jueves 13, más de 400 personas fueron llevadas a la Casa de Paz de Calidonia, donde recibieron sanciones administrativas y monetarias, aunque algunos fueron liberados sin cargos. Entre los 83 detenidos que permanecen en el proceso actual, solo hay una mujer.
Cabe destacar que, por razones de espacio, producto de la gran cantidad de personas presentadas al Juez de Garantías, la realización de este acto de audiencia de control de solicitudes múltiples es llevada a cabo en el Centro de Formación y Recreación de la Caja de Seguro Social.
