Plata, Plomo y Política: El tráfico y control de armas en Centroamérica
Por Mark Ungar *
Las muertes por armas de fuego son una epidemia en América Latina. Si bien la región tiene solo el 8% de la población del planeta, tiene el 33% de sus homicidios. La mayoría de esos asesinatos se llevan a cabo con armas de fuego. Con 500 muertes (y 2.000 lesiones) cada día, la mitad de las muertes por armas de fuego en la Tierra ocurren en América Latina. Mientras el promedio mundial de homicidios con armas de fuego es entre el 32% y el 54%, esa tasa es más del 75% en muchos países de América Central.
Como se ha visto en esa región, las estrictas leyes y políticas de control de armas no han podido frenar esta violencia. Esta realidad es más clara en Honduras y Guatemala, que tuvieron dos de las tasas de homicidios más altas del mundo entre 2010 y 2020, pero también algunas de las respuestas más concertadas, como la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados de Honduras de 2018. Toda reforma en el sector de la seguridad enfrenta obstáculos, como la resistencia institucional. Pero esfuerzos contra armas de fuego también enfrentan un contexto más amplio de condiciones políticas, internacionales, y económicas. Se puede ver esos obstáculos en al menos seis áreas.
1. Registro
A pesar de los estrictos protocolos de registro, se estima que menos del 10% de las armas en América Latina están registradas. Para fomentar el registro en Honduras, la ley de 2018 estableció una Unidad de Control de Armas y una Sección de Control de Servicios Especializados de Armas, Fuego y Municiones. Los ciudadanos pueden registrar sus armas con el Registro Nacional de Armas (RNA), que coordina con la estatal Armería, el único vendedor legal de armas del país. Pero el registro de armas ha disminuido desde la implementación de la ley, de 35.924 en 2018 a alrededor de 12.000 en 2022. Varias condiciones explican este patrón, como la falta de apoyo financiero y de incentivos, como subsidios para el almacenamiento. Con base en la Ley de armas y municiones (2009), el sistema de registro de Guatemala cuenta con 66 categorías de licencias. Hasta abril de 2018, se habían emitido 450.810 permisos de portación, cada uno de los cuales cubre hasta tres armas. Pero la mala coordinación entre las tiendas de armas y el proceso de registro significa que el número real es probablemente mucho mayor.
2. Mercados internos
El control efectivo de las armas también se complica por la gran cantidad de armas en circulación, muchas de ellas acumuladas durante la época de los conflictos armados. En El Salvador, se estima que circulaban 360.000 armas militares al final de la guerra civil a finales de los 1990, y en 2011 contaba con unas 600.000 armas de fuego. Guatemala tenía aproximadamente 2.062.000 armas en 2018, y actualmente las autoridades estiman que hay entre tres y cuatro armas ilegales por cada una registrada, lo que supondría entre 1,5 y dos millones de armas ilegales (una por cada nueve personas, en comparación con una por cada 13 personas en El Salvador). Se estima que en 2018 había 1,17 millones de armas en manos de civiles en Honduras, lo que significa que solo se registró un pequeño porcentaje. Sin embargo, una amplia gama de estimaciones de las armas en circulación en Honduras – de 400.000 a 1,2 millones – dificulta la comprensión de la magnitud del mercado. En 2022, la policía estimó que solo había 10.000 armas ilegales en circulación.
Además de las armas de la guerra civil, hay otras tres fuentes de armas no registradas: las ventas privadas; y seguridad privada; y agencias estatales. La mayoría de las ventas privadas ocurren en casas de empeño y en plataformas de redes sociales como WhatsApp y Signal. Estas compras utilizan instrumentos financieros que ocultan la transacción, como Tigomoney, Bitcoin, la web oscura, y la comunicación satelital por personas encarcelados.
Una segunda fuente es de armas «fantasma» (hechas de piezas que se pueden enviar fácilmente y que carecen de números de serie) y la producción local de armas «artesanales» (chimbas en Honduras, hechizas en Guatemala). La Procuraduría General de Honduras informa que estas armas ocuparon el sexto lugar en frecuencia en delitos violentos, pero hay pocos controles sobre los talleres que las producen o las casas de empeño que las venden.
Un tercer canal de armas ilegales y no declaradas es el sector de la seguridad privada. El número de empresas hondureñas oscila entre 704 y 1.497, que emplean entre 60.000 y 100.000 guardias, lo que la hace de tres a cinco veces más grande que la policía. El número estimado de armas de fuego en el sector es de entre 70.000 y 400.000. Esas estimaciones no incluyen los 700 grupos armados irregulares del país, que en conjunto pueden tener hasta 500.000 armas. Al igual que en el caso de los civiles, el registro de armas del sector privado es limitado. La Asociación de Seguridad Privada informa que solo 80.000 de las 136.000 armas del sector están registradas. Muchas empresas de seguridad privada están controladas por cárteles del crimen y, según funcionarios de la Procuraduría General, a través de empresas fantasma propiedad de militares y policías. Hasta 2019, se registraron 187 empresas privadas en Guatemala. De las 22 empresas a las que se les adjudicaron más contratos estatales entre 2006 y 2019, 15 tenían funcionarios militares como directores. En El Salvador, de 2006 a 2016, 25 empresas importaron 125.000 armas. En 2017, había 367 empresas legales y 85 ilegales, y en 2021 había 27.000 agentes registrados que ofrecen seguridad privada (unos 8.000 más que los policías). Más de diez empresas privadas, junto con dos ex ministros de Defensa y el jefe de las fuerzas armadas, han sido acusadas de tráfico de armas.
Uno de los canales de armas menos rastreados es el desvío de armas en poder del Estado a grupos criminales. Aunque el Ministerio de Defensa de Honduras aseguró que es «imposible» que las armas salgan de los arsenales militares y policiales sin autorización, este tipo de fugas han sido habituales. Más de 350 fusiles y pistolas automáticas que «desaparecieron» de la policía entre 2012 y 2016 terminaron en manos de las maras – Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. Un arresto en 2019 de un líder de la MS-13 que incautó armas de grueso calibre y expuso a 38 oficiales superiores y 43 oficiales de menor rango que trabajaban con una facción de la MS-13. Otra prueba de colusión es la alta tasa de tráfico de armas en las cárceles. En julio de 2023, por ejemplo, se incautaron más de 1.100 armas durante la Operación Fe y Esperanza en 25 instalaciones de Honduras. Según el Departamento de Justicia estadounidense, la policía y las Fuerzas Armadas hondureñas son las principales fuentes de armas ilegales, pero no comparten datos sobre sus adquisiciones, ventas, controles internos o casos específicos.
3. Cargos de portación y posesión
Una de las principales formas de control de armas es el enjuiciamiento de «delitos relacionados con armas» (violaciones reglamentarias, como el porte y la posesión ilegal). Pero el número de casos es un pequeño porcentaje incluso de la estimación más baja de armas en circulación. En Honduras en 2021, hubo 1,126 casos de portación ilegal de armas de fuego; 883 casos de tenencia ilegal, y solo dos casos de fabricación y tráfico de armas. También hay incertidumbre sobre el porcentaje de homicidios cometidos con armas de fuego. Según el gobierno, solo alrededor del 45% de los homicidios en la última década se cometen con armas de fuego, mientras que todas las organizaciones no gubernamentales (ONGs) dicen que es entre más de 75%. Las autoridades guatemaltecas dicen que alrededor del 80% de los asesinatos se llevan a cabo con armas de fuego, pero las ONG estiman que es más del 92%.
Deficiencias similares socavan las etapas finales del proceso criminal. No hacen público las sentencias judiciales en casos de armas (e.g. sobreseimientos, absoluciones y condenas). Pero lo que sí se sabe es que la mayoría de los casos no se resuelven debido a la falta crónica de recursos humanos, materiales y tecnológicos de los tribunales. Solo se investigan 33 de los 100 casos penales, con demoras de 18 a 36 meses.
4. Pruebas balísticas
Un cuarto obstáculo para el control de armas se encuentra en la primera etapa del proceso de justicia penal es la incautación y prueba de balas y armas de fuego en la escena del crimen o que se sospeche que están relacionadas con un delito. La Dirección General de Medicina Forense de Honduras utilizó el Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS). Cuando se fabrica un arma, se graban marcas microscópicas únicas en las piezas metálicas, y esas marcas se transfieren a una bala o cartucho cuando se dispara el arma. IBIS crea imágenes digitales de las balas, y los especialistas luego buscan en una base de datos cartuchos con marcas similares. Un vínculo, o «hit», significan que es probable que se disparen con la misma arma.
Pero IBIS está restringido por muchas condiciones. La primera es un registro limitado. Menos del 20% de las armas que llegan al laboratorio están registradas, lo que significa que no se puede identificar su fuente o propietario. Entre 2013 y 2017, menos del 10% de los casos con «hits» fueron procesados. Desde 2019, no ha habido hits, porque IBIS se cerró después de que no se pagara la cuota anual. Otra causa de este mal funcionamiento es la deficiencia institucional, con equipo obsoleto y falta crónica de personal. La Dirección revisa alrededor de 2.000 armas al año, pero con un retraso de hasta 5.000 armas.
Desde que se instaló el IBIS en 2008, se analizaron 64.942 cartuchos y proyectiles, lo que reveló vínculos con 3.263 delitos. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó que tuvo más de 10.000 hits entre 2011 y 2019. Pero los recursos no han seguido el ritmo de la demanda. Hasta 2018, Guatemala tenía más de 54.000 armas en proceso judicial. En 2018, Inacif reportó una acumulación de 3.500 armas no probadas, 7.000 proyectiles y más de 22.700 proyectiles.
Otra demora judicial viene de la falta de datos sobre el tráfico y la venta de municiones. Si bien Guatemala tiene un límite de venta mensual de 250 municiones por cada arma registrada con licencia de porte, la Dirección General de Control de Armas y Municiones desconoce si esos límites se superan a través de compras en diferentes departamentos. A nivel nacional, las tiendas de armas vendieron 285 millones de rondas de municiones desde 2009 hasta junio de 2018.
5. Local
Un quinto desafío por el control de armas es el poder local. La incertidumbre política a nivel nacional en Honduras y Guatemala han desplazado el nexo del poder real hacia alianzas regionales de funcionarios políticos, la policía, las empresas familiares, las maras, y los carteles transnacionales. Las armas son un nexo de esa convergencia porque ayudan a los grupos a llevar a cabo sus operaciones, como extorsiones, trata de personas, amenazas, y asesinatos.
En Guatemala, hay una concentración de armas en comunidades fronterizas como San Mateo Ixtatán, donde hasta 25 familias han comprado alrededor de 100 armas de fuego cada una. La familia del alcalde de El Estor, en el noreste del país, fue designada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos como narcotraficantes. Ipala, cerca del departamento hondureño de Copán, es una base bien conocía de narcotráfico. En Honduras, poderosas redes políticas y empresariales familiares, en colaboración con partidos políticos, se enriquecieron a través del narcotráfico (hasta el 90% de la cocaína con destino a los EE.UU. transitó por Honduras entre 2010 y 2020) y otros delitos. Estas redes utilizan armas de fuego en sus actividades, como la expulsión de campesinos de zonas agriculturas; intimidación de denunciantes locales; y el movimiento de cocaína. Entre estas familias son los Urbina Soto, identificada como una red de narcotráfico por la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. La base de datos iARMS y las operaciones especiales confirman estas formas de colaboración. En la operación Trigger IX de 2023, Interpol detuvieron 14.260 personas y se incautaron unas 8.263 armas de fuego ilícitas y 305.000 cartuchos de munición.
6. Movimiento transnacional
Una gran cantidad de armas viene de los EEUU a Centroamérica. Más de 100,000 armas estadounidense eran exportadas ilegalmente a Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras entre 2015 y 2021. El valor de las armas importadas legalmente a Guatemala subió de US$9 millones en 2017 a US$20,3 millones en 2022. Entre 2021 y 2022, la tasa de exportaciones estadounidenses de pistolas a Guatemala duplicó a más de 20.000. En 2023, Guatemala importó más armas cortas de EE.UU. que cualquier otro país de América Latina.
Muchas armas entran ilegalmente debido a controles fronterizos insuficientes. En sus terminales, las Aduanas de Honduras inspecciona más de 350,000 contenedores cada año. La importación con la tasa de inspección más alta son los automóviles, entre el 40 y el 45 por ciento, pero todos los contenedores más pequeños se inspeccionan con menos frecuencia. Las armas, las partes de armas y las municiones entran fácilmente en las latas de pintura o en las piezas de automóviles. En 2022, se incautó solo 20 armas. Y la Aduana no se extiende a los muchos puntos ciegos de la frontera. Hay aproximadamente 50 puntos ciegos en las fronteras de El Salvador, mientras que Guatemala tiene al menos 97 cruces informales. En su frontera con México, oficiales, ganaderos y comerciantes colaboran con grupos que trafican personas, drogas y armas.
Muchas armas también fluyen desde el sur. En Colombia, grupos armados como el Clan de Golfo y el Ejército Revolucionario Antiterrorista de Colombia transportan y venden coca y armas a través de las fronteras internacionales. Una operación dirigida por Interpol contra el tráfico de armas en 2019 en ocho países se saldó con 560 detenciones; entre ellas eran líderes de maras y del Ejército de Liberación Nacional de Colombia. En el operativo se incautaron 857 armas de fuego, 38.000 balas, 20 granadas, uniformes policiales y militares, vehículos, y drogas.
* Mark Ungar es profesor de ciencias políticas en el Brooklyn College y en el Programa de Doctorado de Justicia Criminal de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, CUNY. Ha escrito y editado cinco libros y más de 40 artículos y capítulos de libros sobre reforma judicial, seguridad ciudadana y policía. Ha sido o es asesor de las Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo y los gobiernos de Argentina, Bolivia, Honduras y México. En 2011 fue elegido miembro del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, órgano investigador del sistema jurídico interamericano.
