Migrantes y tráfico de armas: de la violencia a la precarización
Por Diego Lorca *
Según el Banco Mundial, más de 41 millones de latinoamericanos viven fuera de su país de origen, convirtiendo a la región en la que más personas migrantes tiene en todo el mundo. Estás personas, la mayoría trabajadores y trabajadoras, terminan impactando en las economías de los países de origen y los países receptores de diversas formas, algunas positivas y otras muy negativas.
Para millones de personas, el desplazamiento no es una opción, sino una necesidad de supervivencia, pero además, este éxodo masivo es aprovechado por redes criminales que encuentran en la migración una fuente de ingresos a través del tráfico de personas y otras actividades ilegales como el tráfico de armas.
En la nueva fase digital del capitalismo, miles y miles de puestos de trabajo son reemplazados por procesos de automatización y robotización basados en la Inteligencia artificial y el internet de las cosas. Muchos de ellos, expulsados del mercado laboral, pasan a formar parte del ejército de reserva que tensiona a la baja los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores formales. En este escenario, empresas y gobiernos utilizan la mano de obra de los migrantes, de forma legal o ilegal, mientras ensanchan sus economías sobre la miseria de millones y millones de trabajadores.
Rutas migratorias y tráfico de armas
Las rutas de migración, muchas veces marcadas por terrenos inhóspitos y peligrosos, se han convertido en verdaderos corredores de violencia y control criminal. Un ejemplo de esto es el pasaje por la selva del Darién, en el límite de Panamá y Colombia, que no solo implica un riesgo natural, sino que también expone a los migrantes a la presencia de grupos criminales que operan durante su tránsito.
La crisis migratoria en Centroamérica profundiza la violencia y el tráfico de armas en la región. Small Arms Survey, el grupo de investigaciones, publicó un informe reciente que pone de relieve una alarmante tendencia: el tráfico de armas ilegales desde EEUU hacia el Caribe y América Latina aumentó en un 120% en los últimos 8 años. Entre 2007 y 2019, más de 179.000 armas fueron incautadas en México y cinco países centroamericanos, rastreadas hasta armerías y fábricas estadounidenses. Se estima que, en la última década, más de dos millones de armas han cruzado la frontera hacia el sur. Asimismo, entre 2015 y 2022, más de 200.000 armas recuperadas en estos países fueron rastreadas hasta ciudades estadounidenses como Houston, Tucson y Phoenix.
Por su lado, el tráfico de personas se ha convertido en una de las actividades más rentables para el crimen organizado, generando ingresos anuales cercanos a los 7.000 millones de dólares mediante la entrada de migrantes desde Latinoamérica y el Caribe hacia Estados Unidos. Esta práctica se vincula con delitos como trata de personas, robo de identidad, corrupción y lavado de dinero.
Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas sobre homicidios globales (2023) señala que Centroamérica es la subregión con la mayor tasa de homicidios con armas de fuego a nivel mundial. En países como Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana, la violencia armada sigue siendo un problema crítico. En 2022, la región registró una tasa de 16,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, y el 80% de estos crímenes fueron cometidos con armas de fuego, en su mayoría provenientes del tráfico ilegal.
El tráfico de armas no solo alimenta la violencia, sino que también impacta a las poblaciones migrantes, quienes se ven obligadas a huir de sus países de origen debido a la inseguridad y la actividad de grupos criminales armados. La falta de control sobre el flujo ilícito de armas en la región agrava la crisis humanitaria y expone a los migrantes a mayores riesgos en su odisea.
Los migrantes y su impacto en la economía regional
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se ha demostrado que la inmigración estimula el crecimiento económico y contribuye al producto interno bruto (PIB) mundial. Según el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2024 de la OIM, las remesas hacia América Latina y el Caribe alcanzaron un récord de 155,000 millones de dólares en 2023. Estas transferencias de dinero o en especie que los migrantes hacen directamente a sus familias o comunidades en los países de origen son cruciales para la economía de muchos países.
El principal país de destino de remesas es México, que recibió en 2024 $65 mil millones de dólares, un aumento del 2,9% respecto del 2023. En los países de Centroamérica las remesas crecieron 6,6%, llegando a US$45,7 mil millones. Sudamérica, en cambio, tuvo un crecimiento del 9,1% en sus ingresos por remesas, totalizando $31,7 mil millones de dólares. Finalmente, los países del Caribe recibieron $18 mil millones de dólares con un crecimiento del 2%, similar al observado en 2023 (BID, 2024).
Los migrantes y refugiados cubren un rol muy importante al cubrir los vacíos en los mercados laborales, pero además aumentan la demanda de bienes y servicios, lo que ayuda a elevar el PIB de los países receptores. En Chile, por ejemplo, la fuerza laboral migrante contribuyó con 63.3 mil millones de dólares al crecimiento del PIB entre 2009 y 2017. En este sentido, un estudio titulado “Integración socioeconómica de las poblaciones desplazadas por la fuerza en América Latina y el Caribe”, publicado en conjunto entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la ACNUR, estima que el PIB de los principales países receptores aumentaran entre 0,10 y 0,25 puntos porcentuales al año entre 2017 y 2030.
Otra de las importantes contribuciones que realizan a la economía es a través del pago de impuestos. De acuerdo con el Instituto de Política Fiscal y Económica de EE.UU., en 2023 los trabajadores sin documentos aportaron aproximadamente $96.700 millones de dólares en impuestos. Una investigación de la Universidad de Nueva Hampshire de 2024, estima que la economía estadounidense perdería entre 2,6 y 6,2% del PIB en una década si se concretan expulsiones masivas de más de 7 millones de indocumentados. Se calcula que en total hay 11 millones de personas indocumentadas.
En síntesis, las rutas migratorias, marcadas por peligros naturales y la presencia de redes criminales, se han convertido en verdaderos corredores de inseguridad, donde la circulación de armas ilegales alimenta niveles alarmantes de violencia y genera un círculo vicioso que obliga a miles de personas a abandonar sus hogares en busca de protección. La crisis migratoria y el tráfico ilegal de armas se interconectan, exacerbando la violencia y la precarización laboral tanto en los países de origen como en los de destino.
La contribución económica que realizan los migrantes en sus diferentes formas, contrasta con el sombrío panorama de explotación y violencia que sufren la gran mayoría de ellos. Esta es otra de las caras que ni gobiernos ni empresarios quieren ver ni mostrar, pero de cuyo trabajo, ambos hacen usufructo.
* Diego Lorca es Director del OITRAF – Observatorio Internacional del Trabajo del Futuro.
