Incendios en la Patagonia argentina: el negocio detrás del fuego y la construcción del enemigo interno
Por Emilia Trabucco*
Los incendios en la Patagonia argentina se han convertido en una crisis y una verdadera tragedia, con profundas implicancias políticas, económicas, y especialmente, humanas. Lejos de ser meros desastres naturales, estos siniestros exponen una red de intereses cruzados donde confluyen la especulación inmobiliaria, la extranjerización de la tierra, las inversiones tecnológicas y la represión estatal.
Como parte de este entramado, el gobierno de Javier Milei, con Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad Nacional, ha puesto en marcha una estrategia de criminalización de las organizaciones populares que tiene como principal foco de ataque el pueblo mapuche, consolidando un relato que presenta a las comunidades indígenas como una amenaza interna, profundizado con la caracterización de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como organización terrorista. El conocido recurso donde las víctimas se transforman en victimarios y los verdaderos responsables gozan de absoluta impunidad.
Especulación inmobiliaria y apropiación de tierras
Uno de los principales beneficiarios del modelo de apropiación territorial es Joe Lewis, magnate británico propietario de Lago Escondido. A través de maniobras fraudulentas, logró la adquisición de más de 12.000 hectáreas en la Patagonia argentina, en un proceso de compra ilegal que viola normativas sobre propiedad extranjera en zonas de seguridad fronteriza. La connivencia entre el Partido Judicial y sectores políticos ha garantizado la impunidad del dueño de, entre otras empresas, el club inglés Tottenham Hotspurs, permitiéndole consolidar su dominio sobre un área estratégica que es propiedad del pueblo argentino.
Lago Escondido se ha convertido en una zona liberada para empresarios y cómplices políticos, judiciales y mediáticos. La reunión secreta entre jueces, funcionarios y directivos del Grupo Clarín en la mansión de Lewis, revelada en 2022, quedó impune a pesar de las pruebas contundentes. Este encuentro expuso la complicidad entre la mafia judicial y los intereses de los grandes capitales que buscan consolidar el control privado sobre la Patagonia, y que son impulsores de la persecución política, mediática y judicial a referentes populares, destacando el ensañamiento contra la dos veces presidenta y ex vice presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
A este esquema de apropiación territorial se suma Eduardo Elsztain, principal inversor de IRSA y uno de los empresarios más influyentes de Argentina. Elsztain es el principal aportante para la fundación de Endeavor, una entidad que nuclea a corporaciones del sector tecnológico y financiero, como Mercado Pago, propiedad de Marcos Galperin. Entre algunos de los hoteles de su propiedad, destacan el Hotel Libertador en Capital Federal y el Llao Llao en Bariloche; en el primero, Javier Milei pasó los últimos meses de su campaña electoral antes de convertirse en presidente de la Nación; en el segundo, participó el año pasado del exclusivo “Foro Llao Llao”, que nuclea a empresarios de la Fundación Endeavor.
Sus vínculos con Israel y el sionismo internacional han sido clave en el desarrollo de proyectos inmobiliarios y tecnológicos en la Patagonia. En este contexto, Milei ha expresado su intención de convertir a Argentina en “el cuarto polo de inteligencia artificial”, con la Patagonia como epicentro de esta iniciativa. Su asesor Demian Reidel ha ratificado este plan, destacando las condiciones óptimas del territorio para el desarrollo de estas empresas, su geolocalización, su clima y sus recursos naturales.
Este proyecto no es ajeno a los intereses estratégicos de las potencias extranjeras. La visita de Laura Richardson, ex jefa del Comando Sur de Estados Unidos, a la Patagonia y su reunión con Milei en Ushuaia en abril de 2024, es otra clara señal de alineamiento con la agenda geopolítica de Washington e Israel. La región, rica en recursos naturales, agua dulce y con un potencial inexplorado en materia energética y tecnológica, se ha convertido en un territorio clave para la disputa internacional y los desarrollos tecnológicos de la nueva fase capitalista.
Desregulación del control soberano sobre las tierras en manos extranjeras
La mega reforma legislativa que se puso en marcha desde la asunción presidencial de Milei, evidencia la subordinación total del gobierno de La Libertad Avanza a los intereses económicos extranjeros. En diciembre de 2023, a través del Decreto N°70/2023, Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales, que establece un límite del 15 por ciento de la tierra rural para la posesión por parte de extranjeros. Esta ley también prohibía que un mismo titular extranjero acumule más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo o «la superficie equivalente según la ubicación territorial»; y prohibía la adquisición por parte de personas o empresas extranjeras de territorios ribereños o que contengan cursos de agua de envergadura, o que se ubiquen en zonas de seguridad de frontera..
Cabe destacar que enn marzo de 2024, ante una presentación del amparo colectivo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), la Cámara Federal de La Plata declaró inconstitucional el artículo que deroga la ley de Tierras, poniendo un freno al gobierno libertario. Sin embargo, algunos gozan de impunidad, “hecha la ley, hecha la trampa”: según datos oficiales, a abril de 2022 sumaban 14,7 millones las hectáreas bajo control extranjero en la Argentina
La criminalización del pueblo Mapuche como estrategia de control
En lugar de abordar la crisis ambiental con recursos y estrategias de prevención, el gobierno nacional ha optado por un enfoque represivo. Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, Bullrich ha impulsado un discurso que asocia los incendios a “terroristas disfrazados de mapuches”, reforzando la narrativa de un enemigo interno que justificaría la intervención de las fuerzas de seguridad. No es casualidad que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego haya pasado a la órbita del Ministerio de Seguridad (Decreto 81/2025).
En este programa de persecución y criminalización se inscribe la derogación, mediante DNU N° 1083/2024, de ley de emergencia territorial indígena del año 2006 que suspendía los desalojos de todas las comunidades hasta que se completara el relevamiento de sus territorios, y las Resoluciones N° 9, 10 y 11/2025 con las que el gobierno libertario dio marcha atrás con el reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria de la Comunidad Lof Limay Kurref del Pueblo Mapuche, ubicada en el departamento de Malargüe, Mendoza, en territorios con alto valor estratégico.
Esta estrategia no es nueva. La persecución al pueblo mapuche tiene antecedentes recientes en la gestión de Mauricio Macri -donde Bullrich ocupaba la cartera de Seguridad-, con operativos como el que terminó con la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel a manos del Grupo Albatros de Prefectura. En la actualidad, el gobierno de Milei ha intensificado esta estrategia, promoviendo allanamientos y detenciones arbitrarias contra brigadistas y miembros de comunidades indígenas.
La detención de Facundo Jones Huala, referente mapuche, el 19 de enero en El Bolsón, fue una nueva demostración de su sistemática persecución y estigmatización. Fue liberado horas más tarde por falta de pruebas, lo que no impidió una fuerte campaña mediática en su contra. En el mismo marco sucedieron las detenciones arbitrarias de seis brigadistas en la misma localidad, bajo acusaciones infundadas de provocar incendios, una muestra de cómo la represión estatal busca desarticular redes de solidaridad comunitaria y desviar la atención de los verdaderos responsables de la devastación ambiental. Las fuerzas de seguridad, en lugar de combatir el fuego, han sido desplegadas para reforzar la militarización de la Patagonia y criminalizar a quienes defienden sus territorios.
Figuras del oficialismo han reforzado este relato. Patricia Bullrich manifestó en “X”, tras la detención de una mujer: “Incendiaria terrorista y pseudo mapuche detenida. No fue un accidente. No fue un descuido. Es TERRORISMO”. A su vez, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció la inclusión de un proyecto de ley para agravar las penas contra quienes provoquen incendios, apuntando nuevamente a las comunidades indígenas. “Terroristas disfrazados de mapuches prendieron fuego nuestra Patagonia para extorsionar al Gobierno y reclamar privilegios. Van a pagar tras las rejas”, afirmó.
A la orquesta en redes se sumaron desde los inicios de los incendios, las milicias digitales del gobierno. Por citar un ejemplo, La Derecha Diario, cuyo dueño es Fernando Cerimedo y su fundador Juan Carreira, funcionario del gobierno, luego de la liberación de Jones Huala, publicó: “JUSTICIA CÓMPLICE: La Justicia de Rio Negro liberó al terrorista mapuche Facundo Jones Huala, luego de que la policía lo detenga infraganti intentando robar un auto en El Bolsón, cerca de los incendios”.
Y como elemento final a los discursos del gobierno nacional y los gobernadores, siguieron las acciones contra la comunidad. El 11 de febrero las fuerzas de seguridad provinciales de Chubut y el Comando Unificado Patagónico, realizaron allanamientos a las comunidades mapuches-tehuelches, en domicilios particulares y también a la radio comunitaria Petü Mongeleiñ del Maitén, en una nueva muestra de la identificación del enemigo interno en las comunidades del Sur argentino.
La resistencia popular y la disputa por la soberanía
Los conflictos territoriales por la expropiación de Lago Escondido datan de 2005. Frente a esta nueva avanzada, las comunidades mapuches y organizaciones populares han redoblado su resistencia. La histórica “Marcha por la Soberanía de Lago Escondido», que se realiza anualmente desde 2017, se ha convertido en un símbolo de lucha por la soberanía territorial y contra la extranjerización de la Patagonia. En cada edición, organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos recorren los caminos que deberían ser de acceso público y denuncian el control privado de Lewis sobre el lago y sus alrededores.
Además, se han conformado redes solidarias de brigadistas y voluntarios que, frente a la ausencia del Estado, organizan la lucha contra el fuego y la asistencia a comunidades afectadas. Movimientos como la Red de Defensa del Agua y la Tierra han denunciado las maniobras de empresarios y políticos para profundizar el despojo territorial.
Las comunidades indígenas han fortalecido sus estrategias de resistencia, recurriendo a organismos internacionales para denunciar la represión estatal y la vulneración de sus derechos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido múltiples denuncias sobre los desalojos forzados y la criminalización del pueblo mapuche.
El 13 de febrero, miles de personas se movilizaron en diversas ciudades argentinas para exigir al Gobierno Nacional una respuesta inmediata, bajo la consigna “¡Apaguen el fuego ya!”. Las marchas se llevaron a cabo en al menos 24 puntos del país, con un mensaje claro: la responsabilidad del manejo del fuego recae sobre el Estado. Muchos artistas han iniciado campañas solidarias para las familias afectadas, por lo que fueron víctimas de múltiples ataques en redes por parte del propio presidente Milei.
La disputa por la Patagonia se enmarca en un conflicto geopolítico que involucra el control de recursos estratégicos, la soberanía nacional y los derechos de sus pobladores, y que tiene profundas repercusiones sobre toda la región latinoamericana y caribeña. La extranjerización de la tierra, el avance de proyectos extractivistas y la militarización del territorio responden a una lógica de acumulación que privilegia los intereses del capital transnacional por sobre la soberanía nacional y los derechos de los pueblos que habitan el territorio argentino.
El fuego en la Patagonia es un síntoma de una crisis estructural que combina extractivismo, violencia estatal y un modelo de desarrollo al servicio de una minoría privilegiada. La lucha por la recuperación del territorio y el reconocimiento de los derechos indígenas es, en este contexto, una batalla clave para definir el futuro de la región y el país.
*Trabucco es psicóloga, Magíster en Seguridad de la Nación. Analista de la Agencia NODAL y de CLAE Argentina. Directora del Área de Universidad, Género y Trabajo del IEC-CONADU.
