Elecciones y lawfare en Ecuador – Por Observatorio Lawfare

Elecciones y lawfare en Ecuador

Por el Observatorio de lawfare

Ecuador tendrá la primera vuelta de las elecciones el próximo domingo 9 de febrero, para elegir presidente y vicepresidente por los próximos cuatro años. Los comicios encuentran al país sumido en una grave y extendida crisis multidimensional, destacando los crímenes y la violencia vinculada al narcotráfico.

Desde el Observatorio Lawfare, hemos estudiado el caso de Ecuador, por ser uno de los Estados de la región en los que el lawfare ha impactado con severidad. El lawfare como guerra por la vía judicial-mediática contra sectores que impulsan la justicia social, opera para obstaculizar sistemáticamente la posibilidad del retorno del progresismo a Ecuador, al tiempo que vació y debilitó la institucionalidad del Estado e incluso la unidad de la región, como fue el caso de la UNASUR.

Para dar cuenta de esta situación, el Observatorio Lawfare y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) del Grupo de Puebla, publicaron recientemente el libro “Lawfare en Ecuador: guerra contra la democracia y el derecho” (Editorial Ruta Kritica, Quito), que expone información que demuestra la manera en que la persecución política por la vía judicial-mediática afecta gravemente la democracia y el Estado de Derecho en Ecuador. No solo se analiza el funcionamiento del sistema judicial y el debilitamiento de las instituciones del gobierno, sino también el rol de los medios de comunicación y las redes sociales, además de la presencia indirecta o directa (según la ocasión) del gobierno y el sector privado estadounidense en el proceso de desestatización de Ecuador.

Se detallan a lo largo del libro las dinámicas que caracterizan al lawfare ecuatoriano en los últimos años: persecución administrativa desde la Contraloría General del Estado y persecución desde los órganos de la Función Judicial, tanto de la Fiscalía General del Estado, cuanto de jueces y tribunales de la Corte Nacional de Justicia, con sustantivas violaciones al debido proceso. Aborda las modificaciones arbitrarias de los marcos constitucionales, legales y ruptura del orden constituido del Estado por fuera de los procedimientos establecidos; el bloqueo político del “correísmo” para impedir el ejercicio de la representación de una de las principales fuerzas políticas de Ecuador, la Revolución Ciudadana. También analiza los vínculos directos de la Fiscal General Diana Salazar con la embajada de EE.UU. y uso abusivo e ilegal de la colaboración eficaz como herramienta de extorsión y chantaje.

Voces expertas como las de Baltasar Garzón (España), Virgilio Hernández Enríquez (Ecuador), Silvina Romano (Argentina), Marcelo Maisonnave (Argentina), Zambrano Pasquel (Ecuador), Raúl Zaffaroni (Argentina), Alexis Mera Giler (Ecuador), Carlos Poveda (Ecuador), Sonia Vera (Ecuador), Jaime Cárdenas Gracia (México), Andrés Villegas (Ecuador), Fidel Jaramillo Paz y Miño (Ecuador), Angélica Porras (Ecuador), Fernando Casado (Ecuador), Tamara Lajtman (Brasil), y Aníbal García Fernández (México), abordan en profundidad: la causa Sobornos; la privación de la libertad al líder indígena Leónidas Iza; las causas por “instigación a la rebelión”; las diversas causas que configuran la mayúscula persecución contra el ex vicepresidente Jorge Glas; el componente de violencia política contra las mujeres en los procesos de lawfare; la actuación totalmente parcial de la Fiscal General Diana Salazar; el rol de la Interpol ante las notificaciones solicitadas por el gobierno nacional; y las consecuencias geopolíticas del lawfare en Ecuador, incluida la detención arbitraria de Jorge Glas en la embajada de México en abril de 2024.

A pocos días de la elección presidencial, es fundamental remarcar que el objetivo del lawfare es disciplinar y despolitizar a la sociedad persiguiendo por la vía judicial sin ningún apego al debido proceso, y criminalizando en medios y redes sociales a los y las dirigentes. La persecución se justifica como una “guerra contra la corrupción” o “los corruptos”, pero tiene por objetivo debilitar al Estado y eliminar la posibilidad de democracias con justicia social, instalando el relato que el Estado es ineficiente y que la política no es necesaria. Ecuador muestra que el gobierno de empresarios de acuerdo a las necesidades del mercado, no solo no contribuye al bienestar y la dignidad de las mayorías, sino que ha beneficiado al avance del narcotráfico y la criminalidad, deteriorando una de las experiencias más profundas de construcción de un Estado de bienestar.

El lawfare contra el progresismo muestra cómo se han corrido los límites de la democracia en: no es suficiente con acudir a las urnas, o respetar la normativa de la democracia liberal. Se requiere con urgencia garantizar la inclusión económica, política, social y cultural de las mayorías, frente al avance de la ultra derecha neoliberal.

Ver aquí el libro completo Lawfare en Ecuador. Guerra contra la democracia y el derecho. Coordinación: Virgilio Hernández Enríquez, Silvina Romano, Marcelo Maisonnave