Elecciones en Ecuador: excepcionalidad democrática como regla – Por Paula Giménez y Matías Caciabue
Elecciones en Ecuador: excepcionalidad democrática como regla
Por Paula Giménez y Matías Caciabue*
Este domingo 9 de febrero de 2025, se vivirá un nuevo proceso electoral en Ecuador, con 16 fórmulas presidenciales en juego, en el que se encuentra buscando la reelección un Daniel Noboa alineado al mandato de la Casa Blanca norteamericana. Se renovará además el poder Legislativo, con 151 curules entre asambleístas nacionales y provinciales y 5 representantes al Parlamento Andino. La principal candidata opositora es una vez más, Luisa Gonzalez por Revolución Ciudadana.
Luego de poco más de un año y medio de un gobierno nacional que se caracterizó por el avance de un modelo de securitización de la sociedad civil (con protagonismo de las fuerzas de seguridad) y el frecuente uso del estado de excepción, la población ecuatoriana decidirá si hay continuidad o se reabre un tiempo de proyecto popular en el gobierno. Un actual gobierno reaccionario que debilitó las bases democráticas y de bienestar social busca renovar su legitimidad a partir de la candidatura a la reelección de Noboa.
Con 16,9 millones de habitantes y una vasta riqueza natural, el país enfrenta una crisis multidimensional que ha golpeado con fuerza a su población. Desde el aumento de la violencia y la crisis de seguridad, hasta el deterioro de la calidad de vida por la situación económica y el desabastecimiento energético y las tensiones internas dentro del gobierno, la sociedad ecuatoriana llega a estos comicios en una democracia violentada y con un descontento ciudadano creciente.
Estas características presentan un escenario de alta complejidad para quien se instale en el Palacio de Carondelet por los próximos cuatro años. ¿Qué pasó en la última elección?; ¿qué características tiene el proceso electoral?, ¿cuál es la calidad democrática y social del país?
El actual presidente asumió el cargo en octubre de 2023 con la tarea de completar el mandato del expresidente banquero Guillermo Lasso (quien tenía más del 80% de desaprobación). Lasso disolvió la Asamblea Nacional en mayo de ese año, haciendo uso por primera vez en la historia del artículo 148 de la Constitución, conocido de forma coloquial como «muerte cruzada» a fin de coartar el juicio político que tenía lugar en su contra por actos de corrupción.
La llegada al gobierno del hijo del empresario bananero más rico del país fue tras la segunda vuelta del 15 de octubre. El candidato de ADN se impuso con el 52,29% de los votos frente al 47,71% de Luisa González, en un clima de extrema violencia política que le costó la vida a tres dirigentes de distintas fuerzas políticas y uno de los candidatos presidenciales, Fernando Villavicencio. La primera vuelta de tales elecciones extraordinarias celebradas 2 meses antes habia posicionado a la correista Gonzalez (33%) arriba de Noboa (23%), sin embargo el asesinato de Villavicencio fue utilizado por la prensa aliada a la derecha politica, para impactar negativamente sobre la candidatura de Gonzalez, adjudicando la responsabilidad al correismo con una fuerte operación mediatico-judicial.
El gobierno de Noboa ha estado marcado por acciones de destrucción de políticas públicas, favorecimiento al empresariado nacional e internacional en detrimento de las y los trabajadores y aumentó el endeudamiento público. En su año y medio de gestión la crisis de seguridad es el aspecto de mayor repercusión. Es una crisis dentro y fuera del sistema carcelario, con aumento del crimen organizado, motines en las prisiones y asesinatos en ascenso. El 2024 fue el segundo año más violento en la historia de Ecuador (el primero fue el 2023), con un homicidio intencionado cada 75 minutos. Según datos oficiales de la Policía Nacional publicados en el sitio Statista, durante el 2024 se contabilizaron 6.964 casos. En este contexto, según la encuestadora Comunicaliza la aprobación de Noboa cayó al 45,9% en octubre. En respuesta, el Ejecutivo decretó al menos ocho estados de excepción y declaró al país en «conflicto armado interno», permitiendo la intervención militar en las calles, estableciendo a 22 bandas criminales como objetivos prioritarios y promoviendo una Ley para aumentar impuestos a la población, como el IVA, para financiar “la lucha contra el crimen”.
La constante militarización y los estados de excepción han creado un ambiente de miedo e incertidumbre. Constantemente los candidatos, dirigentes y militantes opositores sufren ataques o atentados que buscan acabar con su vida o amedrentar su participación. En razón de estos acontecimientos se destinaron 288 efectivos para “brindar la seguridad de los binomios presidenciales”, lo que obliga a preguntarse por las garantías democráticas para el proceso electoral de febrero de 2025.
Una economía dependiente y en picada
El país, que fue el primero en reconocer los derechos de la naturaleza en su Constitución (2008) durante el gobierno de Rafael Correa, se destaca por su gran biodiversidad y abundantes ríos, lo que le permite una importante generación hidroeléctrica que garantiza la mayoría de la producción de electricidad del país. Además de contar con grandes reservas de petróleo, es el mayor exportador mundial de bananas y un productor clave de cacao, flores y aceite de palma.
Su economía, que atraviesa serias dificultades, se basa en la explotación de sus recursos naturales y su principal socio comercial es Estados Unidos, seguido por China. Los dos grandes actores enfrentados a nivel mundial, particularmente interesados por el control de los recursos y la infraestructura en la región para su explotación y comercialización. En un guiño a las políticas del presidente Donald Trump, como una muestra de “nacionalismo” que mira al norte angloparlante, más que a sus propios intereses, Noboa anunció la imposición de un arancel del 27% a la importación de productos mexicanos que ingresan al país, a menos de que el gobierno de Claudia Sheinbaum acceda a firmar un Tratado de Libre Comercio, so pretexto de “impulsar la industria nacional ecuatoriana”.
Además, el endeudamiento público con el FMI creció en USD 4.000 millones por un acuerdo firmado en abril de 2024 bajo el esquema de Servicio Ampliado (SAF). El primer desembolso del organismo fue por USD 1.000 millones entregados en junio, mientras que el segundo de USD 500 millones apenas el pasado diciembre con el objetivo de “apoyar la estabilidad macroeconómica y las reformas estructurales del país”. Una historia tristemente conocida por los pueblos de la región que son los que pagan las consecuencias de la retracción estatal de la esfera pública, la especulación financiera, la fuga de capitales y la concentración de la riqueza en las élites económicas gobernantes.
Sin ir más lejos, la tasa de pobreza por ingresos se ubicó en diciembre de 2024 en 28%, lo que significa que 5,2 millones de personas son pobres. Mientras a diciembre de 2023, estaban en esa condición 4,8 millones de personas, es decir, un aumento de 432.581 personas respecto al año anterior. Además, el desempleo y la precariedad laboral afectan a una parte considerable de la población, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos en diciembre de 2024, el desempleo alcanzó el 2,7%, mientras la economía se contrajo 1,5% en el tercer trimestre de 2024 con relación al mismo periodo del año anterior, según el Banco Central del Ecuador.
Desintegración democrática y la iniciativa popular
Este domingo 13 millones de ecuatorianas y ecuatorianos están convocados a expresar su voluntad, a apoyar a uno de los dos grandes modelos de país, que con matices hacia el interior, expresan las grandes fuerzas políticas en disputa, aunque dispersas en los 16 binomios presidenciales. Se trata de un pueblo movilizado, a pesar de las políticas represivas desplegadas en todo el territorio nacional que han dejado cientos de heridos, muertos y desplazados.
Las protestas sociales y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad han sido constantes, y por diversas causas. Las comunidades originarias se organizaron contra el extractivismo minero, en regiones como Cotopaxi, Bolívar y Azuay. Allí trasnacionales mineras como las canadienses Curimining y Atico Mining buscan avanzar en la explotación de recursos como cobre, plata y oro, sector que representa el 51% de la Inversión Extranjera Directa, a costa de la devastación ambiental y desplazamientos forzados de comunidades enteras, con el aval del gobierno a través de concesiones por las próximas dos décadas. Además, la criminalización de líderes comunitarios es una preocupación creciente. Organismos de derechos humanos han denunciado que campesinos e indígenas enfrentan procesos legales bajo cargos como «terrorismo», lo que organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) han calificado como un uso abusivo del derecho penal para silenciar la protesta.
En las calles citadinas se exigió mayor protección, reformas al sistema judicial, y medidas para combatir el crimen. En ciudades como Guayaquil y Quito, marchas y plantones denunciaron el aumento de homicidios, extorsiones y robos. En julio, manifestaciones contra los apagones de luz masivos y prolongados que paralizaron varias ciudades como Quito, Latacunga y Guayaquil, bajo las consignas: «Nos quitan la luz, encendemos las calles» y «Más apagones, más pobreza», denunciando que las interrupciones del servicio eléctrico llegaron a durar hasta 14 horas diarias. Ese mismo mes candente, organizaciones sociales, lideradas por la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino (Feunassc), Mujeres por el Cambio y representantes de los jubilados se convocaron a una marcha de protesta en Quito en las afueras del edificio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por la eliminación del subsidio a los combustibles bajo las consignas “El FMI ordena”, “NO incremento del precio de las gasolinas”.
Un punto de inflexión
De cara a las elecciones, con la creciente fragmentación política, es poco probable que uno de los principales candidatos logre una victoria contundente en primera instancia, configurando una segunda vuelta electoral para el 13 de abril con una intensa polarización en la que queda abierto el escenario de realineamientos políticos de las fuerzas secundarias.
En cualquier caso, el nuevo gobierno enfrentará el reto de restaurar el estado de derecho, la estabilidad política, mejorar la seguridad y reactivar la economía. El pueblo ecuatoriano ya habló en las calles, y el resultado del proceso electoral representa sin dudas, un punto de inflexión para Ecuador y para la geopolítica regional en tiempos de avance neofascista.
*Giménez es Licenciada en Psicología y Magister en Seguridad y Defensa de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos, directora de NODAL. Caciabue es Licenciado en Ciencia Política y ex Secretario General de la Universidad de la Defensa Nacional UNDEF en Argentina. Ambos son investigadores del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
