El negocio de las armas y las tecnologías de la guerra en Colombia
Por María Fernanda Barreto *
Hay verdades que aunque parecen obvias, hay que repetirlas hasta el cansancio, para intentar que se vuelvan parte del conocimiento colectivo. Sólo así encontrarán los pueblos la conciencia que requiere la lucha por la justicia social, política, económica, cultural y hasta ecosistémica. Una lucha por la vida misma. Ese fue el empeño de Marx y de muchos otros y otras que han dedicado su vida a descifrar la realidad para transformarla. Estas líneas intentarán resumir algunas cosas que podrían resultar obvias, pero que por las razones anteriormente planteadas hemos repetido en reiteradas ocasiones y lo haremos una vez más: el capitalismo requiere las economías ilegales para sobrevivir a sus crisis, dinamizar permanentemente su economía y alimentar mecanismos de acumulación. Esa es la razón por la que cuando un negocio ilegal se cierra aparece otro más lucrativo y dinámico, y explica porqué, entre los muchos problemas de la humanidad que no tienen solución real dentro del capitalismo, hay que destacar al narcotráfico y la empresa de la guerra, y dentro de ella, el tráfico ilegal de armas. Ambos son lubricantes esenciales del sistema y están directamente relacionados entre sí.Todo país en guerra es un gran mercado de armas, y Colombia es el único país de la región que no ha tenido un día de paz desde la llegada de los conquistadores. Entró al siglo XXI en guerra y para agravar la situación, desde el 2018 ostenta el título de “socio global de la OTAN”. A pesar de los discursos negacionistas, este país latinoamericano, continúa viviendo un violento conflicto armado que algunos análisis ingenuos o parciales, califican como “interno” cuando en realidad, esta guerra es causada, sostenida y alimentada por los grandes capitales mayoritariamente asentados en Estados Unidos de América, Israel y Europa, aunque nunca falta quien le eche la culpa a los pájaros y empeñe su palabra en beatificar a las escopetas. Esos que pretenden culpar del narcotráfico al campesinado que se ve obligado a sembrar la hoja de coca, son los mismos que culpan al delincuente que compra el arma ilegal para robar al trabajador que vive en la misma terrible pobreza que él, pero lavan la cara de las grandes empresas productoras y vendedoras de armas y tecnología de guerra, a los millonarios dueños de los bancos que lavan los capitales del tráfico ilegal de armas y drogas, que en este país como en casi todo el mundo occidental, son también dueños de las grandes corporaciones mediáticas que se encargan de ocultar el entramado de estos negocios vitales para el sistema hegemónico, así como la participación de los gobiernos y las Fuerzas Militares extranjeras y nacionales.A lo largo del siglo XX, Colombia se consolidó como cabeza de playa del imperialismo, y en las últimas décadas de esa centuria, también se convirtió en el epicentro del narcotráfico en Nuestra América y particularmente en América del Sur. Sin embargo, como también hemos dicho antes, la crisis del mundo unipolar, ha significado que los Estados Unidos, como centro del imperio capitalista, relance su Doctrina Monroe sobre el continente y con ello, expanda el narcotráfico, el militarismo, el paramilitarismo y todos los negocios asociados con sus compañías militares privadas y de seguridad por todos nuestros países, a los que considera, su patio trasero. Cuando todos estos negocios se expanden, es obvio que también se expande, el tráfico ilegal de armas, el lavado de capitales, y todo el entramado que sirve para garantizar que menos del 1% de la población siga viviendo a costa del resto y del planeta mismo. Porque el tráfico ilegal de armas no sólo contribuye a su economía sino que es también una herramienta para sostener los genocidios que garantizan el poder político de esa minoría.
Ese mercado de armas en Colombia, legal e ilegal, se utiliza en primer lugar para asesinar al propio pueblo colombiano sosteniendo un proceso genocida para asegurar el control y el despojo de las riquezas colombianas. Pablo Casas, director de un estudio que desarrollara la ONU sobre el tema en el 2006, dijo al respecto que, «La violencia en Colombia no es indiscriminada ni generalizada, es altamente selectiva». Esto se debe a que la injerencia estadounidense impuso al país su “doctrina del enemigo interno”, (ahora actualizada en la “doctrina militar Damasco” en el 2016, como un “sistema de amenazas permanente”) que ha fundamentado el nacimiento y crecimiento del paramilitarismo como estrategia imperialista y justificado las reiteradas violaciones de derechos humanos cometidas por la Fuerza Pública. Pero también esas armas y tecnologías se utilizan para espiar y atacar a Venezuela en las últimas dos décadas, realizar atentados en Ecuador y contra Ecuador como el bombardeo en Sucumbíos, y hasta para asesinar presidentes como el haitiano, Jovenel Moise.
Grandes empresas trasnacionales de armas y de servicios militares y de seguridad tienen sus principales sucursales latinoamericanas en este país, incluso dentro de bases militares como por ejemplo, Sirkosky, compañía de Looked Martin que vende sus helicópteros Black Hawk, equipos y servicios desde la Base de la Fuerza Aérea ubicada en Melgar, Cundinamarca, a clientes de todo el continente. Lo que señalan las cifras de todos los estudios serios es que donde circulan armas legales, circula un número mayor de armas ilegales porque, entre otras cosas, generan muchas más ganancias a los poderosos mercaderes de la guerra.
Es imposible calcular el monto exacto del mercado ilegal de armas en Colombia, pero habría que comenzar por decir que es el país que más armas y financiamiento para comprarlas, así como tecnología de guerra, ha recibido de los Estados Unidos en toda la región. Los recursos enviados a Colombia son milmillonarios y muchos ocultos, en parte porque esas “ayudas” se usan para lavar capitales de los propios países del Norte y también porque sería muy difícil justificar ante la opinión pública su necesidad de mantener sumergido en la guerra a este país lleno de riquezas naturales y geoestrategicamente ubicado para controlar Nuestra América.
Según la Dirección Nacional de Planificación del gobierno colombiano, tan sólo el Plan Colombia significó la “inversión” de 9.600 millones de dólares por parte de los Estados Unidos, de los cuales el 72% fue destinado a la Fuerza Pública. Cada año el gigante imperialista aprueba montos que rondan los 400 millones de dólares para seguir apoyando la militarización y paramilitarización del país lo que se traduce en genocidio y desplazamiento forzado.
Los principales proveedores de armas del país son Estados Unidos, Israel y Francia. Por lo que circulan en el territorio nacional fundamentalmente armas y tecnología de guerra de estos tres países. Sin embargo, un estudio del 2017 señala que más del 70% de los homicidios en Colombia se cometen con armas de fuego ilegales procedentes de, al menos, veinte países.
El narcotráfico y el paramiltarismo consumen la mayor parte de esas armas. También las compran los grupos insurgentes y, por supuesto, los incontables grupos delincuenciales de distinta índole. Pero ese mercado ilegal de armas también nutre al propio Estado, tanto para ejecutar acciones irregulares que involucran a actores regulares de la Fuerza Pública, como para actividades ilegales realizadas por otras instituciones del Estado.
Tal es el caso del software espía de fabricación israelí llamado “Pegasus” en el año 2021, sobre el cuál surgieron recientemente evidencias de su compra realizada en efectivo, con 11 millones de dólares inorgánicos presumiblemente provenientes de narcotráfico (aunque luego el propio Joe Biden se hizo cargo del gasto), en efectivo, en un avión, sin dejar ningún tipo de rastro de la transacción. El negocio fue hecho por el gobierno de Iván Duque, pero es sólo una muestra de cómo ese mercado ilegal también es usado por las fuerzas legales de un Estado represor y genocida.
Coinciden en Colombia las causales comunes de este mercado en el mundo: excedentes de otras guerras, robos de arsenales de este u otros países, pero también las ventas directas de empresas de seguridad privada y de empresas legalmente registradas. Lo que se evita mencionar en los estudios oficiales es el incalculable número de armas y tecnología bélica que han sido vendidos directamente por militares activos.
Tan sólo en el 2024 fueron capturados tres suboficiales que según estimó la Fiscalía, obtenían ingresos anuales de más de 300 mil dólares por la venta ilegal de armas y municiones. Casos muy similares se han presentado durante todos los gobiernos, lo que indica que es una actividad sistemática y que muy probablemente quienes han sido capturados hasta ahora son apenas la punta del iceberg, un pequeño eslabón de la cadena.
El negocio es tan próspero que en el año 2006, por ejemplo, Antonio María Costa, director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), instó al gobierno colombiano a “fortalecer el control de armas endureciendo los castigos para el tráfico y portación ilegal”.
Mientras el narcotráfico y la siembra de coca tiene una tendencia sostenida al crecimiento dentro del territorio colombiano que se mueve entre el 10% y el 50% anual desde la década de los 90 según las cifras de la ONUDD, es lógico pensar que el tráfico de armas ha tenido un aumento proporcional.
Si se observa el cuadro adjunto, por ejemplo, podrá notarse que el número de armas ilegales en Colombia pasó del 5.4% en 1994 al 8.6% en 2017. Basándonos en esas últimas cifras y suponiendo que una sola persona pueda tener de una a dos armas ilegales, podríamos pensar que, actualmente, de los más de 53 millones de habitantes, entre 2.2 millones y 4.5 millones de personas poseen armas ilegales. Una cifra que devela lo que las corporaciones mediáticas tratan de ocultar: Colombia vive la guerra más cruenta del continente y a los grandes poderes económicos no les interesa verla en Paz porque, para ellos, la muerte no es más que un negocio imprescindible para sostener el sistema capitalista.
* María Fernanda Barreto es comunicadora y escritora colombo-venezolana. Directora de la Plataforma Comunicacional “Huele a Azufre”.
