Ecuador: de la desinstitucionalización a la crisis electoral de 2025
Por Edwin Jarrín Jarrín*
Desde la consulta popular de febrero de 2018, el Ecuador ha atravesado un proceso acelerado de desinstitucionalización que ha debilitado profundamente el Estado de derecho. En un inicio, el argumento oficial para la consulta fue la «recuperación de la democracia» y el «fortalecimiento institucional», sin embargo, la ejecución de sus resultados derivó en la concentración del poder en manos del Ejecutivo y la remoción masiva de autoridades sin el debido proceso. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) se convirtió en un supra-poder que, sin control constitucional ni legislativo, cesó a las autoridades de control y designó nuevas figuras en procesos irregulares. Este fue el punto de partida para la fragilidad institucional que hoy, en el contexto electoral de 2025, ha permitido la violación sistemática de las normas sin consecuencias para los infractores.
El voto salvado del juez Eugenio Raúl Zaffaroni en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2018 plantea un escenario crítico sobre el destino de la democracia en Ecuador. En su opinión, se advierte que la remoción arbitraria de consejeros y la falta de garantías judiciales no solo erosionan la institucionalidad, sino que también sientan las bases para una concentración totalitaria del poder.
Según Zaffaroni, las democracias deben ser plurales y no pueden ampararse en resultados coyunturales mayoritarios para suprimir los derechos de las minorías, lo que en Ecuador ha sido evidente con la captura de los organismos de control. Además, advierte que la inacción del Estado en garantizar un control judicial efectivo es una falla grave que habilita su propia destrucción. Palabras premonitorias del jurista que se han ido cumpliendo a detalle.
El Desmoronamiento de la Institucionalidad Democrática
La actuación del CPCCS-T sentó un precedente en el que cumplir la Constitución y las leyes pasó a ser un obstáculo fácilmente removible por intereses particulares y de grupos. Entre sus decisiones más graves estuvieron:
- La destitución inconstitucional de la Corte Constitucional, sin que existiera un mecanismo legal que lo permitiera, generando un vacío que paralizó la justicia constitucional.
- La remoción del Consejo de la Judicatura reemplazados sin concurso ni transparencia, consolidando el control del Ejecutivo sobre el sistema judicial.
- La consecutiva designación de la máxima autoridad de Fiscalía General del Estado designando y posesionando sin tener ninguna competencia para hacerlo, hasta que finalmente nombro la titular sin concurso publico de méritos y oposición como determina la Constitución.
- El nombramiento de autoridades electorales sin el debido proceso, primero encargadas y luego definitivas lo que aseguró el manejo a conveniencia de control de las élites en las futuras elecciones.
Mientras que la justicia obsecuente al poder de turno se mantiene en una disputa para controlarla, su accionar ha sido la persecución a rivales políticos y no la garantía de paz y seguridad para la ciudadanía. La impunidad en casos de violencia y crimen organizado se mantiene intacta, mientras se priorizan procesos contra figuras de incomodas para el poder.
El deterioro institucional continua con la utilización de la Fiscalía General del Estado como brazo ejecutor de persecución, que ha asumido un rol clave en la intimidación y el hostigamiento a opositores, periodistas, funcionarios judiciales y activistas que denuncian estas violaciones. La judicialización selectiva de casos, la apertura de investigaciones sin sustento legal y la manipulación de procesos han convertido a esta institución en un brazo represor del gobierno. La falta de autonomía ha convertido el sistema de justicia en un mecanismo de chantaje político.
Durante los consecutivos gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, se instauró un sistema de chantaje y amenazas contra jueces, legisladores y actores políticos críticos al régimen. Se promovieron juicios sin pruebas sólidas y se consolidó la narrativa de la lucha contra la corrupción como un mecanismo de eliminación de adversarios políticos.
Este fenómeno no se revirtió con la llegada de Daniel Noboa al poder en 2023, sino que se profundizó. Noboa, utilizando la estructura de la Fiscalía y el debilitamiento del Consejo de la Judicatura, ha logrado una concentración de poder sin precedentes. Se han manipulado procesos judiciales para consolidar su gobierno y tener opciones de reelección en 2025.
En este escenario de debilitamiento institucional, el actual proceso electoral ha evidenciado la consolidación del abuso del poder. Daniel Noboa, presidente en funciones y candidato a la reelección, ha incurrido en infracciones graves a la normativa electoral, con la complicidad de los organismos encargados de garantizar la transparencia del proceso. Entre los atropellos más relevantes destacan:
- El uso del poder presidencial sin solicitar licencia: La normativa exige que los funcionarios que buscan la reelección pidan licencia sin remuneración, pero Noboa ha continuado ejerciendo su cargo sin restricciones, utilizando los recursos del Estado para su campaña.
- El empleo de infraestructura y medios públicos con fines electorales: Se han realizado eventos de campaña en el Palacio de Carondelet, vulnerando el principio de igualdad de condiciones para todas las candidaturas.
- La emisión del Decreto 500 para evadir la cesión temporal del poder: Designando a una funcionaria de su confianza en lugar de la vicepresidenta constitucional, en una clara violación a la Carta Magna.
- La omisión de las autoridades electorales ante estas irregularidades: El Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) han ignorado las denuncias, evidenciando su sometimiento al Ejecutivo.
Las autoridades electorales presentan además graves conflictos de intereses con el gobierno. La presidenta del CNE tiene su hemano en el servicio exterior nombrado por el actual Ejecutivo, el vicepresidente del organismo tiene un sobrino como proveedor del gobierno de Noboa, y un juez electoral tiene a su hijo como alto dirigente del partido de gobierno. Esta red de influencias pone en entredicho la imparcialidad del proceso electoral.
Es tal la debilidad institucional que no solo que el CNE no ha observado o sancionado que el presidente/candidato no pida licencia, sino que lo invitó como presidente a la inauguración del proceso electoral el día domingo, en una clara muestra de la falta de separación entre el poder electoral y el Ejecutivo.
El Ecuador no solo atraviesa una crisis institucional que le ha robado la democracia al pueblo, sino que enfrenta sus peores crisis en materia de seguridad, economía, derechos humanos y bienestar social. El país vive en un estado de excepción permanente, con decenas de denuncias de asesinatos extrajudiciales por parte de las fuerzas del orden.
La concentración del poder y el irrespeto a la normativa electoral amenazan la esencia de la democracia. Las elecciones de 2025 no solo están viciadas de irregularidades, sino que representan una amenaza para la democracia ecuatoriana. Si el país no logra frenar esta tendencia, se corre el riesgo de perder definitivamente los principios de separación de poderes y de autonomía institucional. Si las instituciones no recuperan su independencia y si la comunidad internacional no interviene con firmeza, el país se encamina a un modelo autoritario disfrazado de democracia. La impunidad de hoy marcará el destino de las futuras generaciones.
*Edwin Jarrín Jarrín es analista organizacional con amplia trayectoria en el fortalecimiento de la participación ciudadana, el control social y la gobernabilidad. Ha ocupado altos cargos en el sector público ecuatoriano, incluyendo el Ministerio de Gobierno, la Secretaría Nacional de Transparencia y la Secretaría Nacional de Comunicación, además de ejercer como Jefe de Despacho Presidencial. Fue Vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A nivel internacional, lideró iniciativas en UNASUR, FLACMA y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Su labor también abarca el desarrollo de capacidades en organizaciones sociales, indígenas y Gobiernos Autónomos Descentralizados en Ecuador y América Latina.
