JEP imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a generales, oficiales y suboficiales del Ejército por falsos positivos en Antioquia
Por Heidi Tamayo Ortiz
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció este miércoles 19 de febrero el segundo acto de determinación de hechos y conductas del subcaso Antioquia, referido a los asesinatos y desapariciones forzadas en el departamento entre los años 2004 y 2007, que fueron atribuidos a exintegrantes de la Cuarta Brigada del Ejército.
Así, el alto tribunal imputó crímenes de guerra y lesa humanidad de homicidio y desaparición forzada a cuatro generales, 25 oficiales y 10 suboficiales que integraron dicha brigada del Ejército. Esto, por su presunta responsabilidad en 442 “falsos positivos” en Antioquia, de los cuales 26 fueron en contra de víctimas menores de edad.
De acuerdo con el auto dado a conocer este miércoles por los magistrados Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, y Catalina Díaz, vicepresidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, es la primera vez que en una imputación por ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, la Sala de Reconocimiento confirma que se cometieron actos de tortura contra las víctimas directas o sus familiares. “Ocurrió en 22 casos con 41 víctimas, especialmente campesinos del Oriente Antioqueño, que fueron arbitrariamente acusados por los militares de ser guerrilleros, milicianos o colaboradores de las guerrillas, y torturados para que les entregaran información, material de guerra o a otros miembros de la guerrilla que supuestamente escondían”, se lee en el auto de determinación.
Asimismo, las imputaciones se dan en contra de los exmilitares por ser los presuntos responsables de liderar y participar en “una política de conteo de cuerpos” en la jurisdicción que tenían a su mando, pese a que conocían los riesgos que una política así representaba para la población civil, con lo cual se permitió que se desatara un patrón macrocriminal que terminó con el asesinato y la desaparición de la mayoría de las 442 víctimas que conforman el universo provisional de este subcaso Antioquia y que luego fueron presentadas como falsas bajas en combate.
El magistrado Ramelli recordó que parte de esta política de ejecuciones extrajudiciales se enfocó en atentar contra los ciudadanos más indefensos, como campesinos estigmatizados, población LGBTIQ+, menores de edad, personas desempleadas, personas con discapacidades o habitantes de calle. Recordó el caso del niño Elieéer de Jesús Manco Úsuga, de 12 años, quien fue asesinado en Dabeiba, Occidente antioqueño, y presentado como un guerrillero muerto en combate. Hace poco su cuerpo fue entregado de forma digna a su familia, al igual que otras 14 víctimas de estos hechos en esa zona del departamento.
¿Quiénes son los exmilitares imputados por “falsos positivos” en Antioquia?
Por estos hechos, de acuerdo con el auto presentado por la JEP, fueron imputados los generales en retiro Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria, quienes fueron comandantes y jefe de Operaciones de la Cuarta Brigada del Ejército entre 2004 y 2007. El alto tribunal los halló como presuntos máximos responsables de liderar la mencionada política de facto de “conteo de cuerpos”.
También con los generales fueron imputados otros 35 oficiales y subofiales, quienes fueron declarados responsables de liderar la implementación de esta política o de participar de forma determinante en la ejecución de los crímenes. “Se trata de integrantes de seis batallones de la Cuarta Brigada: Batallón de Infantería No. 4 ´Jorge Eduardo Sánchez´ (BAJES), Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 ‘General Pedro Nel Ospina’ (BIOSP), la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas 5 (AFEUR 5), Batallón de Infantería No. 10 ‘Coronel Atanasio Girardot’ (BIGIR), Grupo de Caballería Mecanizado Juan del Corral (GMJCO) y Batallón de Infantería No. 32 ‘General Pedro Justo Berrio’ (BIPEB)”, indica el auto de determinación.
En medio de la evidencia judicial y la contrastación del acervo probatorio de este caso, la Sala de Reconocimiento de Verdad estableció que desde el primero de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2007 ocurrieron por lo menos 270 hechos con las 442 víctimas, de las cuales 434 fueron asesinadas y 8 sobrevivieron. Del total de víctimas, 203 personas fueron víctimas de desaparición forzada y 41 de ellas fueron torturadas. Estos hechos se dieron, según la JEP, con el fin de presentar los cuerpos como falsas bajas en combate para responder de forma satisfactoria a la presión que ejercían los altos mandos de la Cuarta Brigada y de las distintas unidades militares, para preservar la carrera militar y para obtener prestigio y beneficios.
En el auto también consta que fueron imputados dos terceros civiles que integraban una red criminal dedicada a reclutar a las víctimas y entregarlas a los militares para que las asesinaran, a cambio de sumas de dinero.
Este auto de determinación de hechos y conductas es el séptimo que expide la JEP dentro del Caso 03, que investiga los “falsos positivos” en todo el país y que ha confirmado la existencia de un patrón macrocriminal en Norte de Santander, la Costa Caribe, Casanare, Huila, el Cementerio las Mercedes de Dabeiba y el Oriente Antioqueño. Luego de que el alto tribunal ha esclarecido miles de hechos ilustrativos de dicho patrón, se concentrará ahora en determinar si existieron o no responsabilidades en el nivel nacional. Esto, con el fin de garantizar el derecho a la justicia de las víctimas de Colombia y resolver definitivamente la situación jurídica de más de 4000 antiguos miembros de las fuerzas militares acogidos a esta jurisdicción especial.
Hay que recordar que en agosto de 2023, la JEP había determinado que el general Mario Montoya Uribe, comandante de la Cuarta Brigada para 2002 y 2003, puso en marcha en su jurisdicción la misma política de facto de conteo de cuerpos, por lo cual también le imputaron címenes de guerra y de lesa humanidad a él y a ocho oficiales y suboficiales más del BAJES. Montoya optó por la vía adversarial y fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) del alto tribunal, al igual que el coronel Iván Darío Pineda Recuero. Los otros siete exmilitares imputados, entre ellos un coronel, reconocieron su responsabilidad y se aprestan para la Audiencia pública de reconocimiento de verdad y responsabilidad.
La JEP también recordó que la política de conteo de cuerpos que encontró probada la Sala al interior de la Cuarta Brigada es una política de facto, en tanto que no fue consignada de manera formal en ley, decreto o documento oficial de planeación, sino que fue puesta en marcha por los comandantes militares en las operaciones: “Esta política no está consignada ni surge del documento de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, ni del Plan Patriota, ni del Manual de Estado Mayor 3-50. De hecho, es contraria a lo previsto expresamente en estos documentos oficiales”.
Algunos hechos establecidos en el auto por la JEP
Entre algunas de las consideraciones que se incluyeron en el auto de determinación están, por ejemplo, que el imputado general González Peña les insistía a las tropas, por medio de programas radiales emitidos el 17 y 21 de marzo de 2004, acciones que llevarían a cometer esos crímenes, a través de frases como “Lo único que cuentan son las bajas”, “Las capturas no nos sirven para nada” y “Lo único que sirve es dar de baja al enemigo”, afirmaciones que fueron replicadas por Rodríguez Clavijo con los hombres bajo su mando. “A-6 (…) cuando va a hacer una baja mi mayor, un mayor de infantería y no ha hecho una bajita, si usted no lo hace yo lo meto allá donde esté el enemigo, póngase las pilas mi mayor”, le dijo a la tropa en un programa radial del 14 de diciembre de 2006, según las pruebas de la JEP.
El alto tribunal también estableció que el oficial de Operaciones de la Cuarta Brigada, Juan Carlos Piza Gaviria, ordenaba diariamente: “Tenemos que por lo menos completar las 30 bajas este mes”; “A la fecha 25 de julio llevamos solamente 241 bajas. Si seguimos con esa tónica de tres bajas diarias, al término del mes lograremos completar por lo menos 20 bajas”; “Nos quedan 48 horas para aumentar los resultados. Por lo menos completar los mismos del año pasado. Faltan 8 bajas para completar 30”; entre otras.
Entre otros elementos que encontró la Sala como probados están que la política de facto de conteo de cuerpos incluyó “actas de compromiso” suscritas por los comandantes y miembros de las unidades, en las que se comprometían explícitamente con un número específico de bajas en combate. También que los altos mandos descalificaban las capturas de los insurgentes y ponían por encima las muertes en dichos combates. “La narrativa creada por los mandos y transmitida cotidianamente a sus tropas a través de los programas radiales fue que el buen soldado era aquel que producía bajas”, se lee en el auto.
A esto se suma que la Sala encontró múltiples pruebas de que organizaciones de derechos humanos, entidades del Ministerio Público, familiares de las víctimas y medios de comunicación como EL COLOMBIANO, produjeron alertas en su momento sobre las posibles ejecuciones extrajudiciales, pero que los ahora generales (r) imputados las desestimaron. Sobre ellos, según el auto de la JEP, también había caído información, a lo largo de los años que ocuparon los cargos en la Brigada, de que los hombres a su mando estarían asesinado civiles.
Entre las menciones que hace la JEP están informes de organizaciones diversas de derechos humanos al respecto. “Por ejemplo, el 19 de junio de 2005, el periódico El Colombiano publicó la noticia titulada “Sigue crítica la situación de Antioquia”, en donde incluso se reproduce parte del texto del informe: “Se registraron denuncias de ejecuciones de civiles atribuidas a miembros del Ejército Nacional que posteriormente fueron presentados como guerrilleros muertos en combate. Esta situación se presentó particularmente con miembros de la Brigada IV en Medellín (Antioquia), donde además se denunciaron las alteraciones de la escena del crimen, así como en el Oriente Antioqueño. Son representativas de esto la masacre de cuatro campesinos, entre el 31 de diciembre de 2003 y el 1.º de enero de 2004, en Granada”.
¿Quiénes fueron las víctimas de estos falsos positivos y qué sigue para los militares imputados?
De acuerdo con el auto de la JEP, las víctimas de los hechos por los cuales se imputó a los exmilitares eran casi todos hombres jóvenes (413 de las 442 víctimas) y 19 mujeres (15 de ellas asesinadas en el Oriente antioqueño). Como ya se dijo, de ese total 26 eran niños y niñas. Además, la mayoría de las víctimas eran campesinos, habitantes de barrios populares de Medellín y el área metropolitana y personas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.
La región más afectada por estos crímenes fue el Oriente antioqueño, con 182 de los casos, pero en los años que cobija este auto también se estableció la consolidación de otros dos nodos del patrón criminal: uno en el Valle de Aburrá, con 122 falsos positivos, y otro en el norte de Antioquia, con 62 víctimas. La Sala también documentó 37 casos en el Suroeste, 35 en el Occidente y 2 en el Bajo Cauca.
A los familiares de las víctimas asesinadas, desaparecidas y presentadas como bajas en combate les tocó cargar con secuelas físicas, como enfermedades, pero también problemas de salud mental, así como dificultades económicas y una alta estigmatización en las comunidades, luego de que sus seres queridos fueran señalados como guerrilleros.
Ahora, los 41 exmilitares imputados tienen un plazo de 30 días hábiles para aceptar o rechazar los delitos, también pueden presentar información o argumentos adicionales. Por su parte, las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo lapso para hacer observaciones sobre lo determinado en esta decisión judicial.
En caso de que los comparecientes acepten los cargos, la JEP convocará una audiencia pública para que reconozcan su responsabilidad y aporten verdad ante el país, lo que, de ser declarado como efectivo por la Sala les permitirá resolver su situación jurídica. “Antes de determinar las labores, obras y actividades que deberán cumplir como parte de su sanción, la cual será monitoreada y verificada, esta instancia del tribunal se asegura de que la sentencia garantice los derechos de las víctimas, ofrezca seguridad jurídica a los comparecientes y cumpla con los estándares internacionales”, indicaron desde la JEP.
En caso de que los comparecientes rechacen su responsabilidad en estos hechos y opten por la vía adversarial, como lo hizo el general Montoya, serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, para que esta decida si los acusa ante el Tribunal para la Paz. Tendrán un juicio con todas las garantías y, si son hallados culpables, podrían enfrentarse a penas de hasta 20 años de cárcel.
El presidente Ramelli recordó que las investigaciones no son solo en contra de exintegrantes de las Fuerzas Militares, sino también en contra de antiguos miembros de las extintas Farc. Dijo que la JEP ha imputado a los antiguos integrantes del último secretariados de las Farc por mas de 20.000 secuestros, 18.600 reclutamientos de menores de edad, violencia sexual, abortos y anticoncepción, hechos que no contaban con ninguna condena en la justicia del país.
Líder indígena fue asesinado por un grupo armado ilegal en Páez Inzá, Cauca
Por Michel Romoleroux Halaby
Organizaciones indígenas denunciaron el asesinato de un líder social en Páez, Cauca. Se trata de Jacinto Chocue, reconocido médico tradicional y sabedor ancestral del territorio de San Vicente de Togoima.
Los hechos ocurrieron este martes 18 de febrero alrededor de las 10 de la mañana, en el territorio de Angelina Gullumus, vereda San Vicente de Togoima, en Tierradentro.
“Rechazamos los actos de barbarie que se presentó el día 18 de febrero del año en curso, en la cual, fue impactado con arma de fuego tipo escopeta el Mayor Jacinto Chocué, quien realizaba las labores de sabedor ancestral, fue atacado por la espalda en la vereda san Vicente, recibiendo el disparo con tres perforaciones de perdigones en la parte baja de la cabeza sobre la médula espinal lo que le produce la muerte, quedando a la orilla del camino en el paso de un riachuelo. El mayor vivía en San Vicente de Togoima, presuntamente su muerte fue entre las 9:30 a las 10:30 de la mañana del día”, mencionaron desde el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).
La organización indígena manifestó su profundo rechazo ante esta acción, “que causa desequilibrio en el territorio, toda vez, que son nuestros The Wala quienes los armonizan, este etnocidio va en contra a la protección, de los derechos fundamentales a la vida, la convivencia pacífica y el respeto mutuo y el equilibrio en nuestro territorio”.
“Expresamos nuestra solidaridad y brindamos apoyo emocional a la familia, es inaceptable que estos hechos se sigan presentando en nuestro territorio, es por ello, que rechazamos y condenamos estos actos cobardes y degradantes que perturban y limitan la armonía de nuestro territorio, buscando generar temor a quienes desarrollan tan importante labor y los ponen en riesgos derechos fundamentales como la dignidad, la vida y el libre ejercicio de escoger la profesión, el cual se ha venido vulnerando en las diferentes zonas de los territorios indígenas del departamento”, agregó el Cric.
Recordaron el intento de asesinato del comunero Rodrigo Astudillo el pasado 28 de enero y el intento de estrangulamiento a una comunera en la noche del 18 de febrero en ese territorio.
“Denunciamos y exigimos de manera urgente a todos los entes de control nacional e internacional, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la alta Consejería de Derechos Humanos de la presidencia de la República, Naciones Unidas, Cruz Roja Internacional y a las demás instituciones a nivel departamental, nacional e internacional que en el marco de sus competencias tomen las acciones pertinentes”, finaliza el texto.
La Defensoría del Pueblo ya había emitido la Alerta Temprana 029/20 y su informe de seguimiento que incluye el municipio de Páez, así como la Alerta Temprana 019/23 para líderes/as y defensores de Derechos Humanos en las cuales señala el escenario de riesgo al que se enfrentan personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos y el liderazgo social de manera individual o colectiva desde diversos ámbitos o sectores en el país. La imposición de normas y otras formas de control social por parte de los grupos armados significan un permanente riesgo de violación a los derechos de la población.
Algunos de los grupos que delinquen en la zona son el frente ‘Dagoberto Ramos’ del Bloque Occidental del autodenominado del Estado Mayor Central (EMC) y bandas de carácter local.
Según el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), con el asesinato de Jacinto Chocue, ya son 23 los líderes asesinados en lo que va del año en el país. En el Cauca, van cuatro.
¿Quién es el nuevo Mindefensa y hace cuánto Colombia no tenía a un militar en el cargo?
Por Gelitza Rocío Jiménez Cerquera
El nuevo ministro de Defensa militar, el Mayor General Pedro Sánchez de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, reemplaza a Iván Velásquez, quien renunció a su cargo de manera irrevocable a principio del mes de febrero.
El alto oficial es nacido en el municipio de Boavita (Boyacá), tiene más de 32 años de servicio a la institución y ha ocupado diversos cargos de relevancia en las Fuerzas Militares de Colombia.
A finales del año pasado, el general Sánchez lideró el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, donde fue responsable de la exitosa Operación Esperanza, en el rescate de los cuatro niños indígenas que habían estado perdidos durante 40 días en la selva del Guaviare, tras un accidente aéreo.
En enero de 2025, el presidente Gustavo Petro designó al general Sánchez como nuevo jefe de seguridad del presidente y su familia, reemplazando al coronel Carlos Feria en la Jefatura de Protección Presidencial, involucrado en el caso del polígrafo a Marelbys Meza, ex niñera de la canciller Laura Sarabia.
A lo largo de su carrera, el general Sánchez ha ocupado importantes posiciones, incluyendo comandante del Comando Aéreo de Combate No. 4 en Melgar, Tolima, y segundo comandante y jefe de Estado Mayor del Comando Aéreo de Combate No. 5 en Rionegro, Antioquia. Además, fue director del Centro de Doctrina Aérea y Espacial de la FAC.
Desde hace más de 30 años, Colombia no tenía un ministro de Defensa militar, quien fue Óscar Botero, un general del Ejército Nacional, designado por el entonces presidente Virgilio Barco en 1991.
Probablemente, podría haber cambios dentro de la cúpula militar de las Fuerzas Militares, tras la llegada del nuevo ministro de Defensa Militar; y lo que podría generar un Remezón dentro de las Fuerzas Militares, por la posible salida de generales antiguos.
Entre esos cambios estarían el comandante Fuerzas Militares, el Almirante Francisco Cubides, comandante Armada Nacional, Almirante Juan Ricardo Rozo, el comandante Fuerza Aeroespacial Colombiana, general Luis Carlos Córdoba; el comandante Ejército Nacional, el general Luis Emilio Cardozo, el comandante de jefe Estado Mayor de Operaciones, el general Hugo López.
