Perú: derechos recortados por una coalición mafiosa – Por Veronika Mendoza

Perú: derechos recortados por una coalición mafiosa

Por Veronika Mendoza

Con el “autogolpe” de Alberto Fujimori de 1992 y la instauración de la Constitución neoliberal de 1993, se consolidaron en el Perú las políticas del Consenso de Washington de privatización, liberalización económica, desregulación y reducción del Estado. Luego, con la recuperación de la democracia en el año 2000, aunque se juzgó y sancionó a Fujimori y a sus secuaces por la corrupción generalizada y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, lo cierto es que, más allá de algunas reformas institucionales puntuales, los gobiernos sucesivos siguieron aplicando el modelo neoliberal. Fue una transición trunca que, década y media después, tras el boom de los commodities, mostraría sus límites: tras la fachada de crecimiento económico y prosperidad, por dentro, la corrupción, el debilitamiento institucional y la precarización de la vida carcomían el edificio, hasta que empezó a derrumbarse. A la inestabilidad política -6 presidentes se sucedieron en 6 años-, se sumó la crisis económica reflejada en un constante incremento de la pobreza postpandemia y, ahora, la creciente ola de criminalidad.

Así, el hambre y el crimen organizado empezaron a convertirse en las preocupaciones principales de las familias peruanas. El Perú encabeza el ranking sudamericano de inseguridad alimentaria, con 51,7% de personas que en el último año tuvieron que dejar de comer una o más veces al día o incluso días enteros por falta de recursos económicos. Son particularmente dolorosas las cifras de anemia infantil que afecta a 43% de niños y niñas entre 6 y 35 meses de edad, con un alarmante 70% en Puno o 60% en Ucayali, en el marco de una tendencia al alza en los últimos 5 años. En cuanto a la inseguridad, aunque la tasa de homicidios en el Perú es menor a la de países como México o Colombia, se ha registrado un incremento alarmante en los últimos años: el 2024 se registró 2126 homicidios, 35% más que el año anterior, 84% con arma de fuego, 53% relacionados a hechos de sicariato. Así, el ejercicio de derechos tan fundamentales como el derecho a la alimentación y a la salud, a la vida y la integridad está en franco retroceso en el Perú.

Aunque es un tema que aparece menos apremiante por ahora, el derecho al agua está lejos de estar garantizado, con un 10 % la población que no tiene agua potable y 23 % que no accede al alcantarillado, situación que se agrava por la contaminación ambiental y, cada vez más, por los impactos del cambio climático, en particular, la acelerada pérdida de la superficie glaciar: 48% en los últimos 38 años.

Si bien la afectación de los derechos mencionados está relacionada a condiciones más estructurales, la coalición mafiosa, autoritaria y conservadora hoy en el poder se ha empecinado en contrarreformas y recortes de derechos con el afán de asegurar su impunidad y sus negocios, generar caos y violencia para mantener asustada y aturdida a la ciudadanía y justificar sus políticas de control y represión. Solo a manera de ejemplo –porque la lista de sus fechorías sería interminable- cabe mencionar los proyectos que pretenden eliminar el Ministerio de la mujer y la educación sexual integral; la ley (ya aprobada) que, en la práctica, formaliza la tala ilegal a posteriori; y un paquete completo de medidas “procrimen” que excluyen de la normativa de crimen organizado a delitos tan graves como la trata de personas, el tráfico de órganos o la extorsión, o la ley que obliga a advertir previamente al investigado y a su abogado antes de un allanamiento o levantamiento de información financiera, la ley que declara la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2022, entre muchas otras. Pero no se trata solo de un cambio de normas sino también de “nuevas prácticas”. El asesinato de la presunta reclutadora de una red de prostitución que operaba en el Congreso y la extraña muerte de un proveedor de conservas insalubres para un Programa de alimentación escolar que involucra al vocero de Dina Boluarte, han despertado sospechas de que un equipo de aniquilamiento selectivo podría estar operando a favor de la coalición mafiosa.

Todo ello ha consolidado el rechazo ciudadano a Boluarte y el Congreso que rondan el 3% y el 5% de “aprobación” respectivamente. Sin embargo, a pesar de esta ilegitimidad el régimen ha logrado sostenerse a sangre y fuego, asesinando, reprimiendo y criminalizando a líderes sociales, políticos y ciudadanos por ejercer su derecho a la protesta. Los 50 asesinatos perpetrados por las fuerzas del orden durante el estallido social de diciembre 2022-marzo 2023 siguen en la impunidad.

Aún faltan 15 meses para el siguiente proceso electoral nacional y, aunque esta podría ser la oportunidad de un cambio de rumbo, lo cierto es que la coalición mafiosa está capturando el Sistema electoral para controlar dicho proceso. Por ello es que los esfuerzos de construcción de un frente político electoral con suficiente amplitud y fuerza para enfrentar a la mafia, son fundamentales, al mismo tiempo que una firme voluntad de cambio para revertir las más de 60 modificaciones constitucionales perpetradas por la coalición mafiosa a favor del crimen y construir a un nuevo pacto social que garantice la plena vigencia de los derechos humanos.

Cusco, 30 de enero 2025

Verónika Mendoza es antropóloga con trabajo de investigación, sistematización de experiencias, docencia y facilitación de talleres en temas relacionados a derechos de los pueblos indígenas, interculturalidad y gobernanza territorial. Congresista de la República representante de la región Cusco en el periodo 2011-2016. Excandidata a la presidencia de la República.