Guatemala: democracia en peligro – Por Aryeh Neier y Amrit Singh
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Aryeh Neier y Amrit Singh*
La asunción del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, el año pasado significó el renacimiento de la democracia en un país notoriamente corrupto. Esfuerzos concertados de las élites amenazan ahora con derrocarlo bajo cargos falaces—y regresar a una era de represión.
El 6 de noviembre de 2024, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, felicitó al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, por su victoria y declaró su intención de seguir “trabajando con los Estados Unidos para fortalecer nuestros lazos en las causas y bajo los principios comunes que históricamente nos han unido como naciones”. Para Arévalo, esas “causas” incluyen la democracia y el estado de derecho. Activista contra la corrupción y defensor de la necesidad de implementar reformas, Arévalo obtuvo un triunfo aplastante en las elecciones generales de Guatemala de 2023 a pesar de los vigorosos intentos de impedirlo por parte de las poderosas élites nacionales identificadas comúnmente como el Pacto de Corruptos.
Guatemala es uno de los países más corruptos del mundo. Ocupaba el puesto 154 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International de 2023. Durante años, los funcionarios de gobierno se dedicaron a usufructuar sus cargos para acumular poder y fortuna personal, mientras empleaban el aparato de justicia para aplastar a quienes abogaban por el estado de derecho. Los 17.6 millones de habitantes de Guatemala, y en particular sus comunidades indígenas, que constituyen casi la mitad, sufren en carne propia las consecuencias de esa corrupción generalizada. Un 55 por ciento vive en la pobreza. Esa cifra se estira hasta el 80 por ciento en las regiones predominantemente indígenas, donde el acceso a los servicios públicos es la mitad del disponible en las zonas no indígenas. Casi el 50 por ciento de los niños menores de cinco años en Guatemala padecen desnutrición crónica –una de las tasas más altas del mundo. Sin importar cuán estrechos son los lazos que los atan a sus comunidades, la falta de asistencia a los pobres les deja pocos incentivos para quedarse en Guatemala.
Que un activista contra la corrupción como Arévalo ganara la presidencia fue poco menos que un milagro. En la primera ronda de las elecciones, celebrada el 25 de junio de 2023, Arévalo sorprendió a todos al terminar segundo, detrás de la candidata del establishment local, la ex primera dama Sandra Torres. El resultado le permitió pasar a la segunda ronda. Aunque los observadores internacionales de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA) no advirtieron irregularidades, varios partidos políticos denunciaron ante la Corte de Constitucionalidad que se había producido un fraude electoral. Comprometido con el Pacto de Corruptos, el tribunal adoptó la medida sin precedentes de suspender el anuncio oficial del resultado y ordenar un recuento de los votos. Solo después de que el Tribunal Supremo Electoral, máxima autoridad del país en la materia, realizara el recuento y convalidara el resultado, éste fue proclamado formalmente.
No obstante ello, el Ministerio Público que lidera María Consuelo Porras, miembro crucial del Pacto de Corruptos, continuó oponiéndose a la candidatura de Arévalo. El 12 de julio de 2023, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que reporta a Porras, logró que la justicia prohibiera al Movimiento Semilla de Arévalo participar en la segunda ronda electoral alegando irregularidades en la lista de firmas con las que se había registrado como partido político. El 21 de Julio, la FECI allanó la sede de Semilla así como la del Tribunal Supremo Electoral con el presunto objetivo de buscar pruebas.
Eventualmente, la Corte de Constitucionalidad autorizó a Semilla a participar en la segunda ronda, que Arévalo ganó el 20 de agosto de 2023 con el 60 por ciento de los votos, superando ampliamente el 39 por ciento de Torres –lo que puso la vida de aquél en peligro. Días después de la victoria, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo autónomo de la OEA, pidió al gobierno de Guatemala que diera mayor protección a Arévalo y a la vicepresidenta electa, Karin Herrera, por considerar que se hallaban “en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable”.
El Pacto de Corruptos prosiguió con sus tácticas obstruccionistas. El 28 de agosto, el Registro de Ciudadanos suspendió el estatus legal de Semilla como partido político y dos días más tarde el Congreso de Guatemala impuso a los diputados electos de Semilla que asumieran como legisladores “independientes” sin afiliación partidaria. Dos semanas y media más tarde, la FECI allanó una vez más la sede del Tribunal Supremo Electoral, violando varias urnas electorales y fotografiando su contenido sin el permiso del Tribunal. En diciembre de ese mismo año, la FECI declaró que las elecciones debían ser anuladas. Más tarde, alegó que jueces del Tribunal habían cometido fraude y faltado a su deber al utilizar un software por el que se habría pagado un sobreprecio para transmitir los resultados electorales provisionales y pidió que se les quitara su inmunidad legal, en un claro intento por presionarlos para que no convalidaran la victoria de Arévalo.
Los observadores electorales de la OEA declararon que el allanamiento ordenado por la Fiscalía carecía de justificación y atacaba “las funciones, independencia y autonomía del órgano electoral”, y condenaron la “fabricación artificial de crímenes y de acusaciones” de la FECI como “prácticas intimidatorias” que buscaban “sembrar dudas sobre el proceso electoral y los resultados de la voluntad popular expresada inequívocamente en las urnas en ambas vueltas electorales”. No obstante, el 1 de diciembre de 2023 el Congreso retiró su inmunidad a cuatro jueces del Tribunal Supremo Electoral, tras lo cual éstos huyeron del país. Una semana más tarde, montado en sus previas acusaciones de irregularidades en el registro de Semilla, el Ministerio Público pidió a la justicia que retirara la inmunidad legal de Arévalo y que invalidase las elecciones. La OEA denunció la maniobra como un “intento de golpe de Estado por parte del Ministerio Público de Guatemala”. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó igualmente la medida como un intento de “anular el resultado de las elecciones generales”.
A medida que el Pacto maniobraba para suprimir el triunfo de Arévalo, las comunidades indígenas de Guatemala adquirieron un rol crucial en la defensa de la democracia, poniéndose al frente de las protestas en todo el país, cantando, levantando banderas, bloqueando caminos, acampando fuera del Ministerio Público y reclamando que se respetara el voto y que Porras renunciara. Sanciones anunciadas por los Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá contra varios de los miembros del Pacto sumaron presión. El 14 de diciembre, la Corte de Constitucionalidad ordenó que se permitiera a Arévalo, Herrera y demás funcionarios asumir sus puestos el 14 de enero de 2024. Al mismo tiempo, en un reconocimiento a la influencia del Pacto, la Corte no impidió que el Ministerio Público continuara sus investigaciones contra el presidente electo.
La asunción de Arévalo estaba programada para las 3 PM del 14 de enero de 2024. Aunque una última maniobra opositora la retrasó nueve horas, la ceremonia se convirtió en un símbolo del renacimiento de la democracia en Guatemala. Para hallar un momento similar hay que remontarse al inicio de los “Diez Años de Primavera” (1944–1954) que siguieron al derrocamiento de Jorge Ubico, un dictador militar que había mostrado simpatías fascistas durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Semilla había adoptado su nombre, en parte, en referencia a esa primavera democrática, durante la cual, en 1945, Juan José Arévalo, padre de Bernardo, se convirtió en el primer presidente elegido en forma democrática.
Juan José Arévalo no era marxista, pero se definía como un “socialista espiritual”. Su gobierno y el de su sucesor, Jacobo Árbenz, promovieron novedosos programas de asistencia social que aumentaron los salarios de los trabajadores industriales y agrícolas. El gobierno de Árbenz también legalizó al Partido Comunista, que obtuvo cuatro bancas en el Congreso y apoyó, con la mayoría, el Decreto 900, la polémica Ley de Reforma Agraria. Adoptada en 1952, la ley disponía la expropiación de tierras no explotadas por los grandes terratenientes y su redistribución entre las familias campesinas. El mayor propietario de tierras de Guatemala, por lejos, era una corporación norteamericana, la United Fruit Company, que cultivaba bananas en una pequeña porción de ellas y dejaba el resto en barbecho. Casi tres cuartas partes de sus terrenos fueron expropiados. Como la compañía los había subvaluado enormemente con el fin de pagar menos impuestos, recibió una compensación mínima por ellos.
Con la ayuda de fuerzas de los Estados Unidos decididas a combatir la amenaza del comunismo donde fuera que éste asomara la cabeza, la United Fruit promovió un golpe contra el gobierno de Árbenz. Dos ex socios del bufete legal de Nueva York que representaba a la compañía, John Foster Dulles y su hermano Allen, eran para entonces Secretario de Estado y director de la CIA. En 1953, Allen Dulles había impulsado la operación encubierta de la Agencia que eventualmente derrocó al primer ministro de Irán, Mohammed Mossadegh, elegido democráticamente, luego que éste nacionalizara la Anglo-Iranian Oil Company. En 1954 la CIA repitió el esquema en Guatemala. Ambos golpes pueden ser considerados los ejemplos más extremos de intervención de la CIA en asuntos internos de otros países.
En las tres décadas que siguieron al golpe, Guatemala pasó por una serie de gobiernos liderados sobre todo por militares, conocidos por sus graves violaciones a los derechos humanos. La desaparición como forma de represión parece haberse originado en Guatemala y extendido desde allí a otros países de América Latina. Las insurgencias de izquierda comenzaron a desarrollarse en el altiplano guatemalteco en ese período.
La violencia represiva en las zonas urbanas alcanzó un pico durante la presidencia del general Fernando Romeo Lucas García, iniciada en 1978. Bajo su régimen, escuadrones de la muerte de derecha asesinaron y desaparecieron a miles de personas. En la misma época, las Fuerzas Armadas pasaron a concentrarse en la lucha contrainsurgente. Comenzaron los reportes de masacres en el campo y grandes cantidades de campesinos empezaron a escapar de sus pueblos hacia zonas todavía no tocadas por el conflicto, o, cruzando la frontera, hacia el estado mexicano de Chiapas.
Efraín Ríos Montt llegó al poder en marzo de 1982 mediante un golpe que lo convirtió en líder de una junta militar. Durante los diecisiete meses de su gobierno, las Fuerzas Armadas perpetraron numerosas masacres, la mayoría de ellas en el altiplano donde los grupos guerrilleros estaban más activos. Muchas de las víctimas eran residentes sospechados de proveer reclutas, comida o atención médica a la guerrilla, pero hubo casos en que los militares mataron a todos los habitantes de un poblado sin distinción. La región donde se estima que tuvo lugar el mayor número de matanzas es conocida como el Triángulo Ixil, porque incluye tres pequeñas localidades, Nebaj, Chajul y Cotzal, y la mayoría de la población maya habla el ixil. También las guerrillas cometieron considerables abusos contra pobladores que tal vez rechazaban su accionar, aunque no, según los registros disponibles, masacres similares a las realizadas por los militares.
Haciendo oídos sordos a la carnicería que ocurría en el campo, el gobierno de Ronald Reagan afirmó que había grandes avances en materia de derechos humanos en Guatemala porque había bajado la cantidad de desapariciones y asesinatos a manos de escuadrones de la muerte en la capital, Ciudad de Guatemala. Reagan viajó a América Central en diciembre de 1982 y se reunió con Ríos Montt en Honduras, donde afirmó que “el presidente Ríos Montt es un hombre de una gran integridad personal” y “compromiso con la democracia”. “Sé que quiere mejorar la calidad de vida de todos los guatemaltecos y promover la justicia social”, dijo. Históricamente, Reagan declaró que las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos eran “embustes”.
Ríos Montt fue derrocado por otro golpe militar en agosto de 1983. Bajo su sucesor, Óscar Mejía Víctores, las masacres rurales declinaron, pero las desapariciones y asesinatos por parte de escuadrones de la muerte aumentaron en las ciudades. Guatemala volvió a tener gobierno civil tras las elecciones generales de diciembre de 1985, que convirtieron en presidente al democristiano Vinicio Cerezo. Aunque su llegada alentó esperanzas de que acabara la violencia y durante su gobierno los abusos se hicieron menos frecuentes que bajo los regímenes militares, los asesinatos y desapariciones continuaron, y Cerezo no intentó enjuiciar a los responsables.
En la última etapa de su presidencia, se inició un lento e intermitente proceso de paz con los grupos guerrilleros del altiplano. No hubo muchos progresos hasta la asunción del presidente Álvaro Arzú, a principios de 1996. Empresario que se había desempeñado como alcalde de Ciudad de Guatemala, Arzú convirtió el acuerdo de paz en prioridad de su gobierno y logró firmarlo a fin de ese año.
Uno de los puntos más significativos del acuerdo fue la formación de una Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH). Para algunos, parecía un organismo débil porque no estaba autorizado a identificar a quienes habían cometido crímenes y carecía de poder para obligar a nadie a dar testimonio. En respuesta, la iglesia católica lanzó su propia investigación sobre violaciones a los derechos humanos bajo la dirección del obispo Juan Gerardi, la figura eclesiástica más activa en la materia. Gerardi elaboró un informe de 1.400 páginas titulado “Guatemala: Nunca más” que documenta los casos de 52.427 víctimas de tortura, violación, desaparición o asesinato.
El informe estimó en 150.000 las muertes y en 50.000 las desapariciones derivadas del conflicto armado en los treinta y seis años previos, y concluyó que las fuerzas gubernamentales eran responsables de un 80 por ciento de las primeras. Alrededor de un 80 por ciento de los crímenes documentados en el informe ocurrieron entre 1980 y 1983, bajo las presidencias de Lucas García, Ríos Montt y Mejía Víctores; más de la mitad tuvo lugar en el departamento de El Quiché, que incluye al Triángulo Ixil. Dos días después de la publicación del informe, Gerardi fue encontrado muerto a golpes en el estacionamiento de su casa parroquial. Tres militares fueron condenados por su asesinato en 2001.
La CEH, encabezada por el jurista alemán Christian Tomuschat –elegido para el cargo por el secretario general de las Naciones Unidas Kofi Annan–, emitió su informe en 1999. Comprobó más de 200.000 muertes en el conflicto armado y atribuyó el 93 por ciento de ellas a las Fuerzas Armadas. Destacó el gran número de crímenes cometidos contra mujeres y niñas mayas, que fueron torturadas, violadas y asesinadas. Más extraordinariamente, concluyó que las matanzas constituían “actos de genocidio en contra de grupos del pueblo maya”, perpetrados “con conocimiento o por orden de las más altas autoridades del Estado”. Aunque la comisión tenía prohibido incluir nombres, quedaba muy en claro que la culpa podía ser atribuida a personajes tales como Ríos Montt.
Aunque Amnesty International y Human Rights Watch habían publicado muchos informes sobre atrocidades en Guatemala, ninguno de ellos había utilizado la palabra “genocidio”. De comprobarse, se trataría del primer caso en Occidente pasible de ser etiquetado como tal desde la Segunda Guerra Mundial.
El informe probablemente contribuyó a la decisión de Claudia Paz y Paz, la fiscal general designada por el presidente Álvaro Colom, un reformista moderado, de acusar formalmente a Ríos Mont de crímenes contra la humanidad y genocidio en 2012. Los cargos se concentraron en la matanza de 1.771 ixiles y el desplazamiento forzado de otros 29.000. Aunque muchos jefes de estado han sido enjuiciados por violaciones a los derechos humanos y corrupción en los tribunales de sus propios países, era la primera vez que un caso similar alegaba genocidio.
Ríos Montt fue condenado por genocidio en 2013, pero el veredicto fue desestimado por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala con argumentos poco claros. Aun así, la Corte no invalidó la mayoría de los testimonios presentados en el juicio. Pocos meses después de que el caso volviera a ser presentado ante un tribunal, a principios de 2015, un investigador concluyó que Ríos Montt ya no estaba en condiciones de ser sometido a juicio. Éste murió en 2018, a los 91 años.
Paz y Paz, la valiente fiscal general que levantó cargos contra otras muchas figuras poderosas, fue obligada a dimitir en 2014 después de que la Corte de Constitucionalidad fallara en favor de un dudoso cuestionamiento a su desempeño presentado por un rico hombre de negocios, Ricardo Sagastume. Paz y Paz había recibido ayuda de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una organización anticorrupción independiente creada en 2007 por un acuerdo entre el gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas. La CICIG participó en investigaciones sobre corrupción que pusieron al descubierto redes criminales y resultaron en acusaciones contra poderosos funcionarios gubernamentales, incluyendo al ex presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti.
El contraste entre Paz y Paz y la actual fiscal general, María Consuelo Porras Argueta de Porres, no podría ser mayor. Paz y Paz era una fuerza en favor de la justicia y el estado de derecho. Porraz, que asumió el cargo en 2018, es ampliamente considerada una protectora de los corruptos. Bajo su dirección, el Ministerio Público intentó dar un golpe contra un presidente elegido democráticamente y ha obstaculizado incontables investigaciones sobre corrupción mientras utiliza la ley para perseguir a jueces, fiscales, periodistas y activistas.
Un informe reciente del Rule of Law Impact Lab de la Escuela de Leyes de la Universidad de Stanford y el Cyrus R. Vance Center for International Justice, titulado “Por encima de la Ley: la Oficina del Ministerio Público en Guatemala” (del que Amrit es co-autora), reúne numerosos reportes oficiales, entre ellos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, las Naciones Unidas y la Unión Europea, así como de gobiernos de diecinueve países, que confirman las serias infracciones y abusos de poder de Porras. El informe enumera las sanciones que cuarenta y dos países impusieron a Porras por corrupción e intentos de subvertir la democracia.
Y sin embargo Porras continúa su asalto contra el estado de derecho Su oficina ha iniciado al menos diecisiete investigaciones contra altos funcionarios del gobierno de Arévalo y ha pedido a la Corte Suprema en al menos seis ocasiones que despoje a Arévalo de su inmunidad legal para enjuiciarlo, mientras descuida otras investigaciones sobre corrupción, incluyendo las referidas al posible cobro de sobornos del presidente anterior, Alejandro Giammattei. Human Rights Watch denunció que Porras “acusó repetidamente” a funcionarios de Arévalo de “abuso de poder” sobre la base de hechos que no parecen ser delictivos.
Los fiscales de Guatemala realizan a menudo altisonantes conferencias de prensa para lanzar acusaciones espectaculares y luego declaran esos casos como “reservados” (bajo secreto). Por ejemplo, en agosto de 2024, el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, a quien los Estados Unidos y la Unión Europea han sancionado por actos corruptos y antidemocráticos, pidió una vez más a la Corte Suprema que despoje a Arévalo de su inmunidad legal, después de que éste despidiera a su ministro de infraestructura por autorizar pagos a compañías de construcción por fuera de los procedimientos establecidos. Durante una conferencia de prensa, Curruchiche acusó al presidente de ser “el principal promotor de la corrupción y la impunidad en Guatemala”, pero no pudo explicar cómo la decisión de despedir a un ministro constituía un delito. Después de la conferencia de prensa, el caso fue declarado como “reservado”.
En noviembre de 2024, como parte de una presentación de la oficina de Porras, el juez Fredy Orellana, a quien los Estados Unidos y la Unión Europea también han sancionado por actos corruptos y antidemocráticos, ordenó la cancelación del registro de Semilla como partido político. El mismo mes, Porras despidió a Erick de León, un fiscal que había investigado varios casos de violaciones a los derechos humanos. La oficina de Porras también levantó cargos dudosos contra José Rubén Zamora, el prominente periodista que lidera El Periódico, diario que condujo exhaustivas investigaciones sobre la corrupción en el gobierno del ex presidente Giammattei y su encubrimiento por Porras. Zamora pasó 800 días en prisión y continúa defendiéndose de esas acusaciones.
En diciembre de 2024, el Ministerio Público obtuvo una orden de arresto por “colusión” y “cohecho activo” contra el exiliado periodista de investigación Juan Luis Font, conocido por sus informes sobre corrupción en Guatemala. También anunció una investigación sobre presunta extorsión y tráfico de influencias contra Marco Livio Díaz Reyes, director de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Apenas meses antes, Díaz Reyes había presentado cargos criminales contra 410 compañías, a las que acusó de evadir impuestos por más de 300 millones de quetzales (aproximadamente unos 39 millones de dólares) durante la administración de Giammattei. En marcado contraste, la gubernamental Comisión Nacional Contra la Corrupción reportó que de 198 acusaciones criminales presentadas por la administración de Arévalo desde que éste asumió el cargo, los fiscales han dado por cerrados treinta y siete, mientras que apenas seis han avanzado más allá de las etapas preliminares de investigación.
Las leyes guatemaltecas no proveen un medio efectivo para penalizar a Porras: sólo permiten su remoción sobre la base de una condena firme por un crimen intencional cometido en el ejercicio de su cargo. Toda investigación contra ella debe ser iniciada por el Ministerio Público que dirige, sea por uno de sus subordinados o por un “fiscal especial” externo que Porras puede tanto designar como despedir.
El afianzado poder de Porras y otros miembros del Pacto de Corruptos ha restringido severamente las posibilidades de la administración de Arévalo. Con apenas veintitrés de un total de 160 diputados, Semilla tiene escaso control sobre la legislatura. Las cortes permanecen mayormente en manos del Pacto. Fiscales, jueces, periodistas y activistas han sido encarcelados o exiliados bajo amenaza de cargos criminales sin sustento alguno. Porras y sus aliados continúan tratando de derrocar al presidente de todas las formas posibles.
Es incierto qué podría alterar la situación. Después de asumir el cargo en enero de 2024, Arévalo pidió a Porras que renunciara, pero ésta se negó. Sin reformar las leyes que gobiernan el Ministerio Público, Arévalo no tiene más opción que esperar a que Porras termine su mandato en mayo de 2026. Se espera que los esfuerzos de la fiscal por tumbar al presidente se intensifiquen a medida que se acerque esa fecha.
Mientras tanto, la comunidad internacional deberá permanecer tan atenta como lo estuvo durante la elección. En diciembre de 2024, la Unión Europea renovó sus sanciones contra Porras, Curruchiche, Orellana y otros dos funcionarios del Ministerio Público. La administración Biden impuso sanciones a dos funcionarios guatemaltecos por corrupción. Están por verse las intenciones de la nueva administración estadounidense. El presidente electo Trump ha dejado en claro que su máxima prioridad es reducir la inmigración a los Estados Unidos. La historia de Guatemala indica que la forma más efectiva de hacerlo, a largo plazo, es ayudar a Arévalo a fortalecer el estado de derecho, lo que mejoraría la capacidad del gobierno de ofrecer servicios básicos y alentaría la inversión privada y el desarrollo. Trabajar con Arévalo contribuiría a lograr los objetivos de Trump también en el corto plazo: en su primer año en el cargo, Arévalo aumentó la cooperación con los Estados Unidos y el número total de inmigrantes guatemaltecos cayó.
Marco Rubio, el candidato de Trump para secretario de Estado, ha dado un fuerte apoyo a la democracia y el estado de derecho en Guatemala. En diciembre de 2023, se sumó a una declaración bipartidaria que condenó el intento de los fiscales de despojar a Arévalo de su inmunidad legal y de sembrar dudas sobre su asunción, y lo calificó como “una amenaza a la democracia de Guatemala”. La declaración enfatizó que “el compromiso de mantener el lugar de Guatemala en la comunidad de naciones democráticas será crucial para el futuro de las relaciones entre los Estados Unidos y Guatemala”. En febrero de 2024, Rubio firmó una carta dirigida a Arévalo alabando su decisión de mantener relaciones diplomáticas con Taiwán a pesar de la creciente presión del Partido Comunista Chino. La carta declara que, al mantener esas relaciones, Guatemala “reforzó su alianza con los valores democráticos y los lazos de solidaridad entre las naciones comprometidas con la democracia, la libertad, los derechos humanos y el respeto por el estado de derecho”.
Después de casi setenta años de represión y pertinaz corrupción, el pueblo de Guatemala, contra toda probabilidad, eligió al Presidente Arévalo, confiando en que trajera una primavera democrática largamente esperada. Sin embargo, las poderosas fuerzas de la corrupción continúan socavando esta frágil transición. Los Estados Unidos deben seguir firmes junto a Guatemala en su lucha por la democracia o arriesgan contemplar cómo se desvanece este momento de esperanza.
*Aryeh Neier es Presidente Emérito de Open Society Foundations y ex Director Ejecutivo de Human Rights Watch. Amrit Singh es profesora de Práctica Jurídica en la Facultad de Derecho de Stanford, donde es Directora Ejecutiva fundadora del Rule of Law Impact Lab. Traduzido por Gabriel Pasquini
