El Gobierno de Milei cerró el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti
Mientras despide trabajadores, el gobierno cierra el centro cultural Conti en la exESMA
Por Luciana Bertoia
Durante dieciséis años, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti fue sinónimo de teatro, literatura, danza, fotografía, música y educación. Todo en un lugar muy particular porque tiene su sede en el Espacio Memoria y Derechos Humanos que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). A partir de hoy, el Conti estará cerrado por decisión de Alberto Baños, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, que dispuso que el personal quede en “guardia pasiva”.
Todo indica que será una jornada convulsionada en la exESMA, ya que Baños también anunció que le impedirá el ingreso al personal de la Secretaría de Derechos Humanos que no se haya adherido al retiro voluntario que promovió el Ministerio de Justicia. Los trabajadores temen que haya presencia policial –una escena que ya se verificó en otras oportunidades durante la actual gestión. Organismos y referentes políticos se acercarán, a partir de las 10, en solidaridad.
La decisión de Baños se conoció el martes 31 de diciembre a las 14, cuando llegó a distintos teléfonos un mensaje de su secretaria, que decía: “El secretario de Derechos Humanos hace saber a todo el personal del Centro Cultural Haroldo Conti que se procede al cierre del mismo a partir del 2 de enero de 2025. Ello a efectos de velar por una adecuada reestructuración interna, rearmado de equipos de trabajo y análisis de la programación del año entrante”.
Organismos de derechos humanos hicieron saber su repudio a la maniobra de Baños, a la que calificaron como cínica y dijeron que exhibe el rostro más inhumano de la gestión de La Libertad Avanza (LLA). “Hoy avanza el desguace sobre la exESMA, espacio de memoria por excelencia, consagrado desde 2004 a ese fin, reconocido internacionalmente. El Centro Cultural Haroldo Conti, una referencia en el campo artístico y de los derechos humanos, cerró sus puertas y los y las trabajadoras que no fueron despedidos, tienen prohibido ingresar al espacio, quedando en situación de ‘guardias pasivas’. La investigación histórica, la producción de pruebas y de información que nutren los procesos judiciales y el camino de Verdad, la tarea con testigos y víctimas, el litigio como poder ejecutivo en las causas por delitos de lesa humanidad, la transmisión de la memoria, la política reparatoria en cumplimiento de la legislación nacional, quedan afectadas y en algunos casos ya no podrán realizarse”, advirtieron en una declaración. Desde el movimiento de derechos humanos también dijeron que promoverán denuncias ante tribunales nacionales y organismos internacionales.
El Conti se creó en 2008. Lo fundó Eduardo Jozami, que lo dirigió hasta finales de 2015. Sobrevivió durante el macrismo, aunque no estuvo exento de recortes. Durante el gobierno del Frente de Todos fue la actriz Lola Berthet quien estuvo al frente del centro cultural. Ella fue una de las primeras en advertir la movida en sus redes sociales. “Este Gobierno es el mal en todo sentido”, escribió en su cuenta de Instagram.
“La gestión de Baños avisa un 31 de diciembre, por mail y WhatsApp, que cierra el Centro Cultural Conti. El eufemismo es el de siempre: reestructuración. Mientras (Federico) Sturzenegger avisa que van a contratar gente a partir de 2025. Es decir que el problema no es que sobra gente”, sumó, por su parte, el exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti. Hacía referencia al anuncio del ministro de Desregulación de que se podrá contratar en el Estado si se verifican tres bajas previas en el área.
En el Conti, hay 87 trabajadores. Según estimaciones, 50 están contratados bajo el ente de cooperación Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). El Ministerio de Justicia de Mariano Cúneo Libarona ya anunció que quienes estén bajo esa modalidad y no se adhieran al retiro voluntario serán despedidos. En el centro cultural hay 20 personas en planta permanente y el resto en planta transitoria –que también circuló la versión de que sus contratos no serían renovados.
Entre la censura y el cierre
Durante todo el año, el Conti mantuvo su actividad pese a que Baños no designó un director o directora. Sus últimos posteos muestran que en las últimas semanas hubo muestras (fotoperiodismo, 40 años del Nunca Más, comunicar los juicios), obras de teatro, presentaciones de libros, exhibiciones de películas –entre otras, “Norita”, de Jayson McNamara y Andrea Tortonese–, feria de bordadoras, teatro sub-30, entre otras actividades.
En octubre, el Conti organizó el seminario de políticas de la memoria que realiza desde hace quince años en el que se reúnen activistas y académicos. Las jornadas estaban en pleno desarrollo cuando Baños irrumpió para censurarlas. Más allá del escozor inicial, la actividad pudo completarse porque los organismos de derechos humanos decidieron abrir las puertas de sus sedes en el Espacio Memoria y Derechos Humanos para que las distintas mesas pudieran llevarse a cabo.
El secretario de Derechos Humanos solamente recibió en una oportunidad a coordinadores de la institución: fue en enero, cuando recién desembarcaba en la exESMA. Semanas atrás, Baños envió a un contador para que supervisara la actividad y supuestamente allanara el camino para que llegara la persona designada para hacerse cargo. Sin embargo, esa llegada nunca se produjo. En la exESMA la versión que circulaba era que Baños podría nombrar a su profesor de bajo para ocupar la dirección de la institución.
“No vamos a cerrarlo, sino a reestructurarlo”, le dijo Baños al diario La Nación. De acuerdo con la versión oficial, el centro cultural permanecerá con sus puertas cerradas y sin trabajadores para avanzar con el armado de los equipos y definir la grilla de actividades para el año. Según Baños, el Conti ya no se centrará en el período del terrorismo de Estado. Quién hará esa supuesta “curaduría” del centro cultural es una incógnita. Lo que llama la atención es que el funcionario dijo que estaría lista para marzo, un mes muy simbólico porque se cumplen los 49 años del último golpe de Estado. Todo causa preocupación, sobre todo en un gobierno que pregona abiertamente una “memoria completa” –como reclaman los perpetradores y sus amigos. Así lo dijeron Baños y un funcionario de Defensa cuando representaron al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Pese a que Baños intentó en las últimas horas bajarle el tono a su decisión, hubo ya celebraciones en las redes sociales. Nicolás Márquez, biógrafo del Presidente, escribió que sentía alegría. “Parásitos que vegetan en la ESMA ya no viven más de los pobres. Excelente empezar así el 2025”. Justicia y Concordia, que nuclea a abogados que defienden a condenados por crímenes de lesa humanidad, también festejó la decisión. “En el año 2019 estos supuestos ‘artistas’ profanaron la imagen de la Sagrada Virgen. Fue en el Centro Cultural Conti. El gobierno lo cerrará a partir de mañana. ¡Feliz año nuevo para todos!”, se regocijaron.
Las resistencias
“Hay mucho ensañamiento”, responde Nana González, trabajadora del centro cultural y delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). “Todo el año sufrimos despidos. La gestión ni siquiera conoce el Conti y las actividades que allí hacemos”.
Se espera que este jueves haya presencia de la Policía Federal Argentina (PFA) dentro del predio donde funcionó un campo de concentración por el que se estima que pasaron 5000 personas en calidad de detenidos-desaparecidos. De hecho, el viernes 27 de diciembre hubo un gran despliegue sobre avenida del Libertador desde horas antes de que militantes, trabajadores y referentes políticos se congregaran en el edificio conocido como “Cuatro Columnas” para hacer un abrazo simbólico al espacio de memoria y, de esta forma, denunciar el vaciamiento de las políticas de derechos humanos que viene llevando adelante el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel.
Está previsto que antes del mediodía se haga una asamblea unificada de trabajadores de la Secretaría. Después posiblemente la actividad se traslade hasta el Ministerio de Justicia, donde también hay despidos.
El viernes a las 11, el padre Lorenzo “Toto” de Vedia dará una misa en apoyo a los trabajadores. El sábado a las 18 habrá una actividad con velas encendidas fuera del Conti. “Una memoria que arde. El Conti en guardia”, dice la convocatoria que ya empezó a circular y que espera que llegue a toda la comunidad artística que pasó en estos 16 años por el lugar.
Documento de H.I.J.O.S sobre el primer año de Milei: «Menos derechos, menos democracia»
Por: H.I.J.O.S Red Nacional
Cinco millones más de personas en la pobreza, la falta de garantía de acceso a la vivienda, la alimentación, la salud y el trabajo, los despidos masivos de trabajadoras y trabajadores del Estado, el desmantelamiento de las políticas públicas de Derechos Humanos, de protección contra las violencias de género y la discriminación, la quita del acceso gratuito a los medicamentos para las jubiladas y jubilados cuando sus ingresos se vieron disminuidos, el desfinanciamiento de las universidades públicas, la mentira institucionalizada, la agresión como forma de comunicación, la naturalización de la
crueldad, dan cuenta de la amenaza de quienes vinieron a destruir el Estado.
A un año de la asunción del gobierno neoliberal de Javier Milei y Victoria Villarruel, y a casi 30 años de nuestro nacimiento como agrupación y organismo de Derechos Humanos, nos encontramos con que se restringen cada vez más los derechos ciudadanos y que esto sucede con un mayor punitivismo ante las movilizaciones populares. Recientemente, en Orán, Salta, Fernando Gómez fue la primera víctima de la represión de la gendarmería de Bullrich.
Por simple decisión administrativa, la resolución 943/23, se puso en vigencia un “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” que habilita al gobierno a considerar que cualquier manifestación pública que disminuya la circulación de vehículos constituye un delito en flagrancia y permite que las Fuerzas de Seguridad repriman, desalojen y detengan sin orden judicial a quienes se manifiestan. Autoriza a la Policía a recabar información sobre las personas y organizaciones que se movilizan con el fin de perseguirlas penalmente. El Protocolo respalda a la Policía en su accionar violento, arbitrario y de hostigamiento constante.
Con un Poder Ejecutivo que gobierna prácticamente por decreto y sin que los demás poderes le pongan casi ningún tipo de límite, el gobierno atacó las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, incluso discursivamente desde antes de su asunción, dejando en evidencia que era necesario su desprestigio para avanzar sobre todos los demás derechos del pueblo y para legitimar la represión.
Miles de trabajadoras y trabajadores que sostenían las políticas de Derechos Humanos, ya sea en sitios y espacios, archivos, programas de investigación, como también a través de las querellas de los juicios por delitos de lesa humanidad, fueron despedidos perversamente, incluso días antes de fin de año, a sabiendas del daño que ocasiona en cualquier familia el hecho de quedarse sin trabajo, y más en el contexto de las fiestas. A eso hay que sumarle el desfinanciamiento de absolutamente todas las áreas que dependían de Nación y hasta la pretensión de poner a la venta lugares que fueron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, donde se desapareció a miles de personas.
El rol ya no sólo negacionista, sino reivindicador de la dictadura genocida del Estado es algo no sólo éticamente reprochable, sino constitucionalmente inviable. La inaceptable visita a los genocidas a las cárceles por parte de algunos legisladores del espacio gobernante pone en evidencia la intención de construir nuevos sentidos y consagrar la impunidad.
Los conceptos de “guerra”, “dos bandos”, y la remanida “teoría de los dos demonios” se pueden ver claramente en el intento de reabrir causas a militantes de organizaciones, como en los últimos días lo hicieron con la causa del atentado al Comedor de Coordinación Federal en CABA, al querer equiparar terrorismo de Estado con eventuales delitos cometidos por civiles, por lo tanto, ya prescriptos.
La estigmatización de organismos y militantes de derechos humanos, la banalización del proceso de justicia llamándolo “venganza”, la negación del plan sistemático y del número de desaparecidas y desaparecidos, y, sobre todo, el ensalzamiento de la política económica de Martínez de Hoz o de Carlos Menem, dan cuenta de un gobierno que no sólo pondera las políticas hambreadoras, sino que está dispuesto a implementarlas a costa de represión, tal como lo está haciendo.
Todo lo que era orgullo y patrimonio de nuestro pueblo está siendo atacado, desfinanciado y estigmatizado: las universidades públicas, la ciencia y la tecnología, la salud y la educación pública, las políticas de ampliación de derechos que nos distinguieron como la ley de Identidad de Género, de Matrimonio Igualitario, el Instituto Nacional contra la Discriminación, los juicios de Lesa Humanidad o la Ley de Protección Integral contra la Violencia de género, entre otras.
La intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior dispuesta por el presidente Milei mediante dos decretos es un retroceso sobre los derechos y las garantías democráticas que hemos sabido construir como Nación desde la recuperación de la democracia en 1983, luego de siete largos años en los que el país estuvo bajo el control de
las Fuerzas Armadas y en un estado de sitio permanente.
Con enorme preocupación, vemos el avance represivo como la contracara de la pérdida de garantías: para quitarnos todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que hemos sabido conseguir y gozar, este gobierno necesita palos, gases, balas, cárcel y la entrega de nuestra soberanía.
Tenemos en nuestra piel y en nuestra memoria las marcas de lo que la represión militar y policial hace en los cuerpos y en los pueblos. Nuestra historia nos dice que más represión es más pérdida de derechos, de vida, de voces.
Repudiamos toda intervención sobre los derechos de los pueblos a ser libres, nos duele el genocidio en Gaza y las persecuciones e intervenciones en nuestra Patria Grande. Nada que festejar este diciembre con niñas y niños que se van a dormir sin comer, con jubiladxs que tienen ingresos miserables y que deben decidir si cuidan su salud o comen, con un pueblo que mira azorado como destruyen la movilidad social ascendente, sin techo ni comida garantizados para cada vez más familias.
Las cárceles son para los genocidas, no para las niñeces y las adolescencias. Repudiamos itentos de bajar la edad de imputabilidad, de facilitar el uso de armas a adolescentes, de promover las apuestas como salida económica en un contexto de sálvese quien pueda. Nos preocupan los consumos problemáticos y la problemática de salud mental, que la falta de horizontes colectivos causa, principalmente en la juventud.
La lucha por los Derechos Humanos es en tiempo presente. Todavía hoy desconocemos dónde están las 300 hermanas y hermanos que nos faltan. Aún no sabemos el destino final y donde están los cuerpos de nuestras y nuestros 30.000. Los delitos de lesa humanidad se siguen cometiendo mientras el pacto de silencio de los genocidas y sus cómplices no se
rompa. También tenemos que señalar que la participación civil en el terrorismo de Estado sigue impune casi por completo.
El año termina con una gran noticia, con la felicidad de haber encontrado un hermano, el nieto 138, a quien le damos la bienvenida a la verdad y a esta inmensa familia de lucha que lo estábamos buscando. En abril de 1995, cuando nos conformamos como organización, el silencio y la impunidad parecían invencibles. Entonces, nos hicimos una promesa: dijimos que lo imposible sólo tarda un poco más.
Hoy, que otra vez nos toca atravesar tiempos difíciles y de retroceso, las regionales que integramos la Red Nacional de H.I.J.O.S., reunidas en nuestro Encuentro Nacional, nos reconocemos en la historia de lucha, en el proyecto transformador de las y los 30000, en la fortaleza irreductible de las Madres y de las Abuelas de Plaza de Mayo, en el pueblo que hizo de la lucha por los Derechos Humanos su mejor bandera y en la certeza de que con organización y lucha, lo imposible sólo tarda un poco más.
