América Latina y el Caribe enfrentan la guerra contra la migración
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Editorial – Diario Red
Trump arribará el 20 de enero a la Casa Blanca con un paquete antimigratorio que contempla el fin de las políticas de regularización, el cierre de la frontera con México y la mayor deportación masiva en la historia de la humanidad desde el holocausto nazi
La guerra contra los migrantes es un fenómeno en ascenso que contempla modalidades de inhumanización política y jurídica frente a los claroscuros de la “no ciudadanía”, y la expansión de un régimen de apartheid con diques fronterizos que operan como agujeros negros de los (muy postergados) derechos universales.
En el último año, Joe Biden expulsó de los Estados Unidos a 271.484 migrantes indocumentados, la peor cifra de deportaciones masivas en la última década, superando incluso los números de la primera administración Trump, quien promete redoblar los esfuerzos de su predecesor y llevar las deportaciones a 11 millones en su segundo cuatrienio (2025-2029).
Se prevé que el nuevo presidente norteamericano suspenda tres de las políticas de regulación migratoria más importantes: la Parole in Place, que concede la residencia a las parejas de ciudadanos y ciudadanas estadounidenses con más de diez años de permanencia en el país; la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y las visas de trabajo H-1B.
La ejecución de sus planes estará en manos de Stephen Miller, jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca, Tom Homan, nuevo “zar de la frontera” y, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional.
El ideólogo antiinmigrante de Trump es Stephen Miller, histórico jefe de prensa de grandes halcones conservadores en el Congreso, quien pasó de telonero de Trump en 2016 a director de política nacional de su equipo de transición. Miller fue el responsable de la separación de miles de familias en la frontera en 2018. Durante la campaña presidencial del año pasado dejó claro su enfoque neomalthusiano al asegurar que la migración debía tratarse como una pandemia: “la migración masiva es una amenaza para la salud pública y transmite diversas enfermedades contagiosas”. Para invocar la famosa ley de poderes de emergencia de salud pública (o Título 42), utilizada durante la pandemia de COVID-19, Miller inventará e impondrá un discurso sobre “cepas graves de la gripe, la tuberculosis, la sarna, otras enfermedades respiratorias como el VRS y así sucesivamente”.
Homan, zar de la frontera, fue ejecutor de la política de separación de familias migrantes cuando estuvo al frente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Entre sus planes se encuentran la eliminación del debido proceso, la restricción de permisos legales y las redadas en hospitales, iglesias y colegios.
Kristi Noem, nueva secretaria de Seguridad Nacional, destacó por impulsar la militarización y el alambrado total del Estado de Texas, alineada con el gobernador republicano Greg Abbott, frente a lo que califican como una “invasión” migrante. En marzo de 2024, Abbott logró la aprobación fugaz de la ley SB4 que facultaba la deportación migratoria desde Texas hacia México. Hasta el momento, la deportación es una facultad exclusiva del Gobierno federal.
América Latina responde
En medio de la competencia presidencial, el 10 de septiembre del 2024 frente a una audiencia de 67 millones de personas, Trump aseguró, en referencia a la comunidad haitiana, que “en Springfield (Ohio), los que han entrado se están comiendo a los perros, se están comiendo a los gatos. Se están comiendo a las mascotas que viven allí. Esto es lo que está pasando en nuestro país, y es una vergüenza”.
Como respuesta, el presidente colombiano Gustavo Petro aseguró que la campaña contra la migración haitiana impulsa una política de terror basada en el racismo y la xenofobia que expone gravente a dicha comunidad: “Terrorismo es hacer eso que ha hecho, eso sí es terrorismo”, aseveró ante las afirmaciones del entonces candidato Donald Trump. En una cumbre celebrada con su homólogo haitiano, Leslie Voltaire, Petro anunció una nueva etapa de colaboración humanitaria. “Colombia es Caribe y de Haití vino nuestra independencia. Es hora de decir gracias y actuar en pos de su estabilización democrática”, apuntó en su cuenta de la red social X.
Lo que se esconde detrás de las conjeturas desopilantes de Trump, es que Estados Unidos es el principal responsable de la crisis humanitaria que azota al país caribeño. La invasión militar a Haití ha generado un inusitado flujo ilegal de armas que termina en manos de las organizaciones criminales. Pese a la narrativa antihaitiana agitada desde la ultraderecha de República Dominicana, el apresamiento de un coronel y nueve oficiales de la policía dominicana, puso al descubierto una red armamentista de la que se benefician empresarios y burócratas a ambos lados del mar Caribe. Como resultado, Haití es uno de los países del mundo más afectados por el desplazamiento forzado.
En 2023, la diáspora haitiana en Estados Unidos alcanzó un máximo de 731.000 personas. No obstante, fue Joe Biden quien encabezó la mayor política de expulsiones haitianas en la historia de su país. En 2020 se registraron 37 vuelos de deportación hacia Haití. Entre el 2021 y el 2022, la fundación Witness at the Border registró por lo menos 227 vuelos.
Por su parte, ante la amenaza de una deportación masiva de ciudadanos hondureños, la presidenta Xiomara Castro aseguró que pondrá fin a los tratados bilaterales de seguridad que habilitan las operaciones de una base militar norteamericana en su territorio. Acto seguido, la mandataria mexicana, Claudia Sheimbaum, propuso una cumbre de cancilleres latinoamericanos para afrontar la crisis humanitaria que se avecina con el retorno de Trump a la presidencia de los Estados Unidos. “Planteamos la idea de que en enero se pudieran reunir los cancilleres de diferentes países para hablar del tema de migración y de cómo cooperamos entre los países de América Latina y el Caribe para atender la migración desde la perspectiva de las causas”, confirmó la mandataria en la alocución matinal del 2 de enero.
Migración: la base laboral de una economía de explotación
Según la Fundación Nacional para la Política Estadounidense (NFAP, por sus siglas en inglés), la migración es responsable del 88% del aumento de la fuerza laboral de los Estados Unidos desde el 2019. Agricultura, salud, finanzas o construcción, son algunos de los sectores claves que dependen de esta fuerza laboral para el sostenimiento de la economía norteamericana.
En el 2022, un informe del Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP) demostró que 10,9 millones de migrantes indocumentados contribuyeron con 96.700 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales. De esa monumental cantidad, por lo menos 59.400 millones fueron recaudados por el Gobierno federal. “Aunque solo son el 3,4% de la población total, constituyen el 4,7% de la fuerza de trabajo”, explican en el ITEP. En relación con sus ingresos salariales, el aporte fiscal de la fuerza laboral migrante indocumentada es mucho mayor que el de los aportantes nativos.
Bien sea porque no acceden a los beneficios fiscales de un ciudadano regular, o porque financian políticas públicas a las que no pueden acceder, como el seguro social, el Medicare o el seguro de desempleo, la contribución fiscal de los indocumentados sostiene la carga de una economía en declive.
Más que indeseada, la ilegalización migratoria permite la reproducción de un orden social y económico basado históricamente en la explotación de una humanidad previamente racializada. En últimas, como bien lo demostró el teórico italiano Domenico Losurdo en su obra Contrahistoria del Liberalismo, la esclavitud fue y es la punta de lanza del sistema liberal angloamericano. Finalmente, son los migrantes quienes sostienen la base productiva de un imperio en llamas.
