América Latina a la sombra de modelos totalitarios, represivos y desiguales – Por Paula Giménez y Matías Caciabue
América Latina a la sombra de modelos totalitarios, represivos y desiguales
Por Paula Giménez y Matías Caciabue*
Una mirada sobre la situación de los Derechos Humanos en América Latina y el Caribe no puede desentenderse de la observación del modelo de securitización que se encuentra en expansión en la región, particularmente en la última década.
Tal modelo, que ha traído consigo el deterioro de las condiciones de vida de la población y el ensanchamiento de las brechas sociales encuentra en el autoritarismo, la represión y en climas de violencia, el motor de su desarrollo y expansión.
Es el caso -emblemático- de países como Ecuador, El Salvador, Argentina y Perú, en los que las políticas de seguridad, la represión a la protesta y el deterioro de las condiciones económicas han sumergido a cada vez más amplios sectores de la población en una situación de vulnerabilidad extrema.
Mientras se ven cercenados muchos de los derechos fundamentales para el desarrollo de condiciones dignas de vida, se hace cada vez más difícil alzar la voz para disentir con tales modelos.
Un denominador común entre las realidades de estos países es un cultivado y estrecho vínculo con el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Comando Sur. Así “la cooperación” en materia de seguridad, se ha traducido en aportes económicos además de la aplicación de medidas que responden a la doctrina de seguridad prescripta por el país del norte para la región, para controlar el territorio, paliar el narcotráfico y la migración, generando condiciones para criminalizar y disciplinar la protesta social.
La lucha contra el narcotráfico ha servido de plataforma para el control por parte de Estados Unidos a través de la “ayuda” económica, el desembarco de tropas y misiones extranjeras, así como las distintas formas que ha tomado la política del Estado de Excepción.
El Salvador: Estado de excepción y deterioro de los derechos humanos
Desde marzo de 2022, El Salvador ha estado bajo un régimen de excepción, prorrogado en al menos 34 oportunidades. El proceso electoral, sin ir más lejos, que ocurrió en febrero de 2024, transcurrió bajo estado de excepción.
Con una política de mano dura que se jactó de reducir a la mitad la tasa de homicidios, pero que dejó serias dudas sobre el impacto en los derechos humanos del uso permanente del Estado de excepción, Bukele alcanzó la victoria con un 84,6% de los votos.
El recuento electoral de las legislativas, reveló que su partido reunió 54 escaños de los 60 de la Asamblea Legislativa. La nueva aritmética que otorgó al partido oficialista una mayoría casi absoluta en el órgano legislativo se debió a la reforma que redujo de 84 a 60 la cantidad de bancas, el cambio de la fórmula de asignación de escaños y la reorientación de votos en el exterior. “Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Toda la oposición junta quedó pulverizada”, dijo Bukele, al conocer las cifras de la victoria.
Según la ONG, Amnistía Internacional, hasta febrero de 2024 ya se habían identificado 327 casos de desapariciones forzadas, 78.000 detenciones arbitrarias, 102 mil personas privadas de libertad, hacinamiento carcelario del 148% y al menos 235 personas muertas bajo custodia estatal.
En septiembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció «abusos en el uso de la fuerza» y pidió al gobierno del presidente Nayib Bukele que lo derogue con la justificación de que «no puede convertirse en parte de su política de seguridad» permanente.
En materia de derechos políticos, la persecución a periodistas y la censura digital han incrementado. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció el incremento de la violencia digital contra los comunicadores en el informe “Escucha Digital. Periodo enero – junio 2024″ donde, entre otros datos, contabilizaron 14.840 agresiones hacia el gremio periodístico en este periodo y tres agresiones por hora.
Por otra parte, la economía salvadoreña también enfrenta un panorama crítico: el 52% de la población está en situación de inseguridad alimentaria y el acceso a la educación ha sido afectado por recortes presupuestarios. El desempleo y la informalidad laboral afecta especialmente a mujeres y jóvenes.
De acuerdo con el Banco Mundial la pobreza ha aumentado del 26,8 % en 2019 al 30,3 % en 2023. Adicionalmente, se estima que alrededor del 10 % de la población vive en la pobreza extrema, en comparación con poco más del 5 % en 2019.
Mientras, la deuda pública supera el 84% del Producto Bruto Interno.
Ecuador: Militarización y crisis económica
El gobierno de Daniel Noboa ha recurrido a la militarización como respuesta a la crisis de seguridad, declarando al país en «conflicto armado interno» contra bandas criminales desde enero del 2024.
El país se prepara para asistir a las urnas el próximo 9 de febrero de 2025 en un clima social, signado por una crisis política, energética, climática y de seguridad. La militarización de los territorios y el Estado de excepción han sido utilizados como herramientas para intentar controlar por un lado, el crimen organizado y por el otro la protesta social.
Desde que asumió Noboa, dictó al menos ocho estados de excepción, precipitados por los motines en las prisiones del país y la crisis de seguridad por el conflicto entre organizaciones narcotraficantes.
A raíz de eso, el mandatario firmó el decreto ejecutivo 111 y declaró la existencia de un conflicto armado interno. Ordenó la movilización militar hacia las calles y ubicó como objetivo de esa guerra a 22 bandas criminales, que calificó como terroristas.
En enero de 2024, el gobierno ecuatoriano recibió la visita del Comando Sur, que entregó una donación de 1 millón de dólares destinados al equipamiento de las fuerzas de seguridad y acordó con el gobierno un plan de seguridad con duración de cinco años con base a un acuerdo de cooperación marítima firmado entre ambas naciones en 2023, además de los marcos necesarios para que las Fuerzas Armadas estadounidenses puedan operar en territorio ecuatoriano.
La situación empeoró con disturbios carcelarios violentos y la propuesta en febrero de un aumento del IVA al 15%, para financiar el “combate contra el terrorismo”. La medida enfrentó una resistencia significativa en la Asamblea Nacional y desencadenó manifestaciones masivas.
En este contexto, se han registrado abusos de la fuerza pública, ejecuciones y detenciones arbitrarias. Entre diciembre de 2023 y octubre de 2024, se cometieron 6.277 muertes violentas: se asesinó a 18 personas cada día, en promedio, según cifras oficiales.
En diciembre de 2024 se produjo la desaparición de Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11). Días después sus cuerpos fueron encontrados calcinados y se presume que fueron vejados y torturados. Hay 16 militares investigados.
En el marco del Plan Fénix, la policía y el ejército efectuaron más de 120,000 operaciones conjuntas y detuvieron a 34,945 personas entre enero y abril de 2024, según la información que el presidente proporcionó en su informe a la nación del 24 de mayo de 2024.
La Fiscalía General del Estado informó que registró denuncias de 12 casos de posibles ejecuciones extrajudiciales, 4 casos de posibles desapariciones forzadas y 95 casos de posibles torturas, entre enero y julio de 2024. En contraste, en 2023, esta instancia únicamente había registrado 5 casos de ejecuciones extrajudiciales durante todo el año.
En diciembre, basándose en tratados de cooperación militar con Estados Unidos, se oficializó la instalación de una base militar de ese país en las Islas Galápagos que permitirá el despliegue de buques, aeronaves y personal militar en el archipiélago. La medida produjo amplios cuestionamientos sobre la puesta en riesgo de la soberanía de la nación.
Mientras tanto, la economía se contrajo un 1.5% en 2024, con una pérdida de 132,000 empleos plenos que agravan la situación del subempleo y la informalidad laboral, según lo informado por el Banco Central del Ecuador. Durante el 2024, el país enfrentó una crisis energética con apagones masivos y prolongados que ha generado protestas masivas por parte de sectores indígenas, ambientalistas y organizaciones sociales.
Perú: Represión y desigualdad en el acceso a derechos básicos
El gobierno de Dina Boluarte, que se ha extendido de facto, luego de la destitución de Pedro Castillo en diciembre de 2022, ha endurecido las medidas de seguridad, en contra de la protesta creciente, con la declaración de estados de emergencia en distintas regiones.
Particularmente entre 2022 y 2023, luego de la convulsión social que causó la destitución de Castillo las manifestaciones contra el gobierno fueron brutalmente reprimidas, dejando 50 muertos y alrededor de 1400 heridos. Durante estas manifestaciones, la policía y el ejército usaron balas, perdigones y gases lacrimógenos contra comunidades indígenas y campesinas
Organismos internacionales como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (IWOLA), Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) emitieron un pronunciamiento al cumplirse dos de las protestas de 2022 y 2023 en Perú. Allí alertaron sobre el debilitamiento del espacio cívico en Perú, denunciando que el Congreso introdujo iniciativas que amenazan los derechos de reunión, asociación pacífica e independencia judicial, “limitando las posibilidades de las víctimas de obtener justicia y visibilizar sus demandas”.
A principios de noviembre de 2024, el parlamento de Perú, por pedido del ejecutivo, aprobó el Proyecto de Resolución Legislativa 9307, que propone autorizar el ingreso de personal militar de los Estados Unidos de América, con armas de guerra, al territorio de la República del Perú. Según datos oficiales en este país andino, la pobreza afecta al 30% de la población y más del 70% de los trabajadores se encuentran en la informalidad. La crisis alimentaria también es alarmante: el 51.7% de los peruanos sufre inseguridad alimentaria. Además, tres millones de personas carecen de acceso a agua potable segura, mientras que la crisis habitacional afecta a millones de peruanos y el 74% de la población vive en condiciones precarias.
Argentina: grandes retrocesos
En Argentina el desfinanciamiento del sector público, exenciones impositivas a los sectores financieros del país y del mundo y la represión como política de seguridad son las medidas que el gobierno de La Libertad Avanza ha impuesto. Acciones como la restricción a la información pública y la propuesta de la creación de un centro regional de inteligencia, a partir de la convocatoria del secretario de Estado Antony Blinken para combatir el narcotráfico, el protocolo “anti protestas” y el ciberpatrullaje, son otros ejemplos.
A medida que se empobrece la población -de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INDEC) en el primer semestre de 2024-, el índice de pobreza fue del 52,9%, -un aumento de más de 11 puntos respecto al segundo semestre de 2023- aumentan también las medidas que limitan la protesta social y avalan la violencia institucional contra los sectores populares.
Según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) en un informe publicado en diciembre de 2024, “el conjunto de políticas represivas encarado por el gobierno de la Libertad Avanza naturalmente impuso el crecimiento de las principales modalidades represivas con el resultado de muerte de personas a mano del aparato represivo Estatal.” La organización informó que su sistema de conteo, que no contempló otras provincias del país ni una investigación exhaustiva, seguramente deja por fuera gran cantidad de casos no registrados, lo que podría elevar de manera considerable tales cifras. Bajo esa aclaración observó que ha registrado “un total de 430 casos de muertes a manos del aparato represivo estatal. De ese total, 108 corresponden a fusilamientos de gatillo fácil (ejecución de personas desarmadas o en fuga en la vía pública), 202 son muertes bajo custodia en cárceles, comisarías o alcaldías y 14 son muertes intra fuerza o intrafamiliares”. Tales números, según la organización, alcanza o supera el promedio de casos por año de las dos gestiones anteriores.
No podría dejar de mencionarse particularmente en este país, el programa de avanzada que lleva adelante el gobierno, a partir de la utilización de milicias digitales e influencers asociados al partido de gobierno, que desde perfiles ampliamente reconocidos ya, como “El Gordo Dan” o “El tipito enojado”, elaboran operaciones de construcción de sentidos, a favor del gobierno y en contra de sus opositores, impone la utilización de estrategias ya tipificadas como violencia digital, a través de las que favorecen la propagación de discursos de odio y la promoción de acciones violentas en contra de personas.
Argentina se ubica en la región, junto al gobierno de Nayib Bukele, en El Salvador, a la vanguardia de las expresiones de gobiernos neo reaccionarios, que tienen en sus programas económicos la alianza con fracciones del capital, vinculados a la digitalización de la vida. Ambos países han hecho alianzas con importantes corporaciones tecnológicas, enunciando la intención de convertirse en polos tecnológicos de la región. En ambos casos, la afinidad ideológica con exponentes de la Aristocracia Financiera y Tecnológica como Elon Musk, ha alcanzado conocimiento público.
Otro común denominador, que vincula a Argentina con Ecuador, es la utilización de la justicia, para criminalizar líderes populares como Milagro Sala y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y Rafael Correa y Jorge Glas en Ecuador, intentado limitar su capacidad para actuar en política.
¿Qué calidad democrática es posible en estos contextos?
Evidentemente, el acceso a una vida plena en democracia se dificulta cuando el acceso a derechos sociales, económicos y políticos, se encuentra limitado.
La selección de los casos presentados en este artículo, responden a la alarma que representa para la región el viraje producido en los últimos años en dichos países, con algunos rasgos comunes entre sí, que, según lo expuesto, arrojan cifras preocupantes, combinando desigualdad y pobreza con modelos cada vez más represivos.
El gobierno por decreto, es utilizado de manera particular. Especialmente en Argentina, para medidas críticas como la aprobación de la Ley Bases, que afectó diversas áreas del Estado de derecho y el estado de bienestar argentino y, en Ecuador, para la aprobación del Estado de la Conmoción Interna. En El Salvador, la extinción de la oposición en el Congreso, en la última elección, allanó el camino para la toma de decisiones sin debate público de los representantes de diferentes fuerzas políticas.
Bajo estos modelos, el Estado, contraído al mínimo, no tiene interés de responder a las demandas de los sectores populares.
La militarización de la sociedad civil y la criminalización de la protesta, son expresiones locales que trazan con claridad un camino hacia un fenómeno general: la reorganización de cuerpos disciplinados y dóciles, ajustados a las normas de una nueva fase de los procesos de producción de valor, a nivel mundial. Hablamos aquí del tránsito de la humanidad hacia una nueva fase digital del capitalismo en el que se vuelve necesario un nuevo tipo de socialización a través de la tecnologización de las existencias individuales y la conformación de subjetividades atomizadas, adictas y sin capacidad de reflexión.
Corresponderá entonces preguntarse, en el marco de procesos organizativos, de qué manera, en estos contextos, es posible reinventar la democracia y construir otros modos, que vuelvan a poner en el centro el valor de lo humano y lo colectivo.
*Giménez es Licenciada en Psicología y Magister en Seguridad y Defensa de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos, directora de NODAL. Caciabue es Licenciado en Ciencia Política y ex Secretario General de la Universidad de la Defensa Nacional UNDEF en Argentina. Ambos son investigadores del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
