Ecuador | La Fiscalía formuló cargos contra 16 militares por presunta participación en la desaparición de los cuatro menores en Guayaquil
16 militares enfrentarán audiencia de formulación de cargos el 31 de diciembre por la desaparición de cuatro menores en Guayaquil
El juez Dennis Ugalde Álvarez, de la Unidad Judicial Guayaquil Sur, convocó para el 31 de diciembre, a las 10:00, la audiencia de formulación de cargos en contra de 16 militares por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro menores en Guayaquil.
La Fiscalía, que inicialmente investigaba esta situación como presunto secuestro, denominó la indagación como caso Malvinas, en referencia al barrio donde residen las familias de Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15 años, Nehemías Saúl Arboleda, de 15 y Steven Medina de 11 años.
#LaNoticiaAFondo 🔍 | Con las medallas ganadas en campeonatos de fútbol, Luis Arroyo ha liderado plantones para exigir respuestas por la desaparición de los cuatro menores en #Guayaquil. ¿Quiénes son Josué, Ismael, Nehemías y Steven? 💻 https://t.co/ObweNnMn9v pic.twitter.com/0aXakYX1jK
— Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) December 25, 2024
En esa fecha se conocerá si los uniformados de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) serán enviados a prisión preventiva o recibirán medidas cautelares, como prohibición de salida del país y presentación periódica ante un juez, o si el magistrado desestima el caso.
El Ministerio de Defensa comunicó que los 16 militares se encuentran bajo custodia, para prevenir cualquier riesgo de fuga. Un video difundido el 23 de diciembre por la Asamblea Nacional mostró como ellos detuvieron en la noche del 8 de diciembre a los menores en la avenida 25 de Julio, en los exteriores del Hospital Teodoro Maldonado Carbo.
Según indicó Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa, los jóvenes fueron aprehendidos por un presunto robo, pero, el fiscal Christian Fárez, durante la audiencia de habeas corpus que se reconoció el caso como desaparición forzada, indicó que no existen evidencias que los menores habrían cometido algún delito.
De acuerdo a lo narrado por la defensa del Ministerio de Defensa en esa diligencia, los menores fueron liberados en el trayecto hacia la Base de Taura, ubicada en el cantón Naranjal.
Aquella acción fue calificada de mal procedimiento por Fárez, pues fueron movilizados hacia otro cantón, no entregaron a los jóvenes a la Policía Nacional ni notificaron del suceso al ECU 911 al tratarse de menores de edad. Desde entonces, el paradero de Josué, Ismael, Nehemías y Steven ha sido incierto.
El último contacto de los niños y adolescentes se produjo cerca de las 22:40 del 8 de diciembre, cuando sus familias recibieron la llamada de un hombre no identificado, relatando que tenía con él a sus hijos.
Para probar esto, le pasó el teléfono a uno de los jóvenes, quien relató que habían sido golpeados por los militares y pidiendo que por favor los recojan.
La familia, desesperada, llamó a la Policía para alertar del hecho y al poco tiempo, recibieron otra llamada de ese hombre desconocido quien advirtió que casi lo meten preso, que por qué avisaron a las autoridades y que la mafia se habría llevado a los pequeños.
El martes 24 de diciembre, cuatro cuerpos carbonizados fueron hallados en una zona de difícil acceso de la parroquia de Taura. Las autoridades realizan las diligencias necesarias para identificar a las víctimas y determinar si se tratan de los menores de edad.
‘Los dejamos sanos y salvos donde ellos nos dijeron que los dejemos’, dicen dos de 16 militares investigados por desaparición de menores de Las Malvinas
Dos de los 16 militares investigados en el caso de desaparición de los cuatro menores de Las Malvinas aseguraron que ellos, los adolescentes, les pidieron que los dejen ir en el sector de Taura luego de haber sido aprehendidos por un supuesto robo en el sur de Guayaquil.
Ismael, Steven, Saúl y Josué, de entre 11 y 15 años, fueron aprehendidos por militares en el sector de Las Malvinas, sur de la ciudad, y trasladados hasta la parroquia rural Taura, jurisdicción del cantón Naranjal, provincia de Guayas.
Todo ocurrió la noche del 8 de diciembre, fecha en que ya no se supo más de los menores de edad hasta la actualidad.
Por este caso, el pasado martes 24, la Fiscalía solicitó la formulación de cargos en contra de 16 militares implicados en una investigación por desaparición forzada. Ese mismo día, el Ministerio de Defensa dispuso custodia militar para los uniformados y su traslado hacia la autoridad competente, en caso de que se requiera.
Dos de los 16 uniformados investigados relataron en entrevista con el medio digital La Posta este jueves, 26 de diciembre, que el día de la desaparición (8 de diciembre) realizaban la custodia militar de un camión que presuntamente transportaba productos de contrabando. Mientras se movilizaban por el sur de la ciudad habrían recibido la alerta del robo a una mujer.
En ese momento, los militares habrían neutralizado y aprehendido a los menores, quienes portaban armas de juguete, aseguraron. Un ciudadano, incluso, habría entregado a uno de ellos.
Tras esa aprehensión, uno de los uniformados indicó que se los trasladaba hasta el UPC del kilómetro 26, el más cercano a la unidad para la que laboran y que por procedimiento es al que acuden cuando se tiene que entregar material, droga, armas, entre otros indicios.
En la vía para dirigirse al UPC, a unos cinco o seis kilómetros de llegar al lugar, los militares indicaron que se alertó de desmanes en el sector de la vía a Taura. Supuestamente, en esa zona al menos 60 personas estaban en un centro nocturno libando en la vía pública y provocando desmanes.
“No sabíamos si podían tener armas o algo (en el sector de Taura del que recibieron la alerta), era arriesgar la integridad tanto de la patrulla como de los aprehendidos. Nosotros verificados, avanzamos y decidimos seguir y buscar una vía alterna para llegar a la UPC del kilómetro 26″, mencionó el militar.
En camino a la unidad policial, relató, se habrían topado con un árbol caído. Los menores habrían ayudado en el retiro del árbol y, en ese momento, supuestamente, solicitaron que se los deje ir.
“En esta instancia estas personas aprehendidas piden que se los deje ir, que no van a volver a hacerlo, que por favor se los deje ir”, dijo el uniformado, quien añadió que mencionaron que conocían el lugar.
En la vía para dirigirse al UPC, a unos cinco o seis kilómetros de llegar al lugar, los militares indicaron que se alertó de desmanes en el sector de la vía a Taura. Supuestamente, en esa zona al menos 60 personas estaban en un centro nocturno libando en la vía pública y provocando desmanes.
“No sabíamos si podían tener armas o algo (en el sector de Taura del que recibieron la alerta), era arriesgar la integridad tanto de la patrulla como de los aprehendidos. Nosotros verificados, avanzamos y decidimos seguir y buscar una vía alterna para llegar a la UPC del kilómetro 26″, mencionó el militar.
En camino a la unidad policial, relató, se habrían topado con un árbol caído. Los menores habrían ayudado en el retiro del árbol y, en ese momento, supuestamente, solicitaron que se los deje ir.
“En esta instancia estas personas aprehendidas piden que se los deje ir, que no van a volver a hacerlo, que por favor se los deje ir”, dijo el uniformado, quien añadió que mencionaron que conocían el lugar.
Al ser consultados los militares si se garantiza que los dejaron vivos, manifestaron que sí y que los dejaron “sanos y salvos donde ellos dijeron que los dejemos”. También indicaron que sí se remitió un informe el 9 de diciembre.
“Se descarta la desaparición porque nosotros no hemos sido. (…) dicen que personal de las Fuerzas Armadas los tienen escondidos en la base de Taura cuando eso es una total mentira”, afirmó uno de los militares entrevistados este jueves. Además señaló que este tema se ha vuelto político.
Los militares se refirieron a este tema ya que el caso se lo reconoce como una desaparición forzada.
Con el habeas corpus interpuesto por el Comité de Derechos Humanos (CDH) y concedido a favor de los familiares de los menores de Las Malvinas por la jueza Tanya Loor Zambrano el 24 de diciembre pasado, el caso pasó a reconocerse como “desaparición forzada bajo la responsabilidad del Estado”. (I)
