Gobierno presenta “solicitud de prevención” para impedir protestas de familiares víctimas de la represión y organizaciones rechazan medida
Gobierno de Dina Boluarte presenta «solicitud de prevención» contra protestas de familiares víctimas de represión policial
Por Mauricio Muñoz
A través de la Fiscalía, el gobierno de Dina Boluarte ha iniciado un procedimiento preventivo dirigido a representantes de organizaciones sociales y familiares de las víctimas de las protestas ocurridas el 15 de diciembre de 2022. Este documento fue emitido luego de que José Félix Garay Barrientos, funcionario del Ministerio del Interior, enviara una carta al Ministerio Público. En dicha misiva, se informaba sobre las protestas anunciadas en el marco de las celebraciones del Bicentenario de Ayacucho, cuyo objetivo sería exigir justicia para las víctimas de los sucesos mencionados.
El procedimiento preventivo busca evitar cualquier acto de protesta programado para las festividades del Bicentenario de Ayacucho, un evento conmemorativo que contará con la presencia de la presidenta Dina Boluarte. En este sentido, el Ministerio Público ha notificado a los principales dirigentes sociales de las organizaciones involucradas que se abstengan de realizar manifestaciones públicas durante los días en que se llevarán a cabo los eventos.
Las organizaciones de base afectadas por la medida han expresado su rotundo rechazo, así como su descontento con la presencia de Dina Boluarte en las celebraciones del Bicentenario. Este malestar se produce debido a que numerosos ciudadanos de Ayacucho consideran la visita de la presidenta como una provocación, al recordar que han pasado dos años sin obtener justicia por los asesinatos ocurridos durante las protestas.
Por otro lado, algunas autoridades locales de Quinua han mostrado un respaldo indirecto a la medida, oponiéndose a cualquier tipo de manifestación durante las celebraciones. Según el comunicado emitido por dichas autoridades, las protestas no solo deslucen los eventos conmemorativos, sino que también podrían poner en riesgo el bienestar de la población de la localidad.
Dina Boluarte no hace mea culpa por muertes en protestas
La presidenta Dina Boluarte conmemoró dos años del fallido golpe de Estado protagonizado por el expresidente Pedro Castillo, recordando las protestas ocurridas al inicio de su mandato, que dejaron más de 50 muertos debido a la represión ejercida contra ciudadanos que exigían elecciones generales.
A pesar de la gravedad de estos hechos, Boluarte evitó realizar una autocrítica y destacó que, gracias a su «terquedad», el pabellón nacional ondea hoy. Durante la ceremonia, afirmó que en 2023 se celebraron la democracia, la libertad, la propiedad privada, la economía de mercado y los derechos humanos.
En su intervención, la mandataria omitió referirse al rol de la Policía Nacional del Perú frente a las protestas ciudadanas, optando por señalar que grupos violentos habrían intentado desestabilizar el sistema democrático. Este discurso se da en un contexto donde su popularidad se encuentra en el nivel más bajo, con solo un 3% de aprobación, según recientes encuestas. Boluarte también acusó a ciertos sectores de promover el caos como estrategia para enfrentarse al poder y generar confrontación en el país.
«¿Es razonable que alguien en su sano juicio haga llamados a una guerra civil o a que corran ríos de sangre en nuestra patria?», cuestionó Boluarte, rechazando enfáticamente lo que consideró llamados destructivos desde ciertos sectores de la sociedad. Según ella, estas ideas violentas provienen de «ideologías de odio» que buscan perpetuar la confrontación con el fin de destruir la democracia y las libertades consagradas en la Constitución.
Protestas, Rolex y corrupción: 5 escándalos que persiguen a Dina Boluarte y sacuden sus dos años de gobierno
A dos años de asumir la Presidencia del Perú, Dina Boluarte enfrenta un panorama político y judicial adverso. Su mandato, iniciado tras la destitución de Pedro Castillo en diciembre de 2021, ha estado rodeado de escándalos que la han puesto en el centro de diversas investigaciones. Estas incluyen acusaciones de homicidio, cohecho (corrupción), encubrimiento y abandono del cargo, entre otras.
Boluarte llegó al poder en medio de una crisis política tras el fallido autogolpe de Pedro Castillo. El no escuchar el reclamo popular de un adelanto de elecciones desató una ola de protestas a nivel nacional que dejó un saldo de 49 muertos. La represión de estas manifestaciones marcó el inicio de las investigaciones en su contra.
Sin embargo, de acuerdo a la Constitución, los altos cargos de elección popular gozan de inmunidad, por lo que las investigaciones deben ser aprobadas mediante denuncias constitucionales en el Congreso. Este procedimiento ha generado retrasos y archivo de casos, lo que ha sido objeto de críticas desde diversos sectores.
Los casos abiertos contra Dina Boluarte
Muertes en las protestas
– La primera investigación contra Boluarte se centra en las muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023. La exfiscal general Patricia Benavides presentó una denuncia inicial por homicidio, genocidio y lesiones graves, pero esta fue archivada por el Congreso.
Sin embargo, una nueva investigación sigue en curso para determinar si las órdenes de la presidenta influyeron en los fallecimientos. La defensa de Boluarte niega cualquier responsabilidad directa.
El ‘Rolexgate’
– Este escándalo estalló tras revelarse que Dina Boluarte habría recibido relojes de lujo y joyas que no declaró. La investigación se dividió en dos procesos:
Uno por cohecho, relacionado con la recepción de los objetos, que ya cuenta con una primera aprobación en el Congreso.
Otro por enriquecimiento ilícito, aún en desarrollo, después de que se rechazara una solicitud de archivo por parte de su defensa.
Vínculos con el prófugo Vladimir Cerrón
– La presidenta es investigada por presunto encubrimiento del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien se encuentra prófugo tras ser condenado por corrupción.
Las sospechas se intensificaron cuando un vehículo oficial de la Presidencia fue visto en una zona donde la Policía buscaba a Cerrón. Este hecho ha generado especulaciones sobre un posible encubrimiento.
Reuniones con la exfiscal Patricia Benavides
– Boluarte es acusada de recibir a la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides para negociar el archivamiento de una denuncia en su contra a cambio de mantener al director de la Policía Nacional en su cargo.
La Fiscalía investiga si la presidenta incurrió en cohecho pasivo impropio al aceptar esta supuesta “promesa de archivo”.
Abandono del cargo, ¿estamos en piloto automático?
– En 2023, una cirugía nasal de Boluarte desató otra controversia. Durante los 12 días posteriores a la intervención, no realizó actividades públicas, y su equipo de comunicaciones difundió fotografías antiguas para simular normalidad.
La Fiscalía investiga si este hecho constituye abandono del cargo, al no haberse comunicado oficialmente su impedimento temporal para ejercer la Presidencia.
Impacto en el panorama político
Estas investigaciones contra Dina Boluarte es una muestra de la crisis política en la que está sumido su gobierno. Mientras su defensa insiste en la inocencia de la mandataria, la oposición y diversos sectores cuestionan su gestión y ética en el ejercicio del poder.
