Golpe parlamentario permanente – Por Aida García Naranjo Morales
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Aida García Naranjo Morales *
“Desde julio del 2016, el Perú vive bajo la amenaza de golpe de Estado permanente. Hay diversos actores que lo buscan y lo impulsan, hay instituciones que lo permiten y hay factores estructurales que lo alimentan.El elemento más crítico del sistema político es la forma de gobierno que, en el Perú́, es el presidencialismo parlamentarizado”. (López, Sinesio. La Republica)
El texto antes referido de Sinesio López, da cuenta del grado de agotamiento de la representación política en el Perú, y él centra su explicación en una crisis de representación radical. Nos toca hoy, vivir una situación en que el momento destituyente de Dina Boluarte prevé el que no acabe su mandato; mientras tanto el contubernio con el congreso daña al país vía una coalición y un pacto infame que pervierte el sistema electoral.
De ello también da cuenta no solo Sinesio López desde la izquierda, en su análisis de golpe de estado permanente, si no el propio Juan Carlos Tafur desde el extremo contrario, señalando que el pacto infame se expresa en: el populismo Penal, la intromisión en los fueros fiscales y judiciales, la perversión del sistema electoral, la destrucción de la meritocracia magisterial, la aniquilación de las políticas de género, la amnistía de los criminales de guerra, la afectación de derechos civiles, entre otros temas. Son el combo siniestro que este legislativo viene desplegando y cada día que pasa sorprende con una nueva iniciativa peor que la anterior y en ello la responsabilidad principal la tienen dos agrupaciones partidarias: fuerza popular y Alianza Para el Progreso, keiko fujimori y César Acuña, el segundo ya se dio cuenta de que no tiene ninguna posibilidad presidencial y que gana más obteniendo una cuota de poder congresal y acomodarse al gobierno de turno.
Contrareforma electoral en marcha
Desde el congreso impune y corrupto se viene impulsando una nueva ofensiva legislativa tanto política como en materia electoral que busca consolidar un escenario favorable al fujimorismo y que es considerado el ideal para sus pretensiones de “restauración conservadora”. Esta ofensiva se expresa en la decisión de buscar doblegar al JNE, acorralar a fiscales y jueces, elevar a 1 millón de soles el aporte que una persona o empresa podrá darle a un partido por cada año.
El plan es la devastación institucional en cuyo timón está el Congreso de la Republica encabezado por el fujimorismo. La propia elección con carácter fraudulento de la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ) dejó herida de muerte la separación de poderes constituyendo una abierta ruptura del Estado de Derecho. La coalición que tiene el control del Congreso de la Republica ha conformado una JNJ alienada con sus propios intereses que de acuerdo con la Misión Internacional de Observadores (MIO) no cumplió con los estándares mínimos de transparencia, ni la apertura imprescindible para el escrutinio público, y estaría hecha a la medida de los partidos políticos que están siento investigados por a la justicia. Ha sido capturada la institución que se encarga de seleccionar, nombrar, ratificar y destituir a jueces y fiscales en todo el país, así como la ruptura de Estado de Derecho.
La agenda conocida y que es prioritaria en el Congreso de la Republica se expresará a través de las Comisiones de: Constitución y Justicia, no podemos dejar de señalar que recientemente el Congreso aprobó una ley que da “libertad para matar” (gatillo fácil) aprobada por 94 votos a favor en que se blinda a las fuerzas policiales en el uso de sus armas de fuego.
Se busca también intimidar a los fiscales con la destitución y en este mismo dictamen que nació por iniciativa de Waldemar Cerrón (PL) se plantea elevar de 5 a 10 años las condenas a jueces por prevaricar. La Ley de Extinción de Dominio y el debilitamiento del Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) están en la puerta del horno, bajo la autoría también del fujimorismo (el autor es Jorge Morante). En materia de impunidad ya van 41 solicitudes de exmilitares para acogerse a la ley de impunidad 32107. La Ley Colina. En la mayoría de casos pertenecientes a sentenciados (22) por la masacre de Cayara, según reporte de la Asociación Pro Derechos Humanos, Aprodeh. Los familiares de las victimas exigen derogatoria de dicha norma promovida por el fujimorismo. También instan a los jueces a inaplicarla.
A las organizaciones antes mencionadas (Fuerza Popular, APP y PL), se suma Podemos Perú (PP) intentando cambiar las reglas electorales de los comicios 2026. Ello se buscaría hacer a través de dos proyectos de ley que apuntan a abrir la posibilidad de que personas que no militan en ninguna organización política puedan afiliarse tardíamente, fuera de plazo o postular como designados, (popularmente conocidos como invitados). Esto es el reino de la “dedocracia”.
El plazo para afiliarse a una organización política y participar en el proceso electoral en los comicios generales del 2026 venció el 12 de julio de este año (2024), sin embargo, la congresista Heidy Juárez busca ampliar el periodo de afiliación hasta el 12 de enero del 2025, la iniciativa lleva las firmas de otros congresistas entre ellos José Luna Gálvez, Guido Bellido, Francis Paredes, entre otros. La justificación es que “los plazos resultan ser insuficientes para participar en el proceso electoral del año 2026 y que se pueda llevar a cabo un proceso de afiliación e inscripción de militantes.
El referido proyecto de ley busca extender el plazo para participar en elecciones primarias, exceptuándose el plazo dispuesto en el articulo 24-A de la ley 28 094, Ley de Organizaciones Políticas (LOP), y para el caso de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 el plazo de afiliación sería el 10 de abril del 2025, en la nueva iniciativa, esto promoverá más improvisación y mayor fragmentación.
* Educadora, cantante y política peruana. Fue Ministra de la Mujer y Desarrollo Social durante el gobierno de Ollanta Humala y embajadora del Perú en Uruguay
