Balance a ocho años de la firma de acuerdos de paz con las FARC
Tras ocho años del acuerdo de paz, la violencia sigue asustando en las regiones: estas son las zonas en conflicto
Tras ocho años de implementación y más de 88 billones invertidos, el acuerdo de paz no ha logrado cambios estructurales en el país. Así lo indica la Contraloría General en su más reciente balance sobre el cumplimiento de los compromisos acordados entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc en La Habana. Su bajo cumplimiento también se evidencia en el deterioro de la seguridad en varias regiones del país y en la crítica situación en que viven los excombatientes que habitan los Espacios de Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).
Ningún episodio ejemplifica más esta situación que el ataque perpetrado por el Eln contra miembros del Ejército que custodiaban la vida de las personas en reincorporación en el ETCR de La Plancha y que les causó la muerte al cabo segundo Fredys David Robles Romero y a los soldados profesionales Carlos Andrés Ramos Martínez, Iván Darío Reina Carabalí y Fabián José Regino Mora.
Al complejo panorama de orden público para las comunidades y para los firmantes, hay que sumarle los enormes rezagos en la reforma rural integral, el aumento del área sembrada con coca en el país que pasó de 146.000 hectáreas en 2016 a 253.000 en 2023 y la demora en la imposición de sanciones para los máximos responsables de graves delitos durante el conflicto.
“El deterioro de la seguridad territorial, la concentración de las entidades en tareas de planeación y no de ejecución, el avance lento de la indemnización a las víctimas, la baja ejecución de los recursos para la implementación, y la falta de acceso a la información y transparencia por parte del actual Gobierno sobre cómo vamos, son algunos de los hallazgos”, dice Carolina Varela, coordinadora de Del Capitolio al Territorio, de la FIP, quien el viernes presentó un balance de estos ocho años de acuerdo.
Tampoco ayudó que durante este Gobierno se le dio prioridad a la política de ‘paz total’ y que la implementación pasó a un segundo plano. Fue durante esta administración que la Alta Consejería para la Estabilización se transformó en la Unidad de Implementación del Acuerdo, una entidad subordinada a la oficina del comisionado Otty Patiño y que simplemente articula a las otras entidades del sector paz.
Para enmendar el error, el gobierno Petro optó por traer a Juan Fernando Cristo, uno de los artífices del fast track que permitió sacar adelante el acuerdo en el Congreso. Meses después de asumir, el ministro del Interior presentó un plan de choque con cinco puntos (incluida la ampliación de las subregiones Pdet por ocho años) con el que promete acelerar el cumplimiento de lo pactado.
Los rezagos en la implementación y el poco plazo para cumplir lo acordado también generaron una ampliación del Plan Marco –la hoja de ruta del acuerdo– hasta el 2038, es decir, ocho años más de lo planteado inicialmente.
La violencia no da tregua
Desde el 2017 han sido asesinados 432 firmantes del acuerdo, y solo 11 de los autores de esos crímenes han sido condenados. Si bien las cifras de homicidios de los excombatientes vienen disminuyendo desde 2019, cuando alcanzó su pico con 80 casos, siguen siendo preocupantes. Según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), las regiones con más casos son Cauca, Nariño, Caquetá y Antioquia.
Igual de preocupante es el panorama para los que viven en los ETCR. Según datos de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), desde que funcionan estos espacios, en cuatro de los 24 los firmantes han tenido que abandonar el territorio: Yarí (Meta-Caquetá), Santa Lucía-Ituango (Antioquia), Georgina Ortiz-Vistahermosa (Meta) y Mariana Páez-Mesetas (Meta).
“El Gobierno debe hacer una evaluación profunda de su estrategia de paz e implementar, ahora que puede, de manera efectiva y seria el acuerdo. El tiempo está pasando y el Estado debe llegar a los territorios donde hoy la violencia campea con absoluta libertad”, señaló Pastor Alape, ex-Farc y miembro de Comunes.
Además, según cifras de la Fundación Ideas para la Paz, desde la firma del acuerdo hasta agosto de 2024 se han registrado 1.164 homicidios de líderes, incluidos 114 este año (48,2 % en zonas Pdet). Además, entre 2022 y el 2023, según datos de la Defensoría del Pueblo, el reclutamiento de menores ha aumentado 552 %.
Tampoco hay reducciones significativas en el número de miembros de la Fuerza Pública asesinados en actos de servicio (en 2023 fueron 84, uno más que en 2016), en los hechos de terrorismo (202 en 2016 y 192 en 2023) o en el secuestro (en 2023 se disparó con 338 casos).
Para Alejandra Miller, encargada de la reincorporación en este gobierno, este deterioro es evidente y coincide con Alape en que la no implementación es una de las causas del problema. “Ese factor permitió que muchos grupos armados fueran resurgiendo en esos territorios, regiones donde el Estado no implementó lo que se había pactado, y eso significó por supuesto que estas estructuras armadas tomaran más fuerza y que hoy tengan altos niveles de control territorial”, le dijo a EL TIEMPO.
Pese a esto, la funcionaria destaca que el 87 % de los firmantes, lo que equivale a 12.105 exguerrilleros, siguen comprometidos con el acuerdo adelantando proyectos productivos individuales o colectivos.
La coca todavía es el motor de la guerra
El más reciente informe del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) reveló que durante 2023 los narcocultivos se incrementaron en Colombia en un 10 %, al pasar de 230.000 hectáreas a 253.000. La cifra es más alarmante si se tiene en cuenta que en 2016 estas no superaban las 146.000. De hecho, en el último informe del Instituto Kroc señala la persistencia de la erradicación forzada y la falta de claridad en torno a la sostenibilidad y financiamiento de las estrategias propuestas en la política de drogas.
Otro tema que está en deuda es la implementación del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis). A la fecha, menos del 1,5 % de las familias beneficiadas han completado la estrategia. “Esto tiene que ver con errores de planeación del programa y con las limitadas capacidades del Estado para operarlo en la escala y en los territorios que se decidió intervenir durante la fase temprana de la implementación, desconociendo criterios de priorización”, dice la FIP.
Con respecto a la reforma rural, uno de los grandes inconvenientes radica en la imposibilidad de tener acceso a datos confiables. Aunque la Agencia Nacional de Tierras sostiene que se han entregado más de 200.000 hectáreas para la reforma en los tres gobiernos, la Contraloría afirma que la cifra de adjudicaciones formales solo llega a las 18.201, es decir, el 2,1 % de la meta de tres millones.
En este punto hay avances en la aprobación del acto legislativo que crea la Jurisdicción Especial Agraria (falta solo la ley ordinaria) o en el que reconoce al campesinado como sujeto de derechos. “Tenemos responsabilidades significativas de cara a cinco planes sectoriales de la reforma ligados al riego y el drenaje, la asistencia técnica, la extensión agropecuaria, la comercialización y la generación de ingresos”, le dijo a este diario Lizeth Montero, asesora de despacho del Ministerio de Agricultura, sobre los retos de la entidad de cara a estos dos años.
Víctimas aún esperan sanciones y reparación
A la fecha, la JEP ha imputado crímenes de guerra y de lesa humanidad a 159 máximos responsables de los hechos más graves ocurridos durante el conflicto armado. Se imputaron 55 comparecientes de las extintas Farc, entre ellos el último secretariado de esa guerrilla, así como varios mandos medios de la organización.
También se ha imputado a 100 comparecientes de la Fuerza Pública, entre ellos a siete generales retirados, de los cuales dos han reconocido su responsabilidad en la comisión de ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, tres civiles y un exagente del DAS fueron reconocidos por el tribunal como sujetos de responsabilidad por hechos relacionados con el conflicto.
Los 14 máximos responsables de la Fuerza Pública que no han aceptado sus responsabilidades están siendo investigados por la Fiscalía de la JEP (Unidad de Investigación y Acusación, UIA). En la actualidad, se adelanta el primer juicio adversarial contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía y en los próximos meses se iniciarán otros juicios. Asimismo, todos los comparecientes de las extintas Farc imputados por la JEP como máximos responsables reconocieron sus responsabilidades por las conductas catalogadas.
Sin embargo, el tribunal para la paz sigue sin emitir sanciones tras ocho años de funcionamiento, aunque evalúa la imposición de sanciones propias a 38 comparecientes que han aportado verdad y reconocido su responsabilidad.
Los últimos meses han estado marcados por la puja entre la JEP y el antiguo secretariado, quienes hablan de supuestos incumplimientos por parte del tribunal de paz e incluso sostienen que el tribunal se está apartando del sentido con el que fue creado. Los comparecientes critican la posibilidad de que, ante la apertura de múltiples macro-casos, se terminen dictando múltiples sentencias, por lo que han amenazado con apartarse de las determinaciones del tribunal. La respuesta de la JEP ha sido clara en que quienes incumplan sus compromisos están sujetos a la pérdida de los beneficios.
En cuanto a las víctimas, dice el informe de De Capitolio al Territorio, 1’325.542 han sido indemnizadas (el 17,3 por ciento del total). “A este ritmo, el Estado tardaría 52,6 años en cumplirles a las víctimas”, indican. De acuerdo con la Unidad para la Implementación, durante esta administración se han formulado 79 planes de reparación colectiva, no obstante, este asunto sigue presentando retrasos enormes. “Del total de solicitudes enviadas a los jueces de restitución, solo hay sentencia sobre el 8,9 por ciento de ellas”, dice la FIP.
El futuro de Comunes
La firma del acuerdo de paz trajo consigo la posibilidad de que 10 excombatientes llegaran al Congreso. Si bien se les dio dos periodos legislativos para consolidar una base electoral, todo indica que para 2026-2030 no habrá representantes de ese partido en el Parlamento. En la última elección, de hecho, solo sacaron el 0,19 % del total de votos en Senado y el 0,12 % en Cámara.
“Es un partido que tiene unas bases muy estrechas, más estrechas de lo que se pensaba para este punto y eso anuncia un futuro difícil toda vez que en las próximas elecciones ya no tendrá sus cinco curules aseguradas en cada cámara y que no tendrá la personería jurídica asegurada. Es cierto que han podido aprender un poco del juego democrático y han sido importantes para apoyar el Pacto Histórico en esta coyuntura, pero más allá de eso no hay mucho por destacar”, señaló Yann Basset, docente de la Universidad del Rosario.
Entre los aspectos que siguen presentando rezagos en el punto 2 aparece la falta de una reforma política –la propuesta surte su trámite en el Congreso–, los problemas en las garantías de seguridad para quienes presentan sus candidaturas a cargos de elección popular, especialmente el aumento de la violencia contra las mujeres y el limitado funcionamiento de los consejos territoriales de paz.
En cuanto a los avances legislativos, además del acto legislativo de la jurisdicción agraria, siguen pendientes el 23,4 % (25) de las normas necesarias para implementar el acuerdo, según ‘Del Capitolio al Territorio’. “Alrededor del 70 % de los compromisos sobre participación política (disposiciones sin iniciar y en estado mínimo) a esta fecha carecían de evidencia sobre su viabilidad para ser implementados en el tiempo estipulado en el acuerdo final”, indican desde Kroc.
Se destaca la aprobación del servicio social para la paz como alternativa al servicio militar obligatorio y la continuidad de instancias claves para la implementación como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (Csivi) en el componente Comunes y la Instancia de Alto Nivel de Pueblos Étnicos.
Progreso del Acuerdo de Paz en Colombia, tras los ocho años de su firma
Por Juliana Figueroa y Paulé Cardenas
Con el objetivo de ponerle fin al conflicto armado, el país continúa en el proceso de implementación de lo pactado, presentando avances importantes, gracias a los retos superados entre el Estado Colombiano y las FARC-EP. Conozca la evolución que se ha tenido tras los ocho años de la firma, según La Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.
Punto 1. Reforma Rural Integral
Se entregaron 133.132 hectáreas de tierra, de las cuales 121.020 se han entregado provisionalmente y 12.112 han sido entregas definitivas, su mayoría, destinadas a población campesina y comunidades étnicas.
También, se han implementado los ocho subsistemas del Sistema Nacional de la Reforma Agraria y Desarrollo Rural, articulando los 16 Planes Nacionales de la Reforma Rural Integral. Esto incluye estrategias como los distritos agrarios en el Caribe y Magdalena Medio, un plan de estabilización en la región Amazónica, ordenamiento productivo en la Orinoquía, reconstrucción agroecológica en San Andrés y Providencia, áreas de protección en la región Andina, y territorios interculturales para la paz en la región Pacífica.
Por otro lado, el OCAD Paz, encargado de la asignación de recursos para los proyectos de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), ha establecido una nueva estrategia que organiza los recursos en bolsas subregionales. Esto tiene como objetivo garantizar que los $2,06 billones asignados para el bienio 2023-2024 se distribuyan entre las regiones más necesitadas.
Punto 2. Participación Política
Se han asignado $7.000 millones para financiar las instancias de participación establecidas por el Acuerdo de Paz, incluyendo la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), la Instancia Especial de Mujeres (IEM) y la Instancia Especial de Alto Nivel de Pueblos Étnicos (IEANPE).
Se aprobó el Servicio Social para la Paz como una opción al servicio militar obligatorio. Además, se llevaron a cabo 524 cursos, seminarios y diplomados, dejando como resultado la certificación de más de 20.500 personas en temas relacionados a la implementación del Acuerdo, como el activismo por la paz en áreas de conflicto, herramientas para mujeres lideresas y constructoras de paz en los territorios, fortalecimiento de capacidades para la paz, control social en la implementación del Acuerdo, derechos humanos y liderazgo para la paz.
Punto 3. Fin del Conflicto
En cuanto a las garantías de seguridad, uno de los temas más complejos, se logró implementar el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) con un enfoque de seguridad humana y se diseñó y aprobó la Política Pública para el desmantelamiento de organizaciones criminales, junto con su plan de acción permanente.
De igual manera, se aprobó e implementó el Plan Estratégico de Seguridad y Protección, junto con el Programa de Protección Integral para los firmantes de paz, sus familias y los miembros del partido Comunes, los cuales cuentan con un enfoque de género y han tenido una amplia participación de los firmantes.
En el proceso de reincorporación, se han registrado 12.105 personas, de las cuales 2.992 son firmantes del acuerdo, activos en el proceso de reincorporación integral. También, se han desembolsado $12.591 millones para financiar proyectos productivos de esta población en 32 departamentos. Además, 12.495 firmantes han sido integrados al ámbito laboral y se han adquirido y entregado 12.671 hectáreas en 55 predios a los firmantes.
Por otra parte, fueron creadas 24 rutas de respuesta inmediata para la seguridad de los firmantes en 27 departamentos y además, se desarrollaron 62 sesiones territoriales de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección desde un enfoque de seguridad humana y en desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad y Protección.
Punto 4. Solución al Problema de Drogas Ilícitas
El 94% de las familias del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) reciben Asistencia Alimentaria Inmediata; 65.498 de ellas cuentan con asistencia técnica integral, y 77.430 están avanzando con proyectos de autosostenibilidad y seguridad alimentaria. Pero también, 414 iniciativas de los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA) tienen una ruta de implementación en 48 municipios PNIS y PDET, lo que representa el 50,9%.
Punto 5. Acuerdo sobre las Víctimas
Se han formulado 79 Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC), de los cuales 45 están destinados a sujetos de reparación colectiva étnicos, 28 a comunidades campesinas y 6 a organizaciones y grupos. Hasta la fecha, se ha logrado realizar 355.596 giros de indemnización a 305.165 víctimas, por un valor total de $3,1 billones, 296.692 han sido indemnizadas por vía administrativa y 8.473 por vía judicial.
En cuanto a la restitución de tierras, se han habilitado 15.604 solicitudes en la ruta individual, lo que representa el 88% de las solicitudes recibidas. De estas, 10.772 han sido tramitadas y corresponden a 140.191 hectáreas, beneficiando a 31.640 personas.
Asimismo, se creó y puso en funcionamiento la Instancia de Articulación entre el Gobierno Nacional y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para la ejecución de sanciones. Se ha asegurado el seguimiento a 104 recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, priorizadas por el Gobierno nacional.
Finalmente, se aprobó el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, estableciendo una hoja de ruta para avanzar en este proceso en el país.
Punto 6. Implementación, Verificación y Refrendación con enfoque étnico
Se reactivó y fortaleció el rol político de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), llevando a cabo su primera sesión territorial en Putumayo, con la participación de más de 250 firmantes de paz, miembros de comunidades, representantes del Gobierno Nacional y autoridades locales.
De manera significativa, también avanza la revisión y actualización del Plan Marco de Implementación, que actúa como guía para el cumplimiento de los acuerdos. Este proceso ha implicado más de 100 ajustes y la incorporación de más de 70 nuevos indicadores a los ya existentes. Este informe, también detalla los avances en la implementación de los capítulos relacionados con los pueblos étnicos y el enfoque de género, así como los avances normativos y legislativos alcanzados hasta el momento.
Estos son los avances más representativos que ha tenido el Acuerdo de Paz hasta el momento. Las comunidades que fueron afectadas por el conflicto armado, mantienen altas expectativas frente al cumplimiento total del Acuerdo.
