Se intensifican operativos para repatriar haitianos con presencia militar y policial
Luces y sombras del operativo del gobierno contra migrantes haitianos indocumentados
Por Ashley MartínezSantiago
Tal como lo ha dispuesto el presidente Luis Abinader, los operativos migratorios se han intensificado a fin de alcanzar la meta de repatriar a 10,000 inmigrantes irregulares por semana.
En Santiago, la presencia militar, de agentes de Migración, sus famosas “camionas” y la Policía Nacional en las calles, ha incrementado, y con ellos, las constantes denuncias de abuso de poder y maltratos, incluyendo, la detención de ciudadanos dominicanos.
Hacinados y sin comida
La desesperación de cientos de migrantes detenidos en el centro de acopio sobresale hasta las afueras del lugar. El olor y los escándalos penetran el portón del departamento de Migración aquí en Santiago.
Adentro, el panorama es todavía peor. De acuerdo a Jumilce Valcin, un pastor haitiano que facilidades para entrar al recinto y asistir a los detenidos, se estima que hay de entre 60 a 80 personas por habitación o celda, por lo que “algunos no pueden ni respirar, de tanta gente”.
Allí hay migrantes que han permanecido apresados hasta por dos días, donde no se permite entrar comida, solo una botella de agua. A este centro de acopio de Santiago llega gente detenida en otras demarcaciones, como Moca.
Una vez llegan al recinto, tienen derecho a una llamada para avisar que han sido detenidos y puedan llevarles lo que necesitan para salir o para su viaje de retorno a Haití.
Afuera del centro de detención, muchos familiares, allegados y empleadores dijeron estar de acuerdo con la repatriación de las personas con estatus ilegales, siempre y cuando se les respete su dignidad humana y no los maltraten.
Caso de menores
Varios nacionales haitianos de los que permanecían en las afueras del centro de migración de Santiago, esperaban que dejaran en libertad a sus hijos o dependientes menores de edad, quienes habían sido apresados mientras se dirigían a la escuela y otros mientras trabajaban.
Un hombre, que prefirió no identificarse, contó que a sus dos hijos se los llevaron a pesar de haberse identificados como menores de edad y les enseñaron su mochila con cuadernos y libros mientras se dirigían a la escuela.
Otro caso es el de Lenny Pérez, una mujer que tenía a un menor haitiano trabajando como delivery. Cuenta que es un muchacho bueno, que todo lo que consigue es para comprarle medicina a su madre, que está enferma de cáncer.
“El se iba a montar en el motor, (a llevar un pedido) y llegó migración y lo montó, yo les dije, mira él es menor, trabaja aquí, su mamá tiene cáncer y vive a una esquina, yo te puedo llevar donde ella, y me dijeron no, yo le enseñé el carnet de escuela y me dijeron “quítenme eso de ahí que él es haitiano”, y para adentro se lo llevaron”, contó Pérez a LISTIN DIARIO.
Asimismo, Lenny atestiguó como un guardia rompió un documento de identidad que un nacional haitiano le estaba mostrando.
Dominicanos apresados
Miguelina Barrientos, es una madre dominicana residente en la provincia de Montecristi, quien se encontraba afuera del centro de Migración de Santiago, buscando a su hijo a quien los guardias apresaron “por ser negro”.
Cuenta que el muchacho fue detenido mientras compraba una comida en Villa Vásquez, “porque ahora uno no puede ser de color negro, ahora es un delito ser negro, porque uno es negro ahora uno es haitiano”.
Dice que después de una larga espera, cuando le permitieron pasar a ver a su hijo, este le dijo “sácame de aquí, que yo no soy ningún haitiano”. Miguelina indicó que después de mostrar la cédula dominicana, el pasaporte y residencia americana de su hijo, fue dejado en libertad, pero que cuando é llegó al centro y se identificó como dominicano, un guardia le pidió 500 pesos.
El retorno
Si bien miles son deportados diariamente, otros tantos regresan a los pocos días. Contadas por los mismos haitianos, estas son las historias de su travesía para volver y cuanto les cuesta:
“Entre 9 y 10 mil pesos si es en vehículo como motoconchos, carros y yipetas que ya tienen el negocio cuadrado con los agentes de migración en la frontera. Si es por el monte, cinco o seis días caminando, son entre 4 y 5 mil pesos”, explica un nacional haitiano conocido como Chipa, quien trabaja en la agricultura de República Dominicana desde hace 18 años.
A él lo han deportado a Haití en cuatro ocasiones. La última vez, un viernes de hace aproximadamente dos meses, fue detenido cuando iba de camino a su trabajo. Cuenta que le faltaron 200 pesos para pagar 10 mil, por el viaje de retorno con un motoconcho.
“Se le paga a los motoconchos, migración los para pero ellos pagan el peaje a los guardia los dejan seguir”, indicó. Dice que los agentes de migración ya conocen a los choferes que se dedican a este trabajo de movilizar a los ilegales, y por eso no los detienen.
Asimismo, otro nacional haitiano identificado como Lele, dice que una sola vez lo llevaron preso, ya que antes, con su carnet de trabajo podían venir al país “normal”, pagando su pasaje, pero ahora, es escondido. “si tu no vienes escondido, la guardia y migración te devuelven para atrás”
Cuenta que el problema es que “venir escondido sale más caro, entre 10 mil y 9 mil pesos”. Explica que la guardia coordina con haitianos que conocen, ellos pagan y los agentes dejan el espacio libre para que ellos crucen.
Asegura que actualmente, tienen miedo porque no pueden salir a trabajar, “uno sale de trabajar cansado, explotado y la guardia de una vez se lo lleva a uno”, dijo, asegurando que “uno viene aquí atrás del trabajo y después a pasar mucho trabajo cuando lo agarran”.
Dijo además, estar de acuerdo con que se deporten a los ilegales, “porque ese su trabajo”, pero la manera no es la correcta. “Meten a todos en ese calentón de la camiona, niñas, niños, mujeres embarazadas, a todos”, puntualizó.
Sector bananero
El sector agrícola, sobre todo el bananero en la provincia Valverde, es uno de los que más se ven afectados por la deportación masiva de nacionales haitianos, ya que son su principal mano de obra.
Francis Polanco, un productor bananero de la zona, explicó que “hay un mito sobre todo en el criterio de que se emplea mano de obra haitiana porque es más barata, negativo, ya las cosas han cambiado muchísimo a nivel de campo en ese sentido, pero básicamente también porque el dominicano no quiere trabajar el campo, no quiere ir acá”.
Dice que en los últimos días la presión ha aumento, “antes ellos andaban en un motor y una camioneta ahora andan tres motores y dos camiones”, sin embargo, los primeros días se ve el resultado y luego ya no.
Polanco Entiende que los funcionarios deben buscar las soluciones y alternativas para regularizar a los trabajadores del campo y de otros sectores como la construcción. O bien, que los controles sean en todas partes, no solo en las partes críticas o donde hay comercio.
“Yo tengo trabajadores que se lo llevan hoy, y ocho mil pesos después, a los cuatro días ya están aquí otra vez”, puntualizó.
Indicó que anteriormente, a través de la Asociación Dominicana de Productores de Banano, Inc. (Adobanano), se emitió un carnet que les permitía a ellos, por el hecho de que estaban trabajando, permanecer aquí, pero los guardias se lo están quitando. “Ellos muestran el carnet a los agentes y ellos dicen que no lo reconocen porque no se hizo un acuerdo con migración. Pues si eso es lo que hay que hacer, vamos a hacer el acuerdo”.
Plan de regularización
El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) de la República Dominicana fue implementado en 2013 como respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC-0168-13) y se basó en el Decreto 327-13, diseñado para regularizar a los extranjeros en situación migratoria irregular que residían en el país antes de 2011, permitiendo que más de 288,000 personas obtuvieran un estatus legal.
Sin embargo, el PNRE emitió sus últimos documentos importantes a mediados de 2017, cuando los permisos iniciales otorgados durante la regularización comenzaron a vencer. Durante ese período, se emitieron alrededor de 230,065 carnés para personas que lograron obtener un estatus migratorio regular.
Este plan tuvo una duración inicial de 18 meses, durante los cuales las personas podían solicitar su regularización. Sin embargo, desde el vencimiento de los permisos iniciales en 2017, se ha evidenciado que el proceso ha sido problemático. Una auditoría realizada en 2022 mostró que 97% de los extranjeros regularizados no cumplieron con todos los requisitos, lo que ha llevado a dificultades para mantener la continuidad y eficacia del plan.
Haïti-RD : Le rapatriement massif en si peu de temps pose des défis humanitaires, juridiques et sociaux, selon la Fondation Zile
Appel à la Coopération et à la Solidarité
Document soumis à AlterPresse le 4 octobre 2024
Les relations entre la République Dominicaine et Haïti traversent à nouveau un moment d’inquiétudes, évoquant des échos du passé conflictuel du XIXe siècle, marqué par la construction des États-nations des deux pays. Cependant, la réalité actuelle est différente. L’interdépendance entre les deux nations, en particulier dans la zone frontalière, a été clairement démontrée lors du récent différend concernant la construction d’un canal d’irrigation à Ouanaminthe, en Haïti. Ce constat nous pousse vers une politique de bon voisinage, de coopération et de solidarité.
Désinformation et une rhétorique qui divise
Il est regrettable que, malgré cette réalité, certaines voix dans les médias et sur les réseaux sociaux continuent de promouvoir l’inimitié entre les deux peuples. Ces acteurs cherchent à influencer non seulement les politiques publiques, mais aussi à inciter des citoyens communs à intervenir dans des domaines sensibles tels que la gestion migratoire, un champ qui appartient exclusivement aux autorités et qui doit être géré conformément à la loi, sans ambiguïtés.
Contexte de la crise haïtienne
La grave crise que traverse Haïti ne devrait pas être un motif pour rompre la fraternité, la solidarité et la paix sociale que nous devons garantir sur notre île partagée. Les récentes manifestations empreintes d’hostilites des secteurs se réclamant d’un certain nationalisme et la décision de la République Dominicaine de rapatrier jusqu’à 10 000 Haïtiens par semaine suscitent des inquiétudes légitimes de la part des secteurs solidaires des deux pays, ainsi que des préoccupations au niveau international. Cette mesure semble être une réponse au manque d’action de la communauté internationale face aux appels réitérés du gouvernement dominicain à réduire l’impact de la crise haïtienne sur son territoire.
Il est important de noter que la République Dominicaine n’est pas seule dans ses critiques envers l’indifférence internationale. Des figures influentes, comme le Pape François, ont exprimé à plusieurs reprises leurs préoccupations relatives à la situation en Haïti. Plus récemment, le secrétaire général des Nations Unies a également remis en question le manque d’attention portée au cas haïtien, soulignant que de nombreux acteurs internationaux préfèrent financer des conflits plutôt que de consacrer des ressources à la stabilisation d’Haïti.
Considérations Humanitaires
Bien que la frustration dominicaine en rapport à la communauté internationale soit compréhensible, il est difficile de justifier moralement l’expulsion de personnes fuyant la violence en Haïti. La situation actuelle reflète plus de 700 000 déplacés internes, et les récentes attaques du gang «Gran Grif» dans le bas Artibonite ont causé de nombreuses victimes. Les infrastructures d’Haïti sont gravement détériorées, manquant de capacité pour recevoir un grand nombre de rapatriés de manière efficace, ce qui pourrait aggraver l’instabilité et la souffrance humanitaire.
Défis et Volonté de Changement
Le rapatriement massif en si peu de temps pose des défis humanitaires, juridiques et sociaux. Par conséquent, il est essentiel que ce processus se déroule de manière transparente tout en garantissant les droits des personnes concernées. À cet égard, parmi les nouvelles dispositions dominicaines, le «Protocole d’Identification des Migrants Illégaux et leur Retour Assisté», qui propose une collaboration avec les autorités haïtiennes et des conditions de retour dignes, est une avancée positive. S’il est appliqué correctement, il peut marquer une étape importante pour assurer la coordination et l’assistance consulaire nécessaires, et préserver les droits des rapatriés.
De même, l’accent mis sur la formation continue des inspecteurs en gestion de crises migratoires et droits humains, ainsi que la lutte contre le trafic de personnes sont prometteurs et conduiront à un management professionnel et respectueux de la loi.
Ces dispositions semblent exprimer la volonté dominicaine de marquer une différence avec les erreurs et faiblesses dans la gestion récente des rapatriements. La contre partie haïtienne selon la lettre et l’ esprit de l’ accord de 1999 sur les rapatriements devrait pour sa part lancer une campagne de sensibilisation particulièrement dans la région frontalière et les zones pourvoyeuses de migrants afin de les dissuader à ne pas s’engager dans les voyages clandestins vers la République Dominicaine.
Coopération Internationale
Compte tenu de la nature transfrontalière du sujet, il est impératif de coordonner les efforts avec des agences onusiennes comme l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les refugies (HCR), qui collaborent déjà avec le gouvernement dominicain, afin d’assurer un processus de rapatriement conforme aux conventions internationales sur la matière et préservant la dignité humaine.
Information et Assistance Juridique
Afin d’ éviter les erreurs du passé dans les opérations de rapatriements notamment de donner l’ impression de lancer une chasse à l’ homme, Il est essentiel que les personnes concernées reçoivent des informations claires et accessibles sur leurs droits et options juridiques pendant le processus de rapatriement. Les ONG et les fondations peuvent jouer un rôle crucial dans cette tâche, en fournissant une assistance juridique et en facilitant la régularisation de certains cas spécifiques.
Dialogue et Collaboration
Dans le discours public, l’exercice souverain du droit au rapatriement de la République Dominicaine ne doit pas être perçu comme une action politique contre Haïti ou ses ressortissants, car cela pourrait accroître la stigmatisation et le sentiment de rejet vers le peuple voisin et frère dans la société dominicaine. Le processus doit s’inscrire dans un dialogue continu entre les autorités dominicaines et haïtiennes, la société civile et les organisations communautaires. Ce dialogue est essentiel pour mettre en œuvre efficacement les nouvelles mesures et répondre aux préoccupations réelles des parties concernées.
Impact Économique et Groupes Vulnérables
Depuis plus d’un an la République Dominicaine a unilatéralement fermé ses frontières avec Haïti ce qui a entrainé la suspension de livraison de visas (sauf 131 a des syndicats de chauffeurs de transport de marchandises en faveur de la RD) et par conséquent des restrictions à la mobilité des personnes pour les activités commerciales, et professionnelles conduisant à la faillite d’ entreprises haitiano-dominicaines notamment dans l’ hôtellerie, la restauration et le transport. Les rapatriements annoncés entraîneront de nouvelles répercussions économiques dans les deux pays, affectant des secteurs comme l’agro-industrie et la construction en République Dominicaine, tout en réduisant les envois de fonds qui soutiennent les couches les plus vulnérables de la population haïtienne. L’on devrait s’attendre à un éventuel phénomène de boomerang migratoire.
Par ailleurs, Il est crucial d’établir clairement que les Dominicains d’ascendance haïtienne sans papiers et les demandeurs d’asile ne sont pas concernés par ces rapatriements. Aussi, une approche sensible aux groupes vulnérables devra être adoptée, tout en régularisant toute anomalie qui pourrait affecter les personnes appartenant aux catégories suivantes :
Membres de familles mixtes
Retraités du Conseil d’État du Sucre ou autres personnes âgées
Personnes inscrites au PNRE
Personnes en processus de renouvellement de résidence
Étudiants universitaires
Enfants officiellement inscrits pour cette année scolaire (dans des établissements privés ou publics)
Missionnaires et travailleurs religieux
Commerçants, entrepreneurs et chefs d’entreprises ayant des opérations en cours
Professionnels de divers domaines qui ne constituent pas une charge pour l’État dominicain
Travailleurs de l’agro-industrie et ouvriers de la construction liés à une entreprise
Personnes en transit pour des questions migratoires ou consulaires
Conclusion
Une opération de l’ampleur annoncée par le gouvernement dominicain ne peut être exécutée sans un dialogue ouvert et constant avec Haïti, qui doit être prête à recevoir et réintégrer ses citoyens. Dans les circonstances actuelles, la Fondation Zile (FZ) recommande qu’il soit organisé en urgence un dialogue bilatéral à ce sujet afin d’analyser tous les aspects y relatifs. De même, la collaboration des organismes internationaux est essentielle pour assurer d’un côté, un processus respectueux et coordonné. Et de l’autre, contribuer à l’ accueil et la réinsertion des rapatriés.
La FZ souhaite ardemment que le dialogue bilatéral puisse donner lieu à la relance des travaux de la commission mixte (CMB) pour traiter des questions d’ importance dont la normalisation des échanges entre les deux pays.
En tant que pays avec une importante communauté migrante, la République Dominicaine doit garantir aux migrants sur son territoire le même traitement qu’elle attend pour ses propres citoyens à l’étranger, avec dignité, respect et humanisme.
La FZ est une organisation à caractère binational fondée en 2005 a Santo Domingo dont la mission est la promotion de l’amitié, la solidarité et la coopération entre les deux peuples de l’ ile. Son conseil d’administration est présidé du coté dominicain par le Rev P Julio Antonio Acosta (Julin) et du coté haïtien par Mgr Ogé Beauvoir.
Santo Domingo, RD, 04/10/2024
