Argentina: el avance de un programa fascista y un peronismo ¿desordenado? – Por Emilia Trabucco

El avance de un programa fascista y un peronismo, ¿desordenado?

 Por Emilia Trabucco*

Las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, expresando su deseo de “meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro”, han causado una conmoción que va más allá del simple intercambio retórico en la arena política.

Sus palabras representan un claro ensañamiento contra la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que no puede desligarse del contexto de violencia política en el que se inscriben, exacerbado por la condición de Cristina como mujer, en continuidad con la construcción de un sentido común que incluye una visión patriarcal, misógina y machista. No es una simple cuestión de diferencias políticas; lo que Milei pone de manifiesto es un odio visceral hacia una figura que no solo ha desafiado los límites del poder en Argentina, sino que lo ha hecho desde una perspectiva de justicia social y de ampliación de derechos.

Cristina, en su cuenta de la red X, le contestó de manera directa: «Así que ahora también me querés matar», en alusión a los hechos de violencia que ha sufrido, con el intento de femi-magnicidio en septiembre de 2022 como el más claro ejemplo de esta escalada. El atentado, que aún sigue impune, fue perpetrado por grupos de ultraderecha que, de manera preocupante, encuentran hoy un respaldo en el gobierno actual. La participación de ciertos actores intelectuales de este atentado en el poder no es una coincidencia, sino parte de una estrategia sistemática que incluye la promoción de discursos de odio en las redes sociales, financiados por sectores alineados con la derecha, y la utilización de «granjas de trolls» y figuras influyentes para propagar estos mensajes.

Las reacciones no se hicieron esperar. Figuras del arco opositor, como el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, expresaron su más enérgico repudio. Kicillof destacó que «las palabras de Milei cruzan un límite inadmisible en la democracia», y que no pueden ser vistas como meros insultos o retórica política, sino como peligrosas incitaciones a la violencia.

Quintela, por su parte, señaló que este tipo de declaraciones son una clara muestra del “odio con el que gobiernan”, alertando sobre las implicancias de una gestión que se apoya en el desprecio a la oposición política. Sin embargo, el silencio de figuras del entorno oficialista, como Mauricio Macri y Patricia Bullrich, es tanto o más alarmante. No es la primera vez que la derecha opta por el silencio frente a expresiones de odio que atentan contra la democracia e instalan la estrategia de aniquilamiento del adversario político.

Este ataque contra Cristina no puede analizarse fuera del contexto más amplio de la política argentina contemporánea, donde la derecha, y en particular Milei, han implementado una agenda antiderechos. Lo que empezó bajo el gobierno de Mauricio Macri con una clara persecución política a figuras kirchneristas, ha alcanzado su cúspide con Milei, que no solo busca “desaparecer” al kirchnerismo, sino también instalar un proyecto de exclusión social y pobreza extrema de las mayorías. Este proyecto se apoya en la profundización de la crisis económica y social que vive Argentina, un contexto que ha servido de caldo de cultivo para discursos extremistas que apuntan a las clases trabajadoras y populares como responsables de los problemas del país.

A la violencia discursiva, se suma una crisis de representación política dentro del propio Partido Justicialista. En el horizonte inmediato se vislumbran las elecciones de autoridades partidarias en noviembre, un escenario donde líderes como Kicillof, Quintela y la propia Cristina Kirchner protagonizan una interna que refleja las tensiones dentro del movimiento nacional y popular. Esta crisis no es nueva, pero en el contexto actual de profunda descomposición social y económica, adquiere una dimensión más grave. Cristina misma lo ha expresado en sus cartas, afirmando que “el peronismo se desordenó”, una frase que refleja la falta de cohesión dentro de un movimiento que históricamente ha representado los intereses de las mayorías trabajadoras, pero que hoy enfrenta serios desafíos para mantener esa representación.

Mientras tanto, la conflictividad social sigue en aumento. El movimiento estudiantil y los actores de las universidades públicas, que encabezan las protestas contra el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, son los principales protagonistas en esta etapa. Sin embargo, el descontento también crece entre las bases de las dirigencias sindicales y políticas, que identifican el alejamiento con sus representades. Las políticas de ajuste y transferencia de recursos hacia los sectores concentrados de la economía, en especial los vinculados a la especulación financiera, están profundizando la pobreza y el deterioro del tejido social.

En este escenario de violencia política, discursos como el de Milei no pueden ser vistos como simples excesos retóricos. Son parte de un plan sistemático para instalar la violencia como herramienta de disciplinamiento, especialmente hacia quienes se oponen al rumbo que su gobierno ha tomado. El fascismo y el autoritarismo que subyacen en sus declaraciones son alarmantes, y cada vez resulta más claro que el objetivo de su gobierno es la desintegración social, la ruptura de los lazos comunitarios y la dispersión de las organizaciones populares.

En conclusión, la unidad del campo popular, un recurso clave en otras etapas de la historia argentina para enfrentar a la derecha, muestra sus límites en el contexto actual. Las tensiones internas en el peronismo, lejos de ser destructivas, deben ser canalizadas en un debate programático profundo que impulse la democratización de las organizaciones libres del Pueblo. De lo contrario, el riesgo es seguir perdiendo legitimidad frente a un gobierno que promueve la desintegración social, la ruptura de los lazos comunitarios y la dispersión de las organizaciones que históricamente defendieron los derechos de las clases populares. La pobreza avanza, el Estado se retira, y el camino queda allanado para el avance de fenómenos como el narcotráfico, en un país donde la violencia política parece estar institucionalizándose como herramienta de control.

*Trabucco es psicóloga, Magíster en Seguridad. Analista de la Agencia NODAL y de CLAE Argentina. Directora del Área de Universidad, Género y Trabajo del IEC-CONADU