Uruguay: oficialismo contra la protección del campo natural – Por Camila Méndez
Uruguay: oficialismo contra la protección del campo natural
Nuestra Amazonia tendrá que esperar: coalición votó en contra de proyecto de ley que buscaba proteger el campo natural
Camila Méndez
“Como uruguayo, si tuviera que decir cuál es el ecosistema natural que más valoro, sin duda diría que es el campo natural. El campo natural es nuestra Amazonia”, dijo Walter Baethgen, ingeniero agrónomo y vicepresidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. La declaración tuvo lugar el martes ante la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Diputados, que se reunió para tratar el proyecto de ley que busca proteger el campo natural, uno de los ecosistemas más amenazados de nuestro país, incluyendo “la producción agropecuaria en emprendimientos familiares y las manifestaciones y modos sociales y culturales que constituyen el patrimonio cultural y social de los modos de producción del campo natural”.
La iniciativa parlamentaria fue promovida por la Asociación Uruguaya de Ganaderos de Pastizal –de la que forma parte el exministro de Ganadería Carlos María Uriarte– y diputados del Frente Amplio, también fue apoyada por el Ministerio de Ambiente. Durante más de un año se recibieron delegaciones, pero no se llegó a un consenso. Los cuatro representantes de la coalición de gobierno que integran la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Diputados –Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto– votaron en contra del proyecto. Únicamente los tres diputados del Frente Amplio votaron a favor de su aprobación.
“Creemos en la importancia del campo natural, creemos en la importancia de haber puesto el tema arriba de la mesa, creemos que Uruguay está lejos de tener las luces prendidas en cuanto a campo natural y creemos también que el productor uruguayo lo ha cuidado, pero, a su vez, el campo natural uruguayo nunca va a bajar de determinada cantidad de hectáreas, porque es para lo que, justamente, más se necesitan esas nueve millones de hectáreas”. dijo Gonzalo Onetto, diputado por el Partido Nacional.
“Estaríamos discutiendo esto por un margen de un millón de hectáreas que podrían cambiarse o no cambiarse, sobrepastorearse o no sobrepastorearse”, añadió Onetto, el único legislador de la coalición de gobierno que hizo uso de la palabra para dar su postura durante la instancia.
Curiosamente, la sesión tuvo lugar el mismo día en que un grupo de académicos de las ciencias agrarias apoyó el proyecto de ley y advirtió la necesidad de que se desarrollen políticas públicas para detener su pérdida.
Ubaldo Aita, diputado del Frente Amplio e impulsor del proyecto de ley, señaló que la discusión estuvo “atravesada por un fuerte componente ideológico”. Sostuvo que también influyó que estemos transitando por un año electoral y la “presión que tienen las grandes organizaciones rurales en los partidos de la coalición” de gobierno.
“Uno analiza cuál ha sido el posicionamiento de quienes han manifestado estar en contra del proyecto y hay un miedo a restricciones en término de lo que pueden hacer con su propiedad. Uruguay pierde una muy buena oportunidad de tener una ley que proteja un recurso que, como se dijo ayer, es nuestra Amazonia”, planteó.
Es que no debemos olvidar que en nuestros pastizales viven 222 de las 351 aves que habitan Uruguay, 55 de los 74 mamíferos, 36 de los 65 reptiles, cuatro de los 48 anfibios y 114 de las 315 plantas leñosas, por nombrar sólo algunos ejemplos. La biodiversidad que existe en estos ecosistemas es la encargada de hacerlos más resilientes a los efectos de las sequías y otros eventos climáticos extremos. En pocas palabras, se convertirán en un tesoro para los años venideros de crisis climática.
Aita indicó que el proyecto hubiera protegido al pequeño productor garantizándole “rentabilidad” y asesoramiento técnico, y, por lo tanto, “si tienen una afirmación de su modo de vida, no van a abandonar el campo y no van a vender la tierra”.
El legislador también consideró que definir el proyecto como “prolatifundista”, como surgió en el intercambio, es “un elemento terrorista para defender la negativa a votar”. “Se pierde una gran oportunidad en términos de cómo legislar en materia de recursos naturales. Aquí hubo un incipiente proceso de búsqueda de una política de Estado, que en materia de recursos naturales es altamente necesaria. Sin embargo, se frustró en función del fuerte componente ideológico que tuvo la discusión”, finalizó.
Peñarol, Nacional y el talón de Aquiles
El mismo día que discutieron el proyecto de ley, la comisión recibió a una delegación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Entre los presentes estuvieron el ministro, Fernando Mattos, el subsecretario, Juan Ignacio Buffa, el director nacional de Recursos Naturales, Martín Mattos, y el director de la Dirección Forestal, Carlos Faroppa.
“Entendemos que se puede confluir o coincidir con los objetivos generales a los que apunta este proyecto de ley, pero sin la necesidad de la ley”, manifestó Mattos, según la versión taquigráfica. “No nos coloquemos como Nacional y Peñarol, como que estamos en contra de esto y estamos en contra de la iniciativa. Entendemos que no es necesario avanzar en un proceso legislativo porque también deberíamos tener aquí una cantidad de consideraciones sobre el articulado”, insistió.
Asimismo, Mattos afirmó que “hay oportunidades de mejora” que “puede ser importante incorporar en la legislación o en la reglamentación actual, como, por ejemplo, cómo podemos capturar, o mejorar, o generar ingresos adicionales al productor en los servicios ecosistémicos”.
Por otro lado, el jerarca manifestó que “vamos a un camino de mayor reglamentación, regulación, donde no está muy claro quién es el que va a determinar la libertad de empresa y la libertad de trabajo que está consagrada en la Constitución”. Este argumento va en la misma línea que lo expuesto por la Asociación Rural Uruguaya (ARU) semanas atrás cuando manifestó su oposición al proyecto de ley porque afecta “la libertad de trabajo”.
El ministro señaló que “confluyen los intereses de la preservación ambiental y también los derechos de la preservación al trabajo y a la libre empresa”. “Tratemos de buscar el equilibrio justo para que tengamos una definición clara”, acotó. Más adelante, también planteó: “En el campo natural vemos distintas cifras. Hay gente que dice que venimos deteriorándolo en forma acelerada, y yo entiendo que no es esa la película, no es esa la realidad, y evidentemente hay una condición de preservación del campo en sus distintos estadios que en Uruguay todavía se mantiene en un porcentaje bastante alto”.
Mattos también hizo referencia a la normativa que aprobó el Parlamento de la Unión Europea en 2023, en la que se establece que las empresas que vendan productos al conglomerado de países deberán certificar que su producción no procede de tierras deforestadas. Describió que “ha generado algunos ruidos” y que están trabajando intensamente, porque “en Uruguay hay tres cadenas productivas importantes que estarían comprendidas dentro de esa reglamentación; me refiero a la cadena de la soja, a la cadena de la madera y a la cadena de la carne”. “Podemos pensar que el día de mañana podrán decir ‘Uruguay tiene una reglamentación del campo natural; entonces, todas aquellas producciones que provengan del campo degradado –estoy dando un ejemplo aleatorio– también las vamos a poder restringir porque están afectando la biodiversidad, el bioma’. Sin duda, esto puede generar –no digo que sea así, no lo estoy afirmando– un talón de Aquiles para nuestras exportaciones”, dijo.
¿Lo mejor es no hacer nada?
Luego del intercambio con las autoridades del MGAP, la comisión recibió al presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), José Bonica, y su vicepresidente, Walter Baethgen. “Vinimos sólo nosotros dos porque los integrantes de la Junta del INIA, que pertenecen a gremiales agropecuarias, han expresado su voz, viniendo con sus gremiales o a través de ellas. De esta manera, mantenemos la individualidad de cada uno. Venimos sin técnicos investigadores para no comprometerlos”, aclaró Bonica.
Luego, el presidente de la institución que se dedica a la investigación para mejorar la producción agropecuaria dio paso a su visión de la iniciativa parlamentaria: “Estoy seguro de que ustedes han escuchado muchas voces en todo sentido. Quiero manifestar mi gran respeto por todas esas voces, más allá de que se hayan manifestado para un lado o para el otro. Profeso un gran respeto por todas ellas, pero creo que lo mejor acá es no hacer nada; de corazón lo digo, con una convicción muy grande, con una convicción que surge de mis años de experiencia, pero permítanme nombrar a mis padres y a mis abuelos, que son los que me han transmitido esto, y no voy más atrás porque me tendría que ir a otro continente porque mis antepasados no estaban acá. Vivir con la naturaleza es importante, es divino, y hay veces que lo mejor es no hacer nada; este es nuestro mejor comentario y el más sano que queremos dejarles a ustedes”.
Luego tomó la palabra Walter Baethgen, que, tras sostener que “el campo natural de Uruguay es la Amazonia uruguaya”, también adhirió a la idea del presidente del INIA. “Como decía Bonica, hay veces que con la mejor intención del mundo el ser humano busca reglamentar cosas, pero en algunos casos, y lo digo por mi experiencia en el mundo, no sólo en Uruguay, con esa buena intención se reglamentan cosas que terminan perjudicando lo que uno quiere proteger. Ese es el peligro que veo como científico”.
Sin embargo, el peligro que ve otro gran conjunto de científicos para el campo natural de Uruguay no es la torpeza a la hora de reglamentar acciones y redactar leyes, sino la evidencia pura y dura de la pérdida de pastizal natural, así como de las dificultades, con el conocimiento actual, para su regeneración o restauración.
Rechazado el proyecto, lo mejor que podemos ofrecerle a nuestra Amazonia uruguaya es “no hacer absolutamente nada”.
*Periodista de temas ambientales de Ladiaria, Uruguay
