Petro declaró tras la suspensión en plataforma de inteligencia financiera por revelar información sobre espionaje: “Es el costo de la verdad”
“Es el costo de la verdad”: presidente Petro tras suspensión de Colombia del Grupo Egmont
Por Maria Alejandra Uribe
Luego de que el Grupo Egmont confirmara la suspensión del acceso de Colombia a la información confidencial intercambiada por más de 100 países sobre lavado de activos y terrorismo, como consecuencia de la divulgación de datos por parte del presidente Gustavo Petro sobre la presunta compra del software Pegasus para espionaje, el mandatario colombiano aseguró que esta sanción es un resultado de decir la verdad.
“Es el costo de la verdad. Ahora, Colombia sabe que un documento oficial de la agencia israelí IMPA, que desclasifiqué en defensa de los derechos humanos y en cumplimiento de la ley colombiana de inteligencia, muestra los días, la forma y el banco en donde se consignaron 11 millones de dólares para la compra del software ‘Pegasus’ de interceptación de comunicaciones, realizado por la DIPOL de Colombia durante el gobierno de Duque”, señaló Petro.
El Grupo Egmont, en un comunicado, afirmó que la suspensión es una medida de emergencia que se mantendrá vigente mientras se revisa la situación conforme a los procedimientos internos.
Además, el grupo subrayó la importancia de que las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) mantengan su autonomía e independencia: “Deben permanecer libres de cualquier influencia o interferencia indebida, ya sea de carácter político, gubernamental o industrial”.
Finalmente, el Grupo Egmont aseguró que continuará su compromiso con la UIF de Colombia bajo los procedimientos actuales, garantizando que la información entre miembros esté completamente protegida y cumpla con los principios establecidos.
Conferencia Episcopal pide a Gobierno y ELN “descongelar mesa de diálogos” y avanzar en cese al fuego
Pasada una semana desde que el presidente Gustavo Petro puso fin a los diálogos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y su Gobierno, este lunes se conoció un pronunciamiento de la Conferencia Episcopal de Colombia que, actuando como integrante del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del alto al fuego, instó a descongelar la mesa de diálogos.
A través de un comunicado dirigido a las partes, la Iglesia Católica –hablando como “pastores del pueblo de Dios que peregrina en Colombia–, instaron a fomentar la fraternidad y avanzar en la unidad de la Nación. Por ello, pidieron no solo a mantener un canal de diálogo “en este momento de dificultad”, sino encontrarse de nuevo para “reconocerse y valorarse”.
En esa línea, pidieron tanto al Gobierno como a la guerrilla que avancen en el proceso para dar alivio a las comunidades que se encuentran en medio de la confrontación y “no aguantan más derramamiento de sangre”.
“Consideramos clave descongelar la mesa de diálogos para seguir desarrollando los acuerdos alcanzados de modo que se responda también al clamor del pueblo sobre el cese al fuego. Tenemos la responsabilidad histórica de reavivar la esperanza y fomentar la amistad social para que las transformaciones sean posibles”, explicó la Conferencia Episcopal.
Por todo ello, confiados en Jesucristo y el papa Francisco, alentaron a las partes a “mantener encendida la llama de la esperanza, de modo que tengamos paz como fruto de una paciente perseverancia en las opciones de diálogo y reconciliación”.
La misiva es firmada por Francisco Javier Múnera, arzobispo de Cartagena y presidente de la Conferencia Episcopal; Gabriel Ángel Villa, arzobispo de Tunja y presidente del organismo, y Germán Medina, obispo de Engativá y secretario General de la Conferencia Episcopal.
El pasado martes, el presidente Gustavo Petro cerró la posibilidad de encontrar una salida negociada a los diálogos con la guerrilla del ELN. El mandatario se levantó de la mesa después del ataque de los subversivos a una guarnición oficial que dejó tres uniformados muertos.
“Esta es una acción que prácticamente cierra el proceso de paz”, dijo el presidente Petro con relación al ataque, atribuido a esa guerrilla, que dejó tres uniformados muertos y 27 más que resultaron heridos.
El atentado terrorista se registró en la mañana del 17 de septiembre en jurisdicción del corregimiento de Puerto Jordán (Arauca). Desde una volqueta, cargada de tatucos, los ilegales atacaron la base militar.
“Esto es como un eterno devenir, silenciar una parte del pueblo, seguir en guerras y matándonos entre nosotros una y otra vez: como si esa fuera nuestra historia”, añadió el presidente Petro.
Las conversaciones con esta guerrilla estaban casi muertas. Desde el pasado 11 de abril permanecían congeladas y, pese a los llamados del Gobierno y de los mediadores de retomar el diálogo, los ilegales pedían concesiones –difíciles de cumplir– para volver a sentarse en la mesa.
La última pretensión de los armados ilegales era que el Gobierno los excluyera de la lista de Grupos Armados Organizados. Una decisión del Ejecutivo en ese sentido implicaría, cuando menos, que la Fuerza Pública dejara en un segundo plano los operativos contra esa guerrilla.
