Perú: negacionismos, verdad y reconciliación – Por Germán Vargas Farías
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Germán Vargas Farías *
Desde que se presentó el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), hace 21 años, se han realizado reflexiones, balances y trabajos diversos, aunque insuficientes debido al desdén manifiesto de la mayoría de funcionarios y gobiernos.
El ascenso de las corrientes negacionistas, con mensajes amplificados por grupos extremistas de derecha e izquierda, y representantes de partidos políticos a los que la CVR atribuye una muy grave responsabilidad por lo acontecido durante el conflicto armado interno, han logrado generar dudas mediante campañas de desinformación y descrédito que, entre otros efectos, incrementan la polarización y nos retrotraen a las dos décadas de violencia armada y a los problemas estructurales del tiempo que la precedió.
Negarse a conocer el Informe final de la CVR, impedir su difusión, tergiversar lo que dice, u ordenar que “la lucha contra el terrorismo y el logro de la pacificación nacional” se incluya en el Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB), de “manera real y objetiva”, subrayando la responsabilidad de los grupos terroristas y omitiendo la de las fuerzas de seguridad del Estado, entre otras acciones, dificulta la reflexión y debate sobre los hallazgos de la CVR, la comprensión de los hechos, y la implementación de recomendaciones y medidas para evitar que la tragedia se repita.
Es el caso, para señalar un solo ejemplo, de la reforma del Código Procesal Penal aprobada en primera votación por el Congreso de la República que otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP) la facultad de dirigir las investigaciones criminales.
La norma, además de ser inconstitucional, expone y busca instrumentalizar a la Policía Nacional, en un contexto en el que se ha sometido a la institución persiguiendo y separando a oficiales que investigaban a altos funcionarios y gente cercana al gobierno, y colocando a un gánster como ministro del Interior. No es lo mismo, pero se parece.
En su Informe Final, sobre las fuerzas policiales, dice la CVR: “tenían el deber de enfrentar a los grupos subversivos que vulneraban los derechos fundamentales de los ciudadanos”, “reconoce la esforzada y sacrificada labor que sus miembros realizaron durante los años de violencia”, y “rinde su más sentido homenaje al más de un millar de valerosos miembros de las fuerzas del orden que perdieron la vida o quedaron discapacitados en cumplimiento de su deber” (Conclusión 39).
Señala, además, que “las fuerzas de la policía tuvieron que responder a la agresión del PCP-SL y, después, del MRTA en condiciones logísticas precarias, sin entrenamiento adecuado ni rotación suficiente de sus agentes. Cuando recibieron la responsabilidad de conducir las acciones de lucha contrasubversiva en Ayacucho, no contaron con un apoyo adecuado del gobierno” (Conclusión 41).
Agrega que “las limitaciones de los servicios de inteligencia policiales no permitieron tener una visión adecuada de lo que acontecía”, y “en lugar de enviar a los agentes más preparados y eficientes de cada institución, se mantuvo la práctica común en las organizaciones policiales de enviar a agentes no idóneos a zonas alejadas como forma de castigo” (Conclusión 42).
Menciona que la intervención del destacamento denominado los sinchis hizo crecer las violaciones de los derechos humanos, y generó resentimientos y distanció a la policía de la población (Conclusión 43); que la corrupción entre altos oficiales y en unidades estratégicas, impidieron un mejor desempeño policial cuando la subversión era débil (Conclusión 44); y que la lucha contra la subversión reforzó prácticas autoritarias y represivas preexistentes, la tortura adquirió un carácter masivo, y se perpetraron ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y violencia sexual contra la mujer (Conclusión 46).
El distanciamiento entre la policía y las poblaciones se agudizó conforme se desenvolvía el conflicto, facilitando el arraigo de “una mala imagen del policía como perpetrador o, en el caso de las zonas cocaleras, como corrupto vinculado al narcotráfico” (Conclusión 49).
Indica, asimismo, que la Policía llegó a tener un conocimiento más acertado de la organización y formas de acción de los grupos subversivos, y con trabajo de inteligencia logró las impecables capturas de Víctor Polay y Abimael Guzmán, las cuales “constituyeron un factor fundamental para conseguir la derrota estratégica de la subversión y el terrorismo” (Conclusión 50).
Finalmente menciona que, “a partir del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, la PNP fue sometida a los planes del Servicio de Inteligencia Nacional y subordinada al poder militar, con un recorte significativo de sus facultades, una distorsión de sus funciones institucionales y una cúpula involucrada en la red de corrupción del régimen manejada por Vladimiro Montesinos” (Conclusión 51).
Como se verá, no es nuevo que una mafia controle y someta a la Policía, pero estamos a tiempo para evitar que la destruya.
* Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
