La CIDH pidió derogar el régimen de excepción y restablecer los derechos constitucionales suspendidos
CIDH pide a El Salvador derogar régimen de excepción y no realizar audiencias masivas
Por Yolanda Magaña
En su informe «El Salvador, estado de excepción y derechos humanos» publicado este miércoles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado de El Salvador derogar el régimen de excepción, restableciendo los derechos y garantías suspendidos por el decreto 333 de marzo de 2022 que ha sido prorrogado 30 veces, así como retirar gradualmente las fuerzas militares de tareas de seguridad ciudadana.
La CIDH sugiere “poner fina a la suspensión de los derechos y garantías restringidas en el marco del régimen de excepción” y “elaborar e implementar una política de seguridad ciudadana integral y multisectorial” sobre causas de criminalidad y con enfoque de derechos humanos.
En el informe, el organismo internacional solicitó al Estado salvadoreño derogar las siguientes disposiciones:
- Artículo 5 del decreto 339 del 30 de marzo de 2022 por aplicar la prisión preventiva obligatoria o impedir su sustitución.
- Artículo 2 de dicho decreto que pone reserva a la identidad de los jueces.
- Artículos 1, 2 y 3 del decreto 342 del 30 de marzo de 2022, relacionados penas de adultos a menores de 18 años; y a la aplicación obilgatoria del internamiento preventivos.
- Disposiciones que prohíban visitas familiares a centros penitenciarios en el artículo 79-A del decreto 93, reformas a Ley Penitenciaria.
El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022 y ha sido prorrogado 30 veces a solicitud del presidente de la República, Nayib Bukele.
Suspender audiencias masivas
La CIDH recomendó a El Salvador cesar la práctica de audiencias judiciales de carácter masivo que se aplica contra los detenidos bajo el régimen de excepción y asegurar que los inculpados tengan derecho de defensa, así como que se establezcan en la legislación “más medidas alternativas a la prisión preventiva”.
Además, sostuvo que es necesario garantizar los derechos de audiencia, defensa y presunción de inocencia, y criticó el enfoque “fuertemente punitivo” contra estándares interamericanos en justicia juvenil.
La Comisión objetó la aplicación automática de la prisión preventiva y manifestó su preocupación por “las muertes ocurridas bajo custodia estatal y las denuncias de tortura y malos tratos”. Así mismo, solicitó remediar el hacinamiento carcelario y garantizar las visitas familiares a todos los centros penales.
Entre otras recomendaciones, la organización internacional solicita al Estado salvadoreño elaborar un registro individualizado de víctimas de violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción, un plan de reparación integral para víctimas de violaciones, investigar lesiones o muertes por parte de fuerzas policiales o militares, elaborar un diagnóstico sobre necesidades de Procuraduría General de la República, Fiscalía General de la República y Poder Judicial y elaborar un registro de detenidos.
La CIDH pidió al Estado de El Salvador a abstenerse de intimidar, amedrentar y descalificar la labor de periodistas, y rechazar cualquier tipo de violencia en su contra; además, lo llamó a adecuar la legislación o las medidas para garantizar la libertad de expresión y de prensa, y el pluralismo de los medios de comunicación.
Voto razonado
El informe tuvo el voto razonado del comisionado Carlos Bernal Pulido, al que se unió el comisionado Stuardo Ralón Orellana, que consideró que el informe requiere mayor precisión metodológica, desconoce principios del Sistema y es una oportunidad de avanzar en la transparencia de la CIDH.
Detalló que el informe incluye información sobre la destitución de jueces y otros asuntos que no tienen vinculación directa con el estado de excepción y que no tienen contraste o verificación.
Bernal también consideró que hay “un importante vacío” sobre los criterios para delimitar el universo de testimonios y personas entrevistadas.
Organizaciones respaldan informe de CIDH y piden al Estado salvadoreño que termine con el régimen de excepción
Por Claudia Espinoza y David Bernal
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) reaccionaron al más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y aseguraron que este fundamenta con suficientes pruebas las razones por las que el régimen de excepción debería terminar en El Salvador, ya que no existen las razones que le dieron validez cuando se aprobó, mismas que desde un inicio fueron cuestionadas por los defensores de derechos humanos.
«La CIDH toma nota de la información disponible sobre los actuales e inéditos índices de mejora en la seguridad ciudadana en el país reportados por el Estado que demostrarían que no existe una situación de emergencia que justifique mantener vigente la suspensión de derechos y garantías conforme las exigencias de la Convención Americana”, indicó el organismo internacional en su informe.
Para la Comisión, el estado de emergencia que inició el 27 de marzo de 2022 ya fue superado, según las mismas cifras que el Estado salvadoreño ha compartido públicamente, por lo que su continuidad más allá de lo que indica la Constitución de la República ya no sería necesaria.
Para David Morales, jefe jurídico de Justicia Transicional de Cristosal, desde que se aprobó el régimen este nunca reunió los estándares constitucionales establecidos por la jurisprudencia interna.
“La justificación fue el alza de homicidios de finales de marzo, pero que desapareció desde el mes dos. Esto está claro en los propios decretos legislativos, en las posturas y propaganda de los voceros del gobierno, de la Asamblea Legislativa y en los propios informes del Estado. Por lo tanto, es obvio que las causas que justificaron en su inicio el régimen de excepción no existen más y su prolongación violenta claramente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y concretamente su artículo 27”, aseveró el abogado.
Además, dijo que el actual régimen ha ocasionado muertes arbitrarias, políticas de torturas y tratos crueles dentro de las cárceles. “No solo ha socavado la independencia judicial, ha desplegado prácticas sistemáticas de violación al debido proceso por parte de jueces y fiscales que administran el sistema de justicia. Por lo tanto ,se trata de un régimen de socavación de derechos totalmente incompatible con la Convención Americana”, indicó el defensor.
Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista (SSPAS), dijo que este informe viene a reforzar las denuncias y la imprudencia del régimen que en su momento han realizado las organizaciones. La defensora enfatizó sobre el hacinamiento carcelario, que es uno de los puntos que toca el informe.
“La CIDH llamó la atención sobre la situación tan grave que vive la población recluida en los centros penitenciarios donde se ha hecho evidente la sobrepoblación, el hacinamiento y las condiciones completamente insalubres y de restricción alimentaria de acceso de atención médica, entre otras”, aseguró.
Para Reyna, el régimen de excepción debe terminar porque se ha convertido en una “herramienta de control, de miedo, de terror y de amenaza constante” para supuestas personas pertenecientes a pandillas, sindicalistas, personas defensoras de derechos humanos, vendedores informales. entre otros.
Patrón de ilegalidades
En el informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre otros señalamientos de violaciones a derechos humanos, mostró su preocupación por la manera en que miles de personas han sido capturadas en el régimen, según reportes de organizaciones de la sociedad civil (OSC).
“La CIDH observa situaciones preocupantes que habrían sido registradas durante los operativos conducidos por las fuerzas de seguridad que fue reiterada en los testimonios recabados. En particular, se refieren a un presunto patrón de ilegalidades y arbitrariedades en las detenciones realizadas en este contexto, que incluyen la ausencia de flagrancia u orden administrativa o judicial que motiven la privación de la libertad; y el uso de criterios discriminatorios para justificar las detenciones basados en las características personales o socioeconómicas de la persona, o por poseer antecedentes criminales”, aseveró.
Además, dijo que ha tenido conocimiento de denuncias de abuso en el uso de la fuerza por parte de las autoridades en las detenciones realizadas; sumado a ello, las personas no fueron informadas por qué fueron capturadas.
Sobre este punto, Leonor Arteaga, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), sostuvo que el informe es claro en determinar que se están realizando detenciones ilegales de un gran número de personas ”justificadas, ordenadas y toleradas como parte de una política de seguridad”.
Dijo además, que la CIDH es clara en decir que no se trata de casos aislados, sino que es una política de Estado ya que vienen de órdenes superiores.
“Son órdenes que vienen desde el mismo presidente que están promoviendo que se den. Este tipo de detenciones las están fomentando, tolerando y no las están investigando”, aseveró.
Votos razonados de dos comisionados de la CIDH
En el informe también hubo dos comisionados, el relator de País, Carlos Bernal Pulido y Estuardo Ralón Orellana, relator de personas privadas de libertad, que cuestionaron la metodología utilizada en el informe, el financiamiento de dicho organismo y el presunto conflicto de intereses.
Sobre ello, Verónica Reyna del SSPAS, sobre estos señalamientos, otros dos comisionados explicaron la metodología utilizada, los mecanismos de transparencia con las que se cuentan y además la credibilidad de esas fuentes que han utilizado en informes anteriores.
“Más pareciera que estos comisionados se alinean con los intereses del Estado salvadoreño y retoman una postura que no pareciera ser propia porque no se mencionó previamente sino que es una postura de defensa del Estado salvadoreño, quizás por intereses particulares”, aseveró la experta en seguridad.
Detalló que la Comisión desarrolló el informe durante varios meses y que estos comisionados nunca se pronunciaron, y que sus observaciones surgen después que el Estado salvadoreño mostró su postura en la elaboración del documento
“Primero votan a favor del informe y luego cuando El Salvador presenta su disconformidad señalan algunas observaciones que van en la misma línea”, aseveró.
Además, dijo que una de las críticas al informe es que la CIDH es financiada por una fundación que también financia a Cristosal, una organización que ha denunciado violaciones de derechos humanos en el régimen, y que esto le preocupa, ya que lo mismo se podría decir de los comisionados de la CIDH; ya que esta comisión también recibe financiamiento de los estados que forman parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de la que forma parte la CIDH, en esta ocasión, de El Salvador.
“Me preocupa la postura de estos dos comisionados porque en teoría debería de estar en función de la protección y garantía de los derechos de las personas y no necesariamente del derecho del Estado a dar una respuesta. Nos preocupa que la postura de relator de país sea incluso de cuestionar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, que es la misma postura que he tenido el Comisionado Presidencial de Derechos Humanos”, aseveró.
David Morales de Cristosal también cuestionó lo expresado por los comisionados, que lo que pretende es restringir el ejercicio de las facultades de observación, evaluación de situaciones y facultades de recomendación que la CIDH y su reglamento le otorgan a ese cuerpo colegiado. Además, no se expresaron del contenido del informe que es la parte más importante.
“Este argumento carece de razón. De hecho, los financiamientos más importantes para los órganos del Sistema Interamericano proviene de los propios estados, y sería absurdo que las propias organizaciones cuestionáramos la imparcialidad de la CIDH basado en que reciben financiamiento de los propios estados, me parece que aún las inquietudes expuestas no tienen un sustento suficiente, además, que no atacan el fondo de los graves problemas de derechos humanos que se han expresado en el informe”, aseguró.
Gobierno detalló criterios para identificar pandilleros según el informe de la CIDH
Por Yolanda Magaña
En sus observaciones al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado salvadoreño detalló criterios que toma en cuenta la Policía Nacional Civil (PNC) para la identificación y perfilación de pandilleros.
Según el punto 154 del informe de la CIDH sobre el régimen de excepción, publicado el miércoles, existe un «Protocolo para la elaboración y actualización de perfiles delincuenciales de la PNC» con el cual elaboran perfiles de personas «vinculadas con una estructura criminal terrorista, crimen organizado o delincuencia común» con la «verificación de la base de datos y levantamiento de información de campo proveniente de diferentes fuentes».
El gobierno, según el informe de la CIDH, indicó que los criterios que toma en cuenta son:
- Contar con la individualización e identificación de la persona.
- Existencia de documentación de campo, información territorial, de inteligencia o de investigaciones que vincule a la persona con estructuras delincuenciales, participación en algún hecho delictivo, documentado con notas, informes y/o actas de denuncia, pesquisa, entrevista, entre otras.
- Uso de formas de comunicación alusiva a maras o pandillas, que la persona fuese observada en cualquier plataforma informática o redes sociales, y que exista un respaldo digital o físico de esta observación.
- Que la persona posea tatuajes alusivos o maras o pandillas.
- Poseer antecedentes delincuenciales.
- Contar con antecedentes delincuenciales registrados en otros países.
Las observaciones del Estado salvadoreño al borrador del informe a la CIDH fueron emitidas el 8 de abril de 2024. En esta respuesta, el Estado salvadoreño afirmó que la mayoría de detenciones se han realizado por el delito de agrupaciones ilícitas «en razón de la pertenencia de las personas detenidas a estructuras criminales o pandillas», que los capturados tienen «un perfilamiento previo» de miembros o colaboradores y que estos delitos son detallados «en las actas policiales que se levantan a la hora de la detención».
La CIDH indica en su informe que el Estado salvadoreño debe «abstenerse de realizar detenciones por razones distintas» a la ley y a la Constitución, de lo contrario sería «ilegal y contraria» a la Convención Americana de Derechos Humanos; y objeta las detenciones programadas, colectivas o discriminatorias.
Con diferentes testimonios de detenidos que han sido liberados, el informe sostiene que hay torturas, maltratos, abuso de autoridad, allanamiento de morada y capturas arbitrarias. «No nos informaron de los motivo de detención. Solo le preguntaron a mi hermano sobre sus antecedentes penales o si habíamos estado detenidos anteriormente», «cuando entré a Mariona me dijeron que si sabía por qué me detenían. Y yo le dije que no sabía y me informaron que por ser colaborador de agrupaciones ilícitas. Pero no entendí los alcances. Hasta que salí me di cuenta por qué delitos me acusaban», citan de detenidos liberados que la CIDH entrevistó.
Una de las disposiciones que suspende el régimen de excepción es el que obliga a informar a los detenidos las razones de su detención. Sin embargo, el gobierno les manifestó que en todas las actas establecen cuál es el delito por el cual son detenidos «y dentro de qué contexto». La CIDH indica que esta es una garantía incluida en el artículo 7.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La CIDH recomienda en su informe suspender el régimen de excepción, restableciendo los derechos constitucionales en suspensión, no realizar audiencias masivas, garantizar la presunción de inocencia, retirar gradualmente las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública, hacer registro de detenidos y de víctimas, entre otras sugerencias.
