La Cámara de Diputados aprobó en general el paso de la Guardia Nacional al Ejército
Cámara de Diputados aprueba entrega de la Guardia Nacional al Ejército
La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador para entregar al Ejército el control de la Guardia Nacional y modificar las tareas en tiempos de paz de los militares, a quienes el mandatario asignó crecientes tareas en su Administración.
❗ #Entérate │ La Cámara de Diputados avaló, en lo particular, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política para incorporar la #GuardiaNacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. https://t.co/bINe0Nzyi4
— H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 20, 2024
La reforma que impulsa que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) administre la Guardia Nacional (GN), un cuerpo de seguridad con más de 120 mil elementos que López Obrador creó en 2019 bajo la premisa de mantenerlo civil, obtuvo 362 votos a favor, 133 en contra y sin abstenciones.
El dictamen, que ahora será discutido en lo particular en el pleno de la Cámara baja y que pasará luego a la Cámara de Senadores para su discusión y aprobación, fue criticado por la oposición y algunos organismos por advertir que se lleva a cabo una militarización de todos los ámbitos del país.
Lo anterior, al modificar el artículo 129 de la Constitución, que ahora limita las funciones militares en tiempos de paz, una norma que no se ha cambiado desde 1857.
Asimismo, cambia el artículo 21 para eliminar la “garantía orgánica” que obliga a que las instituciones de Seguridad Pública sean de carácter civil.
Entre otros cambios, establece que los delitos serán investigados por el Ministerio Público, las policías y la GN, así como que su personal tendrá origen militar con formación policial y estarán adscritos a la Sedena y ejecutarán la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
La sesión comenzó con una serie de mociones de la diputada del opositor Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros, y los diputados de los opositores Partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), Saúl Téllez y Víctor Palma, respectivamente, para suspender la discusión de esta reforma.
La diputada Laura Ballesteros, del opositor Movimiento Ciudadano (MC), consideró que “México quiere paz y justicia”, pero “no quiere militarismo”.
La diputada oficialista, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), María del Rosario, insistió que la formación de los elementos de la GN será militar, “pero en cuanto a su acción y ejercicio es policial”.
“La formación y disciplina de las fuerzas armadas garantizan su integridad y obediencia a las autoridades civiles y su lealtad a la patria y al pueblo de México”, añadió.
El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, defendió que este dictamen también faculta al Congreso para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública”.
Las tareas de las Fuerzas Armadas crecieron con López Obrador, quien asignó a los militares tareas de seguridad pública, construcción de obras de infraestructura, administración de aduanas y puertos y la dirección de empresas del Estado, como el Tren Maya y la aerolínea Mexicana de Aviación.
La Suprema Corte declaró inconstitucional en 2023 una reforma legal del presidente para militarizar la Guardia Nacional porque “las funciones de seguridad pública son de competencia exclusiva de las autoridades civiles”.
Pero desde el 1 de septiembre, la alianza de partidos de López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, tiene el control de más de dos tercios del Congreso, la mayoría necesaria para modificar la carta magna.
Incorporar la GN a la Sedena no significa militarización: Sheinbaum
Por Alma E. Muñoz
En tanto que en la Cámara de Diputados se discute la reforma para incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que ello no significa militarización y subrayó que se respetarán los derechos humanos.
Los organismos internacionales “ no tienen por qué preocuparse, se van a respetar los derechos humanos, es la fortaleza de una institución, y no significa militarización, por más que digan lo que digan”.
A su llegada a la casa de transición, resaltó que “militarización quiere decir que un mando militar está tomando decisiones” y en México es un poder civil. “Las decisiones las toma el Comandante o Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas”, subrayó.
Alistan elección judicial
Por Pedro Mellado
Guadalupe Taddei Zavala, la Consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que el Consejo General llevará a cabo este lunes una sesión para arrancar con el proceso electoral del Poder Judicial 2024-2025, tras la aprobación y publicación de la reforma del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“El primero, es la instalación de la Comisión temporal para el seguimiento del proceso electivo al Poder Judicial. El segundo, es la declaratoria de inicio del proceso electoral. Y el otro es la indicación a las áreas operativas para que ya inicien los trabajos de generación: primero, del marco geográfico electoral que va a ocuparnos, que va a ser la base. Y segundo, todo el calendario de actividades que tendremos que realizar”, detalló la funcionaria.
La Consejera presidenta añadió que desde el INE se está elaborando un documento en el que se especificarán los requerimientos necesarios para el proceso electoral, y que este será presentado al Senado para que las y los legisladores aclaren dudas que todavía se tienen sobre cómo se realizará la elección popular de jueces, magistrados y ministros.
“Hay muchas dificultades operativas, que es en lo que estamos trabajando, pero para esto contamos con muchas áreas técnicas altamente calificadas, con los delegados y delegadas”, agregó.
Taddei Zavala explicó que para este año el INE no cuenta con presupuesto destinado a la elección, ya que el Congreso no tenía prevista la reforma cuando se aprobó la partida presupuestaria del Instituto. “Para este año no hay presupuesto, esto no estaba contemplado el año pasado, por tanto, esto no se consideró en el presupuesto.
Sin embargo, estos tiempos nos alcanzan para, y deberán de alcanzarnos además, para incluir en el presupuesto 2025, todo lo que tiene que ver con el presupuesto de esta elección”, aclaró.
Sobre cómo se organizará la elección, la Consejera presidenta del Instituto apuntó a que se trata de un ejercicio inédito, pues la constitución del Poder Judicial es distinta. “Sería una cartografía diferente. El Poder Judicial tiene una constitución distinta, los procesos electorales que nosotros realizamos pues tienen una demarcación geográfica que habla de la representación popular del país; de la representación estatal y federal, y los senadores y Presidencia”.
“En este caso, la configuración de las áreas de adscripción de jueces, magistrados y todo lo que tiene que con el Poder Judicial tiene que ver con cargas de trabajo, cargas procesales, no tiene que ver con las bases que constituyen los distritos electorales”, señaló.
“Ustedes las conocen muy bien, los 300 distritos, una media poblacional, se divide, y esos son los distritos que a cada estado le corresponden. En este caso no, no están asignadas así estas posiciones, por lo tanto, lo primero que tenemos que empatar es eso”, declaró Guadalupe Taddei
“Habremos que hacer punto de contacto también con el Poder Judicial para ver el tema de la información fiel, que es en la que nos tenemos que basar, aunque hay una disposición en la reforma que habla que el Congreso tendrá que enviarnos alguna información y ya están corriendo los plazos”, informó a la prensa.
Para el Poder Legislativo, el trabajo apenas comienza. El Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor de la reforma para realizar las adecuaciones a las leyes federales que correspondan o crear leyes secuandarias para el cumplimiento de la reforma. En tanto, los congresos de los estados tendrán un plazo de 180 días naturales, entre el lunes 16 de septiembre del 2024 y el sábado 22 de marzo del 2025, para adecuar sus constituciones estatales y sus leyes secundarias en cada entidad del país, a las nuevas disposiciones constitucionales.
