Ecuador | Tribunal niega recurso presentado por la defensa del exvicepresidente Jorge Glas y seguirá en prisión
Jorge Glas: Tribunal niega apelación del habeas corpus
Un tribunal negó la apelación del habeas corpus interpuesta por la defensa del exvicepresidente Jorge Glas, quien busca arresto domiciliario.
El tribunal de la Sala de Apelación de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte del Guayas decidió este lunes 9 de septiembre de 2024 rechazar la apelación del habeas corpus presentada por la defensa de Glas.
Esta apelación buscaba cambiar su situación actual para que pudiera cumplir arresto domiciliario en la residencia de su madre.
Jorge Glas, quien actualmente se encuentra en la cárcel de máxima seguridad La Roca, seguirá en este centro penitenciario. La decisión se tomó después de evaluar la solicitud de sus abogados, quienes inicialmente pidieron el arresto domiciliario y luego solicitaron el traslado a la Cárcel 4, en Quito.
El tribunal, compuesto por los jueces Jorge Alejandro Lindao, Nancy Vera y Carlos Pinto, desestimó la apelación. Los magistrados indicaron que “este petitorio resulta inoficioso, ya que como se ha manifestado en líneas anteriores el traslado a la Cárcel 4 de Quito no ha sido solicitado en la demanda y mucho menos ha sido una pretensión”.
Defensa de Jorge Glas alega que su defendido carece de atención médica
Andrés Villegas, abogado de Jorge Glas, argumentó que su cliente no estaba recibiendo la atención médica adecuada en La Roca.
Villegas solicitó medidas cautelares como el arresto domiciliario o el traslado a la Cárcel 4. De acuerpo al defensor, en estos lugares, Glas podría recibir mejor atención médica.
Según indica un informe del Ministerio de Salud Pública (MSP), Jorge Glas recibió 79 atenciones médicas. Las asistencias corresponden al periodo del 6 de abril y al 2 de julio de este año. Además, para acceder a los informes del MSP y del Servicio de Atención a Privados de la Libertad (SNAI), Glas ha interpuesto dos acciones de habeas data.
Jorge Glas cumpld una condena de ocho años por el delito de cohecho, tras la unificación de penas solicitada en enero de 2023. Esta condena es la más alta de las impuestas por los casos Odebrecht y Sobornos 2012-2016.
