Chile | Tribunal realiza una nueva audiencia de revisión de las medidas cautelares de Daniel Jadue
Este lunes revisan las medidas cautelares de Daniel Jadue
Este lunes se llevará a cabo en el Tribunal de Garantía una nueva audiencia de revisión de las medidas cautelares de Daniel Jadue, con la cual su equipo legal pretende revocar la prisión preventiva.
Cabe recordar que el ahora exalcalde de Recoleta (PC) se mantiene encarcelado desde el pasado 3 de junio, y ya a fines de julio el tribunal de alzada capitalino rechazó uno de los recursos presentados por la defensa.
El abogado defensor Juan Carlos Manríquez explicó que esta audiencia «tiene por objeto revisar nuevos antecedentes que la defensa hará valer en ella, que a nuestro juicio pueden justificar que hoy la prisión preventiva de Daniel Jadue no sea estrictamente necesaria para asegurar su comparecencia al juicio ni el resto de las diligencias».
«Por el contrario -continuó-, nosotros creemos que han aparecido datos suficientes, más otros que están en curso y una serie de diligencias que hemos solicitado, y otras que han sido ordenadas por el propio fiscal regional acogiendo un reclamo nuestro, que van en esa línea».
«De tal manera que esperamos entonces que, con su mérito, el tribunal tenga bien modificar su régimen cautelar, que es lo que estimamos justo», aseveró el jurista.
Asimismo, el jueves pasado, la defensa de Jadue solicitó a la Corte de Apelaciones de Santiago que las magistradas Katherine Román, Paulina Moya y Pamela Muñoz, quienes desempeñan labores en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, sean removidas de la causa.
Lo anterior, basándose en el número 10 del artículo 196 del Código Orgánico de Tribunales, el cual indica como motivo de recusación cuando un juez ya se ha pronunciado sobre una materia reclamada.
De acuerdo con la defensa, se acusa que las juezas ya han «manifestado una opinión previa» respecto a la causa de su cliente, ya que ellas fueron quienes fijaron y ratificaron las medidas contra Jadue.
Dardos contra Sharp y acercamiento con el entorno de Lula: las cartas que jugará Jadue ante nueva revisión de cautelares
Para las 9.00 horas de este lunes está programada en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago la audiencia donde, una vez más, la defensa de Daniel Jadue buscará que se modifique la prisión preventiva que cumple el militante comunista desde que fue formalizado en el caso Farmacias Populares a fines de mayo pasado.
De acuerdo con lo expuesto por su abogado, Juan Carlos Manríquez, se presentarán una serie de antecedentes que darían cuenta -a juicio de ellos- que no se justifica la mantención de una medida tan intensa sobre el otrora alcalde de Recoleta.
“La audiencia tiene por objeto revisar nuevos antecedentes que la defensa hará valer y que, a nuestro juicio, pueden justificar que la prisión preventiva de Daniel Jadue no sea estrictamente necesaria para asegurar su comparecencia al juicio y al resto de las diligencias. Han aparecido datos suficientes, más otros que están en curso, y una serie de diligencias que hemos solicitado y otras que han sido ordenadas por el fiscal regional acogiendo un reclamo nuestro, que van en esa línea. Esperamos que, con su mérito, el tribunal tenga a bien modificar el régimen cautelar, que es lo que estimamos justo”, comentó al respecto el penalista.
En ese sentido, según pudo conocer La Tercera, la defensa relevará la declaración que entregó el 18 de abril pasado el administrador público y exfuncionario de Recoleta Marco Antonio Fernández Neira, quien, coincidiendo con lo expuesto en su momento por Jadue, trasladó responsabilidad de lo ocurrido con las Farmacias Populares al alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, por su rol como tesorero de Achifarp.
“Por mi calidad de creador técnico de las farmacias populares, me invitaban a participar ocasionalmente. Comencé a notar una despreocupación negligente del alcalde-tesorero Sharp con el trabajo y los recursos del asociación. Descansando y desprendiéndose de sus obligaciones en mi participación informal en el espacio. Por lo que fue una sorpresa para mí cuando comencé a advertir ciertas situaciones y recomendé tomar más protagonismo en la gestión de la institución para asegurar el correcto uso de los recursos. Fui ignorado y se bajó el perfil de mis advertencias y sugerencias. Lo cual me dio motivos para comenzar a dudar de las reales intenciones del tesorero Sharp, ya que no podía comprender que semejante irresponsabilidad no era casual o involuntaria”, se lee en parte de la declaración de Fernández Naire que quedó retratada en un documento de siete carillas y que pudo revisar este medio.
En la misma oportunidad, el exfuncionario también agregó: “(Sharp) se negaba en todo momento a cumplir responsabilidades básicas del cargo, como era asistir a reuniones de directorio o asambleas, ni siquiera en estos años se solicitó un balance o estado de cuenta mensual ni menos anual de la asociación”. Por lo mismo, es considerada pieza clave para la defensa.
Junto con esto, los abogados del ahora exjefe comunal también harán valer el peritaje social forense que encargaron a fin de sostener que Jadue no presenta riesgo de fuga, por cuanto cuenta con arraigo en Chile y -como se subraya- difícilmente podría abandonar a su familia y salir del país. Además, se insistirá en que el comunista ya fue cesado en el cargo, que mantiene sus bienes embargados y que, para ellos, ha prestado constante colaboración durante la indagatoria.
Todo esto, eso sí, la defensa espera pueda ser revisado por un magistrado que no se haya pronunciado con anterioridad a las necesidades de cautela que pesan sobre el exalcalde y, por lo mismo, el pasado jueves recusaron a tres juezas del mencionado tribunal.
“Estas solicitudes que hicimos son un derecho que la ley concede a los litigantes para propender a que la litigación se produzca en igualdad de condiciones ante un tribunal imparcial. No es un asunto personal con las juezas que hayan conocido asuntos anteriores. Si bien las medidas cautelares producen lo que se llama una cosa juzgada formal, lo cierto es que la calificación de lo que se entiende como antecedente nuevo y sustancial es una apreciación subjetiva. Y lo que la doctrina sostiene es que hay que evitar todo riesgo de sesgo confirmatorio y por eso hemos hecho el planteamiento”, sostuvo al respecto Manríquez.
Factor Contraloría
Durante la audiencia, los abogados de Daniel Jadue también buscarán hacerse cargo de informes de Contraloría que dan cuenta de la deuda que la Asociación de Farmacias Populares mantiene con la empresa Best Quality -querellante en la causa-, como por ejemplo, el emanado en mayo pasado, que indica que en 2020 Achifarp efectuó una serie de compras sin justificación aparente a la proveedora, por la suma de $1.384.817.875.
El análisis establece que la citada asociación “solo dio cumplimiento parcial a la deuda contraída con la empresa Best Quality Products Spa”. Se logró evidenciar, dice el informe, que “la entidad proveedora recibió pagos directa e indirectamente desde la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, mediante las siguientes transacciones financieras: transferencias electrónicas de dinero $200.555.660, empresas de factoring $258.866.091 y finalmente un vale vista por $40.000.000, totalizando $499.421.751, dejando una deuda pendiente de pago por la suma de $885.396.124, lo que equivale a un 64% de insolvencia económica solo con dicha empresa proveedora”.
Pese a ello, como argumentarán los abogados, el hecho de que se hayan hecho pagos descartaría el delito de estafa.
“Contraloría ha emitido diversos informes en esta causa y ha ido afinando sus puntos de observación. En general, respecto de la Comisión Investigadora, se hicieron observaciones respecto de prácticamente todas las comunas que tienen estos servicios de farmacia y respecto de Recoleta, es muy interesante dejar en cuenta que la propia Contraloría señala que antes de presentarse la querella, Best Quality había recibido ingentes sumas de dinero, cientos de millones de pesos desde la propia Achifarp”, manifestó al respecto el penalista que representa a Jadue.
En el mismo sentido, agregó que, por esa razón, “evidentemente no puede hablarse de una estafa sino que, a lo más, de un simple incumplimiento de obligaciones civiles que, como siempre hemos dicho, deben perseguirse por esa vía, más aún si Achifarp está declarada en insolvencia con un proceso de liquidación en marcha, donde la misma empresa duplicó su crédito”.
Por lo demás, agregó el abogado de Jadue, “hay diligencias en marcha que van a permitir establecer quiénes son los verdaderos controladores de Best Quality y así se dejará en evidencia que esa empresa nunca ha tenido, en esta causa, carácter de estafada”.
Así las cosas es que se insistirá, como adelanta Manríquez, en que “Jadue jamás buscó ni ha obtenido de forma alguna un beneficio económico, ni para él ni para terceros. Este es un asunto completamente ajeno a eventuales delitos económicos si se compara esto con otros casos similares”.
Factor Lula
Otro aspecto que es parte de la defensa de Jadue, como ha quedado en evidencia durante todo el proceso, es que, a juicio de él, de su entorno y de sus abogados, se está ante un caso de persecución con fines políticos. Por lo mismo, sus cercanos han ido buscando apoyo en distintos sectores y países.
Es el caso, de hecho, de la labor que ha desarrollado la abogada y pareja del otrora alcalde, Anjuli Tostes, quien durante las últimas semanas se reunió con el entorno del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
Como pudo conocer este medio, los últimos días hubo varias reuniones de alto nivel a las que fue invitada la abogada, instancia en que aprovechó de hacer entrega de distintos documentos donde se expone la situación “injusta y desproporcionada” que para ellos estaría enfrentando Jadue.
Entre ellos, un escrito de dos carillas donde el propio Manríquez da cuenta de que el caso de su representado coincide con lo que se conoce como Lawfare o “guerra jurídica” para inhabilitar mediante el abuso del sistema judicial a un oponente político.
“(…) La prisión que en Chile sufre actualmente el alcalde de la municipalidad de Recoleta, Daniel Jadue, así como varias de las circunstancias que rodearon el inicio de un bullado caso penal en su contra, por una parte, y hasta ciertas reacciones tras la primera vez que una Corte de Apelaciones ratificó su encarcelamiento, por otra, se alejan de las bases fundacionales de la Reforma Procesal Penal del 2000, no se adecuan a los estándares internacionales en la materia y coinciden con elementos definitorios de Lawfare”, se lee en parte del documento.
De esta forma es que el discurso de la defensa del comunista durante la audiencia de este lunes también podría incluir tintes del contexto político que denuncian.
