Venezuela, el verdadero alcance de la apuesta por el gas natural
Venezuela, el verdadero alcance de la apuesta por el gas natural
Betzabeth Aldana Vivas
Hace un año, el presidente Nicolás Maduro informó que Venezuela se encuentra en el proceso de validación de más de 50 bloques de gas natural en la zona norte costera: “Hoy por hoy, estamos haciendo una certificación de lo que podría llamarse la Franja Caribeña de Gas, pudiéramos estar hablando de la cuarta reserva de gas del mundo”, afirmó.
Esta iniciativa gubernamental forma parte de un esfuerzo más amplio por diversificar la economía venezolana, que ha dependido tradicionalmente de la exportación de petróleo, y se enmarca en un contexto de cooperación con partes interesadas para avanzar en la de gas natural. Este enfoque hacia el desarrollo del sector gasífero venezolano no solo responde a necesidades internas de la diversificación ya mencionada, sino que también se inserta en las circunstancias geopolíticas actuales.
Específicamente, en el contexto de la escalada del conflicto en Ucrania, las sanciones estadounidenses y de la Unión Europea al sector gasífero ruso alteraron significativamente el mapa energético, llevando a los países consumidores a buscar nuevas fuentes de suministro de gas natural para garantizar la seguridad energética.
Por ello, Venezuela, con sus extensos reservorios y su posición estratégica, ha emergido como una variable clave en la ecuación comercial de ese hidrocarburo, aún con régimen sancionatorio a cuestas.
Perspectivas estratégicas
Campo Perla, en la Península de Paraguaná, es reconocido como el descubrimiento más importante de un yacimiento de gas natural en América Latina. En 2015, en la primera prueba de producción se alcanzó aproximadamente 150 millones de pies cúbicos de gas diario. Por otro lado, las estimaciones para Campo Dragón, en las costas del estado Sucre, muestran registros de más de 150 millones de pies cúbicos por día en producción para el primer año, con planes de aumentar a 300 millones más adelante.
El ingeniero y presidente de PetroPymi, Reinaldo Quintero, consultado para este artículo, explicó que tanto el proyecto de Campo Perla, desarrollado en colaboración con Eni y Repsol, como el de Campo Dragón, en sociedad con Trinidad y Tobago, tienen perspectivas muy prometedoras en el mercado debido a las grandes reservas probadas que poseen.
El presidente de la Asociación Venezolana de la Pequeña y Mediana Industria Petrolera (Petropymi), Reinado Quintero, afirmó que “Trinidad y Tobago podría activar trenes de licuefacción, petroquímicas o acerías. De hecho, se dijo que la falta de suministro de gas para ese país significó la pérdida de 13 mil empleos directos”, lo que resalta la importancia de estos proyectos para su economía pues casi el 80% de los ingresos del país caribeño se deben a la exportación de gas, cuya producción ha disminuido notablemente desde hace diez años.
También fue consultado el diputado de la Asamblea Nacional, William Rodríguez, sobre las perspectivas de los proyectos gasíferos en Venezuela, a lo que respondió: “Hay dos proyectos costa afuera que tienen una gran perspectiva, uno es el que está asignado como licencia a Rusia que es en los campos de Patao y Mejillones, en el estado Sucre. Y el otro que va a definir las mejores oportunidades es el proyecto multicliente Cardón IV, que es nuestro primer proyecto costa afuera en operación”.
El diputado William Rodríguez subrayó que aquellos modelos de negocio están diseñados para generar ingresos sustanciales a través de impuestos, regalías y pagos en especie, afirmando que la prioridad en este modelo se dirige a surtir la demanda interna.
“La reversión de importación a exportación de Cardón IV, por ejemplo, es posible siempre y cuando se satisfaga el mercado interno. Esto es importante porque el mercado interno es prioridad para la nación. Sin embargo, existen otras oportunidades en tierra que pudiese desarrollarse a los fines de satisfacer el mercado interno y dejar este gas costoso, que es el gas costa afuera, para las grandes inversiones y para la exportación”, concluyó el diputado venezolano.
El criterio de esta política la rige el corpus legal para la explotación y comercialización del gas natural en el país, que refleja un compromiso con la soberanía nacional. El Estado se reserva la actividad de exportación de gas natural, pero puede otorgar oportunidades atractivas a empresas privadas para participar cuando la conveniencia nacional así lo requiera. En tal sentido, se ha reafirmado que la exportación de gas natural está condicionada por la demanda interna, añadiéndole preponderancia a la seguridad energética del país.
Nuevo nodo de exportación e ingresos al Estado
Quintero, con una visión fundada en el desarrollo sostenido, sugiere que si el país logra consolidarse como una potencia gasífera en un horizonte de mediano plazo, no solo establecerá un robusto mercado de exportación, sino que también dará un impulso renovado a sectores vitales como el eléctrico, la refinación, la petroquímica y la siderurgia.
El ingeniero estima que alcanzar una producción diaria de 12 mil millones de pies cúbicos de gas no solo permitiría abastecer y exportar, sino también liberar los megavatios necesarios para la generación eléctrica que actualmente depende del diésel.
“En Colombia”, señala Quintero, “el gas ha llegado a costar hasta 16 dólares por millón de BTU, mientras que nosotros podríamos exportarlo a un precio competitivo de entre 4 y 6 dólares por millón de BTU”. Estas diferencias representan una oportunidad estratégica tanto para el país como para la región.
Por su parte, el diputado Rodríguez subraya la necesidad imperiosa de que Venezuela potencie su sector gasífero, utilizando sus propios ingresos derivados de este recurso.
De acuerdo con el parlamentario, el país debería diversificar los usos para garantizar un parque automotor que funcione con gas natural, una generación termoeléctrica a gas, y así incrementar la capacidad petroquímica e industrial del país.
Asimismo, planteó que “es importante diversificar los nodos de transporte del gas, ya sea mediante gasoductos, gas licuado o gas comprimido, lo que incluiría la implementación de gasoductos virtuales”.
El diputado Rodríguez, por su parte, añadió otras claves importantes:
- Infraestructura y diversificación. “La infraestructura de gas en Venezuela se concentra en el norte del país, por lo que diversificar su uso requerirá nuevos proyectos que cubran todo el territorio nacional, beneficiando sectores agroproductivos, industriales y comerciales”.
- Exportación de Gas Natural Licuado (GNL). “Venezuela podría entrar al mercado del GNL, con destino a Europa o Asia, en un momento de precios históricamente altos. Esto representaría una oportunidad estratégica para el país”.
- Cadena de valor. “Aunque en un inicio se podría optar por tercerizar o vender bajo términos CIF (Cost, Insurance and Freight, o en castellano: Coste, Seguro y Flete; puerto de destino convenido), el verdadero éxito en los negocios del gas radica en establecer una cadena de valor y de transporte que asegure la rentabilidad para todos los actores involucrados. Sin rentabilidad, el gas no puede ser procesado ni transportado”.
En síntesis, los dos expertos coinciden en que este hidrocarburo está llamado a reconfigurar la economía nacional, no solo generando divisas, sino también alineándose con la estrategia gubernamental de diversificación exportadora.
Este proceso, si bien asegurará nuevos ingresos para la nación, también se trata de un movimiento integral que busca dinamizar y revitalizar los sectores productivos a lo largo y ancho del territorio venezolano.
El modelo de negocios bajo el régimen de sanciones
En el contexto de sanciones impuestas a Venezuela, la industria petrolera venezolana ha enfrentado un escenario de restricciones sin precedentes que han afectado su capacidad operativa y financiera. Este entorno adverso ha precipitado un cambio abrupto en la forma en que se acuerdan los términos y convenios relacionados con los hidrocarburos. Ante esta realidad, el gobierno venezolano ha adoptado estrategias innovadoras para mantener la operatividad y recuperación del sector, consolidando vías legítimas que permiten el buen funcionamiento de la industria.
Estas estrategias han incluido una revalorización del rol organizativo de los trabajadores de la industria, así como el fortalecimiento de los nexos con aliados internacionales que comparten intereses estratégicos en el ámbito energético. El modelo de negocios en hidrocarburos, en este sentido, se ha redefinido como un sistema pragmático, cuyo pivote recae en la protección de la soberanía energética del país.
En este segmento, el diputado explicó la diversidad en los esquemas de negocio gasífero:
“La Ley de Hidrocarburos Gaseosos contempla modelos de negocio distintos a los de los hidrocarburos líquidos. Es cierto que pueden existir empresas mixtas, como se ha establecido en Gasguárico e Hipergas, donde se operan bajo licencias en las que participa PDVSA. Sin embargo, también es posible que exista una participación privada del 100%, como ocurre en Cardón IV y como eventualmente sucederá en el proyecto Dragón, así como en la licencia otorgada para el bloque Patao-Mejillones”.
Sobre esto, Quintero comentó que cada modelo asociativo tiene su particularidad específica del prospecto a desarrollar, bajo la Ley Antibloqueo.
Rodríguez también explicó que la nación asegura beneficios significativos a través de regalías, “que ascienden al 20% según lo estipulado en la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, y un 35% en impuestos sobre la renta”. Esto implica que, incluso sin una participación directa, Venezuela obtiene ganancias sustanciales.
La conversación con los especialistas revela que el modelo gasífero en Venezuela es un terreno de oportunidades variadas, donde coexisten empresas mixtas y, mediante licencias, la participación privada. Lo fundamental es que, a través de los mecanismos establecidos, Venezuela asegura ingresos considerables que pueden reinvertirse en el desarrollo de la capacidad para diversificar sus sectores productivos.
La soberanía
En los últimos años, Venezuela ha enfrentado una constante agenda de desestabilización patrocinada por Estados Unidos. Con un claro interés en las vastas reservas de hidrocarburos venezolanos, Washington busca consolidar su seguridad energética y, seguido, monopolizar una significativa cuota del mercado internacional que corresponde a Venezuela.
Esta agenda no solo apunta a quebrar la soberanía venezolana, sino que también ha logrado infiltrarse por medio de nativos inmersos en la política local para operar en favor de los intereses de la Casa Blanca, donde incluso han propuesto la creación de una agencia que gestione el sector energético de manera privada.
Este modelo, sin embargo, pone en riesgo la capacidad del país para implementar políticas públicas que beneficien a la mayoría, ya que la gestión privada se orienta hacia la maximización de beneficios para sus administradores.
Por ello, a los expertos se le consultó qué significa que sea el Estado soberano el que maneje o gestione este nuevo sector en la industria de hidrocarburos venezolana, y por qué han surgido propuestas para que sea una agencia, de corte privado, la que administre estos nuevos proyectos.
Quintero sostiene que los hidrocarburos, considerados bienes estratégicos, deben estar bajo la tutela del Estado. Asegura que la incorporación de recursos de sectores privados, ya sean nacionales o internacionales, puede llevarse a cabo mediante modelos asociativos que se ajusten a la legislación venezolana. Y enfatiza que “la soberanía es un derecho innegociable de la nación, aunque se pueden establecer acuerdos operativos que respeten los formatos existentes, siempre que se paguen regalías e impuestos justos al país”.
Rodríguez complementa la visión al explicar que la estructura del Estado debe mantener un dominio total de los hidrocarburos gaseosos aplicando una organización como la que posee PDVSA. Y menciona que para las licencias de gas es necesario presentar un plan de desarrollo que cumpla con ciertos perfiles de producción, que debe ser supervisado por el Ministerio de Petróleo: “Es responsabilidad del Estado”.
La disyuntiva presentada por la derecha venezolana entre la gestión estatal y la privatización del sector energético trasciende lo meramente administrativo. Se trata de un debate fundamental sobre el futuro de la soberanía en Venezuela, en un contexto donde las amenazas externas buscan imponer agendas que favorecen sus propios intereses.
Así, la gran apuesta de Venezuela se orienta hacia el desarrollo de su mercado de gas, un recurso que podría fortalecer su posición en el mercado energético global y asegurar una fuente de ingresos estable, sostenible y soberana para el país.
